Fredy Quiroz Luna

Expediente 1716/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1716/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Fredy Quiroz Luna

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO PERITOMérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por Ricardo Humberto Peraza Ávila, perito designado por la parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual rinde su dictamen pericial solicitado en estos autos, el cual se ordena agregar para que obre como corresponda. Ahora bien, en atención a la solicitud que realiza el citado perito en su dictamen de cuenta y a las documentales anexas al mismo, se le requiere para comparezca ante esta autoridad judicial a las trece horas con cincuenta y seis minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, a efecto de ratificar el contenido y firma de su dictamen de cuenta; apercibido para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, por desacato a un mandato de autoridad judicial. Notifíquese personalmente al perito Ricardo Humberto Peraza Ávila. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintiuno de noviembre del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no hayan constancias de notificaciones realizadas a las autoridades señaladas como responsables cuyas residencias se encuentran fuera de jurisdicción de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Fredy Quiroz Luna, contra actos que reclama al Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción, presentada con cinco copias y sin anexos. Ahora bien, del análisis de la demanda de cuenta se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de su contenido, toda vez que de su lectura integral se obtiene que el acto que reclama el promovente es la sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 417/2019 del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, así como las consecuencias que deriven de dicho acto, entre éstas su notificación. De lo antes expuesto, se pone de manifiesto que se está reclamando una sentencia definitiva emitida por el Juez responsable el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente 417/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, como lo manifiesta el promovente del amparo en el escrito inicial de demanda, circunstancia que pone de relieve la incompetencia de este Juzgado Federal, para conocer de dicha demanda de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Por su parte, el diverso artículo 170, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De las anteriores disposiciones legales se desprende que las sentencias definitivas deben ser combatidas en la vía directa, cuyo conocimiento es competencia del Tribunal Colegiado, hipótesis normativa que se actualiza al presente asunto. Así, en el caso, el acto reclamado es la sentencia definitiva que puso fin al Juicio Ejecutivo Mercantil 417/2019, promovido en contra del aquí quejoso, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por tanto, en su contra procede el amparo directo. En esas condiciones, se concluye que este órgano de control constitucional debe declararse legalmente incompetente, por estimarse que corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el conocer de la demanda de amparo en análisis, lo anterior, acorde al contenido del numeral 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 170, fracción I de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata y con el anterior fundamento declina la competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a quien deberá remitirse el escrito de demanda y las copias exhibidas de la misma, para que, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, decida lo conducente al respecto. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el quejoso señaló también como actos reclamados, las consecuencias y notificación de la sentencia impugnada; sin embargo, no ha lugar a pronunciarse sobre dichos actos, debido a que de la lectura integral de la demanda se advierte que no los reclama por vicios propios, sino sólo como consecuencia de la sentencia impugnada de manera destacada, aunado a que no formuló conceptos de violación respecto de tales actos. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su demanda de amparo y por autorizado en los términos amplios que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Erick Alejandro Sosa y Sosa, y en los términos restringidos que refiere el citado numeral a Erick Alejandro Sosa Rosado, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretenda ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrá realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos la razón de cuenta que antecede, en cumplimiento al acuerdo de veintiuno de noviembre del presente año, mediante oficio que al efecto se gire al Tesorero de la Federación, remítase el billete de depósito N 803084 por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos sin centavos, moneda nacional); hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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