Frumencio Peña Tapia
Expediente 992/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Frumencio Peña Tapia
Actuaciones
- Principal
MESA "2" VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 97, FRACCIÓN I, INCISO A), Y 98, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, CONCEDIDO A FRUMENCIO PEÑA TAPIA, PARA QUE SE INCONFORMARA CON EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, POR EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS, PROMOVIDA EN CONTRA DE LOS ACTOS DEL DIRECTOR DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE EN EL DISTRITO FEDERAL; POR ENDE, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, SE DECLARA QUE DICHO ACUERDO, HA QUEDADO FIRME. EN ESA VIRTUD, HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA; Y, CON FUNDAMENTO EN EL NORMATIVO 214 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8º Y 14, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 2º, FRACCIÓN XV, 5°, 7º Y 8°, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO 1°, FRACCIÓN III, 25, 28, 29, 30, 34 Y 65 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, A TRAVÉS DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PUBLICACIÓN EN INTERNET DE LAS SENTENCIAS EJECUTORIAS Y RESOLUCIONES PÚBLICAS RELEVANTES, GENERADAS, ENTRE OTROS ÓRGANOS DEL PROPIO POR CONSEJO, POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, A FIN DE INCENTIVAR EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y QUE ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, SE ORDENA A LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO QUE SE ELABORE LA CORRESPONDIENTE VERSIÓN PÚBLICA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 54, 55, 56, 57 Y 58 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CITADO EN ÚLTIMO TÉRMINO Y ENVÍESE AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). ASIMISMO, COMO DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE SE DESPRENDE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE RELEVANCIA JURÍDICA, HISTÓRICA Y/O DOCUMENTAL, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. FINALMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "2" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. En principio, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/50001/2015, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el trece de octubre del año en curso, dicha Comisión tuvo a bien autorizar al licenciado Asdrúbal González Ramírez, Secretario de este Juzgado, para desempeñar funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que expide su similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien a partir de esta fecha estará a cargo del este Órgano de Control Constitucional. Vista la demanda de amparo promovida por PEÑA TAPIA FRUMENCIO, contra actos del Encargado del Despacho de la Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 103, fracción 1º, 107, fracciones I, III incisos b) y c) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 3º, 5º, fracción I, 37, 75, 107, 108, 112 y 115, estos de la Ley de Amparo en vigor a partir de esta fecha; regístrese en el libro de gobierno con el número 992/2015-2, fórmese el expediente impreso y expediente electrónico el que alude el artículo 3º de la ley de la materia. Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnado, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. ." De igual forma, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Los dispositivos en comento, establecen que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De igual manera, la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En ese orden de ideas, en el capítulo concerniente al acto reclamado, se advierte que lo que substancialmente pretende combatir en este juicio de amparo la quejosa PEÑA TAPIA FRUMENCIO de la autoridad señalada como responsable, es: "Los autos de fechas veinte, veinticinco y decreto del veintiséis todos de noviembre de 2014, dentro de la partida 357/2014 del índice del Juzgado Trigésimo Primero Penal de delitos no graves, constante de dos fojas útiles escritas por ambas caras, las cuales agrego como (ANEXO 1) a la presente demanda y por medio del cual en síntesis se deprende que: 1.- Se acepta competencia declinada por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. 2.-En regularización de procedimiento se declara la apertura del procedimiento sumario. 3.- .. 4.- Con fundamento en el artículo 86 gírese cédula de notificación personal a la procesada, a efecto de que se presente en el local de ese juzgado, al día siguiente de su notificación a efecto de imponerse de autos y para que surtan los efectos legales correspondientes; con el apercibimiento de que en caso de no comparecer sin justa causa se le revocara la libertad provisional bajo caución, previa vista ordenada a la representación social. 5.- Se tiene al Ministerio Publico y a la defensa de la adscripción ofertando sus pruebas, las cuales se les tuvo por enunciadas, pero reservando su admisión hasta en tanto fenezca el término para el ofrecimiento probatorio para las diversas partes del proceso en la partida citada. 6.- Mediante decreto de fecha veintiséis de noviembre del año en curso, la responsable acuerda que a la fecha la suscrita KARINA VERONICA PARDAVÉ DÍAZ no he sido debidamente notificada personalmente de ningún auto de fechas veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de la presente anualidad, causando evidente violación a mis Derechos Humanos a una Defensa y al Debido Proceso." Ahora bien, este órgano de control Constitucional considera que en la especie, es improcedente el presente juicio de amparo respecto de los actos precisados en los párrafos que anteceden; por lo que, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción II y 6, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Para justificar lo anterior, se estima pertinente citar el texto de los preceptos que se mencionan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . II.- Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora bien, resulta conveniente, tomar en cuenta lo que establece el dispositivo 6° de la ley de la materia: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." . Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama y prescribe, además, quiénes pueden promoverlo en su representación, precisando que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. En relación con el agravio y perjuicio, nuestro Máximo Órgano de Justicia ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que, por ese solo hecho, se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico del quejoso de que se trata, pues para ello es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Razón que nos lleva a concluir que es evidente que los actos aquí reclamados, no transgreden la esfera jurídica de la promovente, ni pueden estimarse como de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no traen consigo ejecución que pueda lesionar de una manera real y efectiva los derechos y la persona de la agraviada de mérito, ni la deja sin defensa; ya que, la aceptación de la competencia de un Juez sobre un asunto específico, la regularización de un procedimiento, la declaración de reserva de medios probatorios y el ordenamiento de la notificación en forma personal de diversas actuaciones, son actos procesales que no contienen una ejecución de imposible reparación, por lo cual no producen una afectación material a los derechos sustantivos de la agraviada, los cuales se materializarán hasta el momento que se dicte sentencia definitiva en el proceso que se le sigue a la impetrante; tan es así, que la propia autoridad responsable, a través del auto de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dejó insubsistentes las determinaciones contenidas en los proveídos de veinte y veinticinco de noviembre del año en curso, y las cuales reclama la quejosa en ésta instancia constitucional, debido a que no fueron notificadas a la hoy impetrante. Lo anterior encuentra validez, aún y cuando, esos actos produzcan alguna afectación en forma temporal a los referidos derechos de la agraviada, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Es aplicable a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, tomo III, página 1539, Décima Época, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Bajo esa óptica, de conformidad con los artículos 113 y 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de garantías promovida por PEÑA TAPIA FRUMENCIO, contra actos del Encargado del Despacho de la Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, al que le reclamó: "Los autos de fechas veinte, veinticinco y decreto del veintiséis todos de noviembre de 2014, dentro de la partida 357/2014 del índice del Juzgado Trigésimo Primero Penal de delitos no graves, constante de dos fojas útiles escritas por ambas caras, las cuales agrego como (ANEXO 1) a la presente demanda y por medio del cual en síntesis se deprende que: 1.- Se acepta competencia declinada por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. 2.-En regularización de procedimiento se declara la apertura del procedimiento sumario. 3.- .. 4.- Con fundamento en el artículo 86 gírese cédula de notificación personal a la procesada, a efecto de que se presente en el local de ese juzgado, al día siguiente de su notificación a efecto de imponerse de autos y para que surtan los efectos legales correspondientes; con el apercibimiento de que en caso de no comparecer sin justa causa se le revocara la libertad provisional bajo caución, previa vista ordenada a la representación social. 5.- Se tiene al Ministerio Publico y a la defensa de la adscripción ofertando sus pruebas, las cuales se les tuvo por enunciadas, pero reservando su admisión hasta en tanto fenezca el término para el ofrecimiento probatorio para las diversas partes del proceso en la partida citada. 6.- Mediante decreto de fecha veintiséis de noviembre del año en curso, la responsable acuerda que a la fecha la suscrita KARINA VERONICA PARDAVÉ DÍAZ no he sido debidamente notificada personalmente de ningún auto de fechas veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de la presente anualidad, causando evidente violación a mis Derechos Humanos a una Defensa y al Debido Proceso." Encuentra apoyo lo anterior, en el criterio que sostiene, la tesis XI.T.Aux.C.1 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 1880, cuyo texto es el siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo." Finalmente, respecto del diverso acto consistente en: ".3,- De conformidad con el artículo 298 del código adjetivo en la materia se ordena la identificación administrativa en vigor de la suscrita y se recaben informes anteriores a prisión."; el cual a consideración de este órgano de control Constitucional, resulta improcedente por actualizarse lo contemplado en la fracción XVIII del precepto 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la cual establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones o tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. .". Por ende, tomando en consideración el precepto legal citado, se debe precisar que previamente al ejercicio de la acción Constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Bajo esa tesitura, los artículos 414 y 418, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por ser ésta la ley adjetiva aplicable en los procedimientos penales que son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del fuero común, establecen: "Artículo 414. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada. "Artículo 418. Son apelables: I. La sentencias definitivas incluyendo aquellas que se pronuncien en los proceso sumarios; II. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención: el de formal prisión o de sujeción a procesos o el que los niegue; el que conceda o niegue la libertad. III. Los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna delas causas que extinguen la acción penal; los que declaran no haber delito que perseguir; los que concedan o nieguen la acumulación o los que decreten la separación de los procesos; IV. Los autos en los que se niegue la orden de aprensión V. Todas aquellas resoluciones en que este Código conceda expresamente el recurso. Así las cosas, la impetrante de amparo debió interponer el recurso de apelación contra la identificación administrativa (ficha signalética) y estudio de personalidad que impugna por esta vía, en observancia al principio de definitividad que rige el procedimiento del presente juicio, pues el citado acto no constituye un acto que implique privación a la vida, la libertad, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Aunado a lo anterior, se precisa que en la demanda de amparo no se encuentra dato alguno que evidencie que la agraviada hubiere interpuesto el recurso de apelación contra la resolución en que se emitió la orden reclamada, pues en el libelo de acción de amparo se combate únicamente la ilegalidad de la identificación administrativa (ficha signalética), circunstancia que pone de manifiesto, que no agotó tal recurso y, por ende, que no observó el principio de definitividad que rige el amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República. Luego, si no se interpuso el recurso de apelación, el amparo es improcedente contra la identificación administrativa reclamada (ficha signalética), en razón de que, los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer conforme con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, de modo tal, que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de aquella. En esa virtud, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis de Jurisprudencia con número 60/2006, al resolver el dieciséis de agosto de dos mil seis, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación la contradicción de tesis 188/2005-PS, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Conforme al artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena. Ahora bien, al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los numerales 414 y 418 del referido Código, cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que el tribunal de segunda instancia analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. En congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad, se concluye que si el ordenamiento aplicable prevé el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo; máxime que la orden de identificación administrativa no constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, por lo que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable, la tesis de jurisprudencia publicada con el número 573, página 515, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que precisa: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Bajo esa óptica, de conformidad con los artículos 112, 113 y 61, fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de garantías promovida por PEÑA TAPIA FRUMENCIO, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por tratarse de actos procesales que no le ocasionan a la quejosa afectaciones de imposible reparación y por no haber agotado ésta, el principio de definitividad para promover el presente juicio de garantías. Se tiene domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda, y por autorizados en términos del artículo 27 de la ley reglamentaria de los ordinales 103 y 107 Constitucionales, a las personas que se mencionan en dicho libelo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,907 expedientes
- Frumencio Péña Tapia510/2019
- Frumencio Peña Tapia734/2022
- Frumencio Peña Tapia56/2021
- Frumencio Peña Tapia311/2018
- Frumencio Peña Tapia614/2020
- Frumencio Peña Tapia385/2018
- Frumencio Peña Tapia1031/2014
- Frumencio Peña Tapia818/2015
- Fulvio Manuel García Espinosa1015/2023
- Gabina Bautista Estrada611/2022
- Gabino Arroyo Murillo896/2019
- Gabino Martínez Zepeda1155/2015