Fredy Florencio Calixto

Expediente 50/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
50/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Fredy Florencio Calixto
  • FREDY FLORENCIO CALIXTO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito HA QUEDADO FIRME. Se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, en tanto que se desechó la demanda de amparo. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    "...Por recibido el oficio remitido por el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por virtud del cual remite el amparo indirecto 1868/2021 de su índice. Acuse de recibo vía interconexión. ... este órgano jurisdiccional se avoca a su conocimiento. ... dada la voluminosidad de las documentales que ofrecieron los promoventes, para un mejor manejo del expediente en que se actúa, desglósense y guárdense en la secretaría como anexos, ordenándose formar el tomo I. ... vista la demanda de amparo signada por Fredy Florencio Calixto y otros, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 123 constitucionales. Acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. a.- LA AUSENCIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA RESPONSABLE Y FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDIAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE), para lo cual, en el capítulo de HECHOS y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifestaremos los motivos respecto a este respectivo acto, relacionado con el ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDIAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE). b.- LA VIOLACION SISTEMATICA DEL ARTICULO 164 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO), para lo cual, en el capítulo de HECHOS y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifestaremos los motivos respecto a este respectivo acto. 2.- LOS ACTOS DE MOLESTIA DE LA RESPONSABLE FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDIAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE). a.- LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DEL CREDITO HIPOTECARIO (CONTRATO DE MUTUO CON INTERES Y GARANTIA HIPOTECARIA) DEL QUE ERAMOS BENEFICIARIOS EN EL MOMENTO QUE ERAMOS SERVIDORES PUBLICOS, para lo cual en el capítulo de HECHOS manifestamos cada uno de los créditos de manera individual, actos de los que fuimos objetos el pasado DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, a través de llamadas telefónicas, que requerían el pago total del crédito hipotecario y entrega de los inmuebles objeto de dichos créditos de manera inmediata, sin mediar más información al respecto, ostentándose la persona que realizo la llamada como trabajador de FOVISSSTE. b.- LA OMISION DE ATENDERF MI SOLICITUD DE INFORMACION AL RESPECTO DEL PRIMERO ACTO ATRIBUIDO A LA RESPONSABLE MARCADO COMO a, para lo cual a en el capítulo de HECHOS y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifestaremos los motivos respecto a este respectivo acto. c.- LA VIOLACION SISTEMATICA DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDIAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE, para lo cual a en el capítulo de HECHOS y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifestaremos los motivos respecto a este respectivo acto. d.- EL COBRO EXCESIVO E INCONGRUENTE DEL INTERES LEGAL Y COMO CONSECUENCIA DEL MISMO EL INTERES MORATORIO , ES DECIR, EL COBRO DEL INTERES SOBRE EL INTERES RESPECTO DE LOS CONMTRATOS HIPOTECARIOS CELEBRADOS ENTRE LOS HOY QUEJOSOS Y LA RESPONSABLE FOVISSSTE, para lo cual a en el capítulo de HECHOS y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifestaremos los motivos respecto a este respectivo acto". Ahora bien, los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Asimismo, conforme al artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y ahora atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, los peticionarios de la tutela constitucional, cuando se encontraban en el servicio activo como miembros de la extinta Policía Federal, en lo individual y en diversas fechas, obtuvieron del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -FOVISSSTE- sendos créditos hipotecarios que quedaron protocolizados en los respectivos instrumentos notariales que se acompañaron al escrito de demanda. En el clausulado de los instrumentos notariales mencionados que, por lo general, se denominaron como "TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DEL MUTUO", quedó pactado que el acreditado -quejoso- reconocía expresamente que mencionado fondo de vivienda -FOVISSSTE- podía ceder los derechos a terceros derivados del mutuo con todo lo que por derecho corresponda sin necesidad de escritura pública ni de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como que el acreditado aceptaba que la persona que detentara la titularidad del mutuo estaría procesalmente legitimada para reclamar el pago del total del saldo insoluto del mutuo ante las instancias jurisdiccionales competentes. Asimismo, de los actos que reclaman los quejosos se aprecia que aquellos que les ocasionan perjuicio de mayor entidad son los que se refieren a la cobranza extrajudicial de los créditos hipotecarios, así como el cobro excesivo e incongruente del interés legal y el consecuente interés moratorio respecto de los aludidos contratos hipotecarios. Esto es, como de lo que primordialmente se duelen y reprochan los justiciables es precisamente del cobro extrajudicial de los créditos hipotecarios y de los intereses generados con motivo de los respectivos saldos insolutos; válidamente se puede colegir que ello deriva de una relación contractual entre los promoventes y el instituto de vivienda referido -FOVISSSTE-, aspecto que resulta suficiente para concluir que la naturaleza del acto reclamado es civil, independientemente de que tenga que analizarse o no su naturaleza, pues de lo que se parte es del origen de los cobros -extrajudicial del saldo insoluto y de los intereses- que se aducen como actos reclamados. Máxime que en términos de los artículos 468 y 469 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación; o bien, el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice, se tramitará en la vía especial hipotecaria. se otorga por virtud de un contrato del cual adquieren derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad y coordinación, que ese acuerdo de voluntades es de naturaleza civil, con independencia de que en las cláusulas se haya establecido la forma en que se debe aplicar al crédito el saldo de la subcuenta de la vivienda como el fondo de ahorro para el retiro (SAR), pues tales circunstancias al formar parte del contrato correspondiente, debe entenderse que fueron establecidas por las partes recíprocamente; por tanto, su incumplimiento debe reclamarse ante un órgano judicial en materia civil. Atento a lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Lo expuesto permite concluir que, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), no realizaron ningún acto de autoridad para los efectos del amparo, dado que el cumplimiento forzoso de un contrato en un plano de coordinación con el particular, por lo cual, no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del amparo dado que actúan desprovistas de imperio, que es la característica distintiva, por tanto, no son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia citadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda. Por otra parte, téngase por autorizados de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que precisa, por así solicitarlo. Expediente electrónico. Como lo solicita, se autoriza al promovente para consultar, promover vía internet y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo con los nombres de usuario "LICCARLOSCRUZG" y "LICINIMAVILLAN", con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Correo electrónico y número telefónico. Téngase por señalado el correo electrónico que refiere, para los efectos establecidos en la fracción XIX del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, para el caso de que este órgano jurisdiccional considere necesario contactarlos por esa vía. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. Por otra parte, de conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Representante común. Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de tres días, designen de entre ellos un representante común, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional designará con tal carácter a cualquiera de ellos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite la resolución de veintiuno de abril del año en curso, dictada en el conflicto competencial 11/2022, de su índice suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa y este Órgano Jurisdiccional, cuyo puntos resolutivos a continuación se transcriben: ". PRIMERO. Se declara la legal competencia en favor del Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo promovido por *** y otros. SEGUNDO. Remítanse los autos mencionados. .". Requiérasele al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, para que a la brevedad y mientras las cargas de trabajo así lo permitan, remita los autos originales del juicio de amparo 1868/2021, de su índice, a efecto de que este órgano jurisdiccional de cumplimiento a la resolución que antecede. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusó recibo del diversas constancias relativas al juicio de amparo *** del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, a efecto de resolver el conflicto competencial suscitado entre dicho juzgado y este órgano jurisdiccional. Asimismo, hace del conocimiento que se admitió a trámite el conflicto competencial en cuestión, el cual quedó registrado como CCA. ***; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

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