Fulgencio Hernández López
Expediente 1273/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1273/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Fulgencio Hernández López
Actuaciones
- Principal
- causa estado - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(IV)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve...Vista la demanda de amparo promovida por..., contra actos del Juez Tercero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo con el número...-Análisis integral de la demanda- La parte quejosa reclama el auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil... del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Aguascalientes, en el cual, la autoridad responsable facultó al ministro ejecutor para que se constituya en el domicilio del depósito de los bienes muebles embargados y dé posesión de los mismos al nuevo depositario. - Desechamiento - Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que alude al principio de definitividad. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, expresa: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]". A su vez, la fracción XVIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Con base en lo anterior, el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "principio de definitividad", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. Por tal razón, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente lo legitima sino que lo obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora, de la lectura integral de la demanda se aprecia lo siguiente: 1) El quejoso... fue demandado por..., en la vía ejecutiva mercantil por la cantidad de... 2) De la demanda correspondió conocer al Juzgado Tercero de lo Mercantil del Estado, quien la registró con el número de expediente... 3) El doce de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la cual se condenó al aquí quejoso al pago de... 4) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la responsable decretó la adjudicación de los bienes muebles embargados dentro del procedimiento a favor de la parte actora por la cantidad de... 5) En auto de veinticinco de julio del presente año, la responsable requirió al quejoso, en su carácter de depositario, para la entrega de los bienes embargados y adjudicados en el juicio de origen, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría con el auxilio de la fuerza pública, así como el rompimiento de chapas y cerraduras. 6) Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación ante la responsable, el cual se encuentra pendiente de resolver. 7) En acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, con motivo de la solicitud del endosatario en procuración de la actora, la autoridad responsable facultó al Ministro Ejecutor para que se constituya en el domicilio del depósito de los bienes embargados y dé posesión de los mismos al nuevo depositario, autorizándose el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, bajo responsabilidad del actuario dejando el lugar de la diligencia debidamente cerrado al terminar la misma y en las condiciones en que se encontraba, haciendo constar la razón de su dicho. Así lo determinan la Juez de lo Mercantil, en virtud de que el demandado, aquí quejoso, omitió dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veinticinco de julio del año en curso, a pesar de haber sido notificado, para efecto de dar posesión de los bienes embargados y adjudicados a la actora y adjudicataria. Esa resolución se combate en esta vía. De la anterior reseña, que es una confesión expresa de la parte quejosa, con pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 200 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2 del último ordenamiento legal, se advierte: Que se trata de un juicio ejecutivo mercantil. La suerte principal asciende a... Los bienes embargados se adjudicaron por el importe de... El acto reclamado lo constituye el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el que se facultó al Ministro Ejecutor para que se constituya en el domicilio del promovente, a fin de que este último ponga en posesión de la tercero interesada los bienes embargados en diligencia de catorce de marzo de dos mil diecisiete y adjudicados, además, dé posesión de los mismos al nuevo de depositario. Indicado lo anterior, cabe destacar el artículo 1,334 del Código de Comercio, que dispone: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." En esa tesitura, el acto reclamado es impugnable a través del recurso de revocación contemplado en el artículo 1334 del Código de Comercio, al constituir un auto no impugnable por medio de recurso de apelación, en términos de los ordinales 1,339, 1,340 y 1,341 de la propia legislación , ya que el monto del negocio es menor a... por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Por tanto, contra el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (que se reclama en esta instancia constitucional), dictado en el expediente ..., en el que la responsable facultó al Ministro Ejecutor para que se constituya en el domicilio del promovente, ponga en posesión de la tercero interesada los bienes embargados y adjudicados dé posesión de los mismos al nuevo depositario, procede el recurso de revocación señalado, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, ya que el auto reclamado causa un gravamen que no puede repararse en la definitiva...(IV)
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