Fredy Contreras Hidalgo

Expediente 1029/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1029/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2015

Partes del expediente

  • Fredy Contreras Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    IV.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTIAS... ARCHIVESE EL PRESENTE JUICIO.

  2. Principal

    IV.- SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    MESA IV.- Villahermosa, Tabasco; diez de junio de dos mil quince. RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta presentada por Fredy Contreras Hidalgo, contra actos del Juez Penal de Balancán, Tabasco y otras autoridades; se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número 1029/2015-IV. PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 108, fracción II, en relación con el numeral 114 de la Ley de Amparo, requiérase al demandante de garantías para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: ÚNICO: Cumpla con el requisito establecido en la fracción II del artículo 108 de la Ley de Amparo, relativo al nombre y domicilio del tercero interesado, toda vez que es un requisito legal; o en su caso manifestar bajo protesta de decir verdad que no lo conoce. Sirve de apoyo la, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538, Tomo XIV, julio de 2004, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". En el caso, considerando que la aclaración de la demanda implica la manifestación de la voluntad para enderezar la litis, la presente prevención la deberá desahogar el quejoso directamente y no a través de sus autorizados, ya que el precisar la denominación del tercero interesado es un acto personalísimo. Con el apercibimiento de que en caso de que afirme hechos falsos, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con fundamento en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, se les impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días; numeral que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" En la inteligencia de que el escrito aclaratorio deberá presentarlo con las copias suficientes para su distribución entre las partes. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P./J. 36/2001, visible a página 79, XIII, abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". APERCIBIMIENTO. En la inteligencia, que en caso de no cumplir con lo anterior, en el término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, el cual no puede tenerse como tal, porque no podrían observarse las formalidades para las notificaciones personales, por tanto, dígasele que hasta en tanto señale uno en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco; ésta y las actuaciones que deban notificársele, incluso las de carácter personal, se le harán por la lista que se fija y publica en las instalaciones de este Juzgado, de conformidad con la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración por su contenido y alcance tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía , se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Por otra parte, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala en el escrito de demanda, por así haberlo solicitado de manera expresa. FACULTAD DEL ACTUARIO. En otro orden de ideas, atendiendo a las cargas de trabajo que se tienen en este juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta a la Actuaria Judicial adscrita para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día cinco del mes y año indicados, por el cual se derogó el Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como las reformas que adicionaron los artículos 2º, 8º, 9º y 13, modificaron los numerales 7º, 8º, 33, 35 y 36, y reformaron el diverso 32, todos del citado reglamento, publicadas en el medio de difusión oficial referido, el doce de diciembre de dos mil siete, que entró en vigor al día siguiente. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus "datos personales" (cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables) y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo. En el entendido que de no existir oposición, la unidad administrativa correspondiente generará la versión pública de la resolución o de las demás constancias del expediente, suprimiendo cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que dicha supresión no impida conocer el criterio de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, tratándose de los datos sensibles, que se definen en el artículo 2º del citado reglamento, en la forma siguiente: "el dato personal que revela el origen racial o étnico, la convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión a un partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el estado de salud o la vida sexual del titular de los datos personales"; serán suprimidos de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. Notifíquese en términos de ley.

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