Fredi Rivera Rayo
Expediente 93/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Fredi Rivera Rayo
Actuaciones
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO D EFECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Acapulco, Guerrero; dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que en proveído de nueve de febrero actual, se reservó proveer respecto a la devolución de las diversas documentales que anexó a su demanda en copia certificada la parte quejosa, una vez que causara estado el presente asunto, y como esto ya aconteció; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo último del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se dejan a su disposición dichas documentales para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa....."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TRES DE FEBRERO EN CURSO...
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que en proveído de nueve de febrero actual, se reservó proveer respecto a la devolución de las diversas documentales que anexó a su demanda en copia certificada la parte quejosa, una vez que causara estado el presente asunto, y como esto ya aconteció; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo último del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se dejan a su disposición dichas documentales para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de febrero de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Fredi Rivera Rayo; en atención a su contenido, no ha lugar a autorizar la devolución de las documentales que refiere, hasta en tanto cause estado el auto de tres de febrero del año en curso, en virtud de que no se surte la hipótesis prevista por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; no obstante si a su interés conviene, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda a su disposición copia certificada de los mismos, previa razón de recibido que obre en autos para constancia legal. Sin que obste a lo anterior, que el escrito de cuenta esté dirigido al juicio de amparo 93/2016, ya que de su contenido se advierte que corresponde al juicio en que se actúa. Notifíquese.
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DO SMIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Acapulco, Guerrero; tres de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Fredi Rivera Rayo, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Sección Presidencia de Ixtapa de Azueta, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 93/2017, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el aseguramiento de las cantidades de $1,523,384.60 (un millón quinientos veintitrés mil trescientos ochenta y cuatro pesos 60/1000 moneda nacional), por concepto del embargo de fecha once de julio de dos mil catorce, trabado sobre frutos del contrato de prestación de servicios que tiene la empresa Selismar Servicios en Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el Aeropuerto de Zihuatanejo, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la cual labora como empleado de seguridad, dentro del juicio laboral 452/2012. Precisado lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6º, de dicho ordenamiento legal, como a continuación se expondrá: De acuerdo con el ámbito conceptual del artículo último citado, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y a quien la norma general o el acto reclamado le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en especial situación frente al orden jurídico. Así, el interés jurídico aludido, reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Entonces, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. Bajo ese contexto, el acto que reclama el promovente del amparo, consistente en el aseguramiento de las cantidades de $1,523,384.60 (un millón quinientos veintitrés mil trescientos ochenta y cuatro pesos 60/1000 moneda nacional), por concepto del embargo de fecha once de julio de dos mil catorce, trabado sobre frutos del contrato de prestación de servicios que tiene la empresa Selismar Servicios en Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el Aeropuerto de Zihuatanejo, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del juicio laboral 452/2012, no le causa perjuicio alguno, pues no le fue embargado a él dicha cantidad de dinero, por lo que no se ve afectado su derecho sustantivo al patrimonio (economía). Lo anterior, dado que la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio -daño o perjuicio-, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados por la Constitución Federal y Tratados Internacionales, lo que en el presente caso no acontece, como erróneamente lo considera el quejoso, pues el hecho de que se le haya embargado a la persona moral para quien le presta sus servicios, no por eso se le afecta en sus haberes, ya que de no pagárseles por dicho motivo, tiene la vía expedita para hacerlo valer ante las autoridades laborales correspondientes. En esa medida, el acto reclamado precisado con antelación, no produce en la esfera jurídica del quejoso, una afectación real y actual, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por tanto, no está legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal para combatir el mismo, de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, se tiene que en el caso en estudio se surte la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Asimismo, como lo solicita téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis romero Chávez, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles....."; LO QUE S ENOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE SE NOTIFICA...
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