Fredy Ladislao Portillo González
Expediente 1153/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/12/2016
Partes del expediente
- Gobernador Constitucional del Estado de México
- Fredy Ladislao Portillo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo, para el efecto de que, la Secretaría de Finanzas, el Comisionado Estatal y el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, ambas del Estado de México: Dejen sin efecto las boletas de infracción con los números de folio: ********************, y su ejecución; y, En la hipótesis de que el gobernado hubiera realizado el pago respecto de las boletas de infracción de mérito, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, deberá reintegrar las cantidades enteradas. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento; por lo que el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por oficio 203052002/9954/2016, presentado el siete de diciembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado de Distrito, informó que el gobernado no enteró el monto de las fotomultas declaradas inconstitucionales, motivo por el cual no había cantidad alguna que reintegrar. Así también, por oficio 202LG0000/DGAJ/012673/2016, recibido el ocho de diciembre del año en curso, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, adjuntó el original del diverso 202L50000/CMC/6853/2016, de cinco de diciembre del presente año, por el cual, el Titular del Centro de Mando y Comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, por el cual le comunicó la cancelación de las infracciones en el Sistema del Programa Límite Seguro del Gobierno del Estado de México, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1153/2016. Ahora bien, del examen de las documentales que anexaron las responsables, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que éstas atendieron a los efectos del fallo protector, pues fueron canceladas las infracciones en el Sistema del Programa Límite Seguro del Gobierno del Estado de México, atento a lo ordenado en la sentencia emitida en el presente juicio de garantías, aunado a que no había cantidad de numerario alguna que reintegrar al gobernado pues éste no realizó pago alguno al respecto. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguense los oficios de las autoridades que los suscriben, por medio de los cuales informan las acciones tendentes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la secretaria Jazmín Nallely Martínez Ramírez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se solicita atentamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, para que dentro del término de tres días, den cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo. Para ello, se le informa que a través de correo electrónico institucional tramite1@correo.cjf.gob.mx podrá remitir lo que se le solicita (confirmando al teléfono 2360500, extensiones 3257). Finalmente, agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1153/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Fredy Ladislao Portillo González, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia Federal. SEGUNDO. Impedimento para conocer de la demanda de amparo. Por razón de turno, la demanda de que se habla fue remitida al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, cuyo titular, Breyman Labastida Martínez, en acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciséis, ordenó su registro con el expediente 1006/2016-II y se excusó para conocer del citado juicio al estimar actualizada la causal de impedimento a que se refiere la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo. Asunto del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que en sesión de veintiuno de julio de la anualidad, declaró fundado el impedimento formulado por el Juez en comento, razón por la que se remitieron los autos de dicho juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para su turno correspondiente. TERCERO. Conocimiento y trámite del asunto. Por razón de turno correspondió conocer del presente asunto a este Juzgado Quinto de Distrito, quien por auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, se avocó al conocimiento del mismo; quedando registrado en el índice de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 1153/2016; se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; quien no formuló pedimento alguno; y se señaló día y hora para para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción II, de la Constitución General la República, 36, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos; en razón de que se reclama la inconstitucionalidad de una ley de carácter estatal con motivo de su acto de aplicación que tuvo lugar dentro del ámbito territorial en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que debe tenerse como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Del Gobernador Constitucional; y, 2. Del Secretario de Gobierno, ambos del Estado de México, respectivamente: - La promulgación, orden de publicación y refrendo del Decreto por el que se expide el Reglamento de Tránsito del Estado de México en vigor, precisamente su artículo 122. 3. De la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México: - El cobro de la multas establecidas en las boletas de infracción con folio FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM201603170007164. 4. De la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México; y, de 5. La Dirección de Policía de Tránsito de la CES: - La expedición de las boletas de infracción con números de folio: FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM201603170007164. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Sobre el particular, debe indicarse que el Director General Jurídico y Consultivo, en representación del Gobernador Constitucional y del Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de México, al rendir sus informes justificados (fojas 48 a 54 y 85 a 92) aceptaron la existencia del acto reclamado, consistentes respectivamente, en la expedición, orden de publicación y refrendo, del Reglamento de Tránsito vigente en el Estado de México. Además, cabe destacar que, de acuerdo con los artículos 86, aplicado stricto sensu y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la existencia de los actos que se le atribuyen, por estar publicados, no están sujetos a prueba. A lo anterior resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del país, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página quince, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.". Por su parte, el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación sustituta del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana; la Directora de Policía de Tránsito, de dicha Comisión; así como el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en suplencia del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, negaron los actos a ellas atribuidos (fojas 66 a 73 y 77 a 84 y 96 a 99 respectivamente). Sin embargo, se desvirtúa dicha negativa por lo que hace a las consecuencias legales del acto reclamado, es decir, la ejecución y/o el cobro de las multas y/o foto infracciones con números de folios FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM201603170007164; pues la parte quejosa anexó las citadas infracciones, de las cuales se aprecia que fueron expedidas por la Secretaría de Finanzas y cuentan con dos firmas (sellos) digitales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Policía de Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, todas del Estado de México, por lo tanto, es cierto el acto que se reprocha a dichas autoridades. CUARTO. Estudio de la procedencia o improcedencia del juicio. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causales de improcedencia, cuyo análisis es oficioso para el suscrito, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el Director General Jurídico y Consultivo, en representación del Gobernador Constitucional y del Secretario de Gobierno, ambos del Estado de México, aduce que se actualiza la prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó los medios ordinarios de defensa antes de intentar el juicio de amparo, pues debió promover juicio contencioso administrativo en contra de las multas impugnadas, así como en contra del artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. .." Ahora, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues dicho juicio se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. El amparo en materia administrativa, únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia Ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. De la misma forma, cuando se promueve el amparo indirecto en contra la constitucionalidad de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe atenderse también a lo dispuesto en la fracción XIV, de dicho artículo, que señala: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." Así, al realizar una interpretación sistemática se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra una norma general que con motivo del primer acto de aplicación, fuera de un procedimiento que cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XIV, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de amparo, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pues es optativo para el gobernado, acudir a los medios ordinarios de defensa o directamente al juicio constitucional, pero si se decide por los primeros, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo. Del estudio integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, con base en el primer acto de aplicación que se dio con las boletas de infracción con números de folio FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM201603170007164. En ese sentido, el Gobernador del Estado de México y el Secretario General de Gobierno de dicha entidad, hacen alusión a que la parte quejosa debió promover juicio contencioso administrativo de conformidad con el artículo 128 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, que señala lo siguiente: "Artículo 128.- Contra las sanciones que se impongan por infracción a la (sic) disposiciones legales y de este Reglamento, procede la impugnación mediante el recurso correspondiente o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en los términos y formas señalados por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." No obstante lo anterior, al reclamarse la constitucionalidad del numeral 122 del ordenamiento en comento, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, respecto a la emisión de las boletas de infracción con números de folio FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM2016031700071641, pues se reclama una norma general, y ésta se impugna con motivo del primer acto de aplicación; por ende, como se precisó, deviene infundada la actualización de dicha causal de improcedencia. Por otro lado, dichas responsables, también refieren que en contra del propio Reglamento de Tránsito del Estado de México procede el juicio contencioso administrativo, en términos del numeral 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que señala lo siguiente: "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones;" Sin embargo, pese a que el precepto impugnado forma parte de un Reglamento expedido por Poder Ejecutivo del Estado de México, debe decirse que el control directo de la constitucionalidad de la norma general, no podría abordarse por autoridades ordinarias dentro del procedimiento respectivo, como sí es facultad para el Poder Judicial de la Federación, ya que la propia Ley de Amparo prevé los supuestos de procedencia del amparo indirecto en contra de normas generales como el Reglamento impugnado, lo que se desprende de los numerales 1, fracción I, y 107, fracción I, inciso f), que señalan lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: (.) f) Los reglamentos locales; y" En ese sentido, aun y cuando con motivo de la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de control de constitucionalidad de nuestro país se transformó, autorizándose el control difuso de constitucionalidad; esa nueva facultad no autoriza a hacer una declaración de invalidez de dichas disposiciones, sino que solamente faculta a la autoridad ordinaria a inaplicar las normas contrarias a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o tratados internacionales de los que aquél sea parte. Por tanto, si la parte quejosa pretende que el precepto reclamado sea declarado inconstitucional y que no se le aplique en el futuro por su aducida inconstitucionalidad, tal potestad corresponde, como ya se dijo, al Poder Judicial de la Federación; por ende, no se le puede obligar a someterse al principio de definitividad, pues es en la presente vía constitucional a la que deben acudir, sin necesidad a agotar previamente medio de defensa alguno, por operar la excepción al principio de definitividad, por lo que es infundada la causa de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 219, cuyo contenido es el siguiente: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A UNA REGLA GENERAL ADMINISTRATIVA. Conforme a la tesis jurisprudencial P./J. 74/99, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 5, con el rubro: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.", el control de la constitucionalidad directa de lo dispuesto en una regla general administrativa, en tanto implica verificar si lo previsto en ésta se apega a lo establecido en un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una facultad que se encuentra reservada a los órganos del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es incompetente para pronunciarse respecto del planteamiento relativo a que lo previsto en una disposición de esa naturaleza vulnera las garantías de seguridad jurídica o de audiencia, o bien, el principio de legalidad tributaria." Así las cosas, no encontrando diversa causal de improcedencia alegada por las partes o que se advierta de oficio, procede el análisis de los conceptos de violación que hace valer el quejoso, los cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 12 mayo de 2010, en la jurisprudencia número 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. ANÁLISIS DEL ACTO CONSISTENTE EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LAS BOLETAS DE INFRACCIÓN CON NÚMEROS DE FOLIO FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM201603170007164. La parte quejosa señala que existe una violación directa a lo dispuesto por los artículos 16 y 22 de la Carta Magna, en razón de que el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, en su hipótesis de sanción por violación al segundo párrafo del artículo 64 del reglamento en cita, establece una sanción fija por el incumplimiento a los límites de velocidad, cuestión que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es fundado el argumento expuesto, pues las boletas de infracción reclamadas contienen la imposición de multas fijas, conforme a lo previsto en los artículos 64 y 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, aspecto que es contrario al artículo 22 de la Constitución Federal. Al respecto el Máximo Tribunal del país, en relación al tema, ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción. En ese sentido, ha sostenido que dicha obligación del legislador deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. De ese modo, el establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. Lo anterior se observa en la jurisprudencia P./J. 10/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, página 19, cuyos rubro y texto son: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares." Ahora bien, el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 122. Únicamente en caso de flagrante infracción a las disposiciones de este reglamento, los agentes de tránsito podrán detener la marcha de un vehículo y exigir a su conductor la exhibición de su licencia y/o permiso para conducir vehículos y la tarjeta de identificación personal para operadores de transporte público, expedida por la Secretaría de Transporte, así como de la tarjeta o el permiso provisional que ampare la circulación de la unidad. Consecuentemente, la sola revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo. Los infractores, serán sancionados de acuerdo a la falta cometida, conforme a la siguiente tabla de infracciones, sanciones y medidas de seguridad:" Del numeral transcrito se observa únicamente en caso de flagrante infracción a las disposiciones de este reglamento, los agentes de tránsito podrán detener la marcha de un vehículo y exigir a su conductor la exhibición de su licencia y/o permiso para conducir vehículos y la tarjeta de identificación personal para operadores de transporte público, expedida por la Secretaría de Transporte, así como de la tarjeta o el permiso provisional que ampare la circulación de la unidad, y la sola revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo. En el mismo artículo, se establecen varias tablas, en las que se aprecia el tipo de sanción que se imponen a los infractores de acuerdo a la falta cometida, la cual, en el caso de la quejosa, fue por circular en las vía públicas a más velocidad de la que se determine en los señalamientos respectivos, de conformidad con el artículo 64 del citado Reglamento, con la siguiente infracción: De conformidad con la aludida tabla que aparece en el artículo 122 del aludido ordenamiento, se indica con el señalamiento "X", que son cinco días de salario mínimo por circular en la vía pública a más velocidad de la que se determine en los señalamientos respectivos, precepto que al establecer una multa fija, es contrario al artículo 22 Constitucional y, por ende, sus actos de aplicación consistente en las boletas de infracción con números de folio FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM201603170007164, dirigidas en contra de la parte quejosa, también son violatorios de garantías. Lo anterior, en razón de que dicho dispositivo no contiene un límite mínimo y máximo, para que la autoridad administrativa esté en aptitud de determinar el monto de la sanción que debe imponer en cada caso, en atención al daño causado a la sociedad, a la capacidad económica del infractor, a la gravedad o levedad de la infracción, a la reincidencia o a cualquier otro elemento del que pueda inferirse la magnitud del hecho infractor, por lo que asiste razón al solicitante de amparo cuando aduce que la multa fija que se le impuso, son contrarias a lo dispuesto por el artículo 22 de la Carta Magna. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 5/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página: 433, cuyo rubro y texto, dicen: "MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 10/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, página 19, sostuvo que las leyes que prevén multas fijas son contrarias al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al propiciar excesos autoritarios. En ese sentido, el artículo 165 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, al prever la imposición de una multa equivalente a 8 días de salario mínimo general, vigente en la zona económica donde se cometa la infracción, a quienes no respeten la luz roja del semáforo o el señalamiento de alto que realice un oficial o agente de vialidad y tránsito, viola el precepto constitucional referido, en virtud de que al no prever parámetros mínimo y máximo, impide que la autoridad administrativa individualice la sanción mediante la adecuada valoración de las circunstancias que concurran en cada caso, como son la capacidad económica del infractor, la reincidencia y, en general, cualquier otra que sea apta para evidenciar la gravedad de la falta; sin que obste a lo anterior que los artículos 168 Bis, 170, 180, 181 y 182 de la ley citada contengan agravantes en algunos casos y beneficios al infractor en otros, porque tales prevenciones no subsanan el vicio de inconstitucionalidad precisado." En consecuencia, al haber resultado fundado el concepto de violación en análisis, torna innecesario abordar el estudio de los demás conceptos de violación, por ende, proceder conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones: 1. No apliquen ahora ni en el futuro a la parte quejosa la sanción prevista en el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, vigente al momento de su aplicación, esto es, ocho, diez y quince de enero de dos mil dieciséis, y únicamente en lo relativo a la tabla que establece una multa de cinco días por circular en las vía públicas a más velocidad de la que se determine en los señalamientos respectivos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, registro 192846, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." 2. Al declararse la inconstitucionalidad de la citada norma, a través de su primer acto de aplicación: a) La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, deberá dejar insubsistentes las boletas de infracción con números de folio FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM201603170007164; y, b) En la hipótesis de que el gobernado hubiera realizado el pago respecto de las boletas de infracción que nos ocupan, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, deberá reintegrar las cantidades que que se hayan efectuado. En esas condiciones, al ser fundados los motivos aducidos estudiados, resulta innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de violación, dados los efectos para los que se otorgó la protección constitucional impetrada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia número VI.2º.J/316 del otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, visible en la página 83, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que señala: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Fredy Ladislao Portillo González, respecto a los actos consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, así como las boletas de infracción con números de folio FTM201603030003573, FTM201603170026410 y FTM201603170007164, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto. Notifíquese personalmente según corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta hoy ocho de noviembre de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores del juzgado, asistido de la Secretaria Eloísa Salinas Juárez, que da fe.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Freddy José Castillo Nechar1501/2018
- Fredy Antonio Monroy Guadarrama1334/2018
- Fredy Calles Romero372/2023
- Fredy Calles Romero877/2023
- Fredy Elizalde Ayala467/2015
- Fredy Florencio Calixto1104/2021
- Fredy Mendoza Hernández289/2018
- Fredy Miranda Amado1048/2016
- Fredy Orta Vieyra219/2018
- Fredy Orta Vieyra1312/2017
- Fredy Ortiz García489/2018
- Fredy Pérez Barcenas y Otros.105/2018