Froylan Hernandez Zuñiga
Expediente 644/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Froylan Hernandez Zuñiga
Actuaciones
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de Froylan Hernández Zúñiga y la promueve por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad; y otra autoridad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Consideración previa. Ahora, previo a emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. [A]rtículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Desechamiento. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5° y 6º de la Ley de Amparo, los cuales establecen Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. De la interpretación de dichos dispositivos se desprende que dentro de los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 constitucional, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la ley fundamental, las cuales son principalmente la supremacía respecto a las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible y aceptable en la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la noble institución controladora que constituye el juicio de amparo. Por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales pues precisamente a partir de esa afectación, se daría la legitimación para instar el medio de control aludido, de conformidad con el último de los referidos numerales. Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause una afectación real y definitiva directa, a la persona física o moral que presente la demanda, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los 5° y 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Robustece a lo expuesto, la tesis I.13o.A.23 K, con número de registro 185149 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1803, Tomo XVII, enero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO." Acto reclamado. En ese orden de ideas, debe traerse a colación que del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: El traslado de mi esposo Froylan Hernández Zúñiga del Centro de Readaptación Social de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz al Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Durango, Durango. Ahora, toda vez que ********************, promueve la demanda de amparo por propio derecho; sin embargo, manifiesta ser la esposa de Froylan Hernández Zúñiga; de ahí que el traslado que se reclama, solo genera una afectación de manera indirecta a la ocursante, dado que como se dijo, la solicitud la hizo con el carácter de esposa, y por propio derecho, siendo esta última, quien en todo caso resiente la afectación a sus derechos fundamentales en forma directa. Por lo que se considera que en el caso no se actualiza un agravio personal y directo de la aquí promovente ********************, al instar la acción constitucional por propio derecho, pues todo lo que se llegue a resolver, únicamente incidirá en la esfera jurídica de la parte actora, de ahí que no le cause perjuicio alguno en términos del artículo 6º de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 175-180 Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en la foja 77, que dice: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." También sirve de sustento, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de circuito, publicada en el Tomo 3, Libro XIX, Abril de dos mil trece, pagina 1807, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el numeral 15 de la ley de la materia, toda vez que de su lectura íntegra se advierte que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Sin que obste a lo anterior, el hecho que refiere en su escrito de demanda ".a pesar que me es difícil trasladarme hasta la ciudad de Tuxpan lo hacia aunque no de manera constante para acudir a visitarlo ya que tengo un hijo menor con una discapacidad derivado de una enfermedad renal además de ser un menor especial por padecer de autismo lo que motiva a que tenga que estar al cuidado de nuestro menor hijo, y cuando mi hijo se pone grave debido a su problema renal he tenido que acudir de urgencia hasta la Ciudad de México donde es atendido por su padecimiento, por lo que las autoridades responsables se encuentran violentando derechos fundamentales establecidos en la constitución en contra de mi esposo, pues no se trata de un traslado urgente o excepcional como lo marca la ley de ejecución.", toda vez que se trata de una consecuencia directa de la orden de traslado de su esposo, en el que el único que puede resentir una afectación personal y directa es el propio recluso; de ahí que, lo pretendido por aquí promovente, no constituye un acto independiente que la legitime a promover la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que señala. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 5° y 6° de la Ley de Amparo, relacionados con el 107, fracción I, de la Carta Magna, así como en el diverso 113 de esa propia ley, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente la demanda promovida por ********************. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************y********************por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente y, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************dado que la parte quejosa omitió proporcionar la cédula para la práctica de la abogacía correspondiente, tal como lo prevé el mencionado numeral. Lo anterior, sin perjuicio de que, una vez que la promovente o los mismos autorizados proporcionen el número de cédula respectivo y se corrobore que éstas se encuentren registradas ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, se provea respecto de la autorización en los términos solicitados. Sirve de sustento a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la tesis aislada 2a. VIII/2020, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4456, Tomo V, Agosto de 2020, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. Por otra parte, como lo solicita se tienen como medios de contacto a efecto de entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico proporcionado. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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