Fredy Hernández Bartolo
Expediente 909/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fredy Hernández Bartolo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte, la parte quejosa y tercera interesada no interpusieron el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, contra el auto de quince de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, es de estimarse que consintieron tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." En sentencia dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 27 - 33), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********************, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, realizara lo siguiente: Dejar insubsistente el auto dictado en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente ******************** de su índice, únicamente en la parte en que se requirió al quejoso la presentación de los estudios solicitados por el perito oficial, y su respectivo apercibimiento. Con plenitud de jurisdicción dictar uno nuevo, en que proveyera lo necesario para que los estudios solicitados al trabajador por el perito oficial, le fueran realizados, sin erogación alguna con cargo a la parte trabajadora, ello en los términos a que alude el artículo 17 Constitucional. La sentencia causó ejecutoria en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 37 - 38), y se requirió a las responsables su cumplimiento. El presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio ******************** de ocho de enero de dos mil veinte, remitió copia con firmas autógrafas del proveído de esa fecha (fojas 43 - 45), dictado en el expediente 492/2019 (J.32/00********************), del que se advierte: Los integrantes de esa Junta, dejaron insubsistente el auto dictado en audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente en la parte en que se requirió al aquí quejoso la presentación de los estudios solicitados por el perito oficial y su respectivo apercibimiento. Ordenaron girar oficio a la Secretaría de Salud en el Estado de Oaxaca, a fin de que realizara los estudios al quejoso ********************, que fueron solicitados por el perito médico ********************, solicitando además el domicilio de la clínica de la Secretaría de Salud en Tuxtepec, Oaxaca, en donde debería comparecer el ahí actor. Apercibieron al titular de la Secretaría de Salud que, en caso de no cumplir con lo solicitado, se le aplicarían medios de apremio establecidos en la Ley Federal del Trabajo. En auto de diez de enero del año en curso (foja 46), se requirió a la responsable lo siguiente: Remitiera las constancias que acreditaran que giró oficio a la Secretaría de Salud en el Estado de Oaxaca, a fin de solicitar el auxilio para realizar los estudios médicos, al quejoso ********************. Informara el resultado de la respuesta que recibió a tal solicitud. En contestación a lo anterior, el presidente de la Junta aludida, informó que no había sido posible entregar el oficio de requerimiento a la Secretaría de Salud en el Estado, toda vez que las oficinas se encontraban cerradas y bloqueadas por manifestantes (fojas 49 - 51). Por lo que en auto de veinte de enero del año en curso (foja 52), se requirió nuevamente para que una vez que se realizara la entrega del oficio ********************, realizara lo siguiente: Informara el resultado de la respuesta que recibió a tal solicitud. Remitiera las constancias que acreditaran que se practicaron al quejoso ********************, los estudios médicos solicitados por el perito oficial. Así, mediante oficio ********************, informó que el diverso ********************, fue entregado a la Secretaría de Salud, el diecisiete de febrero del año en curso (foja 55), y remitió copia certificada del auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, donde ********************, apoderado de la parte actora en ese asunto, exhibió los estudios médicos que fueron requeridos por el perito médico designado por esa Junta, consistentes en dos placas radiográficas de columna lumbar y un certificado médico, por lo que se ordenó enviar dichos estudios al perito médico y se le requirió la emisión de su dictamen correspondiente. Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y MEDIANTE OFICIOS A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso FREDY HERNÁNDEZ BARTOLO, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 86, 192 y 193 de la ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la citada ley, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, cumpla con la ejecutoria protectora; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional ($8,449.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cien (100), de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cabe destacar que la referida Junta, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, por tanto, no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página: 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Finalmente, devuélvase a la Junta responsable, el original del expediente laboral 8/2018 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 909/2019; R E S U L T A N D O: PRIMERO. El diez de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en esta población, se recibió la demanda de amparo promovida por Fredy Hernández Bartolo; en ella, la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal por violación a sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; contra actos de la autoridad y acto siguientes: Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de Oaxaca. Autoridad de quien reclamó: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Es acto reclamado, el acuerdo dictado por la Junta responsable contenida en el acta de audiencia levantada a las once horas del día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve." SEGUNDO. El once de octubre de dos ml diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se programó la audiencia constitucional (fojas 9 - 11). El proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar a los terceros interesados Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Oaxaca, e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Estatal en Oaxaca (foja 16). Posteriormente la audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que el acto reclamado deriva de un juicio de naturaleza laboral, que fue emitido por una autoridad que tiene su domicilio en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por así haberlo externado en su informe justificado (foja 15). Lo que se corrobora con actuaciones que integran el juicio laboral 08/2018, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por tanto, los actos reclamados se tienen plenamente probados, en términos de la jurisprudencia 305, visible en la página 206, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. Los conceptos de violación propuestos por el quejoso Fredy Hernández Bartolo, resultan fundados, por lo que se expondrá a continuación. Previo a exponer las razones que sustentan lo anterior, se estima necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes del caso. De las actuaciones que integran el juicio laboral 08/2018, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio a la Ley de Amparo, se desprenden los siguientes antecedentes. 1. Por escrito presentado el tres de enero de dos mil dieciocho, en la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Fredy Hernández Bartolo demandó diversas prestaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (fojas 1 - 10 del tomo de pruebas). 2. Por auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, los integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, admitieron a trámite la demanda, la que radicaron con el número 08/2018, además, señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, y ordenaron al actuario de su adscripción emplazar a los demandados (foja 66 del tomo de pruebas). 3. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en que los integrantes de la Junta tuvieron a los demandados dando contestación a la demanda entablada en su contra, ofreciendo pruebas, objetando las ofrecidas por la parte actora, cerraron el periodo probatorio, y se reservaron su derecho para calificar las pruebas (fojas124 - 125 del tomo de pruebas). 4. En proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, los integrantes de la Junta responsable calificaron las pruebas ofrecidas por las partes, entre ellas, la prueba pericial médica ofrecida por el actor (fojas 126 - 129 del tomo de pruebas). 5. Para el desahogo de dicho medio de prueba, la junta nombró como perito oficial doctor Aurelio Raya Abaz, adscrito a la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México (fojas 137 - 138); el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se señalaron las once horas del día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia formal de entrevista médica entre el actor Fredy Hernández Bartolo y el doctor Aurelio Raya Abaz, a través de conferencia en sesión oficial de charla en tiempo real vía internet (fojas 139 - 140 del tomo de pruebas). 6. En la fecha antes indicada, se celebró la audiencia formal de entrevista médica, y luego de que el actor Fredy Hernández Bartolo fue valorado médicamente a través de viodeoconferencia, el doctor Aurelio Raya Abaz solicitó diversos estudios auxiliares y complementarios, y pidió un término prudente para la emisión del dictamen respectivo, una vez que le fueran entregados los estudios solicitados. 7. Al respecto, los integrantes de la Junta responsable acordaron lo siguiente: ".LA JUNTA ACUERDA: Tomando en consideración que el perito ha indicado que la entrevista médica realizada en tiempo real constituye una valoración médica al actor, quien se encuentra en las instalaciones de esta H. Junta, a quien le ha solicitado los estudios descritos en el formato respectivo y oda vez que el perito manifiesta que una vez que el actor le envíe los estudios solicitado al lugar indicado en esta diligencia, estará en condiciones de emitir su dictamen. Es por ello que se le concede al actor, un término prudente de 15 días hábiles a fin de que presente en oficialía de partes de ésta H. Junta los estudios que le fueron solicitados, con el objeto de que se hagan entrega al perito médico para que esté en condiciones de emitir su dictamen respectivo, apercibiendo a dicho actor que para el caso de no exhibir ante esta Junta los estudios antes solicitados en el término conferido, o abandonar los estudios médicos o diligencias ordenadas, se hará constar la falta de interés, con la consecuente declaración de la deserción de la prueba, con fundamento en el numeral 899-E décimo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, salvo las causas justificadas a que se refiere el artículo 785 de esa misma Ley Laboral, relacionado al artículo 780 de ese cuerpo de leyes, lo anterior con la finalidad de hacer efectiva una administración de justicia en los términos de ley. Por lo anterior, una vez que el actor exhiba los estudios médicos solicitados se ordena su remisión al perito compareciente en el domicilio sito en Avenida Azcapotzalco la Villa número 311, barrio de Sto. Tomás C.P. 02020 sección peritos foráneos, en la ciudad de México. ." En contra de la parte transcrita, el quejoso promovió el juicio de amparo indirecto en que se actúa. El solicitante del amparo plantea que el apercibimiento de la autoridad responsable es violatorio porque le requiere estudios de rayos x de columna lumbar y electromiografía de extremidades inferiores, por lo que en promedio debe erogar más de cinco mil pesos, con los que no cuenta, ya que se encuentra sin trabajo, que no encuentra trabajo por las secuelas que tiene en su columna vertebral que le afecta a sus miembros pélvicos, los cuales lo dejan en estado de invalidez; que le está imponiendo carga económica para sufragar los cuales no los va a poder hacer, porque no cuenta con recursos económicos de esa magnitud. El quejoso continúa refiriendo que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la junta responsable debe tomar todas las providencias necesarias, para que su juicio laboral sea económico, debiendo la junta responsable solicitar el apoyo para que se le practiquen dichos estudios. Ahora bien, a efecto de poner de relieve las razones por las que asiste razón al quejoso, conviene traer a cuenta el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Por su parte los artículos 2°, 3°, 18 y 824, de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales." [.] "Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. [.]" "Artículo. 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2° y 3°. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador." "Artículo 824.- La Junta nombrará los peritos que correspondan al trabajador, cuando éste lo solicite." El estudio de preceptos constitucionales y legales en cita, permiten inferir que la prueba pericial en materia laboral, acogiendo el carácter social, el ánimo tutelador y proteccionista hacia el trabajador que caracteriza a la materia, según se desprende de los numerales 2° y 3º previamente invocados, se rige por disposiciones que permiten que éste, por razón de su situación económica, no quede en estado de indefensión, al no poder solventar los gastos que originen el desahogo de la referida probanza, llegando incluso la obligación de la junta hasta el extremo de sufragar los gastos necesarios para el desahogo de la probanza de mérito. Ahora bien, en el auto reclamado dictado en la audiencia desahogada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, los integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, concedieron al actor Fredy Hernández Bartolo el plazo de quince días, a fin de que presentara ante esa junta los estudios que le fueron solicitados por el perito oficial, doctor Aurelio Raya Abaz, adscrito a la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México, con el objeto de entregarlos a este último a efecto de estar en condiciones de emitir su dictamen respecto, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se declarará la deserción de la prueba. Circunstancia que se traduce en la imposición de una carga económica para solventar los gastos necesarios para presentar los mencionados estudios; proceder el anterior que, resulta conculcatorio de los derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa, pues es claro que no estará en posibilidad de sufragar los gastos para el desahogo de los estudios solicitados, pues sostiene que carece de recursos, ya que debido al padecimiento que presenta no ha podido encontrar trabajo, lo que desde luego afecta sus defensas legales dado que la misma se ofreció con el objetivo de acreditar la acción que hace valer en contra de las demandadas. Razón por la que se estima que la Junta responsable debió adoptar las medidas necesarias para que el disidente no se viera en la necesidad de erogar algún gasto para tal efecto y, al no hacerlo así, resulta evidente la violación de los derechos fundamentales en su perjuicio, dado que implícitamente, le impone una carga económica no prevista por la ley. Además, es de observarse que aun en el caso de que obtuviera un laudo favorable, el gasto originado con motivo de los estudios que le fueron solicitados no podría ser recuperado, debido a que en el juicio laboral no existe la figura de costas procesales, lo que constituiría una merma en el patrimonio económico del trabajador. Es aplicable, por las razones que la informan, la Tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta, del tomo Quinta Parte, XV, sexta época, del Semanario Judicial de la Federación, que consigna: "DAÑOS, PERJUICIOS Y COSTAS.- Salvo casos expresamente señalados en la ley, en materia de trabajo no es procedente el pago de daños y perjuicios ni tampoco la condena en costas." Consecuentemente, si la actuación impugnada impuso al trabajador la carga económica de sufragar los gastos de los estudios que le fueron solicitados, a efecto de perfeccionar la prueba pericial; en sí misma, tiene una ejecución de imposible reparación, al afectar de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución a favor del gobernado, con mayor razón cuando el juicio del que deriva el acto reclamado, corresponde al ámbito laboral, en el que se controvierten cuestiones relacionadas con la clase trabajadora (a que pertenece el quejoso) y que por lo mismo, son objeto de una tutela especial que busca lograr el equilibrio social, otorgando a la clase menos favorecida económicamente, una protección jurídica que tienda a facilitarle los medios para ocurrir a las instancias legales y desenvolverse dentro de ellas de la mejor manera posible. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis XIII.1o.8 L, sostenida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, visible en la página 1791 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. CUANDO PARA SOPORTAR EL DICTAMEN SE REQUIERA DE ESTUDIOS DEL TRABAJADOR Y ÉSTE CAREZCA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SOLVENTAR SU IMPORTE, LA JUNTA DEBE CANALIZARLO A UNA INSTITUCIÓN OFICIAL DEL SECTOR SALUD A FIN DE QUE SE PRACTIQUEN GRATUITAMENTE O MEDIANTE EL PAGO DE UNA CUOTA DE RECUPERACIÓN. De la interpretación del artículo 824, fracción III, en relación con el numeral 18, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que cuando el trabajador carezca de recursos económicos para solventar el importe de estudios (rayos X, ultrasonido, electrocardiograma, etcétera) que constituyan el soporte técnico de un dictamen pericial médico ordenado por la autoridad laboral, ésta debe canalizarlo a una institución oficial del sector salud a fin de que le sean practicados gratuitamente o mediante el pago de una cuota de recuperación. Lo anterior es así, pues el espíritu del primero de los preceptos mencionados es que cuando el trabajador carezca de la capacidad económica para cubrir los honorarios de un perito, la Junta debe nombrarle uno, el cual no se lograría si el empleado ineludiblemente tuviera que erogar su costo. Así como, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 71/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, publicada en la página 212 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. LA CONDICIÓN DE QUE EL TRABAJADOR SE TRASLADE A UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE RESIDE PARA SU DESAHOGO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO Y, POR LO MISMO, NO PUEDE CONSIDERARSE ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE IMPOSIBILITA IMPUGNARLA EN LA VÍA DIRECTA. Si bien es cierto que la regla general establecida en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo determina que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley, debiendo ser en el amparo directo, que contra el laudo correspondiente se interponga, cuando deba hacerse valer tal violación, también lo es que esta regla encuentra una excepción en la fracción IV del artículo 114 de la propia ley, la cual prevé la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ésta la afectación a derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no serán susceptibles de reparación aun cuando se dicte un laudo favorable al quejoso. Ahora bien, tratándose de un proceso laboral en el que están en juego intereses de la clase obrera y en el que deben seguirse ciertos principios como el de suplencia de la queja, economía, sencillez y no existencia de costas judiciales, la circunstancia de que la Junta responsable señale como lugar de desahogo de la prueba pericial en medicina del trabajo un lugar diverso al del domicilio del demandante y una fecha lejana implica, por un lado, erogación patrimonial que trasciende a los derechos sustantivos de éste, en tanto condiciona el desahogo de la referida probanza a la capacidad económica que el obrero tenga para trasladarse al lugar indicado; además, aunque tuviera la capacidad para hacerlo, sería un gasto que no podría recuperar aunque el laudo le fuera favorable y, por otro, debe tomarse en consideración que un plazo prolongado para el desahogo de la prueba pericial médica podría resultar perjudicial para la salud del trabajador. De lo anterior se concluye que tales actos deben considerarse como de imposible reparación y, por tanto, en su contra procede el amparo indirecto, sin que dicha violación procesal pueda considerarse como un caso análogo a los que ejemplificativamente menciona el indicado artículo 159, pues se afecta un derecho sustantivo, lo cual excluye la posibilidad de impugnarla en el juicio de garantías en la vía directa como una violación procesal que solamente afecta derechos adjetivos." Bajo ese contexto jurídico es que debe concluirse que, si la determinación de la Junta responsable al imponer una carga económica al trabajador, consistente en financiar el costo de los estudios solicitados, resulta violatorio de derechos humanos en perjuicio del quejoso; entonces, la misma suerte debe correr el apercibimiento de la junta laboral en el sentido de declarar desierta la prueba pericial, dado que no existe fundamento legal alguno ni motivo suficiente que justifique esa medida puesto que, se insiste, a través de ella, se está imponiendo al trabajador una carga económica prohibida expresamente por el artículo 17 constitucional. En las relatadas condiciones, al demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acto reclamado, consistente en el auto dictado en la audiencia desahogada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente en la parte en que se requirió al quejoso la presentación de los estudios solicitados por el perito oficial, y su respectivo apercibimiento. Con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo, en que provea lo necesario para que los estudios solicitados al trabajador por el perito oficial, le sean realizados, sin erogación alguna con cargo a la parte trabajadora, ello en los términos a que alude el artículo 17 Constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justica de la Unión AMPARA Y PROTEGE a FREDY HERNÁNDEZ BARTOLO contra el acto reclamado a la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca, que hizo consistir en el auto dictado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente 08/2018, de su índice, para los efectos precisados en el penúltimo considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE.
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- Fredy Jesús Farias Baños1063/2016
- Fredy Marcos García García1334/2016
- Fredy Pérez Pacheco1880/2015
- Fredy Sumano Cuevas294/2016
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- Fredy Vásquez Juárez978/2023