Fredy Alberto López Vargas

Expediente 1880/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1880/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Fredy Alberto López Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 93 a 95), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de diciembre de la presente anualidad (foja 96) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el catorce de octubre de dos mil diecinueve (fojas 53 a 72), se determinó, por una parte sobreseer y por otra conceder a Fredy Alberto López Vargas el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que causó ejecutoria el seis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 85 a 86). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 93 a 95), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el veintinueve de noviembre del presente año hizo entrega del cheque 0001613 al quejoso, valioso por $2,318.53 (dos mil trescientos dieciocho pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional), lo que se corrobora con la firma de recibido por éste (foja 94). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve (foja 18), y que se realizó la devolución mediante el título de crédito precisado en el párrafo anterior el veintinueve de noviembre de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio al mes de noviembre del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes octubre entre el mes de junio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue de 104.503 y para el mes de junio del presente año fue de 103.299, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0117. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) por concepto de inscripción de documento público o privado respecto de $2,581.82 (dos mil quinientos ochenta y un pesos con ochenta y dos centavos) es el importe de $2,291.82 (dos mil doscientos noventa y un pesos con ochenta y dos centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.0117), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $2,291.82 (dos mil doscientos noventa y un pesos con ochenta y dos centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $2,318.53 (dos mil trescientos dieciocho pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $26.71 (veintiséis pesos con setenta y un pesos). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 93 a 95), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de diciembre de la presente anualidad (foja 96) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el catorce de octubre de dos mil diecinueve (fojas 53 a 72), se determinó, por una parte sobreseer y por otra conceder a Fredy Alberto López Vargas el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que causó ejecutoria el seis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 85 a 86). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 93 a 95), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el veintinueve de noviembre del presente año hizo entrega del cheque 0001613 al quejoso, valioso por $2,318.53 (dos mil trescientos dieciocho pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional), lo que se corrobora con la firma de recibido por éste (foja 94). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve (foja 18), y que se realizó la devolución mediante el título de crédito precisado en el párrafo anterior el veintinueve de noviembre de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio al mes de noviembre del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes octubre entre el mes de junio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue de 104.503 y para el mes de junio del presente año fue de 103.299, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0117. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) por concepto de inscripción de documento público o privado respecto de $2,581.82 (dos mil quinientos ochenta y un pesos con ochenta y dos centavos) es el importe de $2,291.82 (dos mil doscientos noventa y un pesos con ochenta y dos centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.0117), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $2,291.82 (dos mil doscientos noventa y un pesos con ochenta y dos centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $2,318.53 (dos mil trescientos dieciocho pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $26.71 (veintiséis pesos con setenta y un pesos). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado presentado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa haber dado cumplimiento total al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo adjunto, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de siete de noviembre del presente año (foja 442), se dio vista a la parte quejosa, con el anexo remitido por el delegado de las responsables Tesorero y Director de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos, remitieron la consulta efectuada el veinticinco de septiembre del año en curso, en el Sistema de Innovación para la Administración Gubernamental del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto de la cuenta predial U044812, con clave catastral 20-047-01-001-018-000 de la que se obtuvo que el aquí quejoso ya no adeuda lo relativo al impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la aludida parte procesal el trece de noviembre anterior (fojas 445); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del quince al veintiuno de ese mismo mes y año, sin que se realizara manifestación al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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