Frida Martínez Zamora

Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
600/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Frida Martínez Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal a la parte quejosa el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique de manera personal dicho auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido del Licenciado Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR LA VÍA ELECTRÓNICA EL ACUERDO DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veinte. Se agrega a los presentes autos el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual remite el escrito de demanda signada por Frida Martínez Zamora y Mercedes Hernández Rodríguez, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de Fiscal General de la Republica y otras autoridades. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ante esa virtud, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la autoridad oficiante. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 600/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, resulta importante precisar que Mario Antonio Ávila Varguez, promueve demanda de amparo vía electrónica, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo en nombre de Frida Martínez Zamora y Mercedes Hernández Rodríguez, en la que reclama la orden de aprehensión a los Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y otras autoridades. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: ".El veintitrés de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las quince horas íbamos de paseo el suscrito y la quejosa en el Estado de Morelos, el suscrito en el vehículo propio y la quejosa junto con otra persona en otro vehículo y al circular por la carretera Cuernavaca-Cuautla, me percato que diversos sujetos vestidos de negro, que iban en varios vehículos coches y camionetas de color blanco, con insignias sin que haya podido percatarme a que corporación pertenecen; rodean a la amparista y la conducen por un camino aledaño, y se alejaron de la carretera por la que circulábamos. Es por lo anterior, que existe temor fundado de que se trate de algún tipo de DESAPARICÍÓN FORZADA por parte de elementos de seguridad sobre la persona ahora amparista, máxime que en los días pasados en los noticieros nacionales, se mencionó que se había librado orden de aprehensión a distintas personas que laboraron en la extinta Policía Federal, y que es un asunto de relevancia política y de interés de quien ahora gobierna México, y de todos los que son participes de quien dicen ser la cuarta transformación y que por tanto, sea de su interés desaparecer a las personas que puedan tener o conocer información que sea contraria a los intereses de los que ahora gobiernan. De igual manera existe el temor fundado que exista una tortura inminente, es decir, de que estén torturando en este momento a la quejosa, pues se perdió comunicación con la quejosa desde lo sucedido en lo narrado y, además, es conocido que así actúan los policías del algunas corporaciones, pues sirven de sicarios, con el afán de obtener información o manejar una supuesta confesión que sirva a los intereses políticos y distractores sociales como seguramente pueden estar haciendo en otros asuntos, que al igual que éste son de intereses políticos, para que en las horas siguientes presentes notas en distintos medios de comunicación, pues como se ha visto hay personas que son capaces de todo con el fin de obtener información y que sea de manejo político." Sin que en el caso esta autoridad tenga que abordar el acto consistente en la desaparición forzada y tortura que reclaman y que conoce el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, al recibir la demanda urgente, quien realizó separación de autos al considerar que el diverso acto consistente en la orden de aprehensión debe analizarse por separado y que corresponde conocer a esta autoridad. En ese tenor, implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promueve la demanda electrónica carece de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Mario Antonio Avila Varguez (firmó la demanda electrónica) con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Frida Martínez Zamora y Mercedes Hernández Rodríguez, aduce que lo hace en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo dado que el acto reclamado atenta contra la libertad personal de las directas quejosas. Al respecto el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto siguiente: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se traten de actos que importen peligro de.ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien inste el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no está en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15, de la Ley de Amparo, para que Mario Antonio Avila Varguez, estuviera en aptitud de promover en nombre de Frida Martínez Zamora y Mercedes Hernández Rodríguez, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que del contenido de la demanda de amparo se desprende que la orden de aprehensión deriva de un procedimiento judicial en la causa penal 239/2020, instaura en contra de las directas quejosas por delitos de peculado, delincuencia organizada y otros. Así, orden de aprehensión deriva de la causa penal 239/2020, dictada por el juez responsable, que al derivar de un proceso judicial no se actualiza la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, de ahí que no se surtan los supuestos de que prevé el ordinal 15 de la Ley de amparo. Ante ello, resulta evidente que Mario Antonio Avila Varguez, carece de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Frida Martínez Zamora y Mercedes Hernández Rodríguez. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que se desecha la demanda de amparo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídicoprocesal, en virtud que no se encuentra satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como único medio para oír y recibir notificaciones de carácter personal la vía electrónica, a través del usuario "maranton92" y "fabioalberto99". Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento de dichos usuarios proporcionados proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así también, téngasele proporcionando el correo electrónico y números telefónicos, para entablar comunicaciones no procesales, ello en términos del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Asimismo, se tiene por autorizados a los profesionistas que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda, esto es, con facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, y por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que propone. Acceso expediente electrónico. Así mismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo a través del usuario que se autoriza; por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento de los usuarios proporcionados proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de notificación. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos cotidianos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública. Toda vez que los promoventes se oponen a la publicación de sus datos personales, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se ordena que cuando se presente una solicitud de accesos a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas o demás constancias que obren en este expediente, se deberá generar la versión pública de las resoluciones requeridas. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del veinticuatro de agosto al siete de septiembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de julio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1776/2020, asistido del Licenciado Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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