Frumencio Peña Tapia

Expediente 368/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
368/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2020

Partes del expediente

  • Frumencio Peña Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veinte. ACEPTA COMPETENCIA Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el comunicado remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por el cual transcribe el proveído de treinta de octubre del año en curso, mediante el cual aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer del juicio de amparo 368/2020-II y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que quedó registrado bajo el número 780/2020 de su índice. REMISIÓN DE CONSTANCIAS Atento a lo anterior, toda vez que ya se tiene conocimiento de la aceptación de la competencia hecha por el Juzgado Federal oficiante, remítanse las comunicaciones con números de registro 6585, 6586, 6681, 6682, 6683 y 6697, previa copia simple que de las mismas se deje en autos del expediente en que se actúa y con la atenta petición de que se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con los artículos 12 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de seis meses a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ORDEN DE ARCHIVO Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de noviembre de dos mil veinte. INFORME SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por el Encargado de la Dirección General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, por ausencia del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, este último en representación del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México, a través del cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. DELEGADOS Y DOMICILIO Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 27 de la ley de la materia, téngase a la citada responsable, señalando como sus delegados a las personas que señala para tal efecto y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el informe de cuenta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, en la que no existe inconveniente que se les permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación; por tanto, se concede a la citada responsable, de acuerdo a la mencionada circular, el uso de los medios electrónicos que se refiere en su informe de cuenta. SE AGREGAN TELEGRAMAS REPETIDOS Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguense para los efectos legales a que haya lugar los telegramas de cuenta signados respectivamente por el Jefe de Enlace Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y los Policías ............., adscritos a esa dependencia, a través de los cuales rinden el informe relativo a la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo, toda vez que mediante acuerdo de uno de noviembre de dos mil veinte, se proveyó al respecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido y agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Vicefiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en representación del Fiscal General y los comunicados del Jefe de Enlace Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, y los Policías Francisco Javier del Prado Morales y María Guadalupe Rivera Zuviri, adscritos a esa dependencia, a través de los cuales rinden el informe relativo a la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo; asimismo, la primera de las autoridades refiere que no se ha dictado, ejecutado o tratado de ejecutar acto alguno tendente a ello y los restantes que se abstendrán de ejecutar el acto de molestia que señala el quejoso y/o cualquier acto que señala el artículo 22 de nuestra Carta Magna. En tal virtud, con el contenido de los oficios de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, señalando como delegados los indicados en su respectivo informe. Por otra parte, visto el estado de autos del cuaderno en que se actúa, se advierte que aún no obra el informe solicitado respecto de la suspensión de plano decretada por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a la diversa autoridad responsable Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto como se desprende de las certificación de envío de correo electrónico de veintinueve de octubre de dos mil veinte. En tal virtud, mediante oficio que al respecto se gire vía correo electrónico, requiérase al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe las medidas tomadas respecto de la suspensión de plano decretada por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte y las justifique con copia certificada de las constancias que correspondan; apercibida de que la trasgresión de este mandamiento, traerá como consecuencia la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia. Sin perjuicio de lo anterior, requiérasele también por la vía telegráfica para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Frumencio Peña Tapia, contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México y otras autoridades, en términos de los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ... SUSPENSIÓN DE PLANO Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la orden de privación de la vida del quejoso, así como las amenazas, golpes o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, derivado de las órdenes emitidas por las autoridades señaladas como responsables, para el efecto de que cesen de inmediato. Empero, por otro lado, no ha lugar a conceder la suspensión de plano que pide el quejoso, para los efectos que refiere en el sentido de que las autoridades ejecutoras se abstengan de circular cerca de las inmediaciones de la demarcación territorial que señala, esto es, en el tramo carretero a Rioverde, en Soledad de Graciano Sánchez, y/o acercarse a su persona, toda vez que dichas actuaciones, no son de aquéllas previstas en la Ley de Amparo, ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materia de dicha medida suspensiva, ni se trata de actos que objetivamente puedan tener como efecto privar de la vida al quejoso. Es decir, la realización de tales actos, como los reclama el quejoso no tienen como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, lesiones, golpes o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, para que se surtiera en ese caso, la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo, más aún las autoridades encargadas de brindar seguridad pública a la ciudadanía están facultadas para efectuar las labores de vigilancia acordes con las funciones propias de su mandato. En este contexto, comuníquese a las autoridades responsables, la presente determinación para que suspendan bajo su más estricta responsabilidad los actos que sí son materia de la suspensión de plano, ya referidos y se abstengan de ejecutar en el aquí quejoso cualquiera de los actos restringidos por la aludida norma primaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7 publicada en la página 951, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 229397, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." REQUERIMIENTO SUSPENSIÓN DE PLANO Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito dentro del término de veinticuatro horas las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la trasgresión de este mandamiento, traerá como consecuencia la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia. DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. En la especie, el peticionario del amparo señala como acto reclamado: la orden de privación de la vida, así como los actos de molestia en que incurren las responsables ejecutoras. Asimismo, señala como autoridades responsables ordenadoras al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, al Fiscal General, al Director General de Seguridad Pública, ambos del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en la ciudad del mismo nombre y como ejecutoras al Policía Tercero Francisco Javier del Prado Morales y a la Policía María Guadalupe Rivera Zuviri, elementos de la unidad CRP 2502, con balizado de la Fuerza Metropolitana Estatal, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en la ciudad del mismo nombre. De igual manera, de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que el impetrante señala que tiene temor fundado de ser privado de la vida, pues el once de octubre del año en curso, se encontraba en las afueras del domicilio ubicado en Tenochtitlán, número 710, en Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección, en Soledad de Graciano Sánchez, cuando llegaron las unidades 2502 y 2474 de la Policía Fuerza Metropolitana Estatal y un elemento policiaco que portaba un pasamontañas negro le indicó que tenían la orden del Fiscal de San Luis de matarlo o desaparecerlo; que después varios elementos policíacos lo sometieron por medio de agresiones físicas y verbales, que se lo llevaron secuestrado y lo lesionaron en cara, tronco brazos y ojos. Abunda además, que en la próximas horas debe presentarse en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a realizar una diligencia con motivo de los eventos delictivos que plasma en su demanda, por lo que incluso solicitó que las Unidades Policiacas CRP 2502 y CRP 2474, se abstengan de circular en la demarcación territorial conocida como Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, inmediaciones del Tramo Carretero a Rioverde, de dicha entidad. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, sino en todo caso, su conocimiento corresponde al Juez de Distrito de en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que se encuentre en turno, conforme al Acuerdo General 21/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados iniciaron su ejecución en la demarcación territorial que ocupa el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí y continuarán ejecutándose en esa localidad, según los antecedentes narrados por el quejoso en su demanda. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma, al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que se encuentre en turno, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Como lo solicita el quejoso en su ocurso, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico del juicio que nos ocupa, así como para recibir las notificaciones personales por vía electrónica, con el usuario "Lic.fpenat_2" ello de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Por otra parte, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar favorablemente su diversa solicitud, en el sentido de que se realicen las notificaciones correspondientes a través del correo electrónico proporcionado, dado que la vía regulada por la Ley de Amparo y la normativa del Consejo de la Judicatura Federal, para la práctica de notificaciones electrónicas es a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual se requiere el nombre de usuario y que de manera expresa se solicite la práctica de éstas, conforme con lo previsto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin perjuicio de lo anterior, téngasele señalando como dato de contacto el correo electrónico y el número telefónico que refiere. AUTORIZACIÓN DE LOS SECRETARIOS Y ACTUARIOS PARA FIRMAR OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, firmar los oficios que deriven del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente.

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