Fulgencio Antonio Pérez Pérez
Expediente 1262/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/11/2017
Partes del expediente
- Fulgencio Antonio Pérez Pérez
- Congreso del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto lo de cuenta; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado el Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto de su representante, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. En principio debe precisarse que por sentencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] Siendo necesario precisar los efectos de tal concesión. I.- Se desincorpore de la parte quejosa la obligación tributaria prevista en los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada el veintiuno de julio de dos mil catorce, cuya última reforma se publicó el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. II.- Al determinarse el derecho que por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deba pagar la parte quejosa con motivo del acto de compraventa de inmuebles y la constitución de garantías reales sobre inmuebles que le fueron retenidos con motivo de la operación consignada en la escritura pública número 1,823 (un mil ochocientos veintitrés) se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada en el en el Periódico del Estado de Querétaro, el veintiuno de julio de dos mil catorce cuya última reforma se publicó el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, y, se restituya a la parte quejosa el numerario excedente de la cantidad que hubiese pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales." (Folio 98 y 99) Por auto de veinticinco de octubre del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, así como a su superior jerárquico Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de diez días. (Folios 105 y 106) Mediante oficio PF/DAF/10241/2017, recepcionado en este juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Procurador Fiscal en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informó que se encontraba a disposición del quejoso Fulgencio Antonio Pérez Pérez en las instalaciones de dicha autoridad el cheque número 0347109, por la cantidad de $13,896.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), e informó que los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro se desincorporaron de su esfera jurídica. (Folios 116 a 118) En ese contexto, se estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, ya que el Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto de su representante legal, justificó haber desincorporado de la esfera jurídica del impetrante del amparo los artículos declarados inconstitucionales, restituyéndolo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, así también, emitió y justificó haber entregado el cheque número 0347109, por la cantidad de $13,896.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), expedido a nombre del quejoso, por concepto de devolución del pago que efectuó por derechos registrales; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto líquido precitado, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte quejosa el monto descrito en la sentencia, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este Juzgado Federal pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido de este proveído; y, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...ii
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Procuradora Fiscal, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, mediante el cual en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informa que se encuentra a disposición de la quejosa en las instalaciones de la autoridad el cheque número 0347109, por la cantidad de $13,896.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), e informa que los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro se desincorporaron de su esfera jurídica; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que está conforme, y este Tribunal procederá a analizar en forma oficiosa lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del promovente, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que de inmediato deberá acudir ante la autoridad exactora a recoger el cheque respectivo, acompañando identificación oficial y copia. Igualmente infórmese a la parte quejosa, que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán. Por lo que, en caso de que posteriormente se reciban promociones que provengan de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante las cuales informe sobre los actos que secunden a los que les correspondía realizar, se ordena que se agreguen al sumario sin necesidad de dictar diverso acuerdo que el presente, dejando sólo certificación en autos de que se hace así de acuerdo con lo aquí determinado. Finalmente agréguense a los autos y sin mayor proveído el escrito signado por el autorizado en términos amplios del quejoso y el oficio signado por el Notario Público Número treinta y ocho de esta ciudad, lo anterior, en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden...II
- Principal
Visto el estado de los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Fulgencio Antonio Pérez Pérez; por lo que, con apoyo en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la ley reglamentaria invocada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo de mérito, NOTIFÍQUESE SIN DEMORA A LAS PARTES el presente proveído, para los efectos legales consiguientes. Bajo ese contexto, con fundamento en el propio artículo 192 de la Ley de Amparo; requiérase al Director de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, así como a su superior jerárquico Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, para que, dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir del en que reciban la presente notificación, las referidas autoridades, cumplan con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos; y en su caso, su superior jerárquico, obligue a su inferior a acatar dicho fallo protector; asimismo, requiérase al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 EN EL ESTADO DE QUERÉTARO ESTA CIUDAD; para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que reciba la presente notificación, en caso de que no haya efectuado el pago correspondiente por Servicios de Registro Público respecto de la escritura pública número 1,823 (un mil ochocientos veintitrés), realice los trámites correspondientes a efecto de que a la parte quejosa únicamente se le aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda para el Estado de Querétaro; de igual forma, en caso de que el citado fedatario haya realizado los pagos referidos, remita a este a este órgano jurisdiccional copia certificada de los comprobantes de pago que avalen su dicho. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que el Secretario y Director de Ingresos, ambos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, no tengan la calidad de autoridades responsables en el presente juicio de amparo, pues es de explorado derecho que cualquier autoridad del país que de alguna manera intervenga en la ejecución de una sentencia constitucional, dentro de los límites de su competencia, se encuentra legalmente obligada a realizar lo necesario para que la ejecutoria condigna logre vigencia real y eficacia práctica, habida cuenta que las sentencias de amparo en las cuales se concede el mismo, son de orden público, de manera que la sociedad está sumamente interesada en su cabal cumplimiento, pues en ellas se consagra el control constitucional que debe imperar en nuestro estado de derecho, razón por la cual ninguna autoridad puede considerarse extraña para los anteriores efectos, porque el artículo 197 de la ley reglamentaria invocada, obliga a autoridades de las responsables a coadyuvar en esa ejecución, cuando es indispensable por razón de su función. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 183, del Tomo XIX, Febrero de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO..." En la inteligencia de que la devolución del numerario respectivo la deberá hacer la propia autoridad, debiendo remitir dentro del término otorgado, copia certificada del título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa, con la leyenda "no negociable" o "para abono en cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; por lo tanto la autoridad DEBERÁ ABSTENERSE de remitir a este Juzgado el cheque que por concepto de devolución deba realizar. Apercibidos que, de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá en forma individual una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. En el entendido de que el incumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, ameritará la imposición de los apercibimientos decretados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la jurisprudencia número 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". Hágase saber a la autoridad que el título de crédito que en su momento ponga a disposición, deberá ser entregado a la parte quejosa FULGENCIO ANTONIO PÉREZ PÉREZ; o a los autorizados con las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, Juan José Villar Flores, Juan Carlos Villar Flores, Carlos Alejandro Pérez Espíndola y Francisco Javier Balderas, y con las debidas salvedades, a los autorizados únicamente para recibir notificaciones sin las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, Rebeca Reyes Retana Popovich, Eduardo Leal Sánchez, Luis Daniel Quinzaños Herrera, Enrico Volpe Laviada, María Leticia Montero y José Luis Martín Martínez Rivas Rosales, debiendo remitir las constancias relativas a la entrega del título de crédito. Asimismo indíquese a la parte quejosa que a la brevedad acuda ante las oficinas de la autoridad exactora a recibir el cheque respectivo, debiendo llevar copia de identificación oficial. Es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular en forma general la norma inconstitucional, atento al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, por lo que la Legislatura y Gobernador, ambos con residencia en esta ciudad; quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo; pues como se advierte de la sentencia respectiva, los efectos del amparo tienen influencia únicamente sobre los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que en concreto, corresponden a la Secretaría mencionada, que fue la que efectuó directamente el cobro....II
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE... MESA:II
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