Fredy Geovani Couoh Huex
Expediente 238/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- FREDY GEOVANI COUOH HUEX y Otros.
- Fredy Geovani Couoh Huex
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
III. Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia firmada de doce de abril de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se concedió la suspensión definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado el legajo (DVD) formado con las constancias remitidas por la Jueza Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Kanasín; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo (DVD). NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de diecisiete de abril del año en curso, se advierte que el Fedatario de la adscripción indica los motivos por los que no pudo realizar la notificación correspondiente a la sentencia firmada el doce de abril último a la parte tercera interesada. En tal virtud, dada la imposibilidad de notificar a la parte tercera interesada toda vez que no dio cumplimiento a lo ordenado en proveídos de veintiséis de septiembre y treinta de noviembre ambos de dos mil veintidós, realícese la notificación correspondiente a la sentencia de doce de abril de dos mil veintitrés, ésta y las subsecuentes incluyendo las notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese; y, por lista a la parte tercera interesada la sentencia firmada el doce de abril de dos mil veintitrés.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 238/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por Fredy Geovani Couoh Huex, Raúl Candelario Cauich Iuit, San Emilio Cauich Cutz y Alejandro Asunción Pech Sosa, contra actos de la Jueza Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Kanasín. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, turnó la demanda de amparo promovida por Fredy Geovani Couoh Huex, Raúl Candelario Cauich Iuit, San Emilio Cauich Cutz y Alejandro Asunción Pech Sosa, contra actos de la Jueza Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Kanasín, consistente en el auto de vinculación dictado en la audiencia de dos se septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial 132/2022. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por razón de turno, se recibió la demanda en el Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; por lo cual, en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2319/2022-IV, se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. Previo diferimiento y emplazada la parte tercera interesada, Domingo Gregorio Cárdenas Pinzón y el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de control responsable, la audiencia constitucional se celebró el seis de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo 2319/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 238/2023-III, y se turnó para dictar sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Kanasín. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por todo el tiempo que dure el proceso, impuesta en audiencia de treinta de agosto de dos mil veintidós. El auto de vinculación a proceso, dictado en audiencia de dos se septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 132/2022, contra los quejosos, por su probable participación en hechos que la ley describe como el delito de desaparición cometida por particulares, cometido en pandilla. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados La Jueza responsable, aceptó la existencia de los actos reclamados, certeza se corrobora con la copia certificada de la carpeta administrativa, y copia del audio y video que contiene dos audiencias; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado se notificó el dos de septiembre de dos mil veintidós (en la propia audiencia que emitió el acto reclamado), notificación que surtió sus efectos al día siguiente conforme el artículo 82, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, el referido plazo transcurrió del seis al veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, sin tomar en cuenta los días inhábiles, por tanto, la demanda de amparo se depositó al onceavo día del citado plazo, a saber, el veintitrés de septiembre del año dos mil veintidós. QUINTO. Procedencia de la acción constitucional. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra aquellos actos emitidos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose que son de esta naturaleza, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En ese orden de ideas, es procedente la acción constitucional que nos ocupa, al reclamarse el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos, así como de la determinación que fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa de los imputados, lo que de suyo implica que el suscrito considera que no se actualiza ninguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. SEXTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable indebidamente resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin valorar los argumentos de la defensa, pues se acreditó que no existe la necesidad de cautela, así como que la medida resulta excesiva, aunado a que no se aportaron datos de prueba que hagan presumir su participación en el hecho que se les pretende atribuir. Es infundado el anterior concepto de violación. En efecto, el suscrito Juzgador estima que se encuentra justificada la imposición de la medida cautelar, tomando en consideración que el delito de desaparición cometida por particulares en pandilla, que se atribuyó a los imputados, aquí quejosos, se cataloga en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como aquéllos en los que procede la prisión preventiva oficiosa conforme al sistema penal acusatorio y oral, como bien lo precisó la Jueza de Control. Para abordar el estudio del acto reclamado, en principio, se precisa que la privación de la libertad de una persona en forma preventiva, constituye una restricción a la libertad deambulatoria constitucional y convencionalmente legítima, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la permite en el artículo 19; además, su aplicación resulta acorde con lo establecido en el artículo 7.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que en modo alguno se prohíbe, siempre que esté justificada conforme a los lineamientos que para imposición prevé la legislación interna. Lo anterior tiene apoyo en la tesis 1a. CCXV/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales)." En esa misma línea argumentativa, debe señalarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, dispone que la prisión preventiva sólo podrá ser decretada por el Juez de Control cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el acusado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Esto es, la medida cautelar de prisión preventiva, tiene un carácter de excepcional (última ratio), en virtud del principio de presunción de inocencia que asiste a todo imputado en el proceso penal, lo que significa que la autoridad judicial únicamente podrá imponerla cuando fuese absolutamente indispensable para los fines del proceso, de manera que habrá de aplicarse sólo cuando otras medidas cautelares menos restrictivas no puedan cumplir con su finalidad. No obstante ello, el propio texto del artículo 19 de la Constitución Federal, prevé como restricción a la libertad personal la prisión preventiva; dispositivo que en la parte que interesa, a la letra dice: "Artículo. 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso." (énfasis añadido) Del precepto constitucional transcrito, se advierte que ordena llevar a cabo un control para determinar la procedencia de la prisión preventiva, que a su vez debe estar constituido por dos momentos que el propio artículo distingue. Por una parte, está la cuestión del supuesto fáctico que tiene que acreditarse para que proceda el auto de vinculación a proceso, que es la condición jurídica previa para que, de acuerdo con este numeral constitucional, proceda la prisión preventiva. En segundo lugar, la regulación prevista en el segundo párrafo, establece los requerimientos para imponer la prisión preventiva, de acuerdo a una doble regulación, es decir, la relativa a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y, aquellos delitos en los que se requiere acreditar algún tipo de necesidad de cautela o, también, en los casos en que exista reincidencia. Por lo que se refiere al primer supuesto, también conocido como la acreditación del supuesto material, el juez deberá justificar la procedencia de la vinculación a proceso sobre la base de si existen datos sobre la existencia del hecho que permitan determinar "el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución" del delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Si bien este es un requisito exigido en todos los casos para iniciar un proceso, cobra especial relevancia para la imposición de medidas cautelares, sobre todo para la que consiste en privar de la libertad al imputado. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, contiene importantes salvaguardas para la protección de la libertad personal desde el punto de vista de la aplicación de la prisión preventiva. En primer lugar, regula el supuesto de la prisión preventiva necesaria (también llamada "justificada") y señala que "el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes" para lograr ciertos fines dentro del proceso. De la redacción de esta primera oración derivan dos importantes principios: el de excepcionalidad y el de subsidiariedad, y acorde con ellos, el juzgador, para la imposición de la prisión preventiva justificada, deberá evaluar si el Ministerio Público logró acreditar la necesidad de la medida para los fines procesales, así como la razón por la que resulta la única procedente frente a otras posibles alternativas que podrían cumplir con los mismos objetivos y ser menos aflictivas. Sin embargo, la segunda parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, hace referencia expresa a la necesidad de que el juez ordene la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos expresamente determinados; a saber: "abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". En ese supuesto, la determinación de la prisión preventiva oficiosa no está vinculada a una ponderación individualizada de la necesidad de cautela, ni a criterios de necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad, subsidiariedad y razonabilidad. Como se ve, el precepto constitucional referido, dispone en forma expresa que, tratándose de delito de desaparición cometida por particulares, respecto del cual fueron vinculados a proceso los quejosos, procederá la prisión preventiva oficiosa. Ello implica que el legislador ya realizó la valoración previa del riesgo que implica la configuración de dicho antijurídico por lo que lo catalogó como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, razón por la que no es necesario realizar mayor abundamiento sobre tal tópico, pues basta que se haya configurado alguno de los ilícitos contemplados por dicho numeral, como en la especie acontece, para que se justifique plenamente la imposición de medida cautelar restrictiva de la libertad señalada. En mérito de lo anterior, contrario a lo que señalan los quejosos, resulta constitucional y legal la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada a los imputado por la Jueza de Control en la audiencia inicial, al estar justificada su imposición, de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal. Respecto del motivo de disenso en el que la parte quejosa expone que no se aportaron datos de prueba que hagan presumir su participación en el hecho que se les pretende atribuir, será materia de análisis en el siguiente considerando. En ese orden de ideas, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada respecto del acto reclamado consistente en la determinación que impuso a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la vinculación a proceso. El análisis se realizará a luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. La fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 19, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: a) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Concordante con lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 316 y 318, establece los elementos legales básicos que deberá contener el auto de vinculación a proceso. Acorde con lo reseñado, para su emisión deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. IV. Que se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, pero sin la valoración de aquellos. V. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. VI. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos anteriores se robustecen, con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el diverso artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución, de citar los preceptos legales en que se funde para ello, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El citado derecho constitucional de fundamentación y motivación, si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la resolución combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales del mismo, pues los fundamentos y motivos que el Juez de Control plasme en su resolución, constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el artículo 19 Constitucional vigente, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A continuación, se analizará si el acto reclamado se ajustó o no, a las exigencias para su emisión. En cuanto al primer requisito, esto es, que se haya formulado la imputación, quedó colmado en los términos que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la audiencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público formuló imputación en contra de los aquí quejosos por su probable participación en la comisión del hecho que la ley describe como delito de desaparición cometida por particulares en pandilla, previsto y sancionado por el numeral 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en relación con el numeral 165 del Código Penal del Estado en vigor, cometido en perjuicio de Domingo Gregorio Cárdenas Pinzón. Los hechos atribuidos fueron los siguientes: Que el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las veinte horas con diez minutos, en la calle 11 por 20 y 22 de Kantunil Yucatán, los imputados a bordo de un vehículo color blanco de la marca Chevrolet, tipo Aveo, con placas de circulación YWC897C del Estado, interceptaron a Domingo Gregorio Cárdenas Pinzón, quien caminaba con su esposa Ruby Ruiz Pech, mediante el uso de la fuerza lo hicieron abordar el referido vehículo, privándolo de su libertad y anunciándole que era con la finalidad de desaparecerlo, manteniéndolo oculto por un lapso de tiempo. Con lo anterior, se evidencia que el Ministerio Público informó a los aquí quejosos los hechos que le atribuyó, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que hayan tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, por lo que se tiene por satisfecho el primer requisito. Respecto al segundo requisito relativo a que los imputados hayan rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se cumplió. Ciertamente, la Jueza se cercioró de que los quejosos comprendieran la imputación, y les informó del derecho que tenían para declarar, pero los solicitantes del amparo se reservaron el derecho a rendir su declaración. Enseguida, el fiscal solicitó oportunidad para vincular a proceso a los imputados por su probable intervención en los hechos atribuidos y que se adecuan a la descripción típica del delito de desaparición cometida por particulares en pandilla, y expuso los datos de prueba siguientes: Denuncia de Domingo Gregorio Cárdenas Pinzón, ante el fiscal investigador. Entrevista de Rubí Ruiz Pech, esposa del denunciante, quien se produjo en términos similares a las manifestaciones del querellante, quien presenció en forma directa los hechos. Examen de integridad física, realizado por Fernando García Martínez, quien concluye que el denunciante presentó una equimosis violácea de forma lineal de dos centímetros de longitud por cinco centímetros de ancho, en la región frontoparietal derecha. Acta de aviso telefónico, de veintisiete de agosto de dos mil veintidós, en la que se asentó que a las veintiún horas con diez minutos, se recibió un aviso de la policía municipal de Kantunil, respecto a que una persona de nombre Domingo Gregorio Cárdenas Pinzón había sido subido a la fuerza a un vehículo tipo Aveo color blanco, por cuatro sujetos, proporcionando las características físicas de vestimenta de aquellos. Oficio, suscrito por el comandante Jaime Sabido Miranda, Director de la Policía Municipal de Kantunil, quien remitió un informe policial homologado suscrito por Carlos Manuel García Esquivel, en el que se asentó lo siguiente: Que el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, a las veintiún horas, llegó a la comandancia Rubí Ruiz Pech quien indicó que se llevaron a su esposo Domingo Gregorio Cárdenas Pinzón, en un vehículo blanco tipo Aveo, proporcionando las placas de circulación, y mencionó que fueron cuatro personas y las características de las prendas que vestían, que a las veintiún horas con cinco minutos, Jaime Sabido Miranda llamó al comandante Víctor Montalvo Chan, para pedirle apoyo, que siendo las veintiún horas con cinco minutos, llegó al lugar una unidad a cargo del policía José Asunción Romero Pot. Acta de aviso telefónico, de veintisiete de agosto de dos mil veintidós, suscrita por Felipe Neri Pech como responsable de la base "radio venado" en la que informó que a las veintiún horas con veinte minutos, avisó a todas las unidades de la zona oriente que estuvieran alerta de un vehículo con cinco sujetos en su interior, ya que el cuatro de ellos subieron a la fuerza a un diverso, de camisa de color café, y que las unidades de la zona se dieron por enteradas del aviso. Informe de procesamiento, en relación con el vehículo en mención. Informe de procesamiento del lugar de la detención, en la carretera federal Mérida Puerto Juárez, tramo Hoctún-Valladolid, kilómetro 155+100 a la altura del centro de reinserción social del Estado, en el cual se pudo advertir que existe un reductor de velocidad, así como un puesto de control de información vehicular a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Informe de procesamiento del lugar de los hechos, esto es, en la calle 11, por 20 y 22 de la población de Kantunil, Yucatán. Informe policial homologado, signado por el policía Eric Manuel Canche Juárez, quien participó en la detención de los imputados, en el que relató lo siguiente: Que el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos, recibió un reporte en el que se dio alerta de un vehículo blanco tipo Aveo, con placas YWT 897 del Estado. Siendo las veintidós horas con treinta minutos, se visualizó en el puesto de control un vehículo que coincidía con las características que momentos antes le habían dado, en el que pudo ver cuatro personas de sexo masculino, y en la parte de atrás un sujeto que vestía una camisa de color café. Que se les informó a los ocupantes que se estaba investigando un reporte y se les pidió que bajaran, el sujeto de camisa color café le comentó que esas personas lo estaban llevando a la fuerza; los otros sujetos trataron de retirarse del lugar, pero los detuvieron, y en esos momentos se entrevistó a la víctima, quien relató lo acontecido. Entrevista de Carlos Andrés Chan, en la cual narró, en lo que aquí interesa, lo siguiente: El veintisiete de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las dieciocho horas, llegó a la población de Kantunil, procedente de Mérida, y fue a la casa de sus suegros, después de comer fue a su cuarto para bañarse y vio que tenía una llamada perdida de su suegra, quien le dijo que lo estaban buscando unas personas. Regresó a la casa de su suegro y observó un carro blanco, modelo reciente, estacionado a las puertas, en el que estaban parados dos personas del sexo masculino con playera roja, y otro de playera negra, que adentro habían dos personas más, que uno de ellos le llamó y le dijo: "vente, tranquilo, no te va a pasar nada". Entró a la casa de sus suegros y aquél le decía: "vente, no te va a pasar nada" sin que le respondiera porque no lo conocía, y salió por atrás dirigiéndose a su casa, en donde se acostó. Después recibió una llamada por parte de una persona que dijo ser comandante de la Policía Estatal, y le dijo que su suegro estaba desaparecido que colaborara y que pasarían por él para buscarlo. Que un agente le dijo que a su suegro se lo llevaron en un carro blanco, que si podría reconocerlo, lo subieron a la patrulla y estuvieron dando vueltas hasta que avisaron que ya había aparecido y lo regresaron a su casa. Además, señaló que entre esas personas estaba Alejandro Asunción Pech Sosa, a quien conocía desde hace varios años y que a los otros sujetos no los conocía. Ahora, con relación al tercer requisito, consistente en que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución, también se encuentra satisfecho. En efecto, al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control precisó que de la exposición del Ministerio Público, se desprendía que los hechos ocurrieron el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las veinte horas con diez minutos, en la calle 11 por 20 y 22, de Kantunil, Yucatán, los imputados a bordo de un vehículo color blanco de la marca Chevrolet, tipo Aveo, con placas de circulación YWC897C del Estado, interceptaron a la víctima quien caminaba con su esposa, y mediante el uso de la fuerza lo hicieron abordar a ese vehículo, privándolo de su libertad y anunciándole que era con la finalidad de desaparecerlo, manteniéndolo oculto por un lapso de tiempo. Acorde a lo anterior, en la resolución de vinculación a proceso, la Jueza de Control precisó el lugar, el tiempo y las circunstancias, en las que los quejosos participaron en el hecho que la ley describe como delito, lo que advirtió de lo expuesto en la narración del Ministerio Público, y los datos de pruebas recabados durante la etapa de investigación inicial. Por otra parte, en relación con el cuarto y quinto elemento del auto de vinculación, se advierte que la Jueza de Control se limitó a los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación; además, de que existen datos de prueba que establecen que se ha cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión; por lo que también se encuentran satisfechos estos requisitos. Lo anterior, ya que de la reproducción del audio y video se obtiene que, para resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control se limitó a la información proporcionada por las partes; específicamente, en que los imputados fueron las personas que se encontraban a bordo de un vehículo, en el que también estaba el sujeto pasivo, quien manifestó en la denuncia, se encontraba en contra de su voluntad por un periodo de tiempo en el que le dijeron que lo iban a desaparecer. En ese orden, la Jueza de Control valoró conjuntamente los datos de prueba y concluyó que eran suficientes para justificar que los ahora quejosos, probablemente ejecutaron la conducta que la ley describe como desaparición cometida por particulares en pandilla, previsto y sancionado por el numeral 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en relación con el numeral 165 del Código Penal del Estado, en vigor. Para arribar a esa conclusión, en primer lugar, la Jueza precisó que el delito desaparición forzada, que se atribuye, consiste en que se prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, además señaló lo que debía entenderse por pandilla, a saber, la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometan en común algún delito. En esa línea argumentativa, la Jueza responsable concluyó que con los mencionados datos de prueba, se desprendían indicios suficientes para vincular a proceso a los imputados, con el agravante de haber sido cometido en pandilla. El suscrito comparte la valoración que la Juez de Control efectúo, como datos objetivos, suficientes e idóneos que es su conjunto establecen un hecho que la ley señale como delito de desaparición cometida por particulares, cometido en pandilla y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. En efecto, en la denuncia la victima manifestó que lo subieron a la fuerza al vehículo citado, y que lo mantuvieron a bordo de éste en contra de su voluntad, lo cual guardó congruencia con lo manifestado por su esposa y su yerno en la entrevista a Ruby Ruiz Pech, esposa de la víctima, y Carlos Andrés Chan. Lo anterior adminiculado con los diversas datos de prueba de los que se advierte la secuencia en que se activó la búsqueda de la víctima hasta llegar al punto de la detención, documentada en el informe policial homologado, signado por el policía que participó en ésta, del que se advierte que en el puesto de control se visualizó el vehículo que coincidía con las características proporcionadas es el aviso de alerta, en el que se encontraban a bordo los imputados y la víctima, quien manifestó que lo llevaban a la fuerza. Cabe señalar, que el marco de circunstancias en relación a que eran los imputados quienes estaban con la víctima en el vehículo en mención, no fue una cuestión debatida, pues lo que se sujetó a contradicción fue, si era voluntad de la víctima permanecer en el vehículo en mención, pues su declaración se contraponen con las manifestaciones de la defensa, en las que expone que era una viaje de compañerismo. De ahí que, ante un panorama como el que se presenta en este caso, deberá ser en la etapa de juicio oral, en donde un diverso juez pueda recibir directamente la prueba en su totalidad y con base en los ejercicios de litigación entre las partes, determine qué postura deberá prevalecer; máxime que no se advierte alguna razón o circunstancia por la cual la víctima pudiera estar falseando hechos en contra de los imputados, relacionados con su privación de la libertad. Siendo que, el dictado de vinculación a proceso es una etapa preliminar en la que se clasifica el hecho conforme se advierte demostrado, pero ello no implica que necesariamente deba ser así, pues con mayor investigación se podría establecer un grado de intervención o participación distinto; o inclusive la inocencia del investigado, pero no por ello se debe dictar un auto de no vinculación a proceso. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa se duele de una indebida fundamentación y motivación, respecto del acto reclamado, sustentada en tres aspectos. Insuficiencia probatoria. Aduce, que lo narrado en la denuncia, hace evidente que la víctima no fue privada de su libertad, ya que el denunciante manifestó que había tenido comunicación con su esposa y su hermana. Afirma, que la víctima no viajaba a bordo del vehículo en contra de su voluntad, pues las acciones que refirió en la denuncia, de que en el camino estaban tomando cervezas, que se detuvieron para comprar cervezas y cigarros, se asemeja a una convivencia entre amigos. Agrega, que el sujeto pasivo siempre ocupó un lugar como pasajero sin impedir su movilidad, encontrándose libre de ataduras para solicitar auxilio, lo que evidencia que no existió la intensión de hacerle daño, aunado a que todos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Señala, que tampoco se encontró un objeto o arma en el vehículo que pudiera hacer suponer que la víctima estuviera amenazada para solicitar apoyo, y que fue un breve espacio de tiempo el que estuvo en el vehículo. Aduce, que la Jueza responsable enumeró los datos de prueba sin establecer qué se acreditaba con cada uno de ellos, aunado a que los argumentos de la defensa fueron analizados por la Jueza de control de manera superficial, violando el principio de igualdad ante la ley. Indebida valoración de datos de prueba. Señala, que el testimonio de Rubí Ruz Pech, no aporta detalles sobre los sucesos sobre los cuales versó su testimonio, lo que dice crea duda razonable sobre su veracidad, además, que el tiempo que transcurrió entre el momento en que dijo ocurrieron los hecho y el momento en que acudió a la comandancia, crea duda sobre su veracidad, ya que su reacción lógica debió ser inmediata; respecto del testimonio de Carlos Andrés Chan, afirma que debe considerarse un testigo de oídas pues no presencio los hechos. Indica, que el informe homologado del policía segundo Eric Manuel Canche Juárez no coincide con lo expresado por el denunciante, dado que la víctima refiere, que al llegar al retén fueron parados y bajados del vehículo, que les pidieron sus identificaciones, y al ver su nombre lo separaron y le preguntaron si le habían hecho daño y que respondió que lo subieron a la fuerza; por su parte, el policía captor refiere, que al estar llenando las actas para inspeccionar el vehículo, la víctima les pidió apoyo, ya que lo estaban llevando a la fuerza; al respecto, agrega que si la victima hubiera estado privada de su liberta desde el momento en que se arribó al retén hubiera pedido auxilio. Los conceptos de violación son infundados. Respecto de la insuficiencia probatoria planteada, contrario a lo señalado por la parte quejosa la Jueza responsable fundó y motivó debidamente el ejercicio de ponderación que realizó sobre los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, pues expuso las razones y fundamentos que le llevaron a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito de desaparición forzada cometida por particulares, en pandilla cometido en agravio de la víctima Domingo Gregorio Cárdenas Pinzón, así como la probable participación de los imputados en su comisión. En efecto, de lo considerado por la Jueza de control, es dable destacar la relación que hizo de la querella con los testimonios de quienes dijeron ser esposa y yerno del sujeto pasivo, quienes expresaron de forma congruente y en el mismo contexto, los hechos declarados. Asimismo, relacionó lo expresado por el sujeto pasivo en el sentido de que uno de los sujetos activos le dio golpes en la cabeza, con el examen médico integridad física practicado por el perito Fernando García Martínez, quien concluyó que el denunciante presentó una equimosis violácea de forma lineal de dos centímetro de longitud, por cinco centímetro de ancho en la región frontoparietal derecha. Además, tomó en cuenta todas las actuaciones desplegadas por los elementos de la policía que llevaron a la ubicación del vehículo en el que se encontraban tanto el sujeto pasivo como los sujetos activos. Por otra parte, la argumentación o refutación del defensor de los imputados, sí fue atendida por la Jueza del conocimiento, sin embargo, en el ejercicio racional que efectúo, no restaron credibilidad a los datos de prueba proporcionados por la fiscalía. Es así, ya que la responsable consideró que las apreciaciones que efectuó el defensor -en el sentido de que el sujeto pasivo estaba en posibilidad de pedir auxilio, porque no estaba atado y que la velocidad en la que transitaban era baja, realizando diversas paradas-, no restaban valor a los indicios, dado que los hechos ocurrieron en horas de la noche, y que la falta de solitud de auxilio era congruente con lo manifestado por el querellante, en el sentido de que no lo dejaban descender del vehículo, aunado a que manifestó que se encontraba sentado en medio de dos de los sujetos pasivos y que uno lo agredió físicamente, amenazándolo verbalmente. Además, la Jueza de control consideró que el tipo penal no exige que la víctima deba estar amordazada, oculta o atada, pues si bien la victima mantuvo comunicación con su hermana y su esposa, fue en presencia de los imputados, ya que en todo momento estuvo sentado en medio de dos personas bajo amenazas en el sentido de que lo iban a desaparecer, sin que se informara a sus familiares el lugar en el que se encontraba. Cabe señalar, en este punto que lo expuesto por la Jueza responsable resulta acertado, pues para que se actualice el hecho que la ley señala como el delito de desaparición forzada cometida por particulares, no se exige que la persona se encuentre privada de su movilidad corporal y verbal, dado que la forma de restringir de la libertad a una persona no puede condicionarse a un marco de circunstancias específico, como lo propone la parte quejosa, en el sentido, de que el sujeto pasivo no estuvo oculto, amordazado o atado, pues en el caso concreto su libertad fue vulnerada por el hecho de encontrarse dentro del vehículo sin que se le permitirá descender libremente del mismo. Respecto de la testimonial de la esposa del querellante, la Jueza señaló que los argumentos de la defensa de que la testigo debió de actuar inmediatamente, no se consideraban una circunstancia relevante para desvirtuar el dato de prueba; y, que respecto del testimonio de Carlos Andrés Chan, si bien no presenció los hechos, sí vio las características del vehículo, así como las características de los activos. En relación a la refutación de la defensa de que no se encontraron objetos y armas en el interior del vehículo, la Jueza control consideró que la víctima se encontraba bajo amenazas de que le iban a dar un "plomazo", sin que estuviera en aptitud de saber si eso era cierto o no. Respecto al planteamiento de la defensa, en cuanto a las inconsistencia del informe policial homologado, en relación a la forma en que la víctima da aviso de que había sido privado de su libertad, señaló que no es suficiente para desvirtuar lo señalado por la fiscalía, ya que en lo esencial coinciden en señalar que en el retén se observó el vehículo en cuestión, con cuatro sujetos, y que el denunciante había sido identificado como el que llevaba la camisa de color café, y que éste había sido privado de su libertad. Las consideraciones anteriores, son el resultado del análisis que la responsable efectuó de los argumentos de la defensa de los imputados, la cuales comparte el suscrito juzgadore, toda vez que los argumentos expuestos no logran restar, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -desaparición forzada cometida por particulares, en pandilla- y que existe la posibilidad real de que los imputados participaron en su comisión. Ahora bien, la parte quejosa insiste en sus conceptos de violación, que la Jueza responsable efectúo una indebida valoración probatoria, en relación al testimonio de la esposa del querellante, por carecer de detalles y de una reacción inconsistente de no acudir inmediatamente ante la autoridad a hacer del conocimiento los hechos, así como que el testimonio de Carlos Andrés Chan, debe ser considerado como un testigo de oídas; y, la inconsistencia que aduce entre el informe homologado del policía captor y lo manifestado por el querellante, tales manifestaciones son infundadas. Lo anterior es así, dado que las circunstancias a las que alude la parte quejosa resultan insuficientes para contrarrestar el resultado expresado por la fiscalía y ponderado por la Jueza de Control, de las que se deducen indicios razonables para suponer la existencia del hecho delictuoso imputado y justificar la probabilidad de que los imputados lo cometieron, pues no se advierte varíen en la sustancia el hecho materia de la investigación, de tal forma que sean incompatibles para la acreditación del hecho delictuoso imputado. Ello, porque para el dictado del auto de vinculación no se requiere certezas ni tampoco la inexistencia de duda razonable. Es así, porque es cierto que los datos expuestos se pueden robustecer con mayores actos de investigación, pero de momento se estima que son suficientes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado. Se explica. Si bien es posible que con mayor investigación se pudiera cambiar el panorama probatorio que se tuvo al resolver en instancia, no menos cierto es que para combatir la suficiencia de los datos de prueba aportados por la Fiscalía al menos se debe evidenciar que por sí mismos son insuficientes y no meramente señalar lo que a juicio de cada uno se debe interpretar de los datos de prueba. Ello, ya que el solamente referir esa interpretación, en nada trastoca el análisis de los datos de prueba expuestos durante la audiencia inicial por la Jueza responsable como ya ha quedado evidenciado. Máxime que, el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Cabe destacar que, si bien es cierto que no le corresponde a la parte quejosa demostrar que no cometió el delito, porque la carga de la prueba es de la Fiscalía; sin embargo, contrario a lo que afirma, en cuanto a que no hay datos suficientes para vincular a proceso, lo cierto es que la investigación complementaria es precisamente para eso, para agotar la investigación en beneficio de todas las partes y esclarecer los hechos. Lo anterior es así, pues basta atender a la denominación de la etapa que se denomina "investigación complementaria", para concluir que se trata precisamente de una investigación y que debe ser de tal manera, que el propio código refiere que una vez agotada la investigación de conformidad con la fracción I del artículo 324, la Fiscalía puede solicitar inclusive el sobreseimiento. Es decir, atendiendo al estándar probatorio que rige la emisión de un auto de vinculación, siempre que se concluya que hay indicios razonables para iniciar una investigación bajo la tutela del juez de control, es viable vincular a proceso, para que sea en la investigación complementaria en donde se esclarezca si en realidad se tiene un caso para llevar a juicio o no. Por tanto, se concuerda con la Jueza responsable que los datos reseñados por la fiscalía son suficientes para tener por demostrado, hasta este momento procesal, la existencia del delito de desaparición cometida por particulares, en pandilla, y la probable intervención de los imputados en su comisión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2014800, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)». En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fredy Geovani Couoh Huex, Raúl Candelario Cauich Iuit, San Emilio Cauich Cutz y Alejandro Asunción Pech Sosa, contra actos que reclama de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Kanasín, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Azucena Sosa García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy doce de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 238/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra actos de la Jueza Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Kanasín. (...) Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra actos que reclama de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Kanasín, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
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