Fructuoso Ehuan Velázquez
Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/10/2022
Partes del expediente
- Fructuoso Ehuan Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para notificar personalmente al quejoso Fructuoso Ehuan Velázquez. Ahora bien, toda vez que proveído de ocho de agosto del presente año, se ordenó que las notificaciones a la parte quejosa se realizaran de manera electrónica por así haberlo solicitado el quejoso Fructuoso Ehuan Velázquez. En consecuencia, se instruye al actuario judicial para que notifique vía electrónica al quejoso Fructuoso Ehuan Velázquez, el acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso. Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito, del quejoso, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, manifiesta desconocer el domicilio de los terceros interesados HUMAN PETRO LOGISTICS sociedad anónima de capital variable y Eddy Chacón Zúñiga. Lo anterior, toda vez que mediante auto de veintiocho de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cúmplase.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y A LOS TERCEROS INTERESADOS RAQUEL VARGAS SOLÍS Y LIDIA NELLY SOLIS HERRERA, TODA VEZ QUE NO ACUDIERON A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LOS CITATORIOS ENTREGADOS EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 568/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./4186/2022 de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite copia certificada del laudo de fecha trece de septiembre del dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 349/2018. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable el laudo que remite. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, Fructuoso Ehuan Velázquez, promovió demanda de amparo contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen (denominación actual), consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 349/2018. Ahora bien, mediante oficio S.A./4186/2022 la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remite copia certificada del laudo de fecha trece de septiembre del dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 349/2018. Copia certificada a la que se le confiere valor probatorio pleno, acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documentos públicos en razón de que fue expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, de la constancia de referencia, se desprende que la Junta responsable, el trece de septiembre de dos mil veintidós, emitió el laudo respectivo en el juicio laboral 349/2018, promovido por Fructuoso Ehuan Velazquez, en contra de HUMAN PETRO LOGISTICS sociedad anónima de capital variable, y otros. Por tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Cabe precisar que en el presente asunto no se emplazó a los terceros interesados HUMAN PETRO LOGISTICS sociedad anónima de capital variable y Eddy Chacon Zuñiga; sin embargo, en el caso se estima que ello resulta intrascendente, en virtud de que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 349/2018, lo que, implica una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de impartición de justicia pronta y expedita, cuya eventual reparación beneficiaría no sólo a la parte peticionaria del amparo, sino a todas las partes, las cuales están interesadas en que se resuelva el asunto dentro de los plazos que para tal efecto prevé la ley aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.- Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada."1 Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y a las tercero interesadas Lidia Nelly Solis Herrera y Raquel Vargas Solis; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./4186/2022 de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite copia certificada del laudo de fecha trece de septiembre del dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 349/2018. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable el laudo que remite. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, Fructuoso Ehuan Velázquez, promovió demanda de amparo contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen (denominación actual), consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 349/2018. Ahora bien, mediante oficio S.A./4186/2022 la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remite copia certificada del laudo de fecha trece de septiembre del dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 349/2018. Copia certificada a la que se le confiere valor probatorio pleno, acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documentos públicos en razón de que fue expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, de la constancia de referencia, se desprende que la Junta responsable, el trece de septiembre de dos mil veintidós, emitió el laudo respectivo en el juicio laboral 349/2018, promovido por Fructuoso Ehuan Velazquez, en contra de HUMAN PETRO LOGISTICS sociedad anónima de capital variable, y otros. Por tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Cabe precisar que en el presente asunto no se emplazó a los terceros interesados HUMAN PETRO LOGISTICS sociedad anónima de capital variable y Eddy Chacon Zuñiga; sin embargo, en el caso se estima que ello resulta intrascendente, en virtud de que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 349/2018, lo que, implica una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de impartición de justicia pronta y expedita, cuya eventual reparación beneficiaría no sólo a la parte peticionaria del amparo, sino a todas las partes, las cuales están interesadas en que se resuelva el asunto dentro de los plazos que para tal efecto prevé la ley aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.- Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada."1 Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y a las tercero interesadas Lidia Nelly Solis Herrera y Raquel Vargas Solis; y por oficio a las autoridades responsables.
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