Frida Catalina Franco Cortez
Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Frida Catalina Franco Cortez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 333/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", Directora Técnica del Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS Femenil Morelos" y Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS Femenil Morelos", remitieron diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridades responsables el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 333/2018-I, promovido por Frida Catalina Franco Cortez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, Frida Catalina Franco Cortez y otras personas, por derecho propio, promovieron demanda de amparo contra las siguientes autoridades: Titular del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Titular del del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Titular de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Respecto de los actos reclamados consistentes en ? La omisión de proporcionarle atención médica en las materias de medicina general, nutriología, dermatología y odontología. SEGUNDO. Radicación y trámite. Demanda que se radicó con el número 305/2018 ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien a través de auto de veintidós de febrero del año en curso, ordenó que los actos reclamados por cada quejosa se tramitaran y resolvieran en un juicio individual, por lo que decretó la separación de juicios (foja 3). Consecuentemente, mediante oficio de veintisiete de febrero pasado, se recibió de parte de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la demanda formada con motivo de los actos reclamados por Frida Catalina Franco Cortez (foja 01). Por tanto, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el número 333/2018-I y se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se informó a las autoridades que seguía vigente la suspensión de plano decretada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en auto de veintiuno de febrero pasado, y se notificó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; además, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades, en sus denominaciones actuales y correctas (fojas 35 a 37): Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Directora Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Sin que en el caso, la negativa de las autoridades responsables haya sido desvirtuada por la parte quejosa, lo que se corrobora con las copias certificadas relativas al expediente médico de la quejosa Frida Catalina Franco Cortez, del que se advierte que, incluso, se le ha proporcionado la atención médica; asimismo, en el juicio de amparo en que se actúa no se advierte que la referida impetrante haya realizado petición por escrito a las autoridades señaladas como responsables solicitando la atención médica cuya omisión reclama en este juicio. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo, es imprescindible que exista obligación de realizar una conducta y que alguien la haya incumplido a fin de que pueda exigírsele que obre en el sentido que ese deber le impone. En ese sentido, es evidente que al momento de promover el juicio de amparo, no existía la omisión reclamada, consistente en la falta de atención médica, lo que resulta congruente con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En adición a lo vertido, es oportuno destacar que con la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, se realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), con registro 2005105, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con la reforma al indicado precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se sustituyó el término "readaptación social" por el de "reinserción del sentenciado a la sociedad" el cual, a diferencia del primero, reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete un acto delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte." Consideró la atención a la salud como una parte medular de la reinserción social. Ahora bien, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Bajo esas premisas, del expediente no se aprecia que la quejosa formulara la petición correspondiente ante la Directora Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", antes de acudir al juicio de amparo, al ser competencia de esa autoridad administrativa en primer orden, máxime que aún, en el caso que hubiera realizado dicha petición a la autoridad penitenciaria, se le indica a la promovente que éstas deben ser reclamadas ante el juez de Ejecución, antes de acudir a esta instancia, al existir un procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, al ser competencia de esa autoridad judicial, lo que tampoco aconteció en este juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2016370, Tesis III.2o.P.135 P (10a.), que dispone: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Por lo tanto, al no demostrarse la existencia de la falta de atención médica reclamada, en virtud de que la quejosa no realizó la petición en relación a la atención médica ante las autoridades correspondientes, es válido concluir que no puede considerarse que existiera un deber incumplido ni la omisión que se combate. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Observando que, por cuanto hace a la aplicabilidad del procedimiento referido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no incide el sistema mixto o acusatorio bajo el cual se haya decretado el acto que mantiene a la quejosa privada de la libertad; de ahí que éste sea vigente y aplicable. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016366, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h, Materia(s): (Penal), Tesis: I.2o.P. J/3 (10a.), del tenor siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2014072, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.VII.P. J/3 P (10a.), Página: 1096, que a continuación se trascribe: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada.". Sin embargo, a criterio de quien resuelve, la jurisprudencia de mérito, versa sobre el reclamo de la omisión total de atención médica por las responsables, al no velar por la salud física y mental de los internos, al abstenerse de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo; tal como ahí se establece; pero en el caso particular, no es tal acto el que se combate, máxime que se demostró que sí existe el aludido diagnóstico médico inicial de la quejosa. Entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Frida Catalina Franco Cortez, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de mayo de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe. Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el quince de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 333/2018.Conste. quince de mayo de dos mil dieciocho Con esta fecha se giraron los oficios con los números 20250, 20251, 20252 y 20253
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la constancia de notificación de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se advierte que la quejosa Frida Catalina Franco Cortez, realiza las siguientes manifestaciones: "Con el debido respeto que se merece C. Juez solicito se me atienda con el área de nutrición ya que no he sido valorada y requiero de dicha atención por problema de salud. GRACIAS" (sic). Atento a lo anterior, y toda vez que se concedió a la quejosa la suspensión de plano, para el efecto de que se le proporcione la atención médica adecuada, requiérase al Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente auto, remita copia certificada de las constancias de las que se advierta el cumplimiento total a la suspensión de plano decretada en autos, respecto a la atención en nutriología. Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentre recluida. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que mediante oficio SECJ/STB/477/2018, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, autorizó al titular de este Juzgado, licencia para el día de hoy; en consecuencia, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en los asuntos; en tal virtud, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para este día, y, en su lugar se fijan, las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDA. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que da fe. Doy fe.
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