Frida Kahlo Corporation

Expediente 871/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
871/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Frida Kahlo Corporation

Actuaciones

  1. Principal

    Resolución del Tribunal Colegiado. Por recibido el oficio número 181-S de la Actuaria Judicial adscrita al Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en sesión del veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q.A. 146/2020, en la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es parcialmente FUNDADO el recurso de queja. - - - SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto recurrido en términos del último considerando de la presente ejecutoria. - - - TERCERO. Se DESECHA la demanda de amparo a que este expediente se refiere.(.) Acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Determinación. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Estado procesal y reanudación. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. No obstante, dado que mediante Circulares SECNO/29/2020, SECNO/01/2021, SECNO/04/2021, SECNO/06/2021 y SECNO/09/2021 la Comisión Especial en sesiones de cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis y veintitrés de enero y seis de febrero del presente año, aprobó los puntos de acuerdo relativos a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", adoptando medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y del doce al dieciocho, del diecinueve al veinticinco ambos de enero, del veintiséis de enero al nueve de febrero y del diez al quince de febrero todos del presente año respectivamente, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito. Dichas medidas, consisten en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; con las modalidades y salvedades previstas en dicho acuerdo, destacando como precisiones, entre otras, las siguientes: Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; y, Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en los juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en la Circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanuda el presente juicio de amparo. Oficios de cuenta. Por recibidos los oficios signados por el Actuario Judicial adscrito al Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio de los cuales hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito el contenido del proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, relativo al recurso de queja interpuesto en autos; asimismo, informa que el recurso de queja fue admitido y registrado con el número Q.A. 146/2020. Se toma conocimiento de lo anterior. Finalmente se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por *, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo con la copia del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte dictado por la autoridad responsable que exhibe para tal efecto; contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Integración del expediente Fórmese el expediente 871/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Ahora bien, de una lectura integral de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Mier y Concha Segura, representante de Frida Kahlo Corporation, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Antecedentes relevantes... Acto reclamado.... Improcedencia del juicio de amparo. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues deben considerarse consentidos tácitamente, ya que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea. En dicho precepto establece lo siguiente:... En el precepto transcrito se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, que son aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos para ello. En relación con ello, el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen:... De la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando la parte quejosa no lo promueve dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que: (i) haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado; (ii) se haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, (iii) se ostente sabedora del acto reclamado. Esos tres supuestos son esencialmente distintos y, excluyentes entre sí. La diferencia entre las últimas dos hipótesis radica en que la oportunidad en la promoción del juicio de amparo debe analizarse a partir de la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado de cualquier modo, o bien, de la fecha que exponga en su demanda, siempre que no exista prueba en contrario. En cualquiera de esas hipótesis, la fecha de la que debe partir el análisis de oportunidad debe estar plenamente probada y no inferirse con base en presunciones. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo emitido por los Magistrados de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de nulidad 721/19-EPI-01-4, mediante el cual, se declaró incompetente de plano en razón de materia para conocer sobre la impugnación de la inscripción de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, mismo que le fue notificado a través de la publicación electrónica en el Boletín Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el pasado cuatro de agosto de dos mil veinte. Bajo esa tesitura, resulta claro que de esa fecha, en que se les notificó el oficio reclamado, al veintinueve del mes próximo pasado -fecha de recepción de la demanda de amparo- ya había transcurrido con exceso el plazo de quince días que prevé la Ley de Amparo para su impugnación, por lo que debe considerarse tácitamente consentido. Es preciso destacar que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es una norma general autoaplicativa (fracción I); no se impugna una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal (fracción II); no se reclama un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); y, finalmente, no se trata de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (fracción IV). En consecuencia, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el cuatro de agosto de dos mil veinte, resulta incuestionable que a la fecha de presentación de la demanda de amparo bajo examen, ya había transcurrido el plazo de quince días previsto para su impugnación; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Segunda causa de improcedencia del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, también se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido; por lo que al ser un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio, las partes en el juicio, tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional, a través de la declinatoria y la inhibitoria, en tanto que, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión de competencia, en cualquier caso, existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y resuelvan los recursos correspondientes, cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, hasta que la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Ello, porque la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Así, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes, pues ambos constituyen un solo acto jurídico... En el caso, la quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte dictado en el juicio de nulidad 721/19-EPI-01-4, por el que la autoridad responsable se declara incompetente de plano en razón de materia para conocer sobre la impugnación de la inscripción de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor y ordena remitir los autos a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Ahora, la competencia se torna definitiva al momento en que el Juez de Distrito en Materia Administrativa acepte la competencia declinada, cosa que en la especie no ha acontecido. Por ende, solo es factible el análisis del acto reclamado, en conjunto con el auto que llegara a emitir el Juez de Distrito en donde acepte la competencia, que es la que tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo, no de manera independiente. Conclusión. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia bajo análisis, de forma manifiesta e indudable, se debe desechar de plano la demanda de amparo promovida por la persona moral Frida Kahlo Corporation. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios a Roberto Arochi Escalante, Hedwig Adelheid Linder López, María Teresa Eljure Téllez, Ricardo Sanguino Ortiz, Laura Mariana Venegas Jerónimo y Adriana Lorena Morales Espino, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo mencionado, a las demás personas que menciona para tal efecto, por así solicitarlo expresamente. Por lo que respecta a la autorización de las diversas personas que menciona, dígasele que una vez que registren su cédula profesional en el citado sistema, se acordará respecto de dichas autorizaciones, en la inteligencia que de no hacerlo ésta es única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el precepto en comento. Correo electrónico. Del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones, los correos electrónicos avisos_sepi@aml.com.mx; y smendez@arochilindner.com; sin que se tengan como medio para oír y recibir notificaciones el indicado, pues no se ajusta a las supuestos que para tal efecto contemplan los artículos 27, fracción I, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: "Vista la demanda de amparo presentada por *, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo con la copia del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte dictado por la autoridad responsable que exhibe para tal efecto; contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Integración del expediente Fórmese el expediente 871/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Ahora bien, de una lectura integral de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Mier y Concha Segura, representante de Frida Kahlo Corporation, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Antecedentes relevantes... Acto reclamado.... Improcedencia del juicio de amparo. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues deben considerarse consentidos tácitamente, ya que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea. En dicho precepto establece lo siguiente:... En el precepto transcrito se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, que son aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos para ello. En relación con ello, el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen:... De la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando la parte quejosa no lo promueve dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que: (i) haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado; (ii) se haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, (iii) se ostente sabedora del acto reclamado. Esos tres supuestos son esencialmente distintos y, excluyentes entre sí. La diferencia entre las últimas dos hipótesis radica en que la oportunidad en la promoción del juicio de amparo debe analizarse a partir de la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado de cualquier modo, o bien, de la fecha que exponga en su demanda, siempre que no exista prueba en contrario. En cualquiera de esas hipótesis, la fecha de la que debe partir el análisis de oportunidad debe estar plenamente probada y no inferirse con base en presunciones. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo emitido por los Magistrados de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de nulidad 721/19-EPI-01-4, mediante el cual, se declaró incompetente de plano en razón de materia para conocer sobre la impugnación de la inscripción de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, mismo que le fue notificado a través de la publicación electrónica en el Boletín Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el pasado cuatro de agosto de dos mil veinte. Bajo esa tesitura, resulta claro que de esa fecha, en que se les notificó el oficio reclamado, al veintinueve del mes próximo pasado -fecha de recepción de la demanda de amparo- ya había transcurrido con exceso el plazo de quince días que prevé la Ley de Amparo para su impugnación, por lo que debe considerarse tácitamente consentido. Es preciso destacar que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es una norma general autoaplicativa (fracción I); no se impugna una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal (fracción II); no se reclama un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); y, finalmente, no se trata de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (fracción IV). En consecuencia, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el cuatro de agosto de dos mil veinte, resulta incuestionable que a la fecha de presentación de la demanda de amparo bajo examen, ya había transcurrido el plazo de quince días previsto para su impugnación; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Segunda causa de improcedencia del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, también se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido; por lo que al ser un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio, las partes en el juicio, tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional, a través de la declinatoria y la inhibitoria, en tanto que, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión de competencia, en cualquier caso, existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y resuelvan los recursos correspondientes, cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, hasta que la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Ello, porque la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Así, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes, pues ambos constituyen un solo acto jurídico... En el caso, la quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte dictado en el juicio de nulidad 721/19-EPI-01-4, por el que la autoridad responsable se declara incompetente de plano en razón de materia para conocer sobre la impugnación de la inscripción de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor y ordena remitir los autos a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Ahora, la competencia se torna definitiva al momento en que el Juez de Distrito en Materia Administrativa acepte la competencia declinada, cosa que en la especie no ha acontecido. Por ende, solo es factible el análisis del acto reclamado, en conjunto con el auto que llegara a emitir el Juez de Distrito en donde acepte la competencia, que es la que tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo, no de manera independiente. Conclusión. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia bajo análisis, de forma manifiesta e indudable, se debe desechar de plano la demanda de amparo promovida por la persona moral Frida Kahlo Corporation. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios a Roberto Arochi Escalante, Hedwig Adelheid Linder López, María Teresa Eljure Téllez, Ricardo Sanguino Ortiz, Laura Mariana Venegas Jerónimo y Adriana Lorena Morales Espino, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo mencionado, a las demás personas que menciona para tal efecto, por así solicitarlo expresamente. Por lo que respecta a la autorización de las diversas personas que menciona, dígasele que una vez que registren su cédula profesional en el citado sistema, se acordará respecto de dichas autorizaciones, en la inteligencia que de no hacerlo ésta es única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el precepto en comento. Correo electrónico. Del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones, los correos electrónicos avisos_sepi@aml.com.mx; y smendez@arochilindner.com; sin que se tengan como medio para oír y recibir notificaciones el indicado, pues no se ajusta a las supuestos que para tal efecto contemplan los artículos 27, fracción I, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo."

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