Freddy Arturo Espinoza Ulin

Expediente 1285/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1285/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Freddy Arturo Espinoza Ulin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, contra el auto emitido el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización,?? transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Devolución de constancias Hágasele devolución a la Jueza de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, los discos compactos certificados que contienen audio y video de las audiencias de diez de julio y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, relativos a la causa penal 91/2022 de su índice, mismos que anexó a sus oficios de quince de agosto y ocho de noviembre del año en curso (fojas 37 y 73), los cuales obran por cuerda separada; en la inteligencia que no es necesario acusar recibo de los mismos, en virtud que el acuse del oficio lo hará también de los discos referidos. Actuario Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por la Jueza Primero de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, informa los datos de localización del Asesor Jurídico Público y Fiscales del Ministerio Público. Asimismo, la autoridad responsable informa que mediante audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se aprobó la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso Freddy Arturo Espinoza Ulin, por el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 208 bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de César Eduardo Espinoza Ulín, por el tiempo de doce meses, imponiéndole al quejoso, la fracción II y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, manifiesta que el quejoso se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al haberse aprobado la suspensión condicional del proceso; por tanto, se ordenó el cese de la medida cautelar referida, quedando en inmediata libertad. Para tal efecto, adjuntó el disco compacto certificado que contiene audio y video de la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, relativo a la causa penal 91/2022 de su índice. De la revisión efectuada en el equipo de cómputo de este juzgado del disco que anexó la responsable, se advierte que es audiovisual, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, cuenta con valor probatorio. Es ilustrativa, la tesis, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1529, Libro XVII Tomo 2, Febrero de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL HECHAS EN DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD). PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CONSTITUYEN UNA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE DESAHOGA POR SÍ MISMA, CUANDO SON REMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA JUSTIFICAR SU INFORME". Antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral de la demanda de amparo para precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual en esencia consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado por la Jueza de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, emitido en la causa penal 91/2022 de su índice. Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, este órgano federal de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" De la fracción transcrita se desprende el cambio de situación jurídica como causa de improcedencia, lo cual ocurre cuando se produce una circunstancia jurídica que transforma el acto impugnado de tal forma que la violación alegada es considerada irreparablemente consumada. Así, del precepto transcrito se advierte que dicha causal de improcedencia se actualizará cuando concurran los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que en razón de esa nueva determinación sobrevenida se genera una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, aun cuando el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas que anteceden, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio- se surte en la especie, toda vez que el acto de reclamo se trata del auto de vinculación a proceso dictado por la Jueza de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, emitido en la causa penal 91/2022 de su índice. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo-, en atención a que la jueza de control responsable informó que mediante audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se aprobó la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso Freddy Arturo Esponoza Ulin, por el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 208 bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de César Eduardo Espinoza Ulín, por el tiempo de doce meses, imponiéndole al quejoso, la fracción II y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, que ordenó el cese de la medida cautelar dejando en libertad al quejoso. De igual manera, se actualiza el tercero de los requisitos enunciados -Que en razón de esa nueva determinación sobrevenida se genera una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional-, tomando en consideración que el acto reclamado se hace consistir en el auto de vinculación a proceso dictado por la Jueza de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, emitido en la causa penal 91/2022 de su índice, y la autoridad responsable mediante audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, aprobó la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso, por el tiempo de doce meses. De ahí que, al haberse declarado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso Freddy Arturo Espinoza Ulin y ordenado la inmediata libertad del quejoso, es evidente que se actualizó un cambio de situación jurídica, por lo que, el acto reclamado en el presente juicio, consistente en el auto de vinculación a proceso, quedó irreparablemente consumado ante la emisión del acto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, siendo inconcuso que con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, precisamente al sobrevenir el cambio de la situación jurídica a la que se encontraba constreñido el quejoso, toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (veintidós de julio de dos mil veintidós), el acto reclamado existía, empero, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, dejaron de existir al haber operado el cambio de situación jurídica referido, lo que provoca que no se pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica, que no es motivo de análisis en esta instancia constitucional. Finalmente, se advierte que también se actualiza el cuarto de los requisitos enunciados -Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, aun cuando el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional-, puesto que existe autonomía entre la el acto reclamado (vinculación a proceso) y el acto posterior consistente determinado en la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, tomando en consideración que se trata de actos independientes que a pesar de su autonomía no se pueden analizar conjuntamente en esta instancia constitucional, pues el aludido sustituyó procesalmente al acto reclamado. De lo antes expuesto se puede concluir que al actualizarse todos y cada uno de los requisitos para que opere el cambio de situación jurídica, se actualizó de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, procede sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 521, del Tomo IX, Abril de 1992, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ARTICULO 73, FRACCION X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. " En razón de lo expuesto, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las once horas con veintinueve minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ya que al haber cambiado la situación jurídica del quejoso, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por la Jueza del Juzgado Primero de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual proporciona los datos de localización del asesor jurídico público del tercero interesado César Eduardo Espinoza Ulín, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Sin embargo, este órgano de control constitucional queda a la espera de que la autoridad responsable referida proporcione los datos de localización de los fiscales del ministerio público que intervinieron en la causa penal 91/2022 de su índice, lo cual se le requirió mediante oficio 1338-IX de veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 573/2022, orden 703/2022, mismo que se remitió para emplazar al tercero interesado César Eduardo Espinoza Ulín, por las razones que se exponen en la diligencia de trece de septiembre de dos mil veintidós. Anótese su llegada y dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, de las constancias remitidas por la Jueza de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, al rendir su informe justificado, refirió que el asesor jurídico público del precitado tercero interesado es Andrés Raúl López Torrez; sin embargo, no se advierte el órgano de su adscripción ni domicilio para su localización. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Jueza de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, para que en el término de tres días hábiles, contado a partir de que sea legalmente notificada del presente proveído, proporcione a este órgano federal el domicilio de Andrés Raúl López Torrez, asesor jurídico público del tercero interesado César Eduardo Espinoza Ulín, esto en relación con la causa penal 91/2022, de su estadística; o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

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