Frida Sofia Herrera Bonilla

Expediente 238/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 46 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
238/2022
Año
2022
Actuaciones
46
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Frida Sofia Herrera Bonilla
  • Frida Sofia Herrera Bonilla y Otros.
  • Coordinador Operativo de la Brigada Correcaminos en el Estado de Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Agréguese para que surta sus efectos legales, el oficio y anexo signado por la delegada de la Secretaría de Salud en el Estado de Durango, mediante el cual informa las gestiones para solicitar el abastecimiento del biológico para estar en aptitud de inocular a la menor de edad hoy quejosa. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Información relativa al cumplimiento de sentencia. Agréguese el oficio que remite el delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Durango, por medio del cual informa que no está en condiciones de cumplir con la sentencia de amparo, debido a que no se cuenta con la vacuna contra el SARS-CoV-2 a fin de inocular a la menor quejosa. II. Se adoptan medidas para lograr el cumplimiento de sentencia. En principio, es oportuno retomar los efectos de la sentencia de amparo: "[...]" Así, de los autos se aprecia que la menor únicamente ha sido inoculada con la primera dosis de la vacuna de mérito y, a pesar de los constantes requerimiento de este órgano de control constitucional, no ha sido posible la aplicación de la segunda dosis debido a que las autoridad responsables no cuentan con ejemplares de las vacunas. En virtud de ellos, las autoridades responsables, a fin de evidenciar las gestiones realizadas para obtener la vacuna, han hecho alusión al oficio de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, donde se solicitó al Director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, un total de treinta y cinco mil ejemplares de la vacuna para completar los esquemas de vacunación de menores de entre cinco a once años, sin que hayan informado sobre la respuesta dada a esa solicitud. En este punto, es oportuno tener en cuenta que el Máximo Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión 378/2014, indicó que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º Constitucional, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Luego, indicó que, conforme al marco normativo internacional, este derecho involucra el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que impone obligaciones al Estado relativas a tomar las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, el tratamiento de las enfermedades y la creación de condiciones que aseguren a todas y todos asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad. De ese modo, consideró que la salud es una meta prioritaria en sí misma, y a su vez, un pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, pues el desarrollo de estas depende de los logros en salud, en tanto que, un estado de bienestar general es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos que están garantizados por la Constitución y, en ese sentido, permiten llevar una vida digna. Además, por lo que hace a la obligación del Estado mexicano de crear condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad, en la tesis 2a. CVIII/2014 quedó patente que se deben adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente su plena efectividad. De modo que, si el Estado aduce una falta de recursos para cumplir con sus obligaciones de garantizar los niveles más altos de salud, le corresponde no solo comprobar dicha situación, sino además acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición. Asimismo, en adhesión al criterio Universal e Interamericano, la Segunda Sala consideró que el derecho a la salud debe garantizarse en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad, lo que implica que el Estado garantice lo siguiente: a) Cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; b) Que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, y; c) Que además de resultar aceptables desde el punto de vista cultural deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad En ese entendido, el Estado mexicano tiene la obligación, por un lado, de asegurar a las personas un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otro, una de cumplimiento progresivo consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Así, la lucha contra las enfermedades representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. En relación con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a fijar los alcances del derecho a la protección de la salud en lo concerniente al suministro de medicamentos. Al respecto, en la tesis P. XIX/2000 , precisó que, conforme a la Ley General de Salud, los servicios de salud involucran las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Luego, los servicios básicos de salud comprenden, entre otros, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, en el amparo en revisión 251/2016, reiteró lo anterior y precisó que la Observación General No. 14 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, evidencia que para garantizar la plena efectividad del derecho a la salud, bienes y servicios de salud, el Estado debe incluir los tratamientos apropiados de las enfermedades, incluidos los servicios preventivos, curativos y de rehabilitación, el suministro de medicamentos y el tratamiento y atención apropiados. En tal virtud, indicó que los servicios deben prestarse desde la etapa inicial del padecimiento hasta, en su caso, la cura o rehabilitación. Conforme a esa doctrina jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta este momento es dable advertir que las autoridades responsable están obligadas a efectuar todas las acciones necesarias para adquirir la vacuna en cuestión, sobre todo porque, atendiendo al principio de progresividad, están obligadas a obtener las vacunas que en su momento ya fueron puestas a disposición de la población, de modo que el ya no realizar los esfuerzos necesarios para su obtención y el no contar con ellos, representar un retroceso en ese aspecto. En consecuencia, se realizan los siguientes requerimientos: III. Requerimiento a la Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud de Durango (autoridad responsable). Se precisa, que la plena identificación de la persona física que ocupa el cargo de la autoridad responsable, resulta fundamental para la debida tramitación de la etapa de cumplimiento de los fallos constitucionales, en tanto ello permite vencer una eventual renuencia de las autoridades obligadas al cumplimiento, acorde los lineamientos contenidos en la tesis 1a. XCVI/2001 , así como en las jurisprudencias 1a./J. 42/2022 (11a.) y 1a./J. 43/2022 (11a.) , sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese entendido, de autos se aprecia que Irasema Kondo Padilla ocupa el cargo de Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud de Durango (autoridad responsable). Además, de autos se advierte que dicha autoridad fue quien suscribió el oficio DSP/SEMP/DET/PASIA/PVU/704/2022 de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se solicitaron treinta y cinco mil dosis de la vacuna contra COVID-19, para completar el esquema de vacunación de menores entre los cinco y once años de edad. Por ende, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de diez días hábiles, realice las gestiones necesarias para conseguir la dosis de la vacuna indicada para efecto de inocular a la menor quejosa, en el entendido de que dicha menor, a la fecha, cuenta con trece años de edad; para lo cual podrá dar seguimiento a la solicitud que realizó. En el entendido de que, no bastará para dar cumplimiento, el que informe que no ha recibido respuesta a su solicitud, ni que por el momento no cuenta con la vacuna; sino que deberá acreditar que realizó las gestiones necesarias para su obtención, ya sea mediante oficios recordatorios o por medio de nuevas solicitudes a la autoridad competente para surtir la vacuna. De lo contrario, podría concluirse que está incurriendo en un retraso por medio de evasivas para cumplir con la sentencia, acorde la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2007914 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Apercibimiento. Se apercibe a Irasema Kondo Padilla, en su carácter de Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud de Durango, que de incumplir con el requerimiento precisado en el punto anterior, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Asimismo, en términos de los referidos artículos 192 y 193, se le apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Por ello, deberá tomar en cuenta que el incumplimiento de la sentencia de amparo puede configurar el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, conforme al artículo 195 de la Ley de Amparo, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga. IV. Se vincula a diversa autoridad al cumplimiento. Por otro lado, como fue indicado, la citada autoridad responsable emitió el oficio DSP/SEMP/DET/PASIA/PVU/704/2022 de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, por el cual solicitó a ***, en su carácter de Director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, para que proporcionara un total de treinta y cinco mil dosis de la vacuna contra COVID-19, para completar el esquema de vacunación de menores entre los cinco y once años de edad. Por ende, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula a ***, en su carácter de Director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, para que dentro del ámbito de sus competencias, y dentro del término de diez días, proporcione a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Durango, así como al Coordinador Operativo de la Brigada Correcaminos en Durango, la dosis de la vacuna contra COVID-19 que resulta necesaria para que la menor quejosa complete su esquema de vacunación (segunda dosis), en el entendido de que dicha menor, a la fecha, cuenta con trece años de edad. Para ello, deberá coordinarse con las aludidas autoridades para proporcionar la citada vacuna. En el entendido de que no es obstáculo para lo anterior, que la menor quejosa no haya realizado su solicitud de vacuna en algún sistema de registro por internet, pues la aplicación de la vacuna se ordena en cumplimiento de una sentencia de amparo. En caso de que el Director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia refiera no contar con ejemplares de la vacuna, deberá acreditar que realizó las gestiones necesarias para su obtención, debiendo remitir copia certificada que avalen sus gestiones. Apercibimiento. Se apercibe a ***, en su carácter de Director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, que de incumplir con el requerimiento precisado, sin causa justificada, con fundamento en los ya citados artículos 192, 193, 197, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Asimismo, en términos de los referidos artículos 192 y 193, se le apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Por ello, deberá tomar en cuenta que el incumplimiento de la sentencia de amparo puede configurar el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese la pieza postal devuelta por Correos de México, la cual contiene el oficio 30368, dirigido a la autoridad responsable señalada como Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, misma que no fue posible entregar debido a que tiene la leyenda "CAMBIO DE DOMICILIO". Atento a ello, reexpídanse el oficio de cuenta y envíese al domicilio correcto, esto es, en ***. II. Apercibimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de rehusar la recepción del oficio correspondiente al presente acuerdo, se tendrá por hecha la respectiva notificación a la referida potestad; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ello en virtud de que no existe justificante de la renuencia a recibir el oficio citada. Notifíquese.

  4. Principal

    Autoridad cumple requerimiento informa. Agréguese a los autos el oficio del Jefe del Departamento, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud, Dirección General de Promoción de Salud y Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce de agosto del año en curso, informa que dicha secretaría carece de atribuciones para ejecutar el cumplimiento que se le requiere, pues refiere que actualmente es la diversa autoridad Secretaría de Bienestar, quien contrajo el compromiso de proporcionar, operar y administrar la plataforma electrónica www.mivacuna.salud.gob.mx, la cual está destinada para la conformación de personal de campo para apoyar las brigadas especiales de vacunación contra el virus SARs-Co2v (Covid-19) y, en la misma se registran las personas candidatas a la vacuna en comento. II. Se vincula autoridad para cumplimiento. En vista de que de lo anterior, vincúlese y requiérase a la autoridad Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Durango, perteneciente a la Delegación de Bienestar, con residencia en esta ciudad, para que dé cumplimiento al fallo protector en el ámbito de su competencia; esto es, realice las gestiones necesarias a fin de que únicamente señale día, hora y lugar en el que deba presentarse para ser inoculada, la menor quejosa, o bien, informe si dentro de sus registros cuenta con el comprobante de vacunación de la segunda dosis correspondiente a la menor quejosa ***, debiendo remitir las constancias con las que acredita dicha circunstancia. Por tanto, transcríbasele en el oficio que se le gire, la sentencia dictada el seis de abril del año en curso. Lo anterior, toda vez que la referida autoridad, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que no fuera señalada como responsable, requiérasele para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, únicamente dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos en lo siguiente. Ello, en términos de la tesis 236, sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO". III. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad que de incumplir sin causa justificada, se le impondrá una multa que oscilará entre cien y mil días de Unidades de Medida de Actualización vigente. Asimismo, se les apercibe que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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