Frida Enith Avilés Isidro
Expediente 1195/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Frida Enith Avilés Isidro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la Circular 29/2023 de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el oficio 34/2023 de la misma fecha, signado por los Coordinadores de Magistrados de los Tribunales Colegiados, Jueces de Distrito y Centro de Justicia Penal Federal y Jueces del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, de este Vigésimo Noveno Circuito, de las que se advierte que por causas de fuerza mayor se decretó prorrogar el paro nacional de labores del Poder Judicial de la Federación en toda la República, del veinticinco al veintinueve de octubre del presente año. En el entendido que, por lo que respecta a lo actuado el veinticinco del presente mes y año, subsistirán y tendrán plena validez aquellas actuaciones y diligencias que se hubieran realizado en la data citada, así como las que por su urgencia se hubieran desahogado en el periodo de suspensión. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se encontraban señaladas las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de daños y perjuicios, sin que en dicha data se realizara el pronunciamiento correspondiente, por los motivos expuestos en las circulares citadas; en consecuencia, procedería fijar una nueva fecha de audiencia, sin embargo, por el momento, se reserva su señalamiento debido a del análisis de los dictámenes rendidos por los peritos de las partes y el perito oficial designado por este juzgado federal, se observa que contienen inconsistencias que impiden resolver dicho incidente y determinar la cantidad a pagar al quejoso por el cumplimiento sustituto. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el cumplimiento sustituto de las sentencia de amparo, el Juez de Distrito debe vigilar puntualmente que los peritos de las partes emitan el dictamen relativo a las cantidades que tiene derecho a recibir el quejoso, conforme a las directrices establecidas por el Alto Tribunal del país y, en su caso, las demás que el a quo estime necesarias para que el estudio correspondiente tenga los elementos técnicos mínimos necesarios para sustentar su conclusión, por lo que, si el órgano jurisdiccional advierte oficiosamente irregularidades o deficiencias en los estudios respectivos, debe requerir a los expertos para que aclaren los puntos correspondientes, o lleven a cabo nuevas diligencias para emitir otro estudio. El criterio que informa, se contiene en la tesis aislada 2a. LXXVI/2007, con registro digital número 172054, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Julio de 2007, página 372, que dice: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOZCA DEL INCIDENTE RESPECTIVO DEBE REVISAR SI LOS DICTÁMENES EN LOS QUE SE CALCULAN LAS CANTIDADES QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL QUEJOSO, REÚNEN LOS ELEMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA SUSTENTAR SU CONCLUSIÓN Y SI SE APEGAN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE NO SER ASÍ, DEBE ORDENAR SU ACLARACIÓN, LA REALIZACIÓN DE NUEVAS DILIGENCIAS O, INCLUSO, DESIGNAR A OTRO PERITO OFICIAL. Los órganos del Poder Judicial de la Federación deben velar porque las sentencias de amparo sean cabalmente cumplidas, por lo que están facultados para realizar oficiosamente las actuaciones que conforme a la ley permitan restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Tomando en consideración lo anterior, así como los artículos 79, 80, 143 y 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el Juez de Distrito, durante la tramitación de un incidente de cumplimiento sustituto al fallo protector de garantías, debe vigilar puntualmente que los peritos de las partes emitan el dictamen relativo a las cantidades que tiene derecho a recibir el quejoso, conforme a las directrices establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su caso, las demás que el a quo estime necesarias para que el estudio correspondiente tenga los elementos técnicos mínimos necesarios para sustentar su conclusión. En consecuencia, si el órgano jurisdiccional advierte oficiosamente irregularidades o deficiencias en los estudios respectivos, debe requerir a los expertos para que aclaren los puntos correspondientes, o lleven a cabo nuevas diligencias para emitir otro estudio; supuesto en el cual, para salvaguardar la equidad procesal entre las partes, debe notificarles personalmente su determinación, para que, si lo estiman necesario, adicionen los puntos respectivos, sobre los cuales también puedan pronunciarse los peritos designados. Incluso, en caso de que no se subsanen las irregularidades, y de considerarlo indispensable, el Juez Federal puede nombrar a otro perito oficial para que emita el dictamen respectivo." En ese sentido, este juzgado federal considera que los dictámenes periciales rendidos por los peritos de las partes y el perito oficial designado, deben ser aclarados y subsanados en las inconsistencias que se expondrán a continuación. Primeramente, conviene destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que deben observarse en el análisis de los dictámenes periciales que tienen por objeto valuar inmuebles a efecto de determinar la cantidad a pagar al quejoso con motivo del cumplimiento sustituto. El Pleno del Alto Tribunal ha considerado que el incidente de daños y perjuicios no concede al quejoso más que el derecho a obtener una suma de dinero que corresponda al valor económico de las prestaciones de dar, hacer o no hacer que la sentencia imponga a la responsable o a la autoridad encargada de la ejecución, como si ésta se hubiera realizado puntualmente, sin que incluya conceptos o prestaciones distintas de las comprendidas en la sentencia, como sería el pago de las ganancias lícitas que el quejoso dejó de percibir con motivo del acto reclamado (perjuicios). Además, el Pleno del Alto Tribunal señaló que por esa razón, la cuantificación del pago en esta vía debe efectuarse analizando cuidadosamente la naturaleza del acto reclamado y de la prestación debida por la autoridad, ya que en ocasiones no es fácil distinguir entre el valor económico de esta última y el de otras prestaciones. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 99/97, con registro digital 197246, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 8, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS PARA CUANTIFICAR EL PAGO EN EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. El incidente de daños y perjuicios previsto en el último párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, en cuanto constituye un procedimiento a través del cual se logra el cumplimiento sustituto de la sentencia, no concede al quejoso más que el derecho a obtener una suma de dinero que corresponda al valor económico de las prestaciones de dar, hacer o no hacer que la sentencia imponga a la responsable o a la autoridad encargada de la ejecución, como si ésta se hubiera realizado puntualmente, sin que incluya conceptos o prestaciones distintas de las comprendidas en la sentencia, como sería el pago de las ganancias lícitas que el quejoso dejó de percibir con motivo del acto reclamado (perjuicios), pues la creación de esta vía incidental no obedeció a la intención legislativa de conferir al quejoso una acción de responsabilidad civil por naturaleza distinta de la acción de amparo, sino la de permitir a quienes no han podido lograr la ejecución de la sentencia de amparo, acceder a una situación de reparación equiparable a la de quienes han logrado el acatamiento ordinario del fallo, razón por la cual la cuantificación del pago en esta vía debe efectuarse analizando cuidadosamente la naturaleza del acto reclamado y de la prestación debida por la autoridad, ya que en ocasiones no es fácil distinguir entre el valor económico de esta última y el de otras prestaciones, como sería el lucro dejado de obtener, considerando, por ejemplo, que no es lo mismo acatar una sentencia de amparo concedida en contra de un acto de apoderamiento o destrucción de una cosa, en que la prestación debida es la devolución de la cosa o, en vía sustituta, el pago de su valor al momento de ejecutarse el fallo, que cumplir una sentencia que otorga el amparo en contra del cese de un servidor público, en el que la prestación debida es su restitución en el cargo con el pago de los haberes que debió devengar o, en vía sustituta, el pago de tales haberes y de una cantidad adicional que represente el valor económico que para el quejoso ocasione ser separado del cargo." Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando se trata de valuar bienes inmuebles para definir el pago de los daños y perjuicios como cumplimiento sustituto, el valor comercial o de mercado es idóneo para tasar su precio o medida de cambio en unidades monetarias, el cual, en el Glosario de Términos de Valuación de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, se define como el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo, entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. El Pleno del Alto Tribunal agregó que, en todo caso, el valor comercial o de mercado debe estar acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y en las condiciones que tenía cuando se cometió la violación de garantías individuales, más el factor de actualización previsto en el artículo 7º, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (actualmente artículo 6º, fracción II), en acatamiento de la regla retrospectiva establecida en el artículo 80 de la Ley de Amparo (actualmente regulada en el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente), relativa a la restitución a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales violadas. El criterio anterior, se contiene en la tesis aislada P. XXIV/2004, con registro digital número 181445, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 146, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. EN EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, EL VALOR COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES ES EL ADECUADO PARA FIJAR SU CUANTÍA. Cuando se trata de bienes inmuebles, el valor comercial o de mercado es idóneo para tasar su precio o medida de cambio en unidades monetarias, el cual, en el Glosario de Términos de Valuación de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, se define como el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo, entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. En la doctrina también se ha aceptado como método de valoración, el valor de mercado, y se ha definido como la suma de dinero para el que, en condiciones normales, se hallaría comprador para el inmueble; el más probable que un vendedor es capaz de aceptar y un comprador de pagar, en una situación similar a la del mercado analizado; el importe neto que razonablemente podría recibir un vendedor por la venta de la propiedad en la fecha de la valoración, mediante una comercialización adecuada y suponiendo que exista, al menos, un comprador correctamente informado de las características del inmueble y que ambos, comprador y vendedor, actúen libremente y sin un interés particular en la operación. En todo caso, el valor comercial o de mercado debe estar acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y en las condiciones que tenía cuando se cometió la violación de garantías individuales, más el factor de actualización previsto en el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en acatamiento de la regla retrospectiva establecida en el artículo 80 de la Ley de Amparo, relativa a la restitución a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales violadas." Conforme a los criterios comentados anteriormente, se pueden fijar los lineamientos para corroborar que la valuación del inmueble se determinó correctamente y acorde con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" Del artículo transcrito se advierte que los efectos de la concesión del amparo serán, entre otros casos, cuando el acto sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese contexto, los lineamientos que deben considerase para verificar la valuación del inmueble, son los siguientes: I. La época en la que debe circunscribirse la valuación del bien inmueble, esto es, el momento en el que se llevó a cabo la vulneración de los derechos del quejoso. II. El valor comercial o de mercado del bien inmueble que prevalecía en la época en la que se violaron esos derechos del impetrante. III. Si el bien inmueble tenía construcciones, instalaciones u obras de urbanización al momento de la vulneración de los derechos del quejoso, se deben considerar las mismas dentro de la valuación y atendiendo al valor comercial o de mercado que imperaba en esa época. IV. En caso de que el bien inmueble no tuviera construcciones, instalaciones u obras de urbanización al momento de la vulneración de los derechos del impetrante, se valuará únicamente el terreno, prescindiendo de aquéllas que en la actualidad se encuentren en el inmueble. V. Aplicación del factor de actualización conforme al sistema previsto en el artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, actualmente vigente. En ese sentido, previo análisis de los dictámenes periciales rendidos por el perito del quejoso y el perito oficial, se observa que no se ajustan a los lineamientos antes referidos. Lo anterior es así, pues según lo manifestado por los especialistas en topografía y valuación de inmuebles, para fijar la cantidad a pagar por los daños y perjuicios derivados del cumplimiento sustituto, partieron de una época distinta a la que prevalecía cuando se vulneraron los derechos del quejoso, en tanto que consideraron el valor comercial o de mercado de los bienes inmuebles identificados como "********************" (el cual no está incluido en los efectos del amparo), "********************", "********************" y "********************", ubicados en el ********************. Así es, en el caso del perito de la quejosa, el valor comercial o de mercado de los bienes inmuebles que se tomó en cuenta es el que prevalecía al veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis y su actualización al catorce de octubre de dos mil veinte (fojas 68 y 611 del tomo II); en el caso del perito oficial, dicho valor se tomó a partir del veintiséis de julio de dos mil diecisiete y actualizado al diecisiete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 285 y 892 del tomo II). Inclusive, en el mismo valor comercial o de mercado que aplicaron los peritos en comento, consideraron las construcciones, instalaciones, obras de urbanización y servicios públicos que en esa misma época imperaban, esto es, después de construido el eje vial transversal oriente-poniente del Valle de Tizayuca entronque carretera federal México-Pachuca a entronque federal a antigua carretera federal México-Pachuca, primera y segunda etapa. Lo anterior es así, pues los peritos en ninguna parte de sus dictámenes indicaron que la época de valuación de los inmuebles fue aquella que imperaba al momento en el que ocurrió la violación de los derechos del imperante, lo que pone de manifiesto que el valor comercial o de mercado que aplicaron en su valuación fue el que existía en la fecha en la que emitieron sus dictámenes periciales, tanto es así que, se insiste, incluyeron las construcciones, instalaciones, obras de urbanización y servicios públicos que en esa misma época imperaban, esto es, después de construida la citada carretera. Tales circunstancias evidencian que los dictámenes periciales en estudio no se ajustan a lo previsto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues los peritos dejaron de observar que los efectos de la concesión del amparo consistieron en restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de manera que la época de valuación de los bienes inmuebles debió ser aquella que existía antes de la afectación causada con motivo de la construcción del citado eje vial transversal y el estado físico que originalmente conformaban dichos inmuebles, que según las constancias que obran en autos data del veintidós de septiembre de dos mil once (foja 210 del tomo I), fecha en que se elaboró una minuta de trabajo en la que se hizo constar que la Presidencia Municipal de Tizayuca entregó a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, los inmuebles objeto de los trabajos a ejecutar la obra relativa al citado eje vial transversal. Precisamente, los peritos en comento debieron observar el valor comercial o de mercado de los inmuebles que imperaba al veintidós de septiembre de dos mil once y las condiciones físicas que originalmente tenían en esa época, ya que fue el momento en el que se vulneraron los derechos del quejoso y los efectos del amparo concedido tienen como objetivo restituirlo en el pleno goce de sus derechos y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De igual forma, el perito de la autoridad responsable la rendir sus dictámenes periciales en materia de topografía y valuación de inmuebles (fojas 142 a 177 y 739 a 778 del , incurrió en inconsistencias que no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues consideró que la valuación de los inmuebles partía de la época en la que se ejecutaron los trabajos del citado eje vial transversal que, según afirma, ocurrieron en el año de dos mil dos, lo cual no es acertado, ya que como se dijo, en autos obra la copia certificada de una minuta de trabajo (foja 210 del tomo I) en la que se hizo constar que la Presidencia Municipal de Tizayuca entregó a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, los inmuebles objeto de los trabajos a ejecutar la obra relativa al citado eje vial transversal, de manera que esa es la época en la que debieron valuarse los inmuebles. Además, el perito de la autoridad responsable aplicó valuó los inmuebles aplicando el "valor catastral", el cual no es idóneo para tal efecto, sino que debió considerar el valor comercial o de mercado que imperaba en la época en la que se vulneraron los derechos del quejoso, esto es, al veintidós de septiembre de dos mil once, concluyendo con cantidades que no corresponden a esa época. Por las razones anteriores, los dictámenes periciales carecen de valor probatorio y son insuficientes para determinar correctamente la cantidad a pagar al quejoso por los daños y perjuicios en el cumplimiento sustituto; de ahí que, a efecto de lograr que se cumpla cabalmente el fallo protector, se restituya al quejoso los derechos violados y se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, este juzgado federal oficiosamente ordena la elaboración de nuevos dictámenes periciales en materia de topografía y valuación de bienes inmuebles, en donde los peritos de las partes y el perito oficial designado, observen los siguientes lineamientos: I. Los bienes inmuebles que únicamente serán materia de valuación son los que se identifican como "********************", "********************" y "********************", ubicados en el ********************, ya que así se estableció en los efectos del amparo concedido al quejoso. II. La época de valuación que deben considerar es la que ocurrió al momento de la vulneración de los derechos del impetrante, esto es, el veintidós de septiembre de dos mil once. III. Valuar los bienes inmuebles aplicando el valor comercial o de mercado que tenían en esa época. IV. Indicar si en los bienes inmuebles en esa época tenía construcciones, instalaciones u obras de urbanización, de ser así, deben integrarlas a la valuación y atendiendo al valor comercial o de mercado que éstas tenían en dicha época. V. En caso de que los bienes inmuebles no tuvieran construcciones, instalaciones u obras de urbanización, se valuarán estimando únicamente el terreno, prescindiendo de aquéllas que en la actualidad se encuentren en los inmuebles. VI. Aplicar el factor de actualización conforme al sistema previsto en el artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, actualmente vigente. VII. Determinar la cantidad a pagar al quejoso por los daños y perjuicios en el cumplimiento sustituto. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a los peritos por conducto del quejoso y la autoridad responsable Ayuntamiento de Constitucional del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, así como al perito oficial designado por este juzgado, a efecto de que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, elaboren el dictamen pericial conforme a los lineamientos mencionados. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omisos, se les impondrá una multa equivalente a quinientas veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, aunado a que en el caso del quejoso y la autoridad responsable, se les tendrá por adheridos al que en su momento rinda el perito oficial designado por este juzgado federal. En virtud de lo anterior, como se dijo, se reserva señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de daños y perjuicios. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese en copia certificada como hecho notorio al presente juicio de amparo el informe previo rendido por la Jueza de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial en el Distrito Judicial de Atotonilco el Grande, Hidalgo. Con su contenido dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que del informe previo que la autoridad responsable Jueza de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial en el Distrito Judicial de Atotonilco el Grande, Hidalgo, aceptó como cierto el acto reclamado; en aras de una pronta impartición de justicia, mediante oficio que derive del mismo, requiérase a la autoridad responsable para que, en un término no mayor a cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este Juzgado le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y con relación al artículo 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Diferimiento audiencia constitucional.- Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para hoy, toda vez que no obra el informe justificado de la autoridad responsable. 31727/2023 JUEZA DE CONTROL ADSCRITA AL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL ACTUANDO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE ATOTOTNILCO EL GRANDE, HIDALGO.5 Mismo que es necesario para proveer conforme a derecho en el presente expediente. Diferimiento audiencia constitucional.- Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Incidental
Visto el estado procesal de los autos, así como del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 202 y 205 de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por tanto, al no existir actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, el expediente relativo expediente, es conservable en forma íntegra, por lo que, el mismo será transferido a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Por último tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Fredy Carbajal Mora362/2023
- Fredy de la Cruz Vite47/2021
- Fredy Piña Rosales1341/2021
- Fredy Santader Baños1811/2023
- Fredy Santander Baños1215/2023
- Frernando Zarek Romero Muñoz1107/2019
- Friedrich Mena Koblizek1246/2019
- Frine Espinosa Hernández667/2021
- Froilan Lozada Guerrero390/2017
- Froilan Lozada Guerrero1154/2019
- Froilan Navarrete Ugalde1548/2023
- Froylan Hernandez Juarez48/2019