Fredy Alberto Rosique Colorado

Expediente 1475/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1475/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Fredy Alberto Rosique Colorado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Vista la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se declara que si es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión; por otro lado, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Ciudad de México; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (folios 273 a 278), se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para inconformarse contra la citada determinación de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (folios 273 a 278), en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, remítase el presente expediente al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el presente expediente si es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de ampliación en su caso, de la sentencia y su ejecutoria, de la resolución ejecutoria en su caso, del auto en que se tuvo por cumplida, y de este proveído. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte del citado Acuerdo General, se declara de igual forma que si es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, la resolución del otorgamiento de la suspensión y la relativa al exceso o defecto en su cumplimiento, en su caso, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva respecto de diversos actos reclamados; consecuentemente en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción; y agréguese copia simple del presente proveído a dichos cuadernos incidentales. Habida cuenta que este órgano jurisdiccional considera la inexistencia de relevancia documental por la cual deban conservarse, lo anterior para los efectos legales procedentes. En ese sentido, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y se advierte la existencia de documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a disposición de la parte quejosa dichos documentos por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión de la Secretaria Leticia Durán Góngora, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México; cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de veinticuatro y veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 261, 262, 264 y 265), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; sin que el impetrante del amparo lo haya desahogado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, toda vez que en el fallo protector se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "(.) Por tanto, resulta fundado el concepto de violación en estudio, y en consecuencia, resulta suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, a fin de que se deje sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente PF/CFDP/OA/CTS"A"/RP/0560/2018 por el Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. Por tanto, la autoridad responsable queda constreñida a emitir un nuevo acto, en que estudie la solicitud de inicio de procedimiento contra el quejoso de manera fundada y motivada, resolviendo con plenitud de jurisdicción si procede o no incoar procedimiento en su contra, pero evitando incurrir en los vicios de legalidad advertidos." (foja 197 reverso) Del análisis a lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: Deje sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente PF/CFDP/OA/CTS"A"/RP/0560/2018 por el Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. Emitir un nuevo acto, en que estudie la solicitud de inicio de procedimiento contra el quejoso de manera fundada y motivada, resolviendo con plenitud de jurisdicción si procede o no incoar procedimiento en su contra, pero evitando incurrir en los vicios de legalidad advertidos. En cumplimiento a lo anterior mediante oficio registrado con el folio "23148" (foja 255), el Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos, todos de la Policía Federal, remitió copia certificada de las siguientes documentales: Acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente administrativo PF/CFDP/OA/CTS"A"/RP/0560/2018 (fojas 256 a 258). Acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente administrativo PF/CFDP/OA/CTS"A"/RP/0560/2018 (foja 259). Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Deje sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente PF/CFDP/OA/CTS"A"/RP/0560/2018 por el Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. Emitir un nuevo acto, en que estudie la solicitud de inicio de procedimiento contra el quejoso de manera fundada y motivada, resolviendo con plenitud de jurisdicción si procede o no incoar procedimiento en su contra, pero evitando incurrir en los vicios de legalidad advertidos Acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente administrativo PF/CFDP/OA/CTS"A"/RP/0560/2018 (fojas 256 a 258). Acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente administrativo PF/CFDP/OA/CTS"A"/RP/0560/2018 (foja 259). Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que: dejó sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente PF/CFDP/OA/CTS"A"/RP/0560/2018 por el Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, y que emitió otro en el que con libertad de jurisdicción decretó la improcedencia de la solicitud para iniciar el procedimiento administrativo en contra del quejoso Fredy Alberto Rosique Colorado; asimismo, que dejó sin efectos el oficio citatorio PF/CFDP/CTSA/1821/2018 de seis de noviembre de dos mil dieciocho, la audiencia de pruebas y alegatos de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, y todo lo actuado con posterioridad al acuerdo de inicio del procedimiento declarado inconstitucional. Constancias con la que en auto veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 264 y 265), se dio vista al quejoso a efecto de que manifestara lo que a su derecho legal conviniera, sin que el impetrante del amparo haya desahogado. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, visto nuevamente el estado de los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que ha trascurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa, en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (folios 264 y 265), para que señalara nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; sin que haya desahogado tal requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo al apercibimiento decretado en el citado acuerdo, por lo que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le realizaran por medio de lista, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.80 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, octubre de 2007, página 3217, materia común, que dice: "NOTIFICACIONES EN AMPARO. DEBEN PRACTICARSE POR LISTA EN CASO DE QUE NADIE ACUDA AL LLAMADO DEL ACTUARIO EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL O PROCESAL. Es obligación del quejoso, del tercero perjudicado y de la persona extraña al juicio, señalar domicilio para oír notificaciones en el lugar de residencia del órgano de control constitucional, el cual es distinto a otros que pueden tener las partes, aunque sea susceptible de coincidir con ellos, pues el domicilio es el lugar que la ley considera como sede jurídica de la persona, y se manifiesta en distintas clases (real, legal, etcétera), entre las que se encuentra el domicilio electivo o convencional, que es ficticio, creado por la declaración de voluntad, y desempeña el mismo papel que el domicilio real en la esfera para la que se le ha designado. Por ello, se utiliza lo mismo para determinar el lugar donde debe cumplirse una obligación, que para someter a los tribunales de ese sitio un litigio entre las partes, o bien, para practicar requerimientos y notificaciones, postrera función ésta en que el domicilio designado se convierte en sede jurídica de la persona para los efectos del procedimiento, y también es conocido como domicilio procesal. Satisfecha por las partes la obligación de designar esa clase de domicilio ante el órgano jurisdiccional, éste queda vinculado por esa manifestación de voluntad para efectos de la práctica de notificaciones personales, sin poder aplicar la mecánica consistente en realizar las notificaciones por conductos diversos a la comunicación domiciliaria. Ese deber de ordenar la realización de notificaciones personales en el domicilio señalado por el interesado, es correlativo al derecho que se otorga a éste de elegir cuál será el lugar de referencia, y que está imbricado en la necesidad de que haga esa designación so pena de atenerse a las reglas de las notificaciones no personales. Los elementos de ese binomio (derecho de designación-deber de atender a tal señalamiento), cuando son conjuntados, dan la pauta para excluir tanto la práctica de las notificaciones personales a través de medios diversos a la comunicación domiciliaria, como la realización de las mismas en lugar distinto al indicado por la parte interesada. Será la infracción injustificada al deber de notificar en el domicilio procesal la que dará lugar a la nulidad, por lo que no cabe excepción alguna a esa obligación, habida cuenta que ello entrañaría su incumplimiento, y le haría perder su razón de ser, a saber, permitir a las partes que elijan el domicilio que estimen adecuado para constituir la sede jurídica de sus personas a los efectos del proceso. La facilidad dada al quejoso, al tercero perjudicado y a la persona extraña al juicio para designar el lugar que mejor convenga a sus intereses a efecto de oír notificaciones, junto con la diferenciación efectuada en cuanto a los distintos tipos de domicilios, lleva a entender que el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, exija la práctica de la notificación personal en el domicilio señalado por el propio interesado, y que establezca la forma de proceder en caso de que la persona buscada se abstenga de esperar al actuario que le ha citado previamente, a saber, la notificación por lista, que se constituye así en la opción frente al rechazo, independientemente de la causa que lo genere, a entender personalmente la diligencia de notificación, y, al mismo tiempo, en una consecuencia para quien tuvo la oportunidad de elegir el domicilio que mejor le conviniera, sin que, a pesar de ello, atendiera el citatorio entregado en ese lugar. Esa consecuencia, por similar razón, también debe producirse en el supuesto de que el domicilio resulte inexacto, dado que el interesado contó con la facilidad de designar el sitio que le pareciera adecuado y proporcionó uno de forma contraria a la veracidad, empero, esa solución se da porque no es posible encontrar a la persona buscada ante el dato tergiversado, lo cual equivale a la ausencia de designación prevista en la fracción II del mismo artículo 30, y no como en el primer caso en que ninguna imposibilidad existió para hallar a quien deba ser notificada, sino actitud omisa de ésta para permitir la práctica de la diligencia. Idénticos fundamento y motivos sirven para afirmar que la hipótesis consistente en que ninguna persona acude al reiterado llamado del actuario, por la razón que sea (voluntaria o involuntaria), resulta equiparable a la falta de designación del domicilio por parte del interesado, en tanto se impide el objetivo de lograr una efectiva notificación mediante el otorgamiento a las partes de la facultad de señalar el lugar que mejor le acomode, y por tanto, queda liberado el órgano jurisdiccional de su correlativa obligación de ordenar y realizar las notificaciones personales únicamente en el domicilio designado. Al quedar relevado de dicho deber, es factible, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, que el Juez de amparo ordene la notificación por lista, y así la practique el actuario, previo cumplimiento de éste a la mecánica descrita en la fracción I del mismo precepto, asentando razón de la forma en que vio impedida la realización de la diligencia." NOTIFÍQUESE; Y POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión de la Secretaria Leticia Durán Góngora, que autoriza y da fe. Jueza Secretaria MEMO

  4. Principal

    PERSONAL. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial, túrnese de nueva cuenta los presentes autos a la sección de actuaría a fin de que por cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado practique por única ocasión la notificación del presente auto, así como del diverso de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el domicilio sito en: ***; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Asimismo, requiérase a la parte quejosa. Se apercibe.

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