Froylan Alfredo Perez De Alba Y Coria

Expediente 77/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
77/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Froylan Alfredo Perez De Alba Y Coria
  • Titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en delitos Patrimoniales

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por por tanto, se declara que QUEDA FIRME el referido auto...

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por el quejoso Froylan Alfredo Pérez de Alba y Coria, mediante el cual en atención a la prevención ordenada en el proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, manifiesta bajo protesta de decir verdad el nombre correcto de la persona que denunció ante la autoridad responsable. Ahora, de una lectura íntegra del escrito inicial de demanda y el diverso aclaratorio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte la actualización de manera, notoria, manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Para justificar tal conclusión conviene establecer que el acto de reclamo consiste en: "4. ACTOS RECLAMADOS. Al TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES, se le reclama la violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera particular al derecho fundamental de petición que consagran los artículos 8 y 35 fracción V. Todos y cada uno de los actos de autoridad que reclamo en la presente Demanda de Garantías, los atribuyo a la autoridad señalada como responsable, bien sea que los haya llevado a cabo, o pretenda llevarlos a cabo, por sí mismas o por conducto de sus Agentes, Inspectores, Ejecutores o Inferiores Jerárquicos o Subalternos." Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado manifiesta lo siguiente: "7. BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD, MANIFIESTO LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE ME CONSTAN Y QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS O FUNDAMENTOS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 7.1 En Mexicali Baja California, con fecha viernes 20 de septiembre del 2013, presenté una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales, cuyo titular lo es el agente del Ministerio Público Lic. Carlos Humberto Inzunza Gonzales; denuncia de hechos en contra del C. Francisco Miguel Martínez Cihin, y/o quien resulte responsable, por la posible comisión del delito de abuso de confianza y/o los que resulten. 7.2 El suscrito en los días posteriores inmediatos, comparecí ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales a efecto de ratificar la denuncia en contra del C. Francisco Miguel Martínez Chin, quien hizo uso y abuso al vender fraudulentamente tres automóviles de mi propiedad de los que le transmití la tenencia, más no el dominio, a efecto de proceder a arrendarlos comercialmente. 7.3 En la denuncia de hechos a que se refieren los antecedentes números 7.1 y 7.2 que anteceden, se señaló como domicilio procesal el ubicado en la Avenida Benito Juárez 853 Ciudad Morelos Baja California. 7.4 Ahora bien, no obstante que, desde con tal fecha se presentó la denuncia de hechos a que me he venido refiriendo, la responsable ha sido omisa en resolver respecto de NUC y/o Averiguación Previa iniciada en contra del señor Francisco Miguel Martínez Chin. 7.5 Es importante manifestar a su Señoría que la denuncia de hechos le correspondió la el NUC y/o Averiguación Previa número 0202-37/116/2013 del índice del Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales." Por lo tanto, como se aprecia, el acto reclamado en esencia, consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable Agencia del Ministerio Público Especializada de Delitos Patrimoniales, de darle seguimiento a la denuncia formulada por la parte quejosa, identificada bajo el Numero Único de Caso y/o Averiguación Previa 0202-37/116/2013 y resolver en la misma. Pues bien, como se anticipó, se advierte actualizada la causal de improcedencia anunciada que resulta de relacionar los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: El precepto 20, apartado C, fracción VII, Constitucional: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño [.]" Los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] ." Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el citado código. Por su parte, el artículo 258, también del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017640, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Así como la jurisprudencia 1a./J. 27/2018(10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, página 945, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En razón de lo anterior, no hay lugar a duda que la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que cesen las omisiones de la diversa autoridad ministerial en su facultad investigadora, por medio del recurso previsto en el citado precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Máxime, que dicha circunstancia fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existiendo jurisprudencialmente el reconocimiento de un recurso ordinario contra actos como el planteado en el caso concreto, sin que haya lugar a plantear una mayor interpretación ni mucho menos la inaplicación de la misma por un órgano de menor grado, dada su obligatoriedad de conformidad con el artículo 217 de la ley de la materia. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017808, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla". De lo anterior se desprende que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda de la omisión en comento, la parte quejosa debe agotar las instancias ordinarias necesarias para que el Ministerio Público abandone el estado de abstención en que se encuentra, en el caso concreto, la falta de integración y determinación de la carpeta de investigación con Numero Único de Caso y/o Averiguación Previa 0202-37/116/2013, del índice de la Agencia del Ministerio Público Especializada de Delitos Patrimoniales, en esta ciudad. En consecuencia, al no haberlo hecho así, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo por su notoria improcedencia, pues se actualizó la causa a que se hizo referencia, esto es, la que resulta de vincular los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Licenciado Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido de la Licenciada Marilú Nirvana Millán González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. SURTE EFECTOS NOTIFICACION EN VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SEDE MEXICALI, HAGO CONSTAR QUE SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, AL QUEJOSO FROYLAN PEREZ DE ALBA Y CORIA, AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO EN CURSO, EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A EFECTO DE SER NOTIFICADOS DE LO ANTERIORMENTE INDICADO, NO OBSTANTE EL AVISO QUE EL SUSCRITO DEJÉ EN EL DOMICILIO QUE SE PROPORCIONÓ PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DEL CUAL ME CERCIORE POR ASI VISUALIZARLO EN EL LETRERO VIAL Y TENER A LA VISTA LA NOMENCLATURA OFICIAL, AL SER LAS DOCE HORAS DEL VEINTE DE FEBRERO ACTUAL, TOCANDO A LA PUERTA DE ACCESO POR UN ESPACIO DE CINCO MINUTOS SIN QUE NADIE ATENDIERA A MIS LLAMADOS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 9,143 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano