Fumigaciones Amezdy, sociedad civil
Expediente 1696/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1696/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Fumigaciones Amezdy, sociedad civil
- Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Por recibido el oficio que signa el actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia De Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual acusa de recibo el escrito de agravios en original y el legajo certificado remitido por este juzgado, de igual manera, informa que desechó el recurso de revisión interpuesto por ********************por propio derecho, en contra de la resolución interlocutoria de diecisiete de junio de dos mil veinte, por los motivos que ahí expone. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por el Comisario de Seguridad Pública del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como por Marco Antonio Pérez Durán, Elemento de Seguridad Publica de dicho municipio, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado respecto de la ampliación de demanda. Se sobresee fuera de audiencia. Sin que en el caso sea necesario poner a la vista de las partes las documentales en cuestión, virtud de las consideraciones siguientes: Visto el estado de autos, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro. Primeramente, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, dispone que el juicio de amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo -autoridades administrativas- y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; además, que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, ya de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal, que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la Ley reglamentaria (Ley de Amparo) y sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consiga para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha Ley. Por otra parte, bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; esto es, que el medio ordinario de defensa no se encuentre contemplado en el catálogo de recursos de un Ley desde el punto de vista formal y material, que rija el acto reclamado. De la norma anterior, se extrae que, en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Cuyo estudio ha sido abordado por el máximo Órgano Jurisdiccional del país, en la jurisprudencia 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso, los actos reclamados consisten en la emisión de diversos folios de infracción reclamados a las autoridades administrativas locales, señaladas como responsables. Tal como se advierte de la demanda de amparo y escrito de ampliación, transcritos a continuación: -Demanda de amparo- "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. PRIMERO.- De la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco señalada como responsable se reclama, lo siguiente: 1. La ilegal imposición de las sanciones administrativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, asociadas al automóvil marca Toyota Motors, Modelo Hilux 4 puertas, Pick Up doble, año 2019, color Blanco, con número de serie MR0EX8DD2K0264144 y con placas de circulación JW-018-43 del Estado de Jalisco -propiedad de la moral quejosa- e identificadas con los folios 113|351973064, 113|330214139, 113|354557037, 113|354764369, 026|00534820 y 026|00532585. 2. La omisión de notificar legalmente las sanciones administrativas identificadas con los folios 113|351973064, 113|330214139, 113|354557037, 113|354764369, 026|00534820 y 026|00532585. 3. La transgresión al principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, ante la falta absoluta de motivación y fundamentación de la imposición de las sanciones administrativas identificadas con los folios 113|351973064, 113|330214139, 113|354557037, 113|354764369, 026|00534820 y 026|00532585, asociadas al automóvil marca Toyota Motors, Modelo Hilux 4 puertas, Pick Up doble, año 2019, color Blanco, con número de serie MR0EX8DD2K0264144 y con placas de circulación JW-018- 43 del Estado de Jalisco, propiedad de mi representada. SEGUNDO.- De la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco señalada como responsable se reclama, lo siguiente: 1. La ilegal imposición de las sanciones administrativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, asociadas al automóvil marca Toyota Motors, Modelo Hilux 4 puertas, Pick Up doble, año 2019, color Blanco, con número de serie MR0EX8DD2K0264144 y con placas de circulación JW-018-43 del Estado de Jalisco -propiedad de la moral quejosa- e identificadas con los folios 026|00534820 y 026|00532585. 2. La omisión de notificar legalmente las sanciones administrativas identificadas con los folios 026|00534820 y 026|00532585. 3. La transgresión al principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, ante la falta absoluta de motivación y fundamentación de la imposición de las sanciones administrativas identificadas con los folios 026|00534820 y 026|00532585, asociadas al automóvil marca Toyota Motors, Modelo Hilux 4 puertas, Pick Up doble, año 2019, color Blanco, con número de serie MR0EX8DD2K0264144 y con placas de circulación JW-018-43 del Estado de Jalisco, propiedad de mi representada" -Ampliación de demanda de amparo- "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. PRIMERO.- Del Agente JUANA PADILLA, adscrito a la Comisaria de Seguridad Pública del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco señalado como responsables, se reclama lo siguiente: 1. La ilegal imposición de la sanción administrativa relacionada con supuestas infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, asociadas al automóvil marca Toyota Motors, Modelo Hilux 4 puertas, Pick Up doble, año 2019, color Blanco, con número de serie MR0EX8DD2K0264144 y con placas de circulación JW-018-43 del Estado de Jalisco -propiedad de la quejosa- e identificada con el folio 534820, dada la falta de fundamentación entorno a la competencia del servidor público emisor de tal acto administrativo. 2. La ilegal imposición de la sanción administrativa relacionada con supuestas transgresiones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, asociadas al automóvil marca Toyota Motors, Modelo Hilux 4 puertas, Pick Up doble, año 2019, color Blanco, con número de serie MR0EX8DD2K0264144 y con placas de circulación JW-018-43 del Estado de Jalisco propiedad de la parte quejosa, identificada con el folio 534820, ante su falta de motivación entorno a la configuración de la conducta presuntamente infractora. SEGUNDO.- Del Agente MARCO PÉREZ, adscrito a la Comisaria de Seguridad Pública del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco señalado como responsables, se reclama lo siguiente: 1. La ilegal imposición de la sanción administrativa relacionada con supuestas infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, asociadas al automóvil marca Toyota Motors, Modelo Hilux 4 puertas, Pick Up doble, año 2019, color Blanco, con número de serie MR0EX8DD2K0264144 y con placas de circulación JW-018-43 del Estado de Jalisco -propiedad de la quejosa- e identificada con el folio 532585, dada la falta de fundamentación entorno a la competencia del servidor público emisor de tal acto administrativo. 2. La ilegal imposición de la sanción administrativa relacionada con supuestas transgresiones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, asociadas al automóvil marca Toyota Motors, Modelo Hilux 4 puertas, Pick Up doble, año 2019, color Blanco, con número de serie MR0EX8DD2K0264144 y con placas de circulación JW-018-43 del Estado de Jalisco propiedad de la parte quejosa, identificada con el folio 532585, ante su falta de motivación entorno a la configuración de la conducta presuntamente infractora." En ese orden de ideas, este Juzgador concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco -publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno-, los actos reclamados pueden ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad). Por lo tanto, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al reunirse los siguientes requisitos: El acto reclamado fue emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco; Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; y, Oficiales o agentes Juana Padilla y Marco Pérez, ambos adscritos a la Comisaria de mérito. Los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. En efecto, el artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez del acto reclamado impugnado, declarar su nulidad o determinar la nulidad para determinados efectos y decretar el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en el Capítulo IX "De las Medidas Cautelares", comprendido de los artículos 66 a 70 Octies de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se establecen las reglas que se deben observar respecto a la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo. Además, el numeral 68 de la Ley antedicha prevé un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, es decir, veinticuatro horas. En consecuencia, se tiene que los requisitos para otorgar la suspensión, previstos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no son mayores a los exigidos por la Ley de Amparo para el mismo efecto. De ahí que, a criterio de este Juzgador, deje de tener aplicabilidad la tesis de jurisprudencia 2a./J. 104/2007 emitida a la luz de la Ley de Justicia Administrativa anterior a la reforma publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Criterio de interpretación, de rubro siguiente: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO." Finalmente, quien ahora resulte, considera que, en el caso, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos tanto en la Ley de Amparo como en los criterios interpretativos formulados por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Ilustra a lo anterior y, sirve de sustento, la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, de manera notoria, manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. En el entendido de que el sobreseimiento decretado en el juicio, no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causales de improcedencia que actualizan el sobreseimiento, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos para las trece horas con cincuenta y seis minutos del doce de enero de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mich
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal se pudo advertir que se encuentra transcurriendo el término de los quince días hábiles otorgado en actuación de veinticinco de noviembre pasado, a fin de que las autoridades responsables oficiales o agentes ****adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, rindan sus informes justificados y remitan las constancias certificadas en atención a la ampliación de demanda que se hizo valer, al tomar en cuenta que recibieron los oficios 41959/2021 y 41960/2021 por los que se ordenó informar tales requerimientos el tres de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, para dar margen a que las responsables de referencia rindan su informe de ley, se determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.
- Principal
Notifíquese personalmente. por este medio de lista se notifica a los terceros interesados del proveido de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Sustituye testigos A sus autos el ocurso del quejoso Ramiro Reyes Márquez, atento a su contenido, solicita en primer término, se le tenga sustituyendo a los testigos designados en autos por Manuel de Jesús Aguilar Hernández y Samuel Valdez de la Cruz, en razón de que los designados con anterioridad, uno es persona mayor de sesenta años y el segundo, comenzó a trabajar por lo que le es complicado ausentarse de su nuevo empleo. En consecuencia, toda vez que la sustitución que realiza se encuentra en tiempo y forma, pues la fecha fijada para el desahogo de la audiencia constitucional es a las quince horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, término prudente a fin de que las partes estén en aptitud de realizar manifestaciones si a sus intereses conviene en relación a la sustitución que realiza, en consecuencia, téngasele sustituyendo a los referidos atestes para los efectos legales conducentes. Cobra aplicación al caso la siguiente jurisprudencia: "TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SOLICITUD EN LA QUE SE PIDE SU SUSTITUCIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba testimonial debe anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; sin embargo, dicho plazo no debe aplicarse analógicamente para la sustitución de testigos. Lo anterior es así, ya que de aplicarse analógicamente el referido plazo se perdería la razón de ser de la propia figura, al anularse de facto el derecho de sustituir a un testigo; por tanto, es procedente la solicitud de sustitución de la persona que deberá desahogar la prueba testimonial pero sin variar el interrogatorio exhibido al momento de ofrecer la prueba, si ésta queda imposibilitada para ello por una causa superveniente, no imputable al oferente de la prueba, siempre y cuando se haya ofrecido oportunamente y la solicitud se presente dentro de los cinco días previos a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de ésta; sin que con ello se vulneren los principios de igualdad y certeza jurídica en materia procesal, pues queda intacto el derecho de las partes en litigio de conocer el interrogatorio respectivo con la anticipación requerida por el referido artículo; mientras que respecto a la identidad del testigo, si bien varía con relación a la anunciada en el ofrecimiento de la prueba, se conocerá por las partes previo a la audiencia constitucional, con lo cual se salvaguarda su derecho a determinar la idoneidad del testigo sustituto, permitiendo que se formulen y preparen oportunamente por escrito o verbalmente las repreguntas y, en su caso, la posible impugnación de dicha idoneidad, la cual podrá ser considerada por el juzgador al momento de realizar la valoración de sus declaraciones. Máxime que el Juez de amparo puede diferir la celebración de la audiencia de ley, si así lo estima necesario, para estudiar la acreditación de la causa superveniente invocada por el oferente de la prueba, a efecto de llevar a cabo la preparación de dicha testimonial, esto es, determinar si el testigo sustituto requiere ser citado, si es necesaria la sustanciación de un exhorto o, incluso, si considera que la identidad de aquél debe conocerse por las otras partes con mayor anticipación a la audiencia constitucional. Con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Se reserva proveer lo relativo a inspección ocular. Por cuanto a que se fije día y hora para la celebración de la audiencia de inspección, indíquesele que en proveído de veintitrés de noviembre pasado, se ordenó notificar por lista a los terceros interesados Carlos Elfego Flores Navarro y Ma Goreti Alcalde Maldonado, el proveído de treinta de agosto pasado, en el que se ordenó correrles traslado con el interrogatorio y cuestionario correspondiente a fin de que si es su deseo, amplíen los puntos correspondientes para el desahogo de la prueba testimonial y de inspección que ofreció. Por ello, una vez que transcurra el plazo ahí concedido, se proveerá lo conducente. Consulta de expediente electrónico. Por cuanto a que se autorice la revisión del presente expediente a través del portal electrónico correspondiente, mediante el usuario "quetzalmp", indíquesele que una vez que realice el registro correspondiente, se proveerá conforme a derecho toda vez que éste aún no se encuentra en el sistema como se advierte de la siguiente impresión:
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