Frumencio Peña Tapia
Expediente 560/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2020
Partes del expediente
- Frumencio Peña Tapia
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; ello, sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Ahora con apoyo al artículo 113 de la Ley de Amparo , este órgano federal procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esa idea, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación ***** (donde el impetrante refiere que tiene reconocida la calidad de denunciante), mediante el cual solicitó medidas de protección y la realización de actos de investigación. Bajo esa tesitura, del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales transcrito se desprende que es un derecho de la parte ofendida, impugnar ante las autoridades responsables las omisiones en las que incurra la representación social [Constitución Federal] siendo que, la sede para impugnar esas omisiones será ante el Juez de Control [Código Nacional de Procedimientos Penales]. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo, es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. Ahora, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido, en el caso particular, el denunciante, pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o promover la acción de amparo pero previo deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones de la representación social no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público en que se omita realizar cualquier acto o diligencia solicitado por la víctima u ofendido o en su caso que tuviera que realizarse de oficio y que conlleve la paralización de su función. Motivo de lo anterior es que si en el presente asunto se reclama la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, dirigido a los autos de la carpeta de investigación *****, donde el quejoso en calidad de denunciante solicitó medidas de protección y actos de investigación; entonces, se entiende que la parte quejosa se duele de que la autoridad ministerial no ha llevado a cabo las diligencias que le fueron solicitadas en el escrito que presentó; de ahí que tales omisiones, encuadran en la hipótesis normativa del numeral 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente porque el dispositivo refiere de manera enunciativa y no limitativa los casos en que necesariamente un Juez de Control debe dilucidar la controversia, ya que respecto a ese tópico, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el mismo procede contra cualquier acto u omisión ministerial que impliquen paralizar la labor ministerial. En ese sentido, es que previo a instar el juicio de amparo la parte quejosa tuvo que recurrir al diverso que contempla el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, si en el caso no se advierte que se hubiese inconformado ante el juez de control, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atendiendo a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, se reitera a las partes que el acceso a los órganos jurisdiccionales es restringido, por lo que en caso de que sea necesario e indispensable, podrán acudir a las instalaciones que ocupa este juzgado previa cita que se genere en el sistema implementado para tal efecto, con el código QR que les sea proporcionado para el ingreso. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales.
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