Fredy Alvaro García Bustamante

Expediente 204/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
204/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Fredy Alvaro García Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, salvo el original del contrato de arrendamiento que Mirna Erika Lescas Mendoza y Fredy Álvaro García Bustamante celebraron el uno de enero de dos mil veintidós, respecto del cual se proveerá sobre su devolución en los párrafos siguientes y como en este juicio de amparo el veintitrés de febrero pasado, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En diverso aspecto, en cuanto al documento original recepcionado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que el justiciable exhibió con su demanda de amparo, el cual obra en este juicio constitucional, se provee: a) Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del código adjetivo civil federal invocado, comuníquese al disidente que se deja a su disposición la documental indicada para que acuda a recogerla dentro de un plazo de noventa días, previa copia fotostática simple que se dejen en autos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, esa documentación será destruida. b) Para la entrega de ese instrumento, el disconforme deberá generar una cita para la consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a obtener el documento correspondiente. c) En el entendido que deberá ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del acuerdo 21/2020 citado para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. En tal sentido, se autoriza al quejoso o a sus autorizados para recibir la documental descrita, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el inconforme *** solicita la devolución de las documentales que anexó a su ocurso inicial, por lo que autoriza a dos personas para que en su nombre las reciban. Al respecto, con apoyo en lo establecido por el ordinal 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, devuélvanse al justiciable los documentos que solicita, a saber, copia certificada de la diligencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, realizada en el juicio ejecutivo mercantil 212/2017 y el original del contrato de arrendamiento que M*** celebraron el uno de enero de dos mil veintidós, pues el veintitrés de febrero pasado, se desechó de plano la demanda de amparo, con la precisión que en sustitución de esos instrumentos deberán glosarse a este expediente un ejemplar de ellos con la certificación respectiva en donde se especifique la forma en la que fueron aportados y deberá dejarse constancia de su entrega previa identificación y firma de recibido que se establezcan en la constancia que al efecto se elabore. Infórmese al promovente que para la entrega de los documentos solicitados es necesario que obtenga una cita previamente, la cual podrá programar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Dicha generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite un código QR, que a su vez permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Finalmente, se autoriza a las personas que el disidente señala para que reciban las documentales descritas, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 204/2022. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme *** reclama los actos siguientes: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, combate: Las órdenes dictadas en el juicio civil *** para que (i) sea desposeído de una motoconformadora marca case, modelo ***, color amarillo, en regulares condiciones de uso y funcionamiento, con placa vin case corporation, model **, *** que tiene bajo su resguardo como depositario judicial en el domicilio ubicado en la calle ***, en esta entidad federativa y (ii) para que se ingrese por la fuerza con rompiendo de chapas o cerraduras, candados o cualquier objeto que impida su acceso al inmueble descrito para materializar la desposesión del bien mueble descrito. Del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y del Actuario Judicial de su adscripción impugna: La ejecución de los mandamientos descritos. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por ***, porque en relación los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, consistentes en las órdenes dictadas en el juicio civil *** para que (i) sea desposeído de una motoconformadora marca case, modelo ***, color amarillo, en regulares condiciones de uso y funcionamiento, con placa***, model ***,***que tiene bajo su resguardo como depositario judicial en el domicilio ubicado en la calle ***, en Guadalupe Etla, en esta entidad federativa y (ii) para que se ingrese por la fuerza con rompiendo de chapas o cerraduras, candados o cualquier objeto que impida su acceso al inmueble descrito para materializar la desposesión del bien mueble descrito, así como los atribuidos al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y del Actuario Judicial de su adscripción relativos a la ejecución de los mandamientos descritos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el recurso de revocación previsto por los ordinales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la jurisdicción ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de Tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia con jurisdicción ordinaria y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (Tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). En ese contexto, el quejoso previo a acudir a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio rector se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Enseguida debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que los actos reclamados tienen una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal, mientras que la cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubican los actos reclamados en tanto que éstos no tienen como finalidad causar una afectación a la libertad personal de la justiciable ni emana de un proceso penal. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección constitucional sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio de origen -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios ordinario de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que el solicitante del amparo no se ubica en esos supuestos, dado que en el juicio de origen tiene la calidad de depositario judicial, porque en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada en dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el juicio civil 212/2017 de donde emanan los actos reclamados le fue reconocida esa calidad, por lo que aceptó y protestó y se le discernió dicho cargo y se le entregaron en depósito los bienes muebles embargados, por lo que esa situación implica que no es una persona extraña a dicho contradictorio, sino que la aceptación y protesta del cargo de depositario judicial en ese asunto implica que se incorporó a ese asunto como un sujeto del proceso que auxilia en las labores del órgano jurisdiccional que lo instrumenta al tener el carácter de depositario judicial; por tanto, es claro que el promovente tuvo conocimiento desde esa data de quienes son las partes en ese asunto, de la litis que en éste se planteó, del número de expediente en el que se instrumenta y del órgano jurisdiccional que conoce de dicho juicio, lo cual revela que no se está ante una persona extraña al referido procedimiento, puesto que tiene conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto. En ese sentido, es necesario destacar que de la actuación descrita que se verificó en el juicio civil 212/2017 se advierte que la parte quejosa no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece. Ahora, el disidente reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, las órdenes dictadas en el juicio civil 212/2017 para que (i) sea desposeído de una motoconformadora marca case, modelo 845, color amarillo, en regulares condiciones de uso y funcionamiento, con placa vin case corporation, model 845, N4 AFO3002 que tiene bajo su resguardo como depositario judicial en el domicilio ubicado en la calle Martín Lutero, sin número, en Guadalupe Etla, en esta entidad federativa y (ii) para que se ingrese por la fuerza con rompiendo de chapas o cerraduras, candados o cualquier objeto que impida su acceso al inmueble descrito para materializar la desposesión del bien mueble descrito; y, del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y del Actuario Judicial de su adscripción la ejecución de los mandamientos descritos, actuaciones en contra de las cuales procedía el recurso de revocación previsto por los ordinales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Para evidenciar tal aserto es necesario traer a contexto el contenido de los preceptos 666 y 667 del código adjetivo civil local, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." De los segmentos normativos transcritos se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: 1. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o bien, por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. 2. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación. 3. El recurso de revocación se substanciará con una audiencia en la que las partes alegarán y el Juez pronunciará la resolución que corresponda dentro del tercer día, concurran o no los litigantes a esa diligencia. Con base en lo anterior, es factible sostener que los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, consistentes en las órdenes dictadas en el juicio civil 212/2017 para que (i) sea desposeído de una motoconformadora marca case, modelo 845, color amarillo, en regulares condiciones de uso y funcionamiento, con placa vin case corporation, model 845, N4 AFO3002 que tiene bajo su resguardo como depositario judicial en el domicilio ubicado en la calle Martín Lutero, sin número, en Guadalupe Etla, en esta entidad federativa y (ii) para que se ingrese por la fuerza con rompiendo de chapas o cerraduras, candados o cualquier objeto que impida su acceso al inmueble descrito para materializar la desposesión del bien mueble descrito, así como los atribuidos al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y del Actuario Judicial de su adscripción relativos a la ejecución de los mandamientos descritos, no son apelables porque en la legislación examinada no se prevé algún supuesto de procedencia de ese mecanismo de impugnación contra tales; por tanto, son revocables. En esa línea, se advierte que en contra de esas actuaciones procedía el recurso de revocación previsto por los arábigos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. En efecto, el justiciable podía combatir mediante el citado mecanismo de impugnación horizontal las órdenes dictadas en el juicio civil 212/2017 para que (i) sea desposeído de una motoconformadora marca case, modelo 845, color amarillo, en regulares condiciones de uso y funcionamiento, con placa vin case corporation, model 845, N4 AFO3002 que tiene bajo su resguardo como depositario judicial en el domicilio ubicado en la calle Martín Lutero, sin número, en Guadalupe Etla, en esta entidad federativa y (ii) para que se ingrese por la fuerza con rompiendo de chapas o cerraduras, candados o cualquier objeto que impida su acceso al inmueble descrito para materializar la desposesión del bien mueble descrito, así como la ejecución de los mandamientos descritos y exponer los agravios que esas actuaciones le ocasionaron en su esfera normativa, ya que ese recurso tiene por objeto revocar el auto materia de la impugnación y sus consecuencias jurídicas, sin que el disidente haya agotado previo al ejercicio de la acción constitucional dicho medio ordinario de defensa, lo que evidencia que no observó el principio de definitividad rector en el juicio de amparo. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional lo que el inconforme señalada en cuanto a que no es parte en sentido material de la relación jurídica procesal entablada en el juicio civil 212/2017; sin embargo, esa situación no implica que no pueda hacer valer los medios de impugnación que estime pertinentes cuando considere que alguna actuación de ese contradictorio realizado por el Juez instructor del proceso o por las autoridades que actúan en su auxilio le ocasionen algún agravio, puesto que en el caso el promovente figura como un sujeto de ese proceso que auxilia al director de éste al tener reconocido el carácter de depositario judicial de los bienes muebles embargados en ese asunto, por lo que con la actuación en la cual aceptó, protestó y se le discernió ese carácter se incorporó a ese asunto y eso da pauta a considerar que conoce de las actuaciones que en él se verifican, sin que pueda estimarse que es una persona extraña, ya que el discernimiento del cargo de depositario judicial conferido implica una relación procesal que lo vincula irremediablemente al proceso, en atención a que con ese carácter se convierte en poseedor del bien secuestrado, a nombre de quien, en definitiva, venza en el juicio o del que adquiera el objeto en propiedad, por razón del procedimiento que se siga en la vía promovida; por tanto, el justiciable tuvo que haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el recurso de revocación previsto por los ordinales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada con registro electrónico 249451 emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que informa: "DEPOSITARIO JUDICIAL, LEGITIMACION DEL, PARA INTENTAR LOS RECURSOS PERTINENTES CUANDO ESTIME RECIBIR AGRAVIO DEL JUEZ DE INSTANCIA. Es inexacto que el depositario judicial por no ser parte en el juicio de donde emanan los actos reclamados estuviese impedido para hacer valer los recursos que estimara pertinentes cuando creyera recibir algún agravio de parte del Juez de instancia, ya que el auto o diligencia mediante la que se le discernió en forma el cargo de depositario judicial, implica una relación procesal que lo vincula irremediablemente al proceso, en atención a que con ese carácter se convierte en poseedor del bien secuestrado, a nombre de quien, en definitiva, venza en el juicio o del que adquiera el objeto en propiedad, por razón del procedimiento que se siga en vía de apremio." De manera que al existir el recurso de revocación como un medio ordinario de defensa que la propia autoridad judicial responsable instructora del juicio civil de origen debe conocer para resarcir las irregularidades que el justiciable señala que se cometieron en su contra debió interponer ese mecanismo de impugnación antes de ejercer la acción constitucional, a fin de cumplir con el principio de definitividad rector en el juicio de protección de derechos fundamentales, por lo que al no agotarse previamente ese medio de defensa legal se patentiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es así, porque si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es notoriamente improcedente. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el recurso de revocación previsto por los ordinales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca en contra de la actuación reclamada; en consecuencia, al patentizarse ese supuesto de improcedencia en los términos apuntados conforme a lo prescrito por el ordinal 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Fredy Álvaro García Bustamante en contra de los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, consistentes en las órdenes dictadas en el juicio civil 212/2017 para que (i) sea desposeído de una motoconformadora marca case, modelo 845, color amarillo, en regulares condiciones de uso y funcionamiento, con placa vin case corporation, model 845, N4 AFO3002 que tiene bajo su resguardo como depositario judicial en el domicilio ubicado en la calle Martín Lutero, sin número, en Guadalupe Etla, en esta entidad federativa y (ii) para que se ingrese por la fuerza con rompiendo de chapas o cerraduras, candados o cualquier objeto que impida su acceso al inmueble descrito para materializar la desposesión del bien mueble descrito, así como los atribuidos al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y del Actuario Judicial de su adscripción relativos a la ejecución de los mandamientos descritos. Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del inconforme para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como su autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Eric Ramírez Villegas, con cédula profesional 5545296 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por otra parte, téngase como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento a las personas restantes que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicita expresamente. Medio de contacto para comunicaciones no procesales. En cuanto a la petición del disidente relativa a que se realicen las notificaciones de las resoluciones que se dicten en este asunto en la cuenta de correo electrónico que proporciona, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 26 fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo dígase a la justiciable que no ha lugar a acordar de manera favorable su petición, porque para estar en aptitud de autorizar la realización de notificaciones electrónicas en el presente asunto es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas y deben señalar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que en el caso se haya colmado esas exigencias con el suministro de una cuenta de correo electrónico, porque en todo caso ese dato servirá para establecer un contacto con el quejoso en el supuesto de las comunicaciones no procesales, como se indica en los arábigos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, pero no para autorizar la práctica de notificaciones electrónicas; en consecuencia, una vez que se satisfagan los aludidos requisitos, previa insistencia del justiciable respecto de la solicitud indicada, se proveerá lo que en derecho corresponda. No obstante lo anterior, con base en lo previsto por los dispositivos 5 y 22 del Acuerdo General citado en primer orden se tiene al titular de la acción de amparo proporcionando la cuenta de correo electrónico que señala para establecer el contacto con él en los casos de las comunicaciones no procesales. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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