Frida Lucina Garcia Navarro
Expediente 200/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 36 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 16/05/2017
Partes del expediente
- Frida Lucina Garcia Navarro
- Juez Tercero de Partido de lo Civil de la Ciudad de Acambaro Guanaguato, Mexico
- Frida Clark Garcia
- FRIDA CLARK GARCIA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
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IV. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en este Juzgado de Distrito se encuentran las copias correspondientes a la carta rogatoria por medio de la cual se trató emplazar al tercero interesado **** , y toda vez que el juicio en el que se actúa se encuentra concluido, procédase a la destrucción de las mismas.
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II. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Juez Segundo de Partido Civil en el Estado de Guanajuato, en el que acusa recibo del diverso 375-II y de las constancias que se le remitieron junto con el mismo; circunstancia de la que queda enterado este órgano jurisdiccional.
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II.- Declaratoria de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, el auto de dieciséis de febrero del año en curso (fojas 319 a 321), por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado estado. Archivo del asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en su oportunidad archívese este sumario como asunto concluido y glósese a los autos el original del incidente de suspensión. Destino del expediente. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de valor jurídico. Destino del incidente. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es destruible, en virtud de que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, y no existe denuncia de violación a la misma; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, destrúyase transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracciones I y III del Acuerdo General de mérito. Luego, devuélvase al Juez Segundo de lo Civil de Acambaro, Estado de Guanajuato, la copia certificada del expediente C691/2014, de su índice estadístico, que adjuntó a su informe justificado, solicitándole de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno el acuse de recibo correspondiente.
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de conformidad con el articulo 27, dfraccion i, inciso c, de la ley de amparo, se notifica al quejoso el auto de dieciseis de los cursantes que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa mediante proveído de seis de enero de dos mil dieciséis (fojas 310 a 312), a efecto de que recogiera los edictos correspondientes, realizara su pago y publicación, así como los exhibiera a este órgano jurisdiccional, con la finalidad de que el tercero interesado David Luis Clark Gayman, fuera emplazada a juicio.Atento a lo anterior, y ponderando que la parte quejosa no cumplió totalmente con la obligación impuesta en el acuerdo en comento, pues si bien, por conducto de su autorizado, el veinticuatro de enero pasado (foja 317), compareció a recoger los mismos, fue omisa en manifestar alguna imposibilidad para cumplir con la publicación de los edictos; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y con apoyo en el artículo 63, fracción II, que dispone que cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del juzgador haber entregado los edictos para su publicación, procederá el sobreseimiento del juicio y atendiendo además a lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, y 5°, fracción III, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo.MPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo.EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso.No se desconoce, el beneficio excepcional de dispensar al quejoso de recursos económicos insuficientes del pago de la publicación de los referidos edictos; sin embargo, para que tal beneficio opere, es necesario su manifestación correlacionada con indicios que lo confirmen, para que en caso de acreditarse la insolvencia económica para su publicación se solicite al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto correspondiente; empero, en el caso particular, la peticionaria del amparo Frida Lucina García Navarro, por propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos Frida y Jacobo Gayman, ambos de apellidos Clark García, si bien por conducto de su autorizado, acudió el veinticuatro de enero de dos mil dieciséis (foja 317), a recoger los edictos, no solicitó la dispensa de la publicación y evidentemente tampoco aportó pruebas de que acreditaran que no cuenta con recursos económicos para realizar el pago correspondiente.Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J./108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo texto y rubro indican:EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo Puntualizando que el incumplimiento al proveído por el cual se ordenaron los edictos correspondientes, es atribuible a la quejosa, porque al no haber acreditado que realizó la publicación de los edictos ordenados, a fin de emplazar a juicio al tercero interesado David Luis Clark Gayman, dentro de plazo de veinte días otorgado en el proveído de referencia, notificado a la quejosa el doce de enero de dos mil dieciséis (foja 314), lo que desde luego, trae como consecuencia la paralización del juicio constitucional contraviniendo así por falta de interés lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley Fundamental, dado que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del presente juicio de amparo, sin que tal cuestión sea atribuible a quien tiene la primordial función de administrar justicia sino al propio promovente, cuyo interés particular evidentemente no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto legal, habida cuenta de que es la sociedad la que está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que la ley señala, sin que su resolución, en la especie, quede al arbitrio de la parte solicitante del amparo, ya que con su omisión, consistente en no recoger los edictos que fueran ordenados para emplazar al juicio de amparo a la mencionada parte tercera interesado, impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, lo que contraría el interés colectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, dejando sin efectos la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
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