Froylán Omar Valadez Moreno
Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Froylán Omar Valadez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto tiene valor jurídico y es depurable. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "NUMERAL VIGÉSIMO", del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 81/2021-II, promovido por Froylán Omar Valadez Moreno, en contra de actos del Coordinador de los Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada en Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el cinco de febrero de dos mil veintiuno y ante este juzgado en la misma fecha, la parte quejosa solicitó la protección constitucional contra el acto de las autoridades, Coordinador de los Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada de Ordenes de Aprehensión, de esta ciudad, consistentes en: La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. Los artículos que el solicitante del amparo estima infringidos en su perjuicio son los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de demanda. Por auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso Froylán Omar Valadez Moreno, registrándose en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el expediente 81/2021-II; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, además de que, el acto reclamado puede tener ejecución en el municipio en que se actúa, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Del análisis integral y cuidadoso de la demanda, se colige que el quejoso en esencia se duele de la orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, y Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, admitieron la existencia del acto reclamado, pues, el dos de febrero de dos mil veintiuno dictó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable comisión en el delito de feminicidio con penalidad agravada, cometido en agravio de quien respondía al nombre de Nancy Mercedes Mata. Para sustentar su afirmación, remitieron copia certificada de la orden de aprehensión emitida en la causa penal 704/2021, documentales con valor probatorio pleno en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." No se advierte que existan causas de improcedencia o sobreseimiento hechas valer por las partes, ni de oficio se evidencia la actualización de alguna, por lo cual se procede a abordar el estudio de fondo del asunto que se plantea. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los descritos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la ley de la materia no establece como obligación para el juzgador su transcripción para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues, tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis; tiene sustento a lo razonado la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Análisis de fondo del asunto. Son infundados los conceptos violación que esgrime el quejoso, aún suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. El quejoso aduce en sus motivos de disenso una vulneración a lo establecido en los preceptos 14 y 16 Constitucionales, ya que no se cumplieron las formalidades del procedimiento, pues el mandato debe provenir de autoridad competente y cumplir con los requisitos de forma y fondo. Ahora bien, en cuanto a la vulneración del artículo 14 constitucional que aduce el impetrante de amparo, debe precisarse que la orden de aprehensión constituye una de las excepciones a la garantía de audiencia prevista en dicho precepto fundamental, en tanto que su naturaleza no es de carácter privativo, sino de molestia; en ese sentido, el artículo 16 constitucional que lo rige, es el que se refiere precisamente a los actos de molestia; por lo que, el acto reclamado no viola en su contra el derecho de previa audiencia. En efecto, la Constitución Federal consigna algunas excepciones al goce de la garantía invocada, por ejemplo, tratándose de órdenes judiciales de aprehensión, salvedad que se deriva del mismo numeral 16 de la Carta Magna, ya que al establecer los requisitos que el libramiento de aquéllas debe satisfacer, no exige que previamente a él se oiga al presunto indiciado en defensa, pues únicamente determina que dichos mandamientos estén precedidos por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se castigue con pena privativa de libertad, y siempre que existan datos suficientes para demostrar que se ha cometido ese hecho y la probable responsabilidad del indiciado. Robustece lo antes considerado, la tesis IX.1o.33 P, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, registrada en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de la orden de aprehensión reclamada se llevará a cabo conforme a los requisitos que actualmente señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es que, para librar una orden de aprehensión, deben obrar datos que establezcan que se ha cometido un hecho señalado como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, son infundados los argumentos del peticionario del amparo, pues, en el caso, se cumplieron las formalidades del procedimiento, ya que la orden de aprehensión librada por el Juez responsable cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe reunir, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, prevé lo siguiente: ". No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. .". Por su parte, los artículos 141, fracción III, y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. (.)." Del precepto constitucional se desprenden los siguientes elementos de fondo requeridos para librar una orden de aprehensión. a) Que provenga de autoridad judicial. b) Exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. c) De lo actuado en autos aparezcan datos suficientes que acrediten que se ha cometido ese hecho. d) Que esos datos demuestren la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. e) Que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Aunado a ello, como requisito formal, dicha resolución debe sustentarse en consideraciones en las que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia de contenido: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento". El primer requisito se cumple totalmente puesto que la orden de aprehensión fue librada por la autoridad judicial, licenciado Juan Melitón Hernández Ponce, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, quien conoce de la causa penal 704/2021. El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho con la denuncia formulada por Saira Janeth Mata Salazar y Noé Gallegos Robles, quienes hablaron a la policía, para informar lo sucedido, y llevaban al hospital a Nancy Mercedes Mata Salazar, lesionada por disparo de arma de fuego, en el trayecto solicitaron ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes los escoltaron hasta el Hospital y continuaron con las investigaciones del hecho, ello aconteció el veintinueve de enero de dos mil veintiuno. El Fiscal Investigador licenciado Francisco Javier Guerrero Olivas, peticionó el mandamiento de captura ante el juez de la causa penal, el dos de febrero de dos mil diecisiete, respecto de hechos determinados, catalogados por la legislación sustantiva penal como delitos de privación de la libertad y delitos en el ámbito de procuración de justicia, los cuales prevén penas de prisión. En tercer requisito se encuentra satisfecho, pues se cuentan con datos suficientes que establecen la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el presente asunto el Juez responsable para dictar la orden de aprehensión que aquí se reclama, y evidenciar tres aspectos, 1) Que se apreciaba el deceso de las funciones vitales de la víctima; 2) si una causa ajena produjo el resultado de la muerte; y, 3) Que se haya realizado por razones de género. Para ello tomó en consideración los siguientes datos de investigación presentados por el Agente del Ministerio Público, consistentes en: Informe de actividades de fecha tres de enero de dos mil veintiuno, realizado por el Agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan Manuel Ramírez Ibañez, quienes informaron que el 29 de enero de 2021, iban a atender un llamado por detonaciones de arma en Hacienda Poniente y Hacienda Central, en el camino se encontraron un Toyota blanco, se encontraban abordo Noé Gallegos Robles y Saira Janeth Mata Salazar, quienes llevaban lesionada a una mujer de nombre Nancy Mercedes Mata Salazar, les pidieron apoyo para llevar a la lesionada al Hospital 66 del IMSS, pero cuando llegaron, les informaron que ya no llevaba signos vitales, en el hospital se negaron a proporcionar sus datos, por ende, llamaron a la central arribando la unidad de peritos, la unidad 09 de homicidios y la unidad 073 Semefo. Informe de actividades del elemento de Seguridad Pública Municipal Arturo Alejandro Robles Antúnez, quien informa que por llamado de urgencia del Ceri 911, se trasladó a Hacienda Valsequilla 9510 y Hacienda Poniente de la Colonia Las Haciendas, se encontraba una mujer lesionada por arma de fuego, al arribar al lugar, por la ventana unos niños les informaron que Omar Valdez, le había disparado con una pistola a su tía Nancy Mata, y que había escapado en una camioneta blanca, y a la fémina se la habían llevado al IMSS 66, en el interior apreciaron casquillos percutidos, mancha rojiza en el piso y en la mesa de la vivienda, por lo que se asegura el lugar y acordona con cinta amarilla; los niños Genis, William Israel y Johana Mata Salazar, Nicole Janeth Ortiz Mata y Charlotte Mata, de 12, 10, 7 y 3 años respectivamente, fueron entregados a un familiar. Informe de actividades de 29 de enero de 2021, elaborado por Isabel Padilla Moreno, Agente de la Policía Estatal Única División de Investigación, quien informó que un operador le pidió se acercara a la clínica 066 del IMSS, ya que reportaban una mujer sin vida. Dio la media filiación de la occisa, vestimenta, cronotanodiagnostico de 2 a 4 horas, sin lividez; lesiones 2 lesiones a la altura de la axila derecha, dos en el hombro derecho, una a la altura del hombro derecho; lugar de la escena del crimen, calle Hacienda Valsequilla 9510-11 con cruce Hacienda Poniente en colonia Las Haciendas a las 4:40 horas en el interior del domicilio encontraron: 1 casquillo percutido dorado con la leyenda 380 auto águila2, 1 casquillo percutido dorado con la leyenda 380 auto águila3, 1 casquillo percutido dorado con la leyenda 380 auto águila4, 1 casquillo percutido dorado con la leyenda 380 auto águila5, casquillo percutido águila localizado bajo las cobijas de la sala 6, proyectil deformado dorado bajo las cobijas de la sala 7, casquillo percutido águila localizado bajo las cobijas de la sala. Anexa ocho fotografías del lugar del levantamiento, así como de la escena del crimen. Informe de necrocirugía realizada por el médico Jesús Arellano Olague, del servicio médico forense, realizada al cadáver desconocido que ingresó bajo el SIEC 183/2021/37 en el que presentó las lesiones siguientes: 1). Orificio de entrada en región axilar posterior derecha, proyectil cobrizo no deformado sin orificio de salida, alojado en parte posterior derecha; 2). Orificio de entrada lateral hombro derecho 10x10 mm. con orificio de salida en costado izquierdo de 21 cm., 3). Orificio de entrada, en lateral hombro derecho, de 10x10 mm., con orificio de salida en costado izquierdo; 4). Orificio de entrada, anterior hombro derecho de 10x10 mm., con orificio de salida en costado izquierdo . ; 5). Orificio de entrada en lateral hombro derecho, de 10x10 mm., . sin orificio de salida alojado en costado izquierdo; 6). Orificio de entrada, en región costado derecho, con orificio de salida en plano esternal .; 7). Orificio de entrada en región pectoral derecha con orificio de salida en región esternal izquierda .; 8). Orificio de entrada en región pectoral derecha, con orificio de salida en región pectoral izquierda .; 9). Orificio de entrada en parte anterior brazo derecho con orificio de salida en parte interna brazo derecho .; 10). Orificio de entrada en parte anterior de brazo derecho con orificio de salida en parte interna brazo derecho .; 11). Orificio de entrada en antebrazo derecho con orificio de salida en pliegiue de codo derecho .; 12). Orificio de entrada en antebrazo derecho con orificio de salida en ante brazo derecho .; y, 13). Orificio de entrada en antebrazo derecho con orificio de salida en el antebrazo derecho. Y concluyó: Etiología de la muerte: Shock hipovolémico consecutivo a laceración multiorgánica toraco abdominal producida por proyectiles de arma de fuego. Crono-tanato diagnóstico: 8 a 20 horas al inicio de la necropsia. Hora del fallecimiento: 29 de enero de 2021 a las 00:15 horas. Dictamen en materia de criminalística de campo, elaborado por el perito Héctor Hawley Morelos el treinta y uno de enero del presente año, quien estableció hipótesis periciales: que la víctima tenía aproximadamente de 2 a 4 horas de cronotanatodiagnóstico, al momento del levantamiento; en relación al hallazgo de elementos balísticos, así como manchas rojas en el domicilio de calle Hacienda Valsequilla 9510-11 cruce con Hacienda Poniente de la colonia Las Haciendas, se puede establecer con el principio de probabilidad que este es el lugar de los hechos; y de acuerdo al hallazgo de las heridas de la víctima se puede establecer que su agresor se encontraba a un costado derecho de la víctima al realizar los disparos; en relación al hallazgo de siete elementos balísticos con las mismas características se aprecia que es posible establecer que fue utilizada una misma arma en los hechos. Diligencia de identificación de cadáver ante la Agente del Ministerio Público por parte de Jocelyn M. Valadez y Saira Janeth Mata Salazar, quienes identificaron mediante fotografía el cuerpo de su mamá y hermana respectivamente, de quien en vida se llamó Nancy Mercedes Mata Salazar, ingresada con CIEC 183/2021/37. Acta de nacimiento de la occisa. Declaraciones de Noé Gallegos Robles, Sayra Janeth Mata Salazar y la menor de iniciales G.J.M.S., ante el Agente del Ministerio Público, en las que refiere el juzgador fueron coincidentes en manifestar que el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se encontraban en su domicilio en calle Valsequilla 9510-11 del Fraccionamiento Las haciendas de esta ciudad, en compañía de Nancy Mercedes Mata Salazar, quien era cuñada, hermana y tía respectivamente, como a las siete horas con treinta minutos se presentó Floylán Omar Valdez Moreno, el esposo de Nancy, iba por ella, empero, al negarse ésta, se retiró, posteriormente como a las once horas con treinta minutos el imputado se encontraba afuera de la casa recargado en la ventana, Noé Gallegos lo invitó a pasar, entró, sacó un arma de fuego corta y comenzó a dispararle a un costado derecho, ya que se encontraba sentada, comenzaron a gritar, Noé lo aventó a un lado, preguntándole que hacía, le dijo que se quitara o si no le iba a pasar lo mismo, le marcaron a la policía y el activo salió del domicilio, subió a su camioneta y se fue, en tanto los exponentes se llevaron a la víctima al hospital. También informaron que anteriormente el activo agredía a la víctima, la insultaba y golpeaba, siempre sufrió maltrato, la engaño y no la dejaba convivir con su familia, además tenía denuncia en su contra. Las declaraciones de Silvia Salazar Becerra y Ángel Orlando Valdez Mata, ante el Ministerio Público, expusieron ser tía e hijo de la víctima, y que ésta sufría violencia familiar pues constantemente la golpeaba, en una ocasión la dejó casi moribunda, la estaba asfixiando. Silvia Salazar agregó que el veintinueve de enero de este año, la menor de tres años, hija de la víctima le dijo "tia mi papá mató a mi mamá", entonces porque no viene. Ángel Orlando, señaló que su papá tenía una pistola Locke 9 milímetros negra, y estaba seguro que con ella había matado a su mamá. Que él estaba con su papá el día de los hechos y como a la una de la madrugada salió de la casa en estado de ebriedad en la camioneta que le prestó su abuela Gloria Moreno. De esos antecedentes que fueron expuestos por el Fiscal, el juzgador de origen determinó que de esos registros de investigación, valorados en términos de los artículos 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a la apreciación libre y lógica de la prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la sana crítica, observando las leyes de la lógica, de los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, constituyen datos de prueba que permiten establecer el hecho que la ley señala como el delito de feminicidio con penalidad agravada en perjuicio de quien en vida se llamó Nancy Mercedes Mata Salazar, previsto en el artículo 126 Bis, párrafo primero, segundo, fracciones III y IV, y párrafo tercero, fracciones III y V del Código Penal del Estado de Chihuahua. Los datos obtenidos de los medios de convicción ofrecidos por el Agente del Ministerio Público el juzgador de origen les dio valor indiciario en términos de los artículos 90, párrafo primero, 132, 262, 265, 360, 363, 368, 369, 380, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a los oficios de las autoridades, en términos del artículo 310, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo cual se aprecia correcto. En cuanto a la probabilidad de que el imputado haya tenido participación en la comisión del hecho considerado como delito, el juzgador tomó en consideración los datos de las pruebas mencionadas, las cuales volvió a reproducir, como son, que Noé Gallegos Robles, Sayra Janeth Mata Salazar y la menor de iniciales G.J.M.S., ante el Agente del Ministerio Público, informaron que Floylán Omar Valdez Moreno, el esposo de Nancy, se dirigió a Nancy, sacó un arma de fuego corta y comenzó a dispararle a un costado derecho, ya que se encontraba sentada, Noé lo aventó a un lado, preguntándole que hacía, le dijo que se quitara o si no le iba a pasar lo mismo. En cuanto a las razones de género que señala la representación social, prevista en el artículo 126, fracciones III y IV, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, fue correcto lo argumentado por el juzgador en el sentido de que hasta el momento como bien lo señaló el Agente del Ministerio Público, anterior a la privación de la vida de la víctima el imputado ejerció violencia física y psicológica ya que así lo hicieron ver los testigos. Además se corrobora con los datos de la carpeta de investigación 37-2020-006216 de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y contra el cumplimento de la pensión alimentaria, obra la denuncia penal por violencia familiar interpuesta por la hoy occisa Nancy Mercedes Mata Salazar contra Froylán Omar Valadez Moreno, valorado debidamente en términos del artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, de haberse demostrado que entre el activo y la víctima existía una relación sentimental, pues los testigos informaron que estaban unidos en matrimonio, además se tuvo la licencia de matrimonio celebrado en el Estado de Nuevo México, el 23 de noviembre de 1999, y procrearon hijos; precisamente, el hecho ilícito se perpetró en presencia de la menor de edad de tres años hija de la víctima y del imputado, ante los familiares con quienes tenía un vínculo por consanguinidad y afinidad. Evidenciándose así la probabilidad de la participación del imputado en la comisión del hecho señalado por la ley como delito de feminicidio. Pues los datos de las pruebas permiten inferir como correctamente lo determinó el juzgador que, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno como a las veintitrés horas con treinta minutos en el interior del domicilio ubicado en calle Hacienda de Valsequilla 9510-11 del Fraccionamiento Las Haciendas de esta ciudad, el activo del hecho le realizó varios disparos con arma de fuego a su esposa Nancy Mercedes Mata Salazar, quien se encontraba en compañía de su hermana, cuñado, familiares y la menor de tres años de iniciales CH.V.M., que le provocaron la muerte, siendo la causa shock hipovolémico consecutivo a laceración multiorgánica toracoabdominal producida por proyectiles de arma de fuego; privación de la vida que acaeció con violencia física y psicológica. Esos datos, el juzgador estimó producían indicios y también evidenciaban la probabilidad de la participación del activo aquí quejoso en los hechos señalados como delitos de feminicidio con penalidad agravada en perjuicio de quien en vida se llamó Nancy Mercedes Mata Salazar, previsto en el artículo 126 Bis, párrafo primero, segundo, fracciones III y IV, y párrafo tercero, fracciones III y V del Código Penal del Estado de Chihuahua, así como la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión. Finalmente, la emisión del mandamiento de captura, se encuentra apegado a derecho, ya que el Agente del Ministerio Público, la solicitó; conforme a los artículos 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la observancia del artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implica que toda persona debe ser tratada como inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad, se justifica ya que se prevé que en los casos del delitos de homicidio doloso puede verse demorada la presencia del imputado a juicio, imponiendo así como medida cautelar prisión preventiva oficiosa acorde a los artículos 19 Constitucional 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, afectada en caso de que se cite en su domicilio, máxime que huyó inmediatamente de los hechos. Mayormente, como bien refiere el juzgador, existe la obligación de analizar el presente asunto con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia y remediar situaciones asimétricas de poder; apoyándose en las normas de orden internacional y constitucional que cita, con las cuales, concluye que el Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias, lo medios apropiados y sin dilaciones eliminar la discriminación contra la mujer. Debiendo adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y prevenir los factores de riesgo, y a la vez proporcionar una respuesta afectiva a los casos de violencia contra la mujer. Por ello, si dichos actos no son prevenidos con prontitud y seriedad, resultarían en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. Además, señaló el juzgador que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 554/2013, estimó que no solo deben condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino también están obligadas a tomar medidas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en sus normas, y abolir todas aquéllas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres. En ese orden de ideas, asiste razón al juzgador, y se estima apegado a derecho lo razonado, por ende, se evidencia que la resolución reclamada también cumple con el requisito destacado, consistente en la debida motivación y fundamentación. Así pues, se reitera, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio Público al juzgador de origen, al solicitar la orden de aprehensión de que se trata, y lo resuelto por el Juez de Control al respecto, se colige que la orden de captura reclamada cumple con los requisitos que establecen el artículo 16 constitucional, dado que correctamente el Juez responsable tuvo por demostrado con los datos narrados el hecho delictivo y la probabilidad de la participación en los mismos del quejoso en su comisión, de ahí que al no advertirse motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se atribuyen a las diversas autoridades responsables, ya que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia de la orden de aprehensión impugnada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Froylán Omar Valadez Moreno, en contra de los actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, de esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria del Juzgado, quien autoriza las actuaciones y da fe, y concluye la sentencia hasta hoy siete de junio de dos mil veintiuno, en que o permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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