Froylan Sanchez Quintana

Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
687/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Froylan Sanchez Quintana

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diez de septiembre de dos mil veintiuno. EXHORTO Visto el exhorto número 152/2021 (345/2021) remitido vía interconexión por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, en Funciones de Juez de Distrito, con residencia en León, mediante el cual solicita se notifique a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto del año en curso, emitido en el juicio de amparo 649/2021 de su índice, en la listas que se publican en este juzgado. SE GIRA OFICIO A OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN Consecuentemente, remítase la comunicación de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, a efecto de que la registre, realice la compensación y la turne a este juzgado; previa copia autorizada que se deje en autos. ESTADO DE INCOMPETENCIA Del contenido del acuerdo inserto en el exhorto de cuenta, se advierte que el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acusa recibo de la comunicación por la que se le remitió el expediente 687/2021, que dio origen al presente cuaderno, al que se acompañó las copias de la demanda de amparo; así como que acepta la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del asunto. ARCHIVO Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    ... Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de León, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 687/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. INCOMPETENCIA En principio conviene precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los juzgados de amparo previo a resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis constitucional, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. A fin de proveer lo conducente sobre la demanda de amparo, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión y reserva de resolver el incidente de incompetencia por declinatoria promovido por el aquí quejoso, dentro del expediente *****, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de León, Guanajuato. Con base en lo anterior, este Juzgado considera que carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo, debido a que la Junta responsable reside en la ciudad de León, Guanajuato, por lo que, corresponde al órgano de amparo que ejerce jurisdicción en ese lugar para conocer de dicha demanda. Por tanto, se insiste, si la competencia por territorio para conocer de la demanda de amparo que se promueve contra la omisión con ejecución material, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica la autoridad responsable a quien se le atribuye tal acto, es inconcuso que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la presente demanda. En ese sentido, como ya se precisó, este órgano jurisdiccional estima que dicho acto se materializa en el municipio de León, Guanajuato, y no en esta ciudad ni en los municipios donde este Juzgado tiene jurisdicción, pues ello no se advierte de lo expuesto en la demanda. En tal virtud, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que al efecto establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito que conoció a prevención. De lo que se colige, que en el caso se actualiza la primera regla de competencia antes mencionada, pues como se dijo, el acto reclamado tiene efectos positivos cuya materialización se lleva a cabo en el lugar en que se sigue el procedimiento laboral de origen, esto es, en la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de León, Guanajuato. Se afirma lo anterior, pues, de conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud las resoluciones en los asuntos de su conocimiento. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero el órgano jurisdiccional que está llevando el asunto se encuentra en diverso lugar del que se presentó la demanda, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce de éste. Por tanto, como ya se señaló, es competente para conocer de la presente demanda el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se está ejecutando el acto reclamado, esto es, el Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Al respecto cobra relevancia, por las consideraciones que contiene, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 24/2021 (10a.) , de texto siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). HECHOS: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los tribunales colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal." CRITERIO JURÍDICO: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquél que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. JUSTIFICACIÓN: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Contradicción de tesis 478/2018. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito. 2 de septiembre de 2020. Mayoría de tres votos de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Ramón Eduardo López Saldaña. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2018 y por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2017, en los que se sostuvo que el hecho de que el juez no dicte sentencia constituye un acto omisivo, pero que tiene efectos positivos, ya que dicha omisión vulnera los derechos de seguridad jurídica, acceso a la justicia y libertad, por lo que, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es competente el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, esto es, donde se lleva a cabo su proceso penal, y El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2018, en el que consideró que la naturaleza jurídica del acto reclamado es la de una omisión que no requiere ejecución material; por tanto, de conformidad con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo. Al respecto, también resulta aplicable la tesis visible en la página 90, tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. ARTICULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento." Atento a lo expuesto con anterioridad, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y el acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado, se declara legalmente carente de competencia por razón de territorio para conocer de la presente demanda de garantías, y por ende, se ordena remitirla al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, por considerar que es el competente para conocerla, solicitándole el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique la determinación asumida al respecto. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN PERSONAL En virtud de la resolución adoptada, se considera innecesario ordenar la notificación personal del presente acuerdo a la parte quejosa, dado que este juzgado consideró carecer de competencia legal para el conocimiento del asunto y, en consecuencia, corresponderá al juez que se considera competente efectuar el respectivo pronunciamiento por ser el facultado para resolver lo que en derecho proceda sobre la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES -LISTAS- La promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, lo que no es técnicamente posible, pues se equipara a la notificación por lista. En ese sentido, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *****, se les tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo establecido en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a la parte quejosa y al resto de las partes para que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al período de vigencia, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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