Fredi Ramírez Torres
Expediente 1787/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1787/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fredi Ramírez Torres
- Juez Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
mesa 6 b pal. 4787/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta de junio de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, quejosa y tercera interesada, en proveído de fecha diez de junio del año en curso (foja 67), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento que, en su opinión, dio el secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal, autorizado por el Pleno para dictar sentencia, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a la sentencia emitida en este juicio (fojas 33-40); sin que lo hayan hecho; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, este Juzgado procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido; como así lo ilustra la jurisprudencia con datos de localización y rubro siguientes: "Registro No. 192174 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 243 Tesis: 2a./J. 26/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antes de pronunciarse sobre si existe cumplimiento o no, resulta oportuno precisar que: La parte quejosa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable al (foja 2): 1.- Juez Primero de lo Penal, con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. A quien le reclamó (foja 3 del juicio principal y 143-154 y 163, del tomo anexo): El auto de formal prisión dictado en la causa penal número 16/2013, con fecha catorce de diciembre de dos mil catorce. En sentencia pronunciada en este juicio de amparo, en lo que aquí interesa, se estableció (fojas 36-39): "...no se abordará el estudio respecto si se encuentran o no acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito que se imputa al ahora quejoso, así como su probable responsabilidad en su comisión, en virtud de que la resolución reclamada transgrede, en su perjuicio, el artículo 16 invocado. Lo anterior acontece, porque si bien es cierto que el juez de la causa, en la resolución reclamada, otorgó valor probatorio pleno e indiciario, a diversos elementos de convicción, con los cuales tuvo por acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito que se imputa a la parte quejosa, así como la probable responsabilidad que, en su comisión, se le atribuye; también lo es que no valoró, ni estableció, con base en algún precepto legal, el valor probatorio pleno o indiciario, que adquiere la: 1).- Documental que exhibió el quejoso, consistente en la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 07 de abril del año 2011 (foja 138 del tomo anexo), con el cual pretende acreditar que (foja 135 del tomo anexo): (...) Por otra parte, la autoridad responsable, en el acto reclamado, respecto de los alegatos que formuló la parte quejosa en los términos siguientes (fojas 135-136 del tomo anexo I): (...) Señaló que (foja 154 del tomo anexo): ".son infundados e inoperantes porque contrario a lo argumenta, se encuentra comprobado el cuerpo y la probable responsabilidad del inculpado, ya que dentro del término constitucional ninguna prueba aportaron que desvirtúe su imputación." Sin embargo, no estableció cuál de esas alegaciones resultaron infundadas y cuáles inoperantes; como tampoco expuso los motivos o circunstancias especiales del por qué se tornaron infundados e inoperantes esos motivos de disenso; máxime que el peticionario de amparo solicitó que esos argumentos se tomaran en consideración al momento en que se resolviera su situación jurídica (foja 135 del tomo anexo); y en la demanda de amparo presentada vuelve a reiterar la violación alegada ante el juez de su causa (fojas 4-5 del juicio principal)..." En atención a lo anterior, se concedió al quejoso FREDI RAMÍREZ TORRES el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (foja 39): "...1.- Deje insubsistente el auto de formal prisión de fecha catorce de diciembre de dos mil catorce, dictado en la causa penal número 16/2013, de su índice. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción: 2.- Emita otra resolución, en la cual, de manera fundada y motivada, valore y precise la calidad probatoria plena o indiciaria que adquiere la documental consistente en la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 07 de abril del año 2011 (foja 138 del tomo anexo). 3.- Establezca qué alegatos de los vertidos por el quejoso resultaron infundados y cuáles inoperantes; y por qué de esas circunstancias." En auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince (fojas 47-49) causó ejecutoria la sentencia de que se trata, requiriendo el cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio número 4007, de fecha dos de junio de dos mil quince, el secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal, autorizado por el Pleno para dictar sentencia, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de fecha dos del mes en curso, dictada el expediente penal número 16/2013, su índice (fojas 53-66). Constancias con las cuales se dio vista a las partes, quejosa y tercera interesada en auto de fecha diez del mes en curso (foja 67). Del análisis realizado a las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se advierte que la ejecutoria dictada en este juicio se encuentra cumplida, pues la autoridad judicial responsable procedió de la siguiente manera: 1.- Dejó insubsistente el auto de formal prisión de fecha catorce de diciembre de dos mil catorce, dictado en la causa penal número 16/2013, de su índice (foja 53). 2.- Con libertad de jurisdicción, emitió una nueva resolución, en la cual respecto del punto "2" que antecede, determinó (foja 62 vta., a la 63): "...no es obstáculo arribar a la anterior conclusión el hecho de que el inculpado por escrito presentado ante esta autoridad con fecha doce de diciembre de dos mil catorce, en el cual exhibe como prueba de su parte la documental consistente en copia simple de la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha siete de abril de dos mil once, por el cual se reforma el artículo 379 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en donde en el mismo escrito formula alegatos de su parte, de los cuales el vertido en el primer párrafo del capítulo correspondiente, lo relaciona con la documental exhibida, argumentando que el delito de equiparado a la retención que se le imputa fue creado en virtud de la reforma al numeral 379 del Código Penal de nuestra Entidad, según el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual entro en vigor el día ocho de abril de dos mil once, y que por tanto no puede aplicado a la presente causa penal, pues alega que los hechos que motivaron la misma datan de fechas anteriores a la en que se dio la reforma al citado numeral, argumentando que se viola en su perjuicio al artículo 14 de nuestra carta magna, que establece que a ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y que por tanto al no existir el antijurídico que se le imputa, al momento de acontecer los hechos que motivaron la presente causa, debe dictársele auto de libertad, pues sigue manifestando que los hechos acontecieron con motivo del contrato de depósito a plazo fijo elaborado con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez; no obstante lo argüido, debe decírsele que dicho alegato resulta infundado, pues como quedo precisado en líneas que anteceden, del estudio y análisis de las constancias procesales se llega al conocimiento que el día catorce de junio del año dos mil once, aproximadamente a las catorce horas, en las oficinas de la sociedad denominada "Cooperativa del Sureste", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada sucursal San Pablo Güila, Oaxaca, ubicadas en la calle Dolores numero cuarenta y nueve, Centro, de la población de San Pablo Güila, Oaxaca, el activo en su calidad de Presidente del Comité de Crédito, se negó a devolverle sin causa legal a AURORA HERNÀNDEZ ARELLANEZ, la cantidad de setenta mil pesos que ésta (sic) el día treinta y uno de mayo del año dos mil diez, había depositado e invertido en dicha sociedad mercantil, provocando con tal negativa un detrimento por la citada cantidad en el patrimonio de la pasivo (lesión del bien jurídico), consumando en ese instante el hechos delictivo; y no como lo pretende hacer valer, al argumentar que el documento fedatario de la acción lo es el contrato de depósito de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez, pues con la negativa dada por el procesado a la pasivo con fecha catorce de junio de dos mil once, se consuma el hecho típico, fecha que es posterior a la reforma del artículo 379 del Código Sustantivo Penal, por la cual se crea la figura delictiva de equiparado a la retención, la cual inicio su vigencia con fecha ocho de abril de dos mil once, es decir, la conducta imputada al inculpado ya se encontraba tipificada con anterioridad a los hechos, y por tanto no existe en ningún momento aplicación retroactiva de Ley, como lo arguye el inculpado, y como lo pretende acreditar con la documental exhibida; aunado a que la misma es una copia simple de la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha siete de abril de dos mil once; a la cual con fundamento en el artículo 354 del Código Local de Procedimientos Penales, esta autoridad le concede valor probatorio indiciario, en virtud que si bien es cierto es una copia fotostática simple sin certificación alguna o cotejo alguno por autoridad competente, sin embargo, atento al principio de la presunción e la prueba se presume que existe un original, aunado a que no se encuentra adminiculada con otro medio de prueba..." 3.- Y, en cuanto a los alegatos vertidos por el quejoso adujo (fojas 63vta., y 64): II.- "...Ahora bien, respecto al alegato vertido en el segundo párrafo del capítulo correspondiente de su escrito que se estudia, debe decírsele que el mismo resulta infundado, pues si bien es cierto, también en su declaración manifiesta negar los hechos que se le imputan argumentando que en la época de los hechos ya no laboraba en la empresa, y ofrece como prueba de su parte la documental pública consistente en el oficio número 11C/11C1.1/09580, expedido por el Director de Administración de la Secretaría de Salud de Oaxaca, la cual quedo valorada en líneas anteriores, con la misma no desvirtúa los hechos que se le imputan, pues por el contrario, del contenido de la misma se desprende que inicio sus actividades en dicha Secretaría de Salud a partir del día uno de julio de dos mil once, fecha posterior a la en que se suscitaron los hechos (catorce de junio de dos mil once); aunado a que si bien es cierto manifiesta que ya no laboraba en dicha empresa, no quiere decir que no pudiera seguir prestando sus servicios para esa empresa; sumado a que la documental privada consistente en la renuncia que dice hizo ante la empresa en que laboraba no se le concedió valor probatorio alguno, pues de la misma se advierte que solo aparece al calce una firma, y una leyenda que dice: "enterado", más no aparece el nombre de la persona quien recibe ni tampoco el sello de la empresa, por lo tanto no se tiene la certeza que dicha renuncia lo haya presentado ante la Empresa que laboraba; máxime que de la copia certificada de la escritura 5135 (cinco mil ciento treinta cinco) volumen 63 (sesenta y tres) de fecha cinco de agosto del dos mil nueve realizada ante la fe del notario público número ochenta y cuatro del estado de Oaxaca, Licenciado José Jorge Enríquez Zarate Ramírez, que contiene la protocolización del acta de asamblea extraordinaria de la empresa denominada "Cooperativa del Sureste", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de fecha cinco de junio del año dos mil nueve, el activo aparece con la calidad de Presidente del Comité de Crédito, documental a la que se le otorgo valor probatorio pleno..." De donde se sigue que, dado los términos en que fue concedida la protección constitucional, la parte quejosa ha sido restituida en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, con apoyo en lo dispuesto en el numeral invocado, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por otra parte, toda vez que mediante sentencia que obra en autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 33-40), y seguidos los trámites legales, en este proveído se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; por lo que, como no existe asunto pendiente de diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es DEPURABLE una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las parte que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
NOTIFICACION A LA QUEJOSA.- Número de expediente: 1787/2014 Acuerdo: mesa 6 b pal. 4787/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta de junio de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, quejosa y tercera interesada, en proveído de fecha diez de junio del año en curso (foja 67), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento que, en su opinión, dio el secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal, autorizado por el Pleno para dictar sentencia, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a la sentencia emitida en este juicio (fojas 33-40); sin que lo hayan hecho; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, este Juzgado procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido; como así lo ilustra la jurisprudencia con datos de localización y rubro siguientes: "Registro No. 192174 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 243 Tesis: 2a./J. 26/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antes de pronunciarse sobre si existe cumplimiento o no, resulta oportuno precisar que: La parte quejosa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable al (foja 2): 1.- Juez Primero de lo Penal, con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. A quien le reclamó (foja 3 del juicio principal y 143-154 y 163, del tomo anexo): El auto de formal prisión dictado en la causa penal número 16/2013, con fecha catorce de diciembre de dos mil catorce. En sentencia pronunciada en este juicio de amparo, en lo que aquí interesa, se estableció (fojas 36-39): "...no se abordará el estudio respecto si se encuentran o no acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito que se imputa al ahora quejoso, así como su probable responsabilidad en su comisión, en virtud de que la resolución reclamada transgrede, en su perjuicio, el artículo 16 invocado. Lo anterior acontece, porque si bien es cierto que el juez de la causa, en la resolución reclamada, otorgó valor probatorio pleno e indiciario, a diversos elementos de convicción, con los cuales tuvo por acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito que se imputa a la parte quejosa, así como la probable responsabilidad que, en su comisión, se le atribuye; también lo es que no valoró, ni estableció, con base en algún precepto legal, el valor probatorio pleno o indiciario, que adquiere la: 1).- Documental que exhibió el quejoso, consistente en la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 07 de abril del año 2011 (foja 138 del tomo anexo), con el cual pretende acreditar que (foja 135 del tomo anexo): (...) Por otra parte, la autoridad responsable, en el acto reclamado, respecto de los alegatos que formuló la parte quejosa en los términos siguientes (fojas 135-136 del tomo anexo I): (...) Señaló que (foja 154 del tomo anexo): ".son infundados e inoperantes porque contrario a lo argumenta, se encuentra comprobado el cuerpo y la probable responsabilidad del inculpado, ya que dentro del término constitucional ninguna prueba aportaron que desvirtúe su imputación." Sin embargo, no estableció cuál de esas alegaciones resultaron infundadas y cuáles inoperantes; como tampoco expuso los motivos o circunstancias especiales del por qué se tornaron infundados e inoperantes esos motivos de disenso; máxime que el peticionario de amparo solicitó que esos argumentos se tomaran en consideración al momento en que se resolviera su situación jurídica (foja 135 del tomo anexo); y en la demanda de amparo presentada vuelve a reiterar la violación alegada ante el juez de su causa (fojas 4-5 del juicio principal)..." En atención a lo anterior, se concedió al quejoso FREDI RAMÍREZ TORRES el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (foja 39): "...1.- Deje insubsistente el auto de formal prisión de fecha catorce de diciembre de dos mil catorce, dictado en la causa penal número 16/2013, de su índice. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción: 2.- Emita otra resolución, en la cual, de manera fundada y motivada, valore y precise la calidad probatoria plena o indiciaria que adquiere la documental consistente en la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 07 de abril del año 2011 (foja 138 del tomo anexo). 3.- Establezca qué alegatos de los vertidos por el quejoso resultaron infundados y cuáles inoperantes; y por qué de esas circunstancias." En auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince (fojas 47-49) causó ejecutoria la sentencia de que se trata, requiriendo el cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio número 4007, de fecha dos de junio de dos mil quince, el secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal, autorizado por el Pleno para dictar sentencia, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de fecha dos del mes en curso, dictada el expediente penal número 16/2013, su índice (fojas 53-66). Constancias con las cuales se dio vista a las partes, quejosa y tercera interesada en auto de fecha diez del mes en curso (foja 67). Del análisis realizado a las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se advierte que la ejecutoria dictada en este juicio se encuentra cumplida, pues la autoridad judicial responsable procedió de la siguiente manera: 1.- Dejó insubsistente el auto de formal prisión de fecha catorce de diciembre de dos mil catorce, dictado en la causa penal número 16/2013, de su índice (foja 53). 2.- Con libertad de jurisdicción, emitió una nueva resolución, en la cual respecto del punto "2" que antecede, determinó (foja 62 vta., a la 63): "...no es obstáculo arribar a la anterior conclusión el hecho de que el inculpado por escrito presentado ante esta autoridad con fecha doce de diciembre de dos mil catorce, en el cual exhibe como prueba de su parte la documental consistente en copia simple de la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha siete de abril de dos mil once, por el cual se reforma el artículo 379 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en donde en el mismo escrito formula alegatos de su parte, de los cuales el vertido en el primer párrafo del capítulo correspondiente, lo relaciona con la documental exhibida, argumentando que el delito de equiparado a la retención que se le imputa fue creado en virtud de la reforma al numeral 379 del Código Penal de nuestra Entidad, según el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual entro en vigor el día ocho de abril de dos mil once, y que por tanto no puede aplicado a la presente causa penal, pues alega que los hechos que motivaron la misma datan de fechas anteriores a la en que se dio la reforma al citado numeral, argumentando que se viola en su perjuicio al artículo 14 de nuestra carta magna, que establece que a ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y que por tanto al no existir el antijurídico que se le imputa, al momento de acontecer los hechos que motivaron la presente causa, debe dictársele auto de libertad, pues sigue manifestando que los hechos acontecieron con motivo del contrato de depósito a plazo fijo elaborado con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez; no obstante lo argüido, debe decírsele que dicho alegato resulta infundado, pues como quedo precisado en líneas que anteceden, del estudio y análisis de las constancias procesales se llega al conocimiento que el día catorce de junio del año dos mil once, aproximadamente a las catorce horas, en las oficinas de la sociedad denominada "Cooperativa del Sureste", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada sucursal San Pablo Güila, Oaxaca, ubicadas en la calle Dolores numero cuarenta y nueve, Centro, de la población de San Pablo Güila, Oaxaca, el activo en su calidad de Presidente del Comité de Crédito, se negó a devolverle sin causa legal a AURORA HERNÀNDEZ ARELLANEZ, la cantidad de setenta mil pesos que ésta (sic) el día treinta y uno de mayo del año dos mil diez, había depositado e invertido en dicha sociedad mercantil, provocando con tal negativa un detrimento por la citada cantidad en el patrimonio de la pasivo (lesión del bien jurídico), consumando en ese instante el hechos delictivo; y no como lo pretende hacer valer, al argumentar que el documento fedatario de la acción lo es el contrato de depósito de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez, pues con la negativa dada por el procesado a la pasivo con fecha catorce de junio de dos mil once, se consuma el hecho típico, fecha que es posterior a la reforma del artículo 379 del Código Sustantivo Penal, por la cual se crea la figura delictiva de equiparado a la retención, la cual inicio su vigencia con fecha ocho de abril de dos mil once, es decir, la conducta imputada al inculpado ya se encontraba tipificada con anterioridad a los hechos, y por tanto no existe en ningún momento aplicación retroactiva de Ley, como lo arguye el inculpado, y como lo pretende acreditar con la documental exhibida; aunado a que la misma es una copia simple de la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha siete de abril de dos mil once; a la cual con fundamento en el artículo 354 del Código Local de Procedimientos Penales, esta autoridad le concede valor probatorio indiciario, en virtud que si bien es cierto es una copia fotostática simple sin certificación alguna o cotejo alguno por autoridad competente, sin embargo, atento al principio de la presunción e la prueba se presume que existe un original, aunado a que no se encuentra adminiculada con otro medio de prueba..." 3.- Y, en cuanto a los alegatos vertidos por el quejoso adujo (fojas 63vta., y 64): II.- "...Ahora bien, respecto al alegato vertido en el segundo párrafo del capítulo correspondiente de su escrito que se estudia, debe decírsele que el mismo resulta infundado, pues si bien es cierto, también en su declaración manifiesta negar los hechos que se le imputan argumentando que en la época de los hechos ya no laboraba en la empresa, y ofrece como prueba de su parte la documental pública consistente en el oficio número 11C/11C1.1/09580, expedido por el Director de Administración de la Secretaría de Salud de Oaxaca, la cual quedo valorada en líneas anteriores, con la misma no desvirtúa los hechos que se le imputan, pues por el contrario, del contenido de la misma se desprende que inicio sus actividades en dicha Secretaría de Salud a partir del día uno de julio de dos mil once, fecha posterior a la en que se suscitaron los hechos (catorce de junio de dos mil once); aunado a que si bien es cierto manifiesta que ya no laboraba en dicha empresa, no quiere decir que no pudiera seguir prestando sus servicios para esa empresa; sumado a que la documental privada consistente en la renuncia que dice hizo ante la empresa en que laboraba no se le concedió valor probatorio alguno, pues de la misma se advierte que solo aparece al calce una firma, y una leyenda que dice: "enterado", más no aparece el nombre de la persona quien recibe ni tampoco el sello de la empresa, por lo tanto no se tiene la certeza que dicha renuncia lo haya presentado ante la Empresa que laboraba; máxime que de la copia certificada de la escritura 5135 (cinco mil ciento treinta cinco) volumen 63 (sesenta y tres) de fecha cinco de agosto del dos mil nueve realizada ante la fe del notario público número ochenta y cuatro del estado de Oaxaca, Licenciado José Jorge Enríquez Zarate Ramírez, que contiene la protocolización del acta de asamblea extraordinaria de la empresa denominada "Cooperativa del Sureste", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de fecha cinco de junio del año dos mil nueve, el activo aparece con la calidad de Presidente del Comité de Crédito, documental a la que se le otorgo valor probatorio pleno..." De donde se sigue que, dado los términos en que fue concedida la protección constitucional, la parte quejosa ha sido restituida en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, con apoyo en lo dispuesto en el numeral invocado, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por otra parte, toda vez que mediante sentencia que obra en autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 33-40), y seguidos los trámites legales, en este proveído se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; por lo que, como no existe asunto pendiente de diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es DEPURABLE una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las parte que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
mesa 6 b pral. 1787/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio número 2077, signado por el secretario encargado del Juzgado Primero Penal, autorizado por el Pleno para dictar sentencia, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al que adjunta copia certificada de la resolución de fecha dos del mes en curso; en virtud de que en proveído de fecha diez del mes en curso (foja 67), se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA 6 B- PRAL. 1787/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiséis de mayo de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, a fin de que se interpusiera recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el veintiocho de abril del año en curso (fojas 33-40); en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquélla, conforme a su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales consiguientes. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, vigente, requiérase a la autoridad responsable, juez Primero de lo Penal, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede notificado de este proveído cumpla con la ejecutoria de mérito; en la cual, entro aspecto, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que dicha autoridad (foja 39): "...1.- Deje insubsistente el auto de formal prisión de fecha catorce de diciembre de dos mil catorce, dictado en la causa penal número 16/2013, de su índice. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción: 2.- Emita otra resolución, en la cual, de manera fundada y motivada, valore y precise la calidad probatoria plena o indiciaria que adquiere la documental consistente en la publicación del decreto número 388, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 07 de abril del año 2011 (foja 138 del tomo anexo). 3.- Establezca qué alegatos de los vertidos por el quejoso resultaron infundados y cuáles inoperantes; y por qué de esas circunstancias." Con apercibimiento a dicha autoridad, que de no cumplir con esa sentencia, se le impondrá, una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 del mismo ordenamiento. Apoya lo anterior, la tesis aislada del rubro y texto siguientes : "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable para que cumpla con una ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, se le apercibirá de que, en caso de no cumplir sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que "se determinará desde luego". Ahora bien, cuando en el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, donde se requiere a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo, únicamente se indica el hecho que, de no cumplir en los términos establecidos, se procederá conforme al artículo 193 de la citada ley, debe decirse que un apercibimiento realizado de esa forma es ilegal, porque no debe ser general, vago o impreciso, sino preciso y determinado, para así dar seguridad de que esa multa que "se determinará desde luego", no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia plenamente particularizado (certidumbre de lo que se impone)". Sin perjuicio de que se proceda en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, en vigor, en relación con el tercero transitorio de la misma ley. Artículos que, para los efectos legales conducentes, se transcriben: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Si el superior jerárquico inmediato de ésta, es el Presidente de la República, la responsabilidad recaerá en el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, podrá ordenar el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días". "TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo". Por lo que, deberá remitir copias certificadas completas y legibles, de las determinaciones y medidas que haya adoptado al efecto. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, juez Primero de lo Penal, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, las copias certificadas que anexó a su informe justificado que obra en autos (foja 17); toda vez que carecen de objeto su permanencia en este Juzgado. En otro orden de ideas, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
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