Froilan Armando Pino Pech

Expediente 873/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
873/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Suley Trinidad López Pacheco
  • Froilan Armando Pino Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    NOT. ELECT Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve, juntamente con su anexo, mediante oficio 1402, y remite testimonio de la ejecutoria de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca A.R. 256/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio, firmada el treinta de junio de dos mil veintiuno, ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Froilán Armando Pino Pech y Suley Trinidad López Pacheco, en representación de sus menores hijas J.A.P.L. y A.J.P.L., contra el acto y la autoridad que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria." Acúsese recibo VÍA INTERCONEXIÓN. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por otra parte, una vez que sea notificado este proveído, archívese este expediente como asunto concluido, debiendo glosar a estos autos las constancias originales que obren en el expedientillo de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión y desechar las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Asimismo, en cuanto al anexo devuelto, consistente en un legajo de copias certificadas del expediente de origen; toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúen formando parte de este asunto, devuélvase el mismo a la autoridad responsable. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta 4227 del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 873/2021-II-A, de donde deriva este expedientillo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de ********************, mediante el cual, en representación de sus hijas menores de edad, de identidad reservada, interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en este juicio. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, remítase copia del mismo a la autoridad responsable, córrase traslado al tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, con entrega de una copia de dicho escrito. Hecho esto, envíese este expediente, su anexo, así como el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 873/2021-II-A, promovido por ********************, en representación de sus hijas en común menores de edad ********************, en contra del acto atribuido a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieon ********************, en representación de sus hijas en común menores de edad ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto atribuido a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número de expediente 873/2021-II-A; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la quejosa reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, lo siguiente: El embargo que deriva del juicio ejecutivo mercantil, radicado en los autos del expediente marcado con el número 787/2018, promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, del cual manifiestan sus representadas bajo formal decir verdad que tuvieron conocimiento el día diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad; pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, lo que se robustece con las copias certificadas que acompañó al mismo, relativas al juicio ejecutivo mercantil 787/2018, de su índice. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sentado lo anterior, se considera necesario precisar que de las constancias remitidas por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se advierte en lo que interesa lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, ********************, por conducto de su endosatario en procuración, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ********************, demandando el pago y cumplimiento de diversas prestaciones. 2. Por auto de doce de junio de dos mil dieciocho, la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió a trámite la demanda, y ordenó el emplazamiento de los demandados antes señalados. 3. Mediante diligencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, emplazó al demandado ********************, mediante diligencia que se entendió directamente con el propio demandado, el cual se identificó con su licencia de chofer expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con folio ********************. Así mismo se advierte de dicha diligencia, que en uso de su derecho, la parte actora señaló como bien a embargar, el cien por ciento del predio número ******************** de esta ciudad de Mérida, Yucatán, como propiedad del citado demandado, por lo que la notificadora declaró trabado formal embargo sobre el inmueble de referencia. Asimismo se advierte que hizo entrega al demandado de la copia de la demanda y del documento base de la acción, juntamente con la cédula de notificación y copia de la diligencia. 4. Por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo al demandado ********************, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, oponiendo sus excepciones y ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes para su defensa. 5. También se advierte que por auto de catorce ce mayo de dos mil veintiuno, la Juez responsable citó a las partes a la audiencia de alegatos, siendo la última actuación (de la que se tenga conocimiento) en el juicio de origen. Por tanto, es claro que el acto que plantea la parte quejosa que es el embargo del predio número ******************** de esta ciudad de Mérida, Yucatán, acaecido en el juicio de origen, resulta extemporáneo, pues al menos desde la diligencia de notificación al demandado ********************, quien es el representante de las menores quejosas (padre), tuvo conocimiento de la existencia del juicio y del embargo del inmueble que se verificó en el mismo, pues es claro que los hechos que conoció en su carácter individual, no los puede desconocer en su carácter de representante y/o tutor de las directo quejosas. Pues al ser su progenitor, consecuentemente, ejerce la patria potestad sobre las menores, en términos de los artículos 276, 277 y 278, fracción I, del código de Familia del Estado de Yucatán, los cuales refieren: "Patria potestad Artículo 276. La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a los ascendientes, en su caso, para cumplir con las necesidades materiales, afectivas, de salud, educación y recreativas de los hijos o hijas menores de edad, así como para la administración de sus bienes. Ejercicio de la patria potestad Artículo 277. La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de los hijos o hijas. Su ejercicio queda sujeto a las modalidades que imponga este Código, las resoluciones judiciales que en su caso se dicten y las que dispongan otros ordenamientos aplicables. Personas a las que les corresponde el ejercicio de la patria potestad Artículo 278. La patria potestad corresponde: I. Al padre y a la madre, conjunta o separadamente, [.]". La interpretación conjunta de los preceptos legales previamente transcritos, permite colegir que los hijos menores de edad no emancipados estarán bajo la patria potestad de sus padres, quienes serán sus legítimos representantes y tendrán la administración legal de los bienes que pertenezcan a aquéllos. En esa tesitura, conviene precisar que la patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en las legislaciones civil y familiar sobre los hijos y sus bienes; lo que implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer la protección y desarrollo integral de los hijos menores. Así, la patria potestad debe atender a la buena administración y cuidado de las condiciones personales, materiales y económicas para satisfacer las necesidades primarias del menor y generar su buena salud y desarrollo físico y mental, así como sus bienes. A propósito de lo anterior, es ilustrativa la jurisprudencia 42/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS. La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los hijos. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello que abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los órganos jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los poderes públicos. Al mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que el menor es persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de madurez". Cabe añadir que la patria potestad se ejerce por el padre o la madre de manera indistinta, es decir cada uno de ellos tiene legitimación para representar legalmente a su menor hijo, pues en la legislación civil vigente en el Estado de Yucatán no existe algún precepto que exija que tengan que concurrir ambos padres para tener por legalmente representado al menor. Al respecto, se cita la tesis 58 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que expresa: "MENOR DE EDAD. PUEDE SER REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL PADRE O LA MADRE, INDISTINTAMENTE. Si bien la patria potestad sobre los hijos se ejerce por el padre o la madre, en cuyo carácter resultan ser los legítimos representantes de los que están bajo ésta, ello no debe interpretarse en el sentido de que rigurosamente tengan que ser ambos padres los que simultáneamente deban representar al menor en un juicio, ya que basta que uno de ellos lo haga para que se dé la legitimación procesal para acudir a juicio, pues no existe precepto legal que exija que tengan que ocurrir ambos padres para tener por legalmente representado al menor, y de la interpretación del artículo 424 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se deduce la posibilidad jurídica de que la representación en juicio se ejerza por uno solo de los padres, facultad que se encuentra limitada únicamente para el caso de que se pretenda concluirlo". Pues bien, como se mencionó, es evidente que ********************, como padre de las menores, ejerce su patria potestad y, por ende, es su legítimo representante legal en todo lo que concierne a sus intereses. En esa virtud, si ******************** figura como parte en el juicio de donde derivan los actos reclamados, es claro que en todo momento se enteró y estuvo en posibilidad de actuar en favor de los intereses de las menores de edad, ante el conocimiento de que sus derechos se estaban viendo afectados. En consecuencia, al revestirle la calidad de legítimo representante legal de las menores por ser su padre al tener la patria potestad sobre su persona, es inconcuso que las citadas menores justiciables también conocieron del acto reclamado destacado, toda vez que lo que su progenitor conoció por sí, no puede ignorarlo en su carácter de legítimo representante legal. En otras palabras, si está acreditado que ******************** tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, pues con él de manera directa se entendió la diligencia de exequendo, ello implica que tal conocimiento también lo tuvo como representante legal de sus menores hijas, ahora quejosas, ya que es inadmisible que el conocimiento o la voluntad de una persona pueda desdoblarse, de modo tal que al mismo tiempo conozca o se entere de algún acontecimiento con alguna de sus cualidades jurídicas y lo ignore con otra, pues ni lógica ni humanamente puede ignorar como representante legal de las menores quejosas lo que conoció por sí. En relación con el tópico recién abordado, por similitud jurídica es aplicable, en lo conducente, la tesis 5 C, del Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que expresa: "MENOR TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO NATURAL. NO PUEDE ARGUMENTAR EN EL AMPARO TENER ESE CARÁCTER SI COMPARECIÓ A AQUÉL A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGÍTIMO. Si la madre del menor quejoso promovió el juicio ordinario civil de divorcio del cual derivó el acto reclamado y en el amparo que como representante legítima de aquél interpuso para combatir dicho acto, adujo que el infante es tercero extraño a dicho juicio natural, ello es inexacto, porque aceptarlo así implicaría estimar que es posible dividir la personalidad de aquélla en dos partes y afirmar que, no obstante que tenía conocimiento del juicio natural, por haberlo promovido, ignoraba las determinaciones jurisdiccionales acerca de los derechos de patria potestad que el diverso progenitor ejerce sobre el menor las que, evidentemente, podrían afectar a éste; en contra de las cuales el infante, a través de su madre, pudo interponer los recursos establecidos en la ley respectiva, independientemente de que no hubiese sido parte material en el juicio natural". De igual modo, se citan por analogía jurídica las jurisprudencias 30 y 7 del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que respectivamente expresan: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física". "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal". Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CONOCIMIENTO DEL. EN LO PERSONAL Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE UNA EMPRESA. Si el embargo reclamado es ejecutado sobre un bien propiedad de una empresa ajena al juicio de donde dicho embargo emanó, en el domicilio y en presencia de uno de los demandados, quien además es administrador único de la misma, es evidente que la persona moral de referencia tuvo conocimiento desde ese momento de tal acto reclamado a través de su representante, y que a partir de entonces estuvo en aptitud de impugnarlo mediante la vía de amparo, pues no es lógico que alegue ignorar como administrador único de la quejosa, lo que conoció en lo personal." También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS RECLAMADOS CONOCIDOS POR EL REPRESENTANTE. Si el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados por conducto de su representante legal, en fecha muy anterior a la presentación de la demanda, surge la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, sin que sea obstáculo el hecho de que dicho representante los haya conocido por su propio derecho, pues jurídicamente no puede conocerlos en lo personal y desconocerlos por su representación." Por tanto, aplicando la primera regla establecida por el artículo 18 de la Ley de Amparo, resulta que el término de quince días para el ejercicio del juicio de amparo, empezó a contarse a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto, en el caso, al menos desde el cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Por lo que al haber sido presentada la demanda de amparo hasta el veintiuno de mayo del presente año, es inconcuso que ha transcurrido en exceso el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; por ende, se ha consentido tácitamente el embargo del inmueble decretado en el juicio de origen por no haberse promovido el amparo dentro del término de ley. Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto no nos encontramos en alguno de los casos de excepción previstos por el artículo 20 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, ni de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyo caso la demanda puedo promoverse en cualquier tiempo. Por tanto, si la demanda de amparo en estudio fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de recibido, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, el acto reclamado se considera como tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por tal motivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el juicio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo antes expuesto, no es posible examinar la constitucionalidad del acto combatido al surtirse la causa de improcedencia analizada, atento a la jurisprudencia emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 509, página 335, registro: 394465, aplicable por identidad jurídica, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento en el juicio. QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en representación de sus hijas en común menores de edad ********************, en contra del acto que reclamaron a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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