Furkan Yigit Kos
Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2023
Partes del expediente
- Furkan Yigit Kos
- Esat Gulcu
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexos provenientes del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, remite en lo que aquí interesa, copia certificada de las constancias que integran el exhorto 49/2023-IV, número de orden 84/2023-IV, girado en el juicio de amparo ********************, del índice de la autoridad Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, entre las que se encuentran la razón actuarial de veintiuno de febrero del año es curso, de la que se advierte que el fedatario judicial del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de buscar y localizar a los directo agraviados ********************, y requerirlos para que manifestaran si era su deseo ratificar la demanda de amparo que se promovió en su nombre, atento al auto de veinte de febrero del año en curso, dictado por el Juez declinante. Sin embargo, según se advierte de la razón actuarial de cuenta, no fue posible dar cumplimiento a la determinación adoptada en el proveído de referencia, en virtud de que no se localizaron en ese lugar en comento a los quejosos ********************, por las razones expuestas en la misma. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran los autos, se advierte que en proveído veintidós de febrero de la presente anualidad, se reservó proveer en relación a la competencia declinada a favor de este Juzgado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, hasta en tanto obraran las constancias recibidas en párrafos precedentes; por tanto, este juzgado procede a emitir el siguiente pronunciamiento. Atento a las constancias, se observa que el Juzgado declinante, por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo señalada con anterioridad, por las razones ahí expuestas. Ahora bien, respecto a los argumentos vertidos por el juzgado declinante en su acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, así como lo informado en el oficio de cuenta, en el que obra la razón actuarial de veintiuno del mismo mes y año, de la que se advierte que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se presentó en la instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, con el objetivo de buscar a los directamente agraviados ********************, a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda presentada a su favor; sin embargo, después de la entrevista que sostuvo con el Agente de Migración, previa búsqueda en la base de datos de esa dependencia, fue informado que los quejosos no se encontraban alojados en esas instalaciones, y que no existía registro en la base de datos de ingresos y egresos de ese lugar. En atención a lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el juzgado declinante; por tanto, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: En primer lugar, del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, Sub representante Local A, Agentes Federales y demás funcionarios del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California, adscritos al Aeropuerto Internacional de Tijuana y Sub representante Local B, Agentes Federales y demás funcionarios adscritos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California del instituto Nacional de Migración, Sub directora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración adscrita al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana y Encargados de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, a quienes le reclamó lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, SE RECLAMA TODO ACTO Y OMISIÓN TENDIENTE O CONSISTENTE EN MANTENER A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD PERSONAL, e incumpliendo con ello las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, lo anterior si haber cometido algún tipo de delito en flagrancia y sin habérseles cumplimentado algún tipo de orden de aprehensión, por lo que al ser una autoridad administrativa la que se señala como responsable, ello sin haber realizado un apuesta disposición a través de un informe policial homologado o diverso documento que acredite la hora y lugar exacto de la detención de los extranjeros, así como el número de (RND) Registro Nacional de Detenciones que se exige en el debido proceso a cualquier autoridad que priva de la libertad alguna persona por cometer algún delito en flagrancia o alguna infracción al reglamento de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, por lo que al no existir datos de detención y lo que lo motive, como circunstancias de tiempo, modo y lugar, la detención de los extranjeros se convierte en una detención ilegal, máxime que existe criterios de la corte, para efectos de que se pueda detener legalmente a una persona por parte de las diversas autoridades, es por ello que con la privación ilegal de la libertad que se cometió en contra de los quejosos, ello no permite que se les pueda someter algún tipo de procedimiento administrativo, al desprenderse de la ilegalidad dicha detención de los impetrantes de garantías, por lo que a la responsable deberá de ordenársele por parte de este Honorable Tribunal de Garantías la libertad inmediata de los hoy quejosos sin que se excedan de más las 36 horas sin habérseles comenzado algún tipo de procedimiento administrativo y si fuera el caso, TAMBIÉN SE RECLAMA EN CONTRA DE LA RESPONSABLE, EL HECHO DE QUE SE LES FIJE ALGÚN TIPO DE GARANTÍA ECONÓMICA DE CUALQUIER DENOMINACIÓN, CON LA ÚNICA FINALIDAD DE QUE LOS IMPETRANTES RECOBREN SU LIBERTAD PERSONAL por el hecho de no ser una personas que se les haya imputado algún tipo de delito alguno u que se le instruya algún tipo de proceso penal en su contra, por lo que se le solicita de la manera respetuosa se atienda "EL PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD" con la finalidad de que se respeten los derechos fundamentales de las personas extranjeras, mismos derechos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama LA ORDEN Y EJECUCIÓN DEL TRASLADO A CUALQUIERA OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA EN ESTE PAÍS EN LAS QUE HOY SE ENCUENTRAN ALOJADOS, ASÍ COMO SE RECLAMA LA ORDEN Y EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DE LOS HOY QUEJOSOS DE ESTE PAÍS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A SU PAÍS DE ORIGEN O CUALQUIER OTRO. 3.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama, la inexacta aplicación del artículo 102 de la Ley de migración, ello en atención que con ello se violentan sus derechos fundamentales al ser personas en tránsito y por lógica carecer de domicilio local en la ciudad para residir mientras se resuelva su situación migratoria, asi mismo se vulneran sus derechos fundamentales al imponérseles algún procedimiento administrativo en contra de su voluntad, por lo que debe aplicarse lo que refiere el artículo 164 de la Ley de Amparo, debiéndose decretar por su señoría la libertad inmediata de los impetrantes de garantías, al no haber cometido algún delito al momento de ser privados de su libertad personal por parte de las autoridades señaladas como responsables." Luego, el Juez declinante por proveído dictado el veinte de febrero del presente año, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que de la lectura del proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez declinante, se advierte que determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al expediente ********************, de su índice, al determinar de conformidad con lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, que en atención a que los agraviados se encuentran privados de su libertad en la Estación Migratoria de esta ciudad, razón por la que, consideró que el acto reclamado tiene ejecución material en Tijuana, Baja California. Por todo ello, determinó que el Juez que debe conocer de la demanda de que se trata es un Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si este Juzgado de Distrito tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo en relación con el acto indicado; ello, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número J/40, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SÉ DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) VlI. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al Juicio, contra leyes o contactos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso se estima que se actualiza la hipótesis identificada con el inciso b). Lo anterior, se estima así, en virtud que, los actos reclamados señalados en el escrito inicial, los cuales quedaron precisados en párrafos supra, y que en esencia consisten en la 1.- detención y/o privación de libertad, 2.- deportación y/o expulsión, 3.- incomunicación y malos tratos; sin embargo, acorde a lo informado por el Juzgado declinante, así como a las constancias adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que los directamente agraviados ********************, no fueron localizados en la Estación Migratoria de esta ciudad, ni obra registro de ingreso o egreso del mismo, en los archivos de dicha institución. Lo anterior, toda vez que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al atender la encomienda otorgada en el exhorto 49/2023-IV, número de orden 84/2023-IV, girado en el juicio de amparo ********************, asentó que el veintiuno de febrero del año en curso, se presentó en la instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, con el objetivo de buscar a los directamente agraviados ********************, a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda presentada a su favor; sin embargo, después de la entrevista que sostuvo con el agente de migración, previa búsqueda en la base de datos de esa dependencia, fue informado que los quejosos no se encontraban alojado en esas instalaciones, y que no existía registro de que haya estado en ese lugar. Por lo tanto, si bien es cierto en el escrito de demanda se señaló que los directo agraviados se encontraban en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad; sin embargo de la razón actuarial antes señalada, se advierte que no fueron localizados en dicha estación migratoria y no hay registro de ingreso o egreso de los mismos. En consecuencia, cuando en el amparo indirecto se señala una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que ya se ejecutó, donde se presentó la demanda de amparo; por ende, resulta evidente que a este órgano no le corresponde la competencia del asunto. Aunado a que, la circunstancia de que el promovente haya presentado su ocurso inicial ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicho justiciable, respecto del otro, lo cual, es acorde al principio pro persona y al de la administración de justicia pronta y expedita, que prevén los artículos 1 y 17 Constitucionales. Pues bien, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece en esencia que si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito, como en el caso acontece, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; en consecuencia, se estima que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia el Villahermosa, es el competente para seguir el trámite del presente asunto y su eventual resolución. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 párrafo segundo y 48 párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.16o.A.9 K, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." En consecuencia, comuníquese lo anterior al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para lo que a bien tenga a determinar, solicitándole se sirva informar el acuerdo que recaiga a la presente determinación. Cúmplase.Lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ante la licenciada Bernadette Ballesteros Sesma, Secretaria que autoriza. Doy fe. Melva/AgslAgréguense a los autos el oficio y anexos provenientes del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, remite en lo que aquí interesa, copia certificada de las constancias que integran el exhorto 49/2023-IV, número de orden 84/2023-IV, girado en el juicio de amparo ********************, del índice de la autoridad Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, entre las que se encuentran la razón actuarial de veintiuno de febrero del año es curso, de la que se advierte que el fedatario judicial del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de buscar y localizar a los directo agraviados ********************, y requerirlos para que manifestaran si era su deseo ratificar la demanda de amparo que se promovió en su nombre, atento al auto de veinte de febrero del año en curso, dictado por el Juez declinante. Sin embargo, según se advierte de la razón actuarial de cuenta, no fue posible dar cumplimiento a la determinación adoptada en el proveído de referencia, en virtud de que no se localizaron en ese lugar en comento a los quejosos ********************, por las razones expuestas en la misma. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran los autos, se advierte que en proveído veintidós de febrero de la presente anualidad, se reservó proveer en relación a la competencia declinada a favor de este Juzgado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, hasta en tanto obraran las constancias recibidas en párrafos precedentes; por tanto, este juzgado procede a emitir el siguiente pronunciamiento. Atento a las constancias, se observa que el Juzgado declinante, por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo señalada con anterioridad, por las razones ahí expuestas. Ahora bien, respecto a los argumentos vertidos por el juzgado declinante en su acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, así como lo informado en el oficio de cuenta, en el que obra la razón actuarial de veintiuno del mismo mes y año, de la que se advierte que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se presentó en la instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, con el objetivo de buscar a los directamente agraviados ********************, a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda presentada a su favor; sin embargo, después de la entrevista que sostuvo con el Agente de Migración, previa búsqueda en la base de datos de esa dependencia, fue informado que los quejosos no se encontraban alojados en esas instalaciones, y que no existía registro en la base de datos de ingresos y egresos de ese lugar. En atención a lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el juzgado declinante; por tanto, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: En primer lugar, del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, Sub representante Local A, Agentes Federales y demás funcionarios del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California, adscritos al Aeropuerto Internacional de Tijuana y Sub representante Local B, Agentes Federales y demás funcionarios adscritos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California del instituto Nacional de Migración, Sub directora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración adscrita al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana y Encargados de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, a quienes le reclamó lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, SE RECLAMA TODO ACTO Y OMISIÓN TENDIENTE O CONSISTENTE EN MANTENER A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD PERSONAL, e incumpliendo con ello las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, lo anterior si haber cometido algún tipo de delito en flagrancia y sin habérseles cumplimentado algún tipo de orden de aprehensión, por lo que al ser una autoridad administrativa la que se señala como responsable, ello sin haber realizado un apuesta disposición a través de un informe policial homologado o diverso documento que acredite la hora y lugar exacto de la detención de los extranjeros, así como el número de (RND) Registro Nacional de Detenciones que se exige en el debido proceso a cualquier autoridad que priva de la libertad alguna persona por cometer algún delito en flagrancia o alguna infracción al reglamento de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, por lo que al no existir datos de detención y lo que lo motive, como circunstancias de tiempo, modo y lugar, la detención de los extranjeros se convierte en una detención ilegal, máxime que existe criterios de la corte, para efectos de que se pueda detener legalmente a una persona por parte de las diversas autoridades, es por ello que con la privación ilegal de la libertad que se cometió en contra de los quejosos, ello no permite que se les pueda someter algún tipo de procedimiento administrativo, al desprenderse de la ilegalidad dicha detención de los impetrantes de garantías, por lo que a la responsable deberá de ordenársele por parte de este Honorable Tribunal de Garantías la libertad inmediata de los hoy quejosos sin que se excedan de más las 36 horas sin habérseles comenzado algún tipo de procedimiento administrativo y si fuera el caso, TAMBIÉN SE RECLAMA EN CONTRA DE LA RESPONSABLE, EL HECHO DE QUE SE LES FIJE ALGÚN TIPO DE GARANTÍA ECONÓMICA DE CUALQUIER DENOMINACIÓN, CON LA ÚNICA FINALIDAD DE QUE LOS IMPETRANTES RECOBREN SU LIBERTAD PERSONAL por el hecho de no ser una personas que se les haya imputado algún tipo de delito alguno u que se le instruya algún tipo de proceso penal en su contra, por lo que se le solicita de la manera respetuosa se atienda "EL PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD" con la finalidad de que se respeten los derechos fundamentales de las personas extranjeras, mismos derechos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama LA ORDEN Y EJECUCIÓN DEL TRASLADO A CUALQUIERA OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA EN ESTE PAÍS EN LAS QUE HOY SE ENCUENTRAN ALOJADOS, ASÍ COMO SE RECLAMA LA ORDEN Y EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DE LOS HOY QUEJOSOS DE ESTE PAÍS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A SU PAÍS DE ORIGEN O CUALQUIER OTRO. 3.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama, la inexacta aplicación del artículo 102 de la Ley de migración, ello en atención que con ello se violentan sus derechos fundamentales al ser personas en tránsito y por lógica carecer de domicilio local en la ciudad para residir mientras se resuelva su situación migratoria, asi mismo se vulneran sus derechos fundamentales al imponérseles algún procedimiento administrativo en contra de su voluntad, por lo que debe aplicarse lo que refiere el artículo 164 de la Ley de Amparo, debiéndose decretar por su señoría la libertad inmediata de los impetrantes de garantías, al no haber cometido algún delito al momento de ser privados de su libertad personal por parte de las autoridades señaladas como responsables." Luego, el Juez declinante por proveído dictado el veinte de febrero del presente año, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que de la lectura del proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez declinante, se advierte que determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al expediente ********************, de su índice, al determinar de conformidad con lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, que en atención a que los agraviados se encuentran privados de su libertad en la Estación Migratoria de esta ciudad, razón por la que, consideró que el acto reclamado tiene ejecución material en Tijuana, Baja California. Por todo ello, determinó que el Juez que debe conocer de la demanda de que se trata es un Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si este Juzgado de Distrito tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo en relación con el acto indicado; ello, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número J/40, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SÉ DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) VlI. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al Juicio, contra leyes o contactos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso se estima que se actualiza la hipótesis identificada con el inciso b). Lo anterior, se estima así, en virtud que, los actos reclamados señalados en el escrito inicial, los cuales quedaron precisados en párrafos supra, y que en esencia consisten en la 1.- detención y/o privación de libertad, 2.- deportación y/o expulsión, 3.- incomunicación y malos tratos; sin embargo, acorde a lo informado por el Juzgado declinante, así como a las constancias adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que los directamente agraviados ********************, no fueron localizados en la Estación Migratoria de esta ciudad, ni obra registro de ingreso o egreso del mismo, en los archivos de dicha institución. Lo anterior, toda vez que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al atender la encomienda otorgada en el exhorto 49/2023-IV, número de orden 84/2023-IV, girado en el juicio de amparo ********************, asentó que el veintiuno de febrero del año en curso, se presentó en la instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, con el objetivo de buscar a los directamente agraviados ********************, a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda presentada a su favor; sin embargo, después de la entrevista que sostuvo con el agente de migración, previa búsqueda en la base de datos de esa dependencia, fue informado que los quejosos no se encontraban alojado en esas instalaciones, y que no existía registro de que haya estado en ese lugar. Por lo tanto, si bien es cierto en el escrito de demanda se señaló que los directo agraviados se encontraban en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad; sin embargo de la razón actuarial antes señalada, se advierte que no fueron localizados en dicha estación migratoria y no hay registro de ingreso o egreso de los mismos. En consecuencia, cuando en el amparo indirecto se señala una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que ya se ejecutó, donde se presentó la demanda de amparo; por ende, resulta evidente que a este órgano no le corresponde la competencia del asunto. Aunado a que, la circunstancia de que el promovente haya presentado su ocurso inicial ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicho justiciable, respecto del otro, lo cual, es acorde al principio pro persona y al de la administración de justicia pronta y expedita, que prevén los artículos 1 y 17 Constitucionales. Pues bien, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece en esencia que si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito, como en el caso acontece, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; en consecuencia, se estima que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia el Villahermosa, es el competente para seguir el trámite del presente asunto y su eventual resolución. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 párrafo segundo y 48 párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.16o.A.9 K, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." En consecuencia, comuníquese lo anterior al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para lo que a bien tenga a determinar, solicitándole se sirva informar el acuerdo que recaiga a la presente determinación. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, una papeleta de turno a la cual se adjunta el oficio 43/2023, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, así como la comunicación 320-IV, remitida por el Juez Octavo de Distrito en el Estada de Tabasco, con residencia en Villahermosa, así como diversas constancias relativas al juicio de amparo ********************, de la estadística de la última de las mencionadas. Ahora bien, visto el contenido del proveído dictado el veinte de febrero del año en curso, por el Juez Octavo de Distrito en el Estada de Tabasco, con residencia en Villahermosa, se advierte que estimó que la materialización de los actos reclamados se está ejecutando en esta ciudad, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, por tanto, determinó que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo de que trata y declinó la competencia en favor del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad (Juzgado en turno), para que conozca de esa controversia constitucional, quien a su vez remitió dichas constancias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que fuera turnado al Juzgado correspondiente, toda vez que ya se había proveído sobre la suspensión de plano solicitada en el asunto en cuestión. En consecuencia, fórmese el expediente correspondiente y háganse las anotaciones respectivas de su ingreso en el libro de gobierno, debiéndose registrar con el número de juicio 158/2023-B-2. Así entonces, al analizar las constancias que conforman el juicio de amparo ********************, se aprecia que mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, el Juez Octavo de Distrito en el Estada de Tabasco, con residencia en Villahermosa, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en deportación y/o expulsión, privación de libertad, detención dictada fuera de procedimiento judicial, incomunicación y malos tratos en favor de ********************. En esa misma data, tomando en consideración que los directamente agraviados presuntamente se encuentran alojados en la Estación Migratoria de esta ciudad, ordenó girar exhorto al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que personal del mismo se constituyera en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, a efecto de que procediera a la búsqueda de los directamente agraviados ********************y los requiriera para que manifestaran si ratificaban o no la demanda interpuesta en su favor. Sin embargo, se desconoce si los citados agraviados efectivamente fueron localizados en las oficinas de la estación migratoria responsable ubicada en esta ciudad, esto es así, toda vez que no obra glosado al sumario el resultado que se obtuvo de la diligencia encomendada; en atención a ello, como se advierte de las constancias anexadas a la comunicación de cuenta se aprecia que la referida comunicación fue turnada al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; tal y como se asentó en la certificación secretarial de cuenta. En ese contexto, a fin de estar en posibilidad de emitir el pronunciamiento que conforme a derecho proceda en cuanto a la incompetencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, a fin de evitar mayores dilaciones en el trámite del presente juicio, se emite el siguiente pronunciamiento: Solicítese al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el exhorto girado en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, girado a fin de notificar a los directos agraviados ********************. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno en cuanto a la medida cautelar que solicita la parte promovente, toda vez que mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, el órgano jurisdiccional oficiante se pronunció al respecto. Comuníquese lo anterior al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para los efectos legales conducentes a que haya lugar. Cúmplase.Lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ante la licenciada Bernadette Ballesteros Sesma, Secretaria que autoriza. Doy fe. Melva/agslAgréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, una papeleta de turno a la cual se adjunta el oficio 43/2023, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, así como la comunicación 320-IV, remitida por el Juez Octavo de Distrito en el Estada de Tabasco, con residencia en Villahermosa, así como diversas constancias relativas al juicio de amparo ********************, de la estadística de la última de las mencionadas. Ahora bien, visto el contenido del proveído dictado el veinte de febrero del año en curso, por el Juez Octavo de Distrito en el Estada de Tabasco, con residencia en Villahermosa, se advierte que estimó que la materialización de los actos reclamados se está ejecutando en esta ciudad, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, por tanto, determinó que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo de que trata y declinó la competencia en favor del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad (Juzgado en turno), para que conozca de esa controversia constitucional, quien a su vez remitió dichas constancias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que fuera turnado al Juzgado correspondiente, toda vez que ya se había proveído sobre la suspensión de plano solicitada en el asunto en cuestión. En consecuencia, fórmese el expediente correspondiente y háganse las anotaciones respectivas de su ingreso en el libro de gobierno, debiéndose registrar con el número de juicio 158/2023-B-2. Así entonces, al analizar las constancias que conforman el juicio de amparo ********************, se aprecia que mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, el Juez Octavo de Distrito en el Estada de Tabasco, con residencia en Villahermosa, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en deportación y/o expulsión, privación de libertad, detención dictada fuera de procedimiento judicial, incomunicación y malos tratos en favor de ********************. En esa misma data, tomando en consideración que los directamente agraviados presuntamente se encuentran alojados en la Estación Migratoria de esta ciudad, ordenó girar exhorto al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que personal del mismo se constituyera en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, a efecto de que procediera a la búsqueda de los directamente agraviados ********************y los requiriera para que manifestaran si ratificaban o no la demanda interpuesta en su favor. Sin embargo, se desconoce si los citados agraviados efectivamente fueron localizados en las oficinas de la estación migratoria responsable ubicada en esta ciudad, esto es así, toda vez que no obra glosado al sumario el resultado que se obtuvo de la diligencia encomendada; en atención a ello, como se advierte de las constancias anexadas a la comunicación de cuenta se aprecia que la referida comunicación fue turnada al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; tal y como se asentó en la certificación secretarial de cuenta. En ese contexto, a fin de estar en posibilidad de emitir el pronunciamiento que conforme a derecho proceda en cuanto a la incompetencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, a fin de evitar mayores dilaciones en el trámite del presente juicio, se emite el siguiente pronunciamiento: Solicítese al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el exhorto girado en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, girado a fin de notificar a los directos agraviados ********************. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno en cuanto a la medida cautelar que solicita la parte promovente, toda vez que mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, el órgano jurisdiccional oficiante se pronunció al respecto. Comuníquese lo anterior al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para los efectos legales conducentes a que haya lugar. Cúmplase.
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