Froylan García Zárate

Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
872/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Froylan García Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiséis de julio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo; transcurrió sin que se hubiera interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen diversos documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Asimismo, considerando que existe en el presente asunto escrito signado por el promovente de veinte de mayo del año en curso exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, continuará glosado y correrá la misma suerte que este expediente. Documento que se entregará personalmente a la parte promovente, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Además, dígase a dicha parte que la entrega de dicho documento deberá ser a través del sistema de "citas" en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; por lo que, deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Recepción de demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********* contra actos del representante legal y/o encargado y/o gerente y/o asesor jurídico y/o encargado de los Servicios Jurídicos y/o encargado de los Servicios Administrativos y/o a quien corresponda de *********. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 872/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Análisis integral del escrito de demanda. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintidós, en el que solicitó copia del contrato de préstamo o pagaré que firmó como cliente con clave única ********* con la persona moral *********, así como su estado de cuenta. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, la señalada como responsable ********* no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, como enseguida se demostrará. Los numerales citados, en lo conducente establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Ahora, como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; página 1089, en la que, con relación a los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En síntesis, será considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En relación con los actos de particulares, para que tengan la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad; esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2. Que afecte derechos fundamentales, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En ese sentido, la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que los particulares sean señalados como autoridades responsables en el juicio constitucional; también lo es que esa posibilidad está sujeta a que realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo; por tanto, no pueden reclamarse todos los actos de los particulares que den lugar a la violación de derechos fundamentales, sino únicamente los homologables a los de autoridad, por el hecho de que quien los emita se ubique en una situación de supra a subordinación respecto de la persona gobernada, y que tengan su origen en una norma general que les confiera facultades. De ahí que para identificar un acto producido por un particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con posibilidad de vencer cualquier tipo de resistencia, que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad respectivos. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del ********* la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintidós, en el que solicitó copia del contrato de préstamo o pagaré que firmó como cliente con clave única ********* con dicha persona moral, así como su estado de cuenta. Asimismo, de los antecedentes vertidos por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que se ostenta como parte contractual o subscriptor de un título de crédito, con la persona moral *********. Por tanto, se estima que los actos que reclama la parte quejosa no constituyen de autoridad, revestidos del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de una norma general, no proviene de una entidad paraestatal que esté dotada de atribuciones de autoridad, por lo que los actos que emite no constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que las consecuencias jurídicas de su aplicación, deben ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo, porque se está en presencia de una controversia de coordinación. Así, precisamente en su carácter de prestadora de un servicio, los actos que lleva a cabo una institución bancaria, con base en un contrato de adhesión, tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en atención al contrato que celebre la institución financiera con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los referidos contratos no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde dichas instituciones actúan desprovistas de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a voluntad de la prestadora del servicio, se deje de otorgar el servicio contratado respecto a lo contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado. Por ello, lo comprendido en el contrato de adhesión no actualiza los supuestos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. Decisión. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Froylan Bautista Zarate, por notoriamente improcedente. Cabe precisar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en su demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Consulta del expediente electrónico y notificación vía electrónica. Vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario ********* en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa, y para que se le realicen las notificaciones por dicho medio; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Correo electrónico. En atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, registro digital 167640, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, tomo XXIX, marzo de 2009, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente vía electrónica y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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