Fustino Lucio Albino
Expediente 1835/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1835/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2016
Partes del expediente
- Fustino Lucio Albino
Actuaciones
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa no recurrió, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, el auto de veintinueve de noviembre del año en curso (fojas 11 a 17), en el que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación de que con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, en esta fecha causó estado el auto de veintinueve de noviembre del año en curso (fojas 11 a 17), en el que desechó la demanda de amparo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
(aviso parte quejosa) Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Radicación. Por recibida la demanda promovida por Fustino Lucio Albino, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1835/2016-VII. Improcedencia. Ahora, en consideración a las manifestaciones contenidas del escrito de demanda, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la precisión que el acto reclamado en la presente demanda, se hace consistir en: "a) De la autoridad ordenadora: La resolución de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis en la que se dicta auto de vinculación a proceso en contra del hoy procesado por el delito de ROBO CON MODIFICATIVA DE AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA. b) De la ejecutora: El cumplimiento de la resolución de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis en la cual se ordena en su punto resolutivo CUARTO se comunique al Director del Centro Preventivo de Readaptación Social de Tenancingo, México." Lo anterior evidencia, la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". Por su parte, el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computara de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora bien, del escrito íntegro de demanda, el quejoso "bajo protesta de decir verdad", refiere: Que en fecha seis de agosto del año en curso se verificó la audiencia de control de detención en la carpeta administrativa 191/2016, que se instruye contra el quejoso Fustino Lucio Albino, que la representación social solicitó la calificación legal y ratificación de la detención, que escuchada a la representación y a la defensa, se cerró el debate y el juez del conocimiento ratificó la detención material del impetrante. Que el ocho de agosto de este año, se verificó la audiencia en la prórroga del plazo constitucional, en la que aportadas las pruebas y formuladas las manifestaciones de las partes, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de robo con la modificativa de agravante de haberse cometido con violencia en agravio de Carlos Hernández Hernández, previsto y sancionado en los numerales 287, 290 fracción I en relación con los diversos 6, 7, 8 fracción III y 11 fracción I, inciso a) del Código Penal de la entidad. Ahora, cabe puntualizar que el auto de plazo constitucional por el que se le vincula a proceso dentro de la carpeta administrativa 191/2016, fue dictada en audiencia de ocho de agosto de este año, por lo que dada la naturaleza de ésta, así como del procedimiento de donde emana, tal determinación le fue notificada al quejoso en la propia fecha, pues es de explorado derecho que las audiencias en las que los juzgados de control resuelven los términos constitucionales, son audiencias públicas que requieren la presencia del directamente inculpado como lo establece el artículo 101 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que literalmente establece: "Artículo 101. Las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes. A quienes debiendo estar presentes no hayan asistido, se les notificará por estrados el contenido del acta mínima" En ese orden de ideas, es claro que el plazo para promover amparo contra el acto impugnado debe computarse a partir del día siguiente hábil al de la fecha de la notificación del acto reclamado, que aduce le causa un agravio personal, actual y directo. Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; por ende, dicha notificación surtió sus efectos el mismo día según el artículo 94 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, que prevé: "Artículo 94. Los términos son improrrogables y empezarán a correr al día siguiente de la fecha de la notificación, salvo los casos señalados expresamente. Los términos se contarán por días hábiles, a no ser que se trate de los señalados para poner al indiciado a disposición del órgano jurisdiccional o de resolver su vinculación a proceso, los que se contarán de momento a momento." Por ende, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del siguiente día hábil al de la notificación del acto reclamado; es decir, trascurrió del nueve al veintinueve de agosto de dos mil dieciséis; sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto de esta anualidad, por ser inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la ley de la materia. Se apoya la anterior consideración en la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, Novena Época, con número de registro 163172, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En esa tesitura, si la demanda fue presentada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, según se desprende del sello de recepción de la Oficia de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es claro que ésta resulta extemporánea en conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de garantías dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del siguiente día hábil al en que se le notificó el acto reclamado; por lo tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente los actos reclamados, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyó el contenido de la tesis II.1o. P (10a), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Enero 2014, Libro 2, Tomo IV, Décima Época, con número de registro 2005330, cuyos rubro y texto son: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI FUE EMITIDO ANTES DEL 2 DE ABRIL DE 2013 Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE VIGENCIA DE LA LEY DE LA MATERIA PUBLICADA EN ESA FECHA, EN ATENCIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE AQUÉLLA ENTRÓ EN VIGOR (3 DE ABRIL) Y NO DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE COMPUTAN LOS PLAZOS CONFORME A SU ARTÍCULO 18. Conforme a la legislación penal ordinaria es obligación de las autoridades judiciales aplicar retroactivamente la ley en beneficio del reo y su incumplimiento es violatorio del derecho humano de exacta aplicación de la ley, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, en atención a que es un principio general de derecho que cuando la ley anterior o posterior resulta más benéfica para el inculpado que aquella conforme a la cual se siguió el proceso, debe aplicarse la más benigna en el dictado de la sentencia correspondiente. Ahora bien, si se promueve la demanda de amparo contra el auto de vinculación a proceso, en términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, ésta puede presentarse en cualquier tiempo, por encontrarse dentro de la excepción al plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 22, fracción II; mientras que conforme al artículo 17 de la ley vigente, el plazo para presentarla es de quince días, pues aun cuando es un acto de naturaleza penal que ataca la libertad personal del inculpado, se dicta dentro de un procedimiento judicial; por ende, no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere este numeral. Sin que lo anterior comprenda la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado, ni constituya un derecho adquirido, pues esa circunstancia no puede materializarse como tal, al tratarse de un requisito que la ley impone al quejoso para poder ejercer el juicio de amparo, el cual obedece al interés público que se erige como facultad del legislador para establecer diversos requisitos u obligaciones en la norma, lo que implica modificarla para lograr una mejor impartición de justicia. Sin embargo, cuando el auto de vinculación a proceso fue emitido antes del 2 de abril de 2013 y el juicio se promueve con posterioridad al inicio de vigencia de la Ley de Amparo vigente, para efectos del cómputo respectivo, no debe tomarse en cuenta su artículo 18 que dispone que los plazos para promover la demanda deberán computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; en que haya tenido conocimiento; o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; pues en atención al derecho de acceso a la justicia, debe contabilizarse a partir de que surtió efectos la publicación de dicha ley en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 3 de abril de 2013. Ello, al constituir la publicación de la ley un hecho notorio para los gobernados y hacer las veces de notificación; estimar lo contrario, sería aplicar la ley en su perjuicio y negarles el acceso a la justicia, porque en la mayoría de los casos el plazo habrá fenecido." Y la tesis IX.3o.18 k (10a.), publicada en la página 980, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre 2013, Tomo 2, Libro XXVI, Décima Época, número de registro 2004828, cuyos rubro y texto son: "ACTOS DICTADOS DENTRO DE PROCEDIMIENTO QUE AFECTAN A LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA IMPUGNARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO INICIA A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE AMPARO ACTUAL Y NO DE SU NOTIFICACIÓN O CONOCIMIENTO (INTERPRETACIÓN DE SU ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, tratándose de actos que impliquen un ataque a la libertad personal dentro del juicio, el amparo debe promoverse en el lapso de quince días. Ahora bien, de la interpretación de su artículo quinto transitorio se concluye que dicho plazo debe contabilizarse a partir de la iniciación de la vigencia de esa ley (3 de abril de 2013), pues será denegatorio de justicia considerar que el indicado término, debe computarse a partir de la notificación de dichos actos o su conocimiento, con el riesgo evidente de que, incluso, a la iniciación de la vigencia de la citada Ley de Amparo, aquél haya fenecido, ante lo cual, constituiría una obligación del recurrente difícil de cumplir, porque no tenía conocimiento de las nuevas normas procesales, por lo cual, se le estaría privando de una facultad con la que ya contaba, aunado a que también rige la máxima jurídica de que nadie está obligado a lo imposible, que sería, presentar la demanda dentro de un término al cual no estaba sujeto el inconforme. Sostener lo contrario, infringiría el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y el derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el diverso 17 de la Constitución Federal, conforme al cual toda persona tiene derecho de plantear una pretensión o defenderse de ella ante los tribunales previamente establecidos. De ahí que, tratándose de actos que importen ataques a la libertad personal dentro del procedimiento, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo debe contabilizarse a partir de que inicie la vigencia de la ley actual." Y, la tesis publicada en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio de 1993, Octava Época, número de registro 216152, la cual establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con las hipótesis prevista en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece, toda vez que el auto de vinculación a proceso no tiene el carácter de sentencia definitiva. Asimismo, tampoco se ubica en la segunda de las fracciones mencionadas que sostiene que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Se afirma lo anterior porque en el caso particular, no se trata de ataque a la libertad fuera de procedimiento, sino por el contrario, el acto reclamado que afecta la libertad del quejoso,fue emitido en un procedimiento penal, no fuera de él. Por tanto, el quejoso no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracciones XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Fustino Lucio Albino. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa también precise como acto reclamado atribuido al Director del Centro de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, el cumplimiento de la resolución de vinculación a proceso de ocho de agosto de este año, toda vez que tal acto no se controvierte por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación atribuida al juez responsable; por ende, deviene improcedente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Domicilio. Acorde a lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa a la persona mencionada en el escrito de demanda, siempre y cuando cuente con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de no ser así se tendrá únicamente para oír y recibir notificaciones. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo del cual se evidencia que se fijaron las diez horas con veinticinco minutos de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional, como se determinó en auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; sin embargo, mediante proveído de veintiséis de octubre pasado, se libró exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, a efecto de notificar y emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado víctima de identidad reservada identificado con las siglas J.G.S. Consecuentemente, para dar margen a que se cumplimente lo expuesto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
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