Freddy González Escudero
Expediente 1383/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1383/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Freddy González Escudero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. AVISO DESIGNACIÓN NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. CAUSA EJECUTORIA Por otra parte, de la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Freddy González Escudero, Roque Antonio Serrato Calvo, Rosa María Calix Dios y Rosa Margarita López Sigero, hubieran recurrido la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veintidós (fojas 140 a 151), en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1383/2022-9, promovido por **********, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 8°, 9°, 14, 16, 17 y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecinueve posterior, Freddy González Escudero, Roque Antonio Serrato Calvo, Rosa María Calix de Dios y Rosa Margarita López Sigero solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) acuerdo y/o resolución emitido por la autoridad laboral responsable con fecha catorce de julio del año dos mil veintidós, de la cual tuvimos conocimiento del acto reclamado hasta el día cuatro de agosto del año dos mil veintidós, teniendo a la municipalidad por dando cumplimiento a las condenas establecidas en el laudo y en especial a la condena consistente en la reinstalación de los suscritos ocursantes con los formatos de alta(DRH) y que como no aceptamos firmar los nombramientos de la reinstalación ofertada, procedió a hacernos efectivo el apercibimiento decretado en proveído de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, teniéndonos por inconforme del laudo emitido por esa autoridad laboral, y por ende por terminada la relación laboral, por lo que dejan de correr los salarios a partir del día ocho de julio del año dos mil veintidós, día en que se llevó a efecto la Diligencia de Reinstalación de los suscritos actores hoy quejosos (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1383/2022-9; se desechó parcialmente la misma, respecto de la quejosa Rosa Margarita López Sigero, dado que no signo el escrito inicial; se admitió a trámite la demanda de que se trata; no se reconoció como autoridad responsable al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se reconoció a la citada municipalidad y al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco como terceros interesados, por lo que se instruyó su emplazamiento mediante oficio; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Mediante oficio 29537/2022 recibido el veinticuatro de agosto siguiente, se llevó a cabo el llamamiento a juicio del Instituto tercero interesado. [Foja 59] Por oficio 29537/2022 recibido el ocho de septiembre de dos mil veintidós, se emplazó a la presente contienda constitucional al Ayuntamiento tercero interesado. CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós dictado en el expediente burocrático 83/2001, del registro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL ACTUARIO RESPONSABLE. Resulta inexistente el acto reclamado sintetizado en el considerando precedente en cuanto al actuario adscrito al Tribunal responsable, toda vez que resulta evidente que el fedatario no tiene facultades para proveer respecto del cumplimiento del laudo dentro de la controversia natural del registro del órgano laboral responsable; en esa virtud, el acto que se le atribuye resulta inexistente. Lo procedente es declarar la inexistencia del acto reclamado a la referida responsable y con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el reclamado señalado en el considerando segundo, aun cuando lo haya negado la magistrado presidente del Tribunal responsable, al rendir el informe justificado. [Foja 60] Lo anterior es así, ya que, de la copia certificada del expediente laboral 83/2001 y de las propias manifestaciones vertidas por la responsable, se advierte que la emisión del acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós [Foja 8952 a 8955 del Tomo VII], se advierte que en efecto tuvo a los actores -aquí quejosos- inconformes con el laudo y por terminada la relación laboral; lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" La porción normativa transcrita establece, que el juicio de protección constitucional deviene improcedente en contra actos efectuados en ejecución de sentencias de amparo, es decir, aquellas cuestiones que ineludiblemente han de efectuar las autoridades responsables en cumplimiento a la resolución amparadora y que un órgano jurisdiccional de amparo debe calificar conforme a los lineamientos establecidos en dicha sentencia protectora. En ese sentido, la improcedencia deriva del hecho de que la resolución, acción o inacción de parte de la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría un estado de inseguridad jurídica, lo cual es contrario al estado de derecho, principio rector del propio juicio de protección de derechos fundamentales. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 7235/2016 indicó que la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo se refiere a la improcedencia del juicio constitucional en contra de las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de amparo, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a los efectos establecidos por el órgano de control constitucional. Así, en este supuesto, como ya se dijo, la autoridad responsable no emite consideraciones propias en plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por parte del Juez de amparo. Da tal suerte, que el nuevo juicio constitucional que se promueve en contra de una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Con base en esta lógica, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no contradice el derecho a contar con un recurso eficaz. Esta norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo en atención a razones de seguridad jurídica. Del análisis anterior, se desprende la tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, décima época, materia constitucional, registro 2018315, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Ahora, tras el análisis de las constancias que acompañó el Tribunal responsable, así como de la revisión practicada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo cual cita como hecho notorio, se advierte que: Mediante sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil trece [Fojas 3250 a 3260 del Tomo III], dictada en el amparo indirecto 2362/2013-I del registro de Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco se concedió la protección constitucional para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, realizare lo siguiente: 1. De inmediato provea respecto del escrito presentado por los quejosos el veinte de septiembre de dos mil trece, y deberá ordenar que la notificación de la determinación que emita sea realizada de manera personal. 2. Requiera formalmente de pago al Ayuntamiento del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, de conformidad con el artículo 128 de la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y haga efectivos todos los medios que tenga a su alcance, con la finalidad que se cumplan sus determinaciones, esto es, el laudo de quince de julio de dos mil once y la resolución interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil trece, dictados en la contienda laboral 83/2001, respecto de los peticionarios del amparo Félix Alvarado Madrigal, José Manuel Castillo Ramón, Claudia Ponce López, Rosa Margarita López Sigero, Freddy González Escudero, Roque Antonio Serrato Calvo, Mario Miguel Ribon Mena, Rosa María Calix de Dios y Daniel de Dios Presenda. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil catorce, se declaró que la sentencia amparadora causó ejecutoria por lo que se solicitó al Tribunal responsable para que cumpliese con la protección otorgada al impetrante. [Foja 3271 del Tomo III] Seguidamente, en acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo mencionado. Contra esa determinación los quejosos, interpusieron recurso de inconformidad, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en esta ciudad, y en ejecutoria de seis de junio de ese año, declaró fundado el mencionado recurso. En aquélla resolución la alzada consideró que el tribunal responsable, debía realizar en cumplimiento a la sentencia de amparo lo siguiente: Proveer respecto del escrito de veinte de septiembre de dos mil trece, presentado por los actores. Ordenar que la notificación se realizara de manera personal. Requerir formalmente de pago al ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Hacer efectivo todos los medios que tenga a su alcance con la finalidad que se cumplan sus determinaciones esto es, laudo de quince de julio de dos mil once y la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil trece. De ahí, dijo la alzada, que si bien el tribunal responsable había realizado actos preliminares para cumplir la sentencia concesoria de amparo, no podía sostenerse hasta este momento que ya se cumplió el núcleo esencial, pues ni siquiera había realizado actos que tuvieran por objeto cumplir el laudo, esto es el pago de las cantidades ahí establecidas incluso conforme a la interlocutoria emitida. Luego, seguido el trámite de ejecución, por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós [Foja 8951 del Tomo VII], el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco tuvo al magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, allegando copia certificada de la diligencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por la cual diversos actores, entre ellos los aquí quejosos Rosa María Calix de Dios, Freddy González Escudero y Roque Antonio Serrato Calvo, no aceptaron la reinstalación, ni firmaron sus nombramientos, motivo por el cual requirió al tribunal responsable para que le remitiese la determinación que le recaiga a dicha diligencia. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de catorce de julio de dos mil veintidós [Fojas 8952 a 8955 del Tomo VII], el Tribunal responsable se pronunció respecto de la diligencia referida en el punto que antecede, en el sentido de tener por inconformes a los actores -aquí quejosos- respecto del laudo y por terminada la relación laboral. Proveído que constituye la fuente del reclamo en la presente controversia. Por lo anterior, resulta indudable que la emisión del auto reclamado por parte del Tribunal responsable, es concomitante con el cumplimiento de un diverso fallo de amparo dictado por un diverso homólogo federal y por tanto, el presente juicio resulta del todo improcedente. Así, en el caso que nos ocupa es incontrovertible que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que, si los impetrantes se duelen que la responsable los tuvo por inconformes con el laudo dictado en el juicio natural, tras el resultado de la diligencia de reinstalación de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, tal condición resulta parte del procedimiento de ejecución de una diversa sentencia protectora y por ende, instar una nueva vía de amparo es improcedente. Más aún, si se toma en consideración que la totalidad del trámite de la controversia burocrática de origen será revisada, respecto de los aquí quejosos, en el proceso de ejecución del juicio de amparo indirecto 2362/2013-I, puesto que los efectos del fallo protector se extienden hasta que se tengan por cumplidas las acciones necesarias para ejecutar el laudo que resolvió la contienda burocrática 83/2001, del registro del tribunal responsable. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte tercera interesada, dado que si bien este juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de seis de octubre pasado, se dio vista a las partes con las constancias rendidas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de sus contenidos transcurre del once al veintiuno de octubre del año en curso. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del expediente laboral 83/2001; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora, en virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmense los tomos I, II, III, IV, V, VI y VII de pruebas por cuerda separada de este asunto. Notifíquese.
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