Fredy Solorzano Perez

Expediente 969/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
969/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Fredy Solorzano Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Demanda y registro. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 969/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En el presente juicio, del análisis integral de la demanda de amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: La carpeta de investigación abiertas o tramitadas por las autoridades responsables donde aparezca el suscrito involucrado. Integración de carpeta. La orden de aprensión, presentación o detención dictada en contra del quejoso; y su ejecución. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Pronunciamiento sobre la integración de la carpeta de investigación. Bajo esta perspectiva, esta juzgadora advierte que, por lo que hace al acto reclamado consistente en la integración de una carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno del Tribunal Constitucional interpretó lo que debe entenderse por «actos de imposible reparación»; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, y lesionara bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Cuestión que se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos», expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Así, se evidencia que existen actos que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, con independencia de la etapa en que se emitan, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente. Caso concreto. Ahora, en el caso particular, uno de los actos reclamados se hace consistir en la integración de una carpeta de investigación en contra de la parte quejosa. De lo anterior, se considera que el acto reclamado no tiene sobre el promovente o sus bienes una ejecución que sea de imposible reparación, porque, aun cuando el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación emita diversas actuaciones y ordene la práctica de las diligencias o investigación que considere necesarias para su integración, lo cierto es que no causa daño o perjuicio al gobernado contra el cual se siga la investigación correspondiente, a menos que en la indagatoria se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos; por lo que, la integración misma de la carpeta, consistente en recabar datos de prueba, no vulnera derechos fundamentales. Circunstancia que podría acontecer cuando se determina la judicialización de la carpeta de investigación y se ejercita acción penal, pues es el juez de Control a quien corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación en todo caso, sería la que causaría una afectación a la esfera jurídica de la quejosa. Además, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, en lo atinente, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la carpeta de investigación correspondiente. Por lo que, el acto reclamado a las autoridades responsables no hace que tenga sobre las cosas o las personas una ejecución de imposible reparación, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto, pues al encontrarse la carpeta de investigación en estado de integración, en principio, no se tiene certeza de que el agente del Ministerio Público correspondiente determinará ejercitar acción penal en contra de la aquí quejosa, o bien, dictar el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Incluso, en el supuesto de que determinara ejercer acción penal, como se dijo, sería el juez del proceso a quien le compete resolver sobre el pedimento del representante social, cuya decisión, en todo caso, sería la que podría causar una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación, como en el caso sucede, toda vez que, si bien es cierto, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social; también lo es que esta situación no hace procedente todo acto reclamado al ente investigador. Aunado a que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, no es de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación. Ello es así, toda vez que los actos que producen ejecución irreparable son cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o los Tratados Internacionales en que nuestro país forma parte, y no como en el caso acontece, es decir, en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como lo es la integración de carpeta de investigación, de que se duele la parte quejosa. Por tanto, el acto reclamado que se analiza, puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Por tanto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113 de dicho cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo por los actos consistentes en la integración de la carpeta. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. ***** Admisión. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región. Fiscal Regional C. Agente del Ministerio Público Especializado en la Unidad de Investigación de Homicidios. Coordinador de Investigaciones de la Región C. Todos en Celaya, Guanajuato. Por el acto consistente en: La orden de aprensión, presentación o detención dictada en contra del quejoso; y su ejecución. Incidente de suspensión. Se apertura cuaderno incidental en una sola pieza, toda vez que se solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo. Intervención al representante social. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia.*** Señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.**** En ese sentido, con base en la reminiscencia que realiza esta porción normativa, así como en los ordinales 115 y 117 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con treinta minutos del cinco de enero de dos mil veinticuatro, para el desahogo de la audiencia constitucional. ***Reglas para la celebración de la audiencia constitucional mediante videoconferencia.*** Solicitud de informe justificado. Conforme al numeral 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días; expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañe, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, mismas que deberá remitir preferentemente de manera digital, en atención a que en el Acuerdo General al que se hace alusión en este proveído dispensa que la tramitación del juicio de amparo debe ser electrónicamente. *** Causas de improcedencia. De acuerdo a lo previsto en el ordinal 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o acontezca una causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibida que, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos del dispositivo 251 de la ley de la materia.***** Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita el quejoso, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones de manera personal, el ubicado en calle **** de esta ciudad; y, como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere.*** Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. ***

  2. Incidental

    Apertura del incidente de suspensión. Visto el auto de admisión dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo de cuenta, como se ordena en el mismo, con fundamento en los artículos 128, 142 y 143 de la Ley de Amparo, así como 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tramita por separado y en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 969/2023-II, promovido ***, contra actos que atribuye a: Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región. Fiscal Regional C. Agente del Ministerio Público Especializado en la Unidad de Investigación de Homicidios. Coordinador de Investigaciones de la Región C. Todos en Celaya, Guanajuato. Precisión del acto reclamado respecto del cual se solicita la suspensión. En términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa acude a esta instancia y se duele esencialmente de: La orden de aprensión, presentación o detención dictada en contra del quejoso; y su ejecución. Requerimiento de informe previo y señalamiento de audiencia incidental. En consecuencia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y pídase informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la fecha en que reciba el oficio de notificación, ello con fundamento en el numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo. **** Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las once horas con quince minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés.***** Análisis de los requisitos de la suspensión.**** Precisado lo anterior, procede realizarse el análisis respectivo.**** Concesión de la suspensión provisional por lo que hace a la orden de aprehensión. En ese sentido, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, ya que, en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por el agraviado en su escrito inicial de demanda, no se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse el acto reclamado sería difícil la reparación de los daños y perjuicios.Con fundamento en el artículo 166, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, para los efectos siguientes: Si la orden de aprehensión fue dictada por un delito que tenga prevista prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso, una vez detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad personal y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para la continuación del mismo. En el caso de que la orden de aprehensión hubiese sido dictada por un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el solicitante del amparo no sea detenido, con motivo de la orden reclamada. Concesión y efectos de la suspensión respecto de la orden de presentación y detención; así como su ejecución.En el caso, por combatirse una orden restrictiva de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, la suspensión no está supeditada a los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, por estar regulada esa hipótesis especial por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 de la ley de la materia. Por consiguiente, en primer término, se concede la suspensión provisional a ****, para el efecto de que si la detención es efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, sin demora cese la detención, pondrán al quejoso en libertad o a disposición del Ministerio Público, o en el caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, para el efecto que sea puesto en libertad. En segundo término, se concede la suspensión provisional para el efecto de que si el promovente ***, se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Finalmente, si el mandamiento de captura no se ha ejecutado, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, para que no se le prive de la libertad deambulatoria, con motivo de las ordenes que reclama, en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, toda vez que, por una parte, si bien dicha orden no tiene como propósito lograr su «detención», lo cierto es que dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el quejoso, se limita temporalmente su derecho a la libertad. Condiciones de la suspensión. De igual forma, la medida cautelar no surtirá efectos en favor del agraviado, si se le sorprende en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar órdenes dictadas por autoridad distinta de las señaladas como responsables. Además, la suspensión concedida sólo surtirá efecto en caso de que las órdenes reclamadas hayan sido emitidas con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, que lo fue a las ********************, pues, de emitirse con posterioridad, no surtirá efectos la suspensión provisional concedida y podrá ejecutarse el acto reclamado. La suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Garantía para que siga surtiendo sus efectos la suspensión provisional.*** Efectos diversos respecto de los cuales pueda concederse la medida cautelar. Realizado el análisis respecto del efecto para el cual la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, cabe precisar que este órgano jurisdiccional no advierte un efecto diverso por el que pueda concederse la medida cautelar, dado que atento a los actos reclamados, el efecto por el cual se concedió es el único posible. Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita el quejoso, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones de manera personal, el ubicado en ********************; y, como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere. Correo electrónico para contacto.

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