Fulgencio Galindo Mélendez

Expediente 986/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2014.

Datos del expediente

Expediente
986/2014
Año
2014
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2014

Partes del expediente

  • Fulgencio Galindo Mélendez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR HAGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. LUEGO AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    fórmese expediente, acúsese recibo y regístrese. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso ****, por propio derecho, señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III. H AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORA: "LA SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE "JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, (.); COMO EJECUTORA: EL H. "JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR EN TULA DE "ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO (.). - - - IV. EL ACTO RECLAMADO: "LA SENTENCIA DEFINITIVA DE 2 DOS DE JUNIO DE 2014 DOS MIL "CATORCE, DICTADA EN EL TOCA CIVIL 280/2013-II. POR LA CITADA "SEGUNDA SALA CIVIL (.)." En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de dos de junio de dos mil catorce, dictada en el toca civil 280/2013-II; en cumplimiento a la ejecutoria de veintidós de mayo de dos mil catorce, dictada por este tribunal en el juicio de amparo directo 53/2014, promovido por el mismo quejoso; sin embargo, por resolución de veintiséis de junio del año en curso, el Pleno de este tribunal determinó que con la resolución de dos de junio del mismo año, no se podía tener por cumplida la ejecutoria de amparo indicada y requirió de nueva cuenta el cumplimiento; en atención a ello la sala responsable emitió nueva resolución el dos de julio de dos mil catorce. Siendo esto así, es de estimarse que al quedar sustituida procesalmente la resolución ahora reclamada, sus efectos cesaron al emitirse la últimamente indicada, por lo tanto, es incuestionable que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, razón por la que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por Fulgencio Galindo Meléndez, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en estricta observancia a lo dispuesto por el ordinal 179 de la ley de la materia citada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja setenta y uno, del Tomo Sexto, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA "ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, "DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU "EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN "CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 "de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas "tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente "cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto "ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes "de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal "manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le "fue afectado por el acto de autoridad." Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo vigente, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución a la parte quejosa, téngase como domicilio y autorizados los indicados. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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