Freddy Fernando Castillejos Juárez y Otros.
Expediente 192/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2022
Partes del expediente
- Freddy Fernando Castillejos Juárez y Otros.
- Freddy Fernando Castillejos Juárez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrán ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrán ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese."
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, antes Secretaría del Trabajo. 2. Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 192/2022-2-A. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente. En relación al acto reclamado consistente en a) la falta de emplazamiento en el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador ***, del índice de la Dirección Jurídica Laboral, Subsecretaría de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, ahora Secretaría de Economía y Trabajo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;" El primer párrafo de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De la interpretación del precepto legal se puede concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, es decir, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. En ese sentido, es necesario establecer cuáles son plazos y la forma de computarlos a efecto de demostrar la extemporaneidad de la demanda de amparo. En ese contexto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo, prevé los plazos excepcionales para ejercer la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición de los quejosos respecto del acto que reclaman, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto el quejoso señaló como acto de molestia a) falta de emplazamiento en el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador ***, del índice de la Dirección Jurídica Laboral, Subsecretaría de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, ahora Secretaría de Economía y Trabajo; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso, manifestó lo siguiente: "TERCERO.- Por lo que mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2021, solicite a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, copias certificadas de todo lo actuado del crédito ***, con número de oficio ***. Dependencia del Gobierno del Estado de Chiapas, que respondió a mi solicitud, con fecha 30 de septiembre del mismo año, mediante oficio número: ***, entregándome copias certificadas, constancias en las que obra el requerimiento de pago y/o embargo, dirigido a mi nombre ***, propietario del centro de trabajo con nombre comercial ***, de fecha 10 de febrero de 2015, expedido por el Lic. ***, Delegado de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, y todo lo actuado en el crédito número de oficio: ***, expediente ***, del que tuve conocimiento, una vez que dicha autoridad me expidió las copias certificadas de todo lo actuado en dicho crédito. Se adjunta al presente, las mencionadas, copias certificadas de todo lo actuado en dicho crédito." Asimismo, la parte quejosa adjuntó las copias certificadas que la autoridad responsable expidió a fu favor en cumplimiento a la solicitud que le fue formulada, de las que se advierte fueron expedidas el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Así, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. El vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad tiene noticia de los actos dirigidos en su contra, el cual debe ser directo, exacto y completo, y no inferirse en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO". Es decir, para considerar que se tuvo noticia del acto que se reclama, debe existir seguridad de que el peticionario tuvo conocimiento de cuáles son los datos de identificación de éste, las autoridades responsables, así como los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento del acto a fin de poder defenderse de él, y por ende debe comenzar a correr el plazo para presentar la demanda de amparo. De lo expuesto, se colige que el aquí quejoso, tuvo conocimiento del acto que reclama, desde el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del uno de octubre del mismo año, y feneció el veintidós de octubre siguiente. De ahí que, resulte inconcuso que el escrito de demanda de amparo presentado el dieciocho de febrero del año en curso, resulta extemporáneo. Por consiguiente, si presentó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo hasta el dieciocho de febrero del presente año, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo, pues el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, tal como puede advertirse de la siguiente tabla dinámica que se inserta: SEPTIEMBRE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 Día inhábil 5 Día inhábil 6 7 8 9 10 11 Día inhábil 12 Día inhábil 13 14 15 16 17 18 Día inhábil 19 Día inhábil 20 21 22 23 24 25 Día inhábil 26 Día inhábil 27 28 29 30 Fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado OCUTBRE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día uno 2 Día inhábil 3 Día inhábil 4 Día dos 5 Día tres 6 Día cuatro 7 Día cinco 8 Día seis 9 Día inhábil 10 Día inhábil 11 Día siete 12 Día inhábil 13 Día ocho 14 Día nueve 15 Día diez 16 Día inhábil 17 Día inhábil 18 Día once 19 Día doce 20 Día trece 21 Día catorce 22 Día quince 23 Día inhábil 24 Día inhábil 25 26 27 28 29 30 Día inhábil Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; sin embargo, al no hacerlo la demanda resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al haber presentado la demanda hasta la fecha antes mencionada, la acción de amparo resulta extemporánea, en razón de que se encuentra fuera del plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en alguna de las excepciones a la regla general que prevé el propio precepto. Asimismo, se estima que, en relación a los diversos actos consistentes en b) El requerimiento de pago estatal, de veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la multa estatal no fiscal, número ***, oficio ***, en el que se ordena el mandamiento de ejecución por la cantidad de $47,876.00 (cuarenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100), por concepto de incumplimiento a la autoridad sancionadora, c) El acta de notificación y el requerimiento estatal de veinte de agosto de la pasada anualidad, d) El requerimiento de pago y embargo de diez de febrero de dos mil quince, de la multa estatal no fiscal, número ***, oficio ***, en el que se ordena el mandamiento de ejecución por la cantidad de $52,163.00 (cincuenta y dos mil ciento sesenta y tres pesos 00/100), y e) Todo lo actuado en el crédito número de oficio ***, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción III, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En primer término debe destacarse que en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos administrativos emitidos aisladamente por autoridades distintas de tribunales jurisdiccionales, empero tratándose de actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos no pueden válidamente reclamarse en la vía constitucional sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamarse tanto las violaciones contenidas en la propia resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Así, cuando se trata de actos procedimentales la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, pudiendo reclamarse en el juicio de amparo aquellas violaciones que se hubieren cometido durante la substanciación de tales procedimientos, ya que aun cuando los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, el amparo sólo procede cuando sobreviene la resolución definitiva. Luego, el inciso b), de la indicada fracción, prevé que por excepción podrán reclamarse actos en el procedimiento administrativo siempre y cuando se trate de actos de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en el entendido que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En estas reglas el legislador reiteró, en esencia, el mismo criterio que estableció en el amparo directo donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y que el gobernado puede invocar en tal ocasión, tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas, como las cometidas en el curso del procedimiento. En ese orden, es claro que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan mediante la promoción del juicio constitucional los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, incluyendo el procedimiento administrativo de ejecución, pues aun cuando propiamente no se trata de procedimiento seguido en forma de juicio, su naturaleza es similar a la etapa de ejecución de sentencia por lo que el amparo será procedente hasta la última resolución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sentado lo anterior, cabe precisar que los actos reclamados en la presente instancia se hacen consistir en: b) El requerimiento de pago estatal, de veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la multa estatal no fiscal, número ***, oficio ***, en el que se ordena el mandamiento de ejecución por la cantidad de $47,876.00 (cuarenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100), por concepto de incumplimiento a la autoridad sancionadora; c) El acta de notificación y el requerimiento estatal de veinte de agosto de la pasada anualidad; d) El requerimiento de pago y embargo de diez de febrero de dos mil quince, de la multa estatal no fiscal, número ***, oficio ***, en el que se ordena el mandamiento de ejecución por la cantidad de $52,163.00 (cincuenta y dos mil ciento sesenta y tres pesos 00/100); y e) Todo lo actuado en el crédito número de oficio ***. En este análisis, es necesario tomar en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa el crédito fiscal o aprovechamiento (multa) firmes a su favor; también conocido como facultad económico-coactiva. Dicho procedimiento administrativo, si bien no reviste la forma de un juicio en estricto sentido por no resolver cuestión litigiosa entre partes contendientes, si constituye un conjunto de actos concatenados, por medio de los cuales se pretende el pago por la vía coactiva, de un crédito fiscal o aprovechamiento (multa) determinado a cargo del contribuyente deudor. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal o aprovechamiento (multa), esto es, cuando se encuentra firme, el ejecutor designado por la autoridad exactora podrá constituirse en el domicilio del deudor a practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, o bien, el embargo de negociaciones, a fin de obtener, mediante la intervención con cargo a la caja, los ingresos de la intervenida que permitan satisfacer el crédito fiscal o aprovechamiento (multa) y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente por la autoridad recaudadora. Una vez trabado el embargo, se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su venta, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo en un plazo determinado. Fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto para cubrir el crédito fiscal o aprovechamiento (multa) y sus accesorios legales. Este procedimiento, se afirma tiene carácter administrativo, porque el órgano que lo ejecuta es la administración pública, y aun cuando no se ajusta a la literalidad de la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo, pues se reitera, no resuelve una controversia que sea sometida a la potestad de la autoridad exactora, necesariamente habrá de concluir con una determinación que ponga fin a la secuencia de actos encaminados a la satisfacción del embargo fincado. De ahí, que al procedimiento económico coactivo le sean aplicables de forma enlazada las reglas estatuidas en la fracción III, del numeral 107, de la ley de materia, atinente a la procedencia del juicio de amparo en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, hasta en tanto sea dictada la última resolución en el procedimiento respectivo, a no ser que se esté en presencia de actos de imposible reparación. Se sostiene lo anterior, partiendo de la base de que el mandamiento de ejecución que contiene la orden de requerimiento de pago y, en su caso, embargo de bienes suficientes que garanticen el crédito fiscal y sus accesorios, como acto por el cual se instaura el procedimiento administrativo de ejecución, supone una liquidación firme, similar a una sentencia ejecutoriada. En otras palabras, así como una sentencia es título ejecutivo, la resolución determinante de un crédito fiscal que adquirió firmeza por no haber sido recurrida a través de los medios legales establecidos para tal efecto, es el presupuesto formal del mandamiento de ejecución, pues constituye prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación. En ese orden de ideas, la procedencia del juicio de amparo intentado en contra de los actos desarrollados en el procedimiento a que se ha venido haciendo referencia, requiere esperar el pronunciamiento de la resolución definitiva que lo dé por concluido, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Luego, si la parte quejosa se encuentra impugnando el mandamiento de ejecución, emanado del cobro de una multa estatal no fiscal, que le fue determinada por la entonces Secretaría del Trabajo, por oficio ***, resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que tal actuación de la autoridad responsable, lejos de constituir la resolución definitiva que concluya el procedimiento administrativo de ejecución relativo, se trata de la determinación inicial a efecto de conseguir el pago de las multas estatales no fiscales determinadas a cargo del peticionario de amparo. Aunado a lo anterior, en el caso no se advierte estar en presencia de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, lo que daría pauta a esta juzgadora para proceder al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, como podría serlo el aseguramiento de cuentas bancarias o el nombramiento de interventor con cargo a la caja, expresamente determinados en jurisprudencia como actuaciones dentro del procedimiento de ejecución fiscal que por el severo impacto que tienen sobre la libre disposición del patrimonio de la deudora, le propinan perjuicios irreparables. Lo anterior, toda vez que el quejoso impugna diversos requerimientos de pago y/o embargo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, y diez de febrero de dos mil quince, en los que se ordenó el mandamiento de ejecución de la multa estatal no fiscal impuestas por la entonces Secretaría del Trabajo, en el ***. En las relatadas condiciones, es dable concluir que el quejoso deberá esperar a que se dicte la resolución definitiva dentro del procedimiento de mérito, en contra de la cual podrá promover el juicio de amparo, haciendo valer las violaciones que considere cometidas en el mismo, de conformidad con los preceptos citados con antelación. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a. VI/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro siguiente: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO SÓLO PROCEDE HASTA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FINCADO EL REMATE A FAVOR DE UN POSTOR." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con los diversos 17 y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, lo procedentes es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica para tal efecto. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada en términos restringidos a la profesionista que cita, por así haberlo solicitado expresamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, antes Secretaría del Trabajo. 2. Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 192/2022-2-A. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente. En relación al acto reclamado consistente en a) la falta de emplazamiento en el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador ***, del índice de la Dirección Jurídica Laboral, Subsecretaría de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, ahora Secretaría de Economía y Trabajo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;" El primer párrafo de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De la interpretación del precepto legal se puede concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, es decir, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. En ese sentido, es necesario establecer cuáles son plazos y la forma de computarlos a efecto de demostrar la extemporaneidad de la demanda de amparo. En ese contexto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo, prevé los plazos excepcionales para ejercer la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición de los quejosos respecto del acto que reclaman, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto el quejoso señaló como acto de molestia a) falta de emplazamiento en el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador ***, del índice de la Dirección Jurídica Laboral, Subsecretaría de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, ahora Secretaría de Economía y Trabajo; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso, manifestó lo siguiente: "TERCERO.- Por lo que mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2021, solicite a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, copias certificadas de todo lo actuado del crédito ***, con número de oficio ***. Dependencia del Gobierno del Estado de Chiapas, que respondió a mi solicitud, con fecha 30 de septiembre del mismo año, mediante oficio número: ***, entregándome copias certificadas, constancias en las que obra el requerimiento de pago y/o embargo, dirigido a mi nombre ***, propietario del centro de trabajo con nombre comercial ***, de fecha 10 de febrero de 2015, expedido por el Lic. ***, Delegado de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, y todo lo actuado en el crédito número de oficio: ***, expediente ***, del que tuve conocimiento, una vez que dicha autoridad me expidió las copias certificadas de todo lo actuado en dicho crédito. Se adjunta al presente, las mencionadas, copias certificadas de todo lo actuado en dicho crédito." Asimismo, la parte quejosa adjuntó las copias certificadas que la autoridad responsable expidió a fu favor en cumplimiento a la solicitud que le fue formulada, de las que se advierte fueron expedidas el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Así, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. El vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad tiene noticia de los actos dirigidos en su contra, el cual debe ser directo, exacto y completo, y no inferirse en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO". Es decir, para considerar que se tuvo noticia del acto que se reclama, debe existir seguridad de que el peticionario tuvo conocimiento de cuáles son los datos de identificación de éste, las autoridades responsables, así como los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento del acto a fin de poder defenderse de él, y por ende debe comenzar a correr el plazo para presentar la demanda de amparo. De lo expuesto, se colige que el aquí quejoso, tuvo conocimiento del acto que reclama, desde el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del uno de octubre del mismo año, y feneció el veintidós de octubre siguiente. De ahí que, resulte inconcuso que el escrito de demanda de amparo presentado el dieciocho de febrero del año en curso, resulta extemporáneo. Por consiguiente, si presentó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo hasta el dieciocho de febrero del presente año, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo, pues el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, tal como puede advertirse de la siguiente tabla dinámica que se inserta: SEPTIEMBRE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 Día inhábil 5 Día inhábil 6 7 8 9 10 11 Día inhábil 12 Día inhábil 13 14 15 16 17 18 Día inhábil 19 Día inhábil 20 21 22 23 24 25 Día inhábil 26 Día inhábil 27 28 29 30 Fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado OCUTBRE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día uno 2 Día inhábil 3 Día inhábil 4 Día dos 5 Día tres 6 Día cuatro 7 Día cinco 8 Día seis 9 Día inhábil 10 Día inhábil 11 Día siete 12 Día inhábil 13 Día ocho 14 Día nueve 15 Día diez 16 Día inhábil 17 Día inhábil 18 Día once 19 Día doce 20 Día trece 21 Día catorce 22 Día quince 23 Día inhábil 24 Día inhábil 25 26 27 28 29 30 Día inhábil Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; sin embargo, al no hacerlo la demanda resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al haber presentado la demanda hasta la fecha antes mencionada, la acción de amparo resulta extemporánea, en razón de que se encuentra fuera del plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en alguna de las excepciones a la regla general que prevé el propio precepto. Asimismo, se estima que, en relación a los diversos actos consistentes en b) El requerimiento de pago estatal, de veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la multa estatal no fiscal, número ***, oficio ***, en el que se ordena el mandamiento de ejecución por la cantidad de $47,876.00 (cuarenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100), por concepto de incumplimiento a la autoridad sancionadora, c) El acta de notificación y el requerimiento estatal de veinte de agosto de la pasada anualidad, d) El requerimiento de pago y embargo de diez de febrero de dos mil quince, de la multa estatal no fiscal, número ***, oficio ***, en el que se ordena el mandamiento de ejecución por la cantidad de $52,163.00 (cincuenta y dos mil ciento sesenta y tres pesos 00/100), y e) Todo lo actuado en el crédito número de oficio ***, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción III, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En primer término debe destacarse que en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos administrativos emitidos aisladamente por autoridades distintas de tribunales jurisdiccionales, empero tratándose de actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos no pueden válidamente reclamarse en la vía constitucional sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamarse tanto las violaciones contenidas en la propia resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Así, cuando se trata de actos procedimentales la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, pudiendo reclamarse en el juicio de amparo aquellas violaciones que se hubieren cometido durante la substanciación de tales procedimientos, ya que aun cuando los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, el amparo sólo procede cuando sobreviene la resolución definitiva. Luego, el inciso b), de la indicada fracción, prevé que por excepción podrán reclamarse actos en el procedimiento administrativo siempre y cuando se trate de actos de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en el entendido que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En estas reglas el legislador reiteró, en esencia, el mismo criterio que estableció en el amparo directo donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y que el gobernado puede invocar en tal ocasión, tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas, como las cometidas en el curso del procedimiento. En ese orden, es claro que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan mediante la promoción del juicio constitucional los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, incluyendo el procedimiento administrativo de ejecución, pues aun cuando propiamente no se trata de procedimiento seguido en forma de juicio, su naturaleza es similar a la etapa de ejecución de sentencia por lo que el amparo será procedente hasta la última resolución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sentado lo anterior, cabe precisar que los actos reclamados en la presente instancia se hacen consistir en: b) El requerimiento de pago estatal, de veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la multa estatal no fiscal, número ***, oficio ***, en el que se ordena el mandamiento de ejecución por la cantidad de $47,876.00 (cuarenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100), por concepto de incumplimiento a la autoridad sancionadora; c) El acta de notificación y el requerimiento estatal de veinte de agosto de la pasada anualidad; d) El requerimiento de pago y embargo de diez de febrero de dos mil quince, de la multa estatal no fiscal, número ***, oficio ***, en el que se ordena el mandamiento de ejecución por la cantidad de $52,163.00 (cincuenta y dos mil ciento sesenta y tres pesos 00/100); y e) Todo lo actuado en el crédito número de oficio ***. En este análisis, es necesario tomar en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa el crédito fiscal o aprovechamiento (multa) firmes a su favor; también conocido como facultad económico-coactiva. Dicho procedimiento administrativo, si bien no reviste la forma de un juicio en estricto sentido por no resolver cuestión litigiosa entre partes contendientes, si constituye un conjunto de actos concatenados, por medio de los cuales se pretende el pago por la vía coactiva, de un crédito fiscal o aprovechamiento (multa) determinado a cargo del contribuyente deudor. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal o aprovechamiento (multa), esto es, cuando se encuentra firme, el ejecutor designado por la autoridad exactora podrá constituirse en el domicilio del deudor a practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, o bien, el embargo de negociaciones, a fin de obtener, mediante la intervención con cargo a la caja, los ingresos de la intervenida que permitan satisfacer el crédito fiscal o aprovechamiento (multa) y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente por la autoridad recaudadora. Una vez trabado el embargo, se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su venta, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo en un plazo determinado. Fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto para cubrir el crédito fiscal o aprovechamiento (multa) y sus accesorios legales. Este procedimiento, se afirma tiene carácter administrativo, porque el órgano que lo ejecuta es la administración pública, y aun cuando no se ajusta a la literalidad de la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo, pues se reitera, no resuelve una controversia que sea sometida a la potestad de la autoridad exactora, necesariamente habrá de concluir con una determinación que ponga fin a la secuencia de actos encaminados a la satisfacción del embargo fincado. De ahí, que al procedimiento económico coactivo le sean aplicables de forma enlazada las reglas estatuidas en la fracción III, del numeral 107, de la ley de materia, atinente a la procedencia del juicio de amparo en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, hasta en tanto sea dictada la última resolución en el procedimiento respectivo, a no ser que se esté en presencia de actos de imposible reparación. Se sostiene lo anterior, partiendo de la base de que el mandamiento de ejecución que contiene la orden de requerimiento de pago y, en su caso, embargo de bienes suficientes que garanticen el crédito fiscal y sus accesorios, como acto por el cual se instaura el procedimiento administrativo de ejecución, supone una liquidación firme, similar a una sentencia ejecutoriada. En otras palabras, así como una sentencia es título ejecutivo, la resolución determinante de un crédito fiscal que adquirió firmeza por no haber sido recurrida a través de los medios legales establecidos para tal efecto, es el presupuesto formal del mandamiento de ejecución, pues constituye prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación. En ese orden de ideas, la procedencia del juicio de amparo intentado en contra de los actos desarrollados en el procedimiento a que se ha venido haciendo referencia, requiere esperar el pronunciamiento de la resolución definitiva que lo dé por concluido, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Luego, si la parte quejosa se encuentra impugnando el mandamiento de ejecución, emanado del cobro de una multa estatal no fiscal, que le fue determinada por la entonces Secretaría del Trabajo, por oficio ***, resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que tal actuación de la autoridad responsable, lejos de constituir la resolución definitiva que concluya el procedimiento administrativo de ejecución relativo, se trata de la determinación inicial a efecto de conseguir el pago de las multas estatales no fiscales determinadas a cargo del peticionario de amparo. Aunado a lo anterior, en el caso no se advierte estar en presencia de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, lo que daría pauta a esta juzgadora para proceder al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, como podría serlo el aseguramiento de cuentas bancarias o el nombramiento de interventor con cargo a la caja, expresamente determinados en jurisprudencia como actuaciones dentro del procedimiento de ejecución fiscal que por el severo impacto que tienen sobre la libre disposición del patrimonio de la deudora, le propinan perjuicios irreparables. Lo anterior, toda vez que el quejoso impugna diversos requerimientos de pago y/o embargo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, y diez de febrero de dos mil quince, en los que se ordenó el mandamiento de ejecución de la multa estatal no fiscal impuestas por la entonces Secretaría del Trabajo, en el ***. En las relatadas condiciones, es dable concluir que el quejoso deberá esperar a que se dicte la resolución definitiva dentro del procedimiento de mérito, en contra de la cual podrá promover el juicio de amparo, haciendo valer las violaciones que considere cometidas en el mismo, de conformidad con los preceptos citados con antelación. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a. VI/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro siguiente: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO SÓLO PROCEDE HASTA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FINCADO EL REMATE A FAVOR DE UN POSTOR." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con los diversos 17 y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, lo procedentes es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica para tal efecto. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada en términos restringidos a la profesionista que cita, por así haberlo solicitado expresamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes
- Franklin Gabriel Lobo Mejía y Otros.506/2021
- Franklin Nahum Tuyub Ríos y Otros.846/2019
- Franklin Nahum Tuyub Ríos y Otros.621/2019
- Franklin Nahum Tuyub Rios y Otros.527/2018
- Fred Altuzar Cortez o o Fredd Altuzar Cortez y Otros.27/2021
- Freddy Corzo Hernández236/2017
- Freddy Gomez Perez769/2017
- Freddy Gomez Perez844/2017
- Fredi Esau Muñoz Escobar y Otros.758/2022
- Fredi Eugenio Penagos García y Otros.235/2021
- Fredi Eugenio Penagos García y Otros.424/2022
- Fredi Misaen Morales Pérez y Otros.503/2022