Freddy Erick Pérez Castro
Expediente 875/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2023
Partes del expediente
- Freddy Erick Pérez Castro
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Fundamentación. Artículo 192 de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Requerimiento. Por tanto, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora de la resolución dictada el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio laboral D-1/352/2017 de su índice. Atento a lo anterior, deberá remitir copia certificada de las constancias con las cuales acredite su cumplimiento. Apercibimiento. Apercíbase a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a Susana Solimán Cárcamo, persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, Francisco Palomino Romero, representante de los trabajadores, y Liliana García Saldaña, representante de los patrones, una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, a cada uno, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, lo cual resulta en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional). En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y, de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192, segundo párrafo, de la ley de la materia, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO.". Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.". Sin que haya lugar a requerir a la Junta responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.". Notifíquese.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encontraba prevista para celebrarse a las once horas con cincuenta minutos del veintidós de mayo del presente año, sin embargo, mediante oficios de veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, las y los titulares del sexto circuito, acordaron que los pasados veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo del presente año, fueran declarados días inhábiles, por caso fortuito, de conformidad con lo estipulado en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, lo anterior, derivado de que el Estado de Puebla, a partir del veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, se encuentra en Fase tres del Semáforo de Alerta Volcánica, que supone actividad intermedia a alta del volcán Popocatépetl, lo cual puede tener repercusión en la salud de las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales, por lo que, en veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo actual, no corrieron los términos de ley. Dicha suspensión de labores operó respecto de todos los órganos jurisdiccionales del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, incluyendo Pleno Regional y Tribunal de Apelación. Aunado a que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial en materia de agrimensura ofrecida en autos y la prueba testimonial. Fundamentación. Artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional por no estar integrada la pericial. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las once horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil veintitrés. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encontraba prevista para celebrarse a las doce horas con cincuenta minutos del veintidós de mayo del presente año, sin embargo, mediante oficios de veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, las y los titulares del sexto circuito, acordaron que los pasados veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo del presente año, fueran declarados días inhábiles, por caso fortuito, de conformidad con lo estipulado en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, lo anterior, derivado de que el Estado de Puebla, a partir del veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, se encuentra en Fase tres del Semáforo de Alerta Volcánica, que supone actividad intermedia a alta del volcán Popocatépetl, lo cual puede tener repercusión en la salud de las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales, por lo que, en veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo actual, no corrieron los términos de ley. Dicha suspensión de labores operó respecto de todos los órganos jurisdiccionales del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, incluyendo Pleno Regional y Tribunal de Apelación. Aunado a que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial en materia de agrimensura ofrecida en autos y la prueba testimonial. Fundamentación. Artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional por no estar integrada la pericial. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las doce horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil veintitrés. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador."1 Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." 2 Notifíquese.
- Principal
5.- Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días, establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: En virtud de que en este asunto se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional llevará a cabo su depuración y se transferirá al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese. ..
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