Fredd Acosta Rodriguez

Expediente 177/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
177/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Fredd Acosta Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 12538, así como de los autos originales de primera y segunda instancias que adjuntó a su informe justificado. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículo 17, fracción lll, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de ser conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción Ill, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser conservable, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas del treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 177/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la Magistrada de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán y hace constar que no quedan pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación; asimismo, en atención a que no quedan medios de prueba pendientes de admitir se declara cerrado el periodo probatorio. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; RESULTANDO: Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós ante la oficialía de partes de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (foja 7), Fredd Acosta Rodríguez, por su propio derecho, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de ese órgano jurisdiccional y de otra autoridad, que estimó violatorios de los derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Por lo anterior, la secretaria encargada del despacho de esa sala realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 195 presentado el trece de febrero del año en curso ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito (foja 6), remitió la demanda original y cinco copias de la misma, así como la certificación respectiva de su presentación, las constancias de emplazamiento y el toca de apelación 362/2022. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el catorce de febrero del año en curso (foja 6) y en resolución de dieciséis de los siguientes (foja 40), se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que la determinación reclamada -resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós dictada en el toca de apelación I-362/2022, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, que negó al actor tener ampliada la demanda contra Alma Delia Guzmán López y de Alma Acosta Guzmán, en el juicio especial oral 607/2022- no constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Turno, avocamiento y desechamiento. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este juzgado, quien la registró con el número 177/2023 y en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (foja 44), la desechó, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque la resolución reclamada por el quejoso, no era de aquellas consideradas de imposible reparación, ya que no afectaba derechos sustantivos como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. Inconforme con esa determinación, mediante escrito de tres de marzo de dos mil veintitrés (foja 56), el quejoso interpuso recurso de queja, el cual se tuvo por interpuesto en auto de siete de los siguientes (foja 62); de dicho medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de trece de abril de ese mismo año (foja 76) determinó revocar el auto de desechamiento, al estimar toralmente, que el acto reclamado si es de imposible reparación porque aun obteniendo una sentencia favorable, no le serán enmendadas al quejoso las eventuales violaciones procesales, ya que el fallo respectivo únicamente se ocupará de lo planteado en el primer escrito de demanda y quedarán excluidas de la litis las prestaciones contenidas en el escrito de ampliación (foja 84 reverso). En atención a ello, el veinticuatro de abril del año en curso (foja 89) este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y reconoció el carácter de terceras interesadas a Alma Delia Guzmán López y de Alma Acosta Guzmán; por ello, convalidó el emplazamiento ordenado por la magistrada responsable. Por esa razón, en el propio auto de veinticuatro de abril del año en curso, se ordenó notificarles personalmente dicho auto a las citadas terceras y al propio promovente del amparo; de la misma forma, en ese proveído se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia en los términos siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretenden ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: *Resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós dictada en el toca de apelación I-362/2022, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, que negó al actor tener ampliada la demanda contra Alma Delia Guzmán López y de Alma Acosta Guzmán, en el juicio especial oral 607/2022. Acto que atribuyó a las autoridades responsables siguientes: 1. Magistrada de Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, 2. Notificador adscrito a ese órgano jurisdiccional. Ambos con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado la encargada del despacho y el notificador (fojas 6 y 38). Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitió la encargada del despacho de la sala responsable, consistentes en el toca de apelación de la que deriva el acto reclamado. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Previo al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, debe decirse que en el caso opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en términos del criterio jurisprudencial 1a./J. 24/2020 (10a.) del índice la Primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022087, Décima Época, Materias Constitucional, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 316, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Así, en sus conceptos de violación el peticionario del amparo aduce lo siguiente: a. Que la ampliación de demanda se presentó en el juicio natural, antes que fueran formalmente emplazadas las demandadas, ya que él presentó la demanda de cesación de pensión alimenticia el nueve de septiembre del año pasado y para efecto de verificar la diligencia de llamado, se giraron exhortos para materializarlas en la ciudad de Tacámbaro; sin embargo, dice, las diligencias de emplazamiento de las accionadas se verificaron el trece de octubre de dos mil veintidós, la correspondiente a Alma Delia Guzmán López y el catorce de octubre del mismo año, la relativa a Alma Acosta Guzmán. Por ello, afirma, si él presentó su escrito de ampliación de demanda el diez de octubre de dos mil veintidós, es decir, tres días antes de que se verificara la primera de las referidas diligencias de llamado, entonces, dicha ampliación debió admitirse en términos del artículo 973 del Código Familiar aplicable al asunto; b. Que deben distinguirse procesalmente los momentos relativos a cuando se gira el exhorto y el propio a la materialización de la diligencia de emplazamiento; que por ello, el juez responsable se equivocó al considerar que desde que se giró el exhorto, debe considerarse hecho el emplazamiento; lo que además, le impone la carga excesiva de presentar otra demanda contra las referidas demandadas y conlleva el riesgo de que se emita una sentencia contradictoria, con violación a su derecho fundamental de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, c. Que es ilegal que se haya declarado improcedente el recurso de apelación bajo el criterio de que el supuesto no se encuentra dentro de las cuestiones apelables y argumentando que la determinación que no tiene ampliando la demanda, no se ubica dentro de las resoluciones contenidas en el numeral 1092 del Código Familiar aplicable, porque no pone fin a un procedimiento; dado que sí pone fin al impedir que pueda realizar su reclamo en ese juicio y al obligarlo a abrir otro juicio, con el riesgo de obtener sentencias contradictorias. Conceptos de violación que se consideran inatendibles en una parte e infundados, en otra, como a continuación se precisará. Así, son inatendibles, los conceptos de violación identificados en los apartados a y b, ya que los mismos se dirigen a combatir el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, el cual fue materia de la apelación, pero no constituye el acto reclamado en esta instancia de amparo. Por ello, los conceptos de violación esgrimidos en esos apartados, son ajenos a la litis constitucional de este juicio de amparo, en la cual, el acto reclamado lo constituye, la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós dictada en el toca de apelación I-362/2022, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, que negó al actor tener ampliada la demanda contra Alma Delia Guzmán López y de Alma Acosta Guzmán, en el juicio especial oral 607/2022. Por lo mismo, como sus argumentos no están encaminados a combatir las razones expuestas por la magistrada responsable para desechar el recurso de apelación que promovió contra el acuerdo que negó admitir la ampliación de demanda formulada en la contienda familiar de origen, y en cambio, sí cuestionan los argumentos que sostuvo el juez de los autos para no admitir la ampliación pretendida; entonces, es evidente que el suscrito se encuentra impedido técnicamente para su estudio, al ser ajenos a la litis del amparo sujeto a regularidad constitucional. Se invoca como sustento de esta calificativa, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se publicó bajo el número I.6o.C. J/16, en la página 55, del Tomo 77, Mayo de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro 212446, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO EN ELLOS SE ATACA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. No es viable combatir en el amparo directo la sentencia de primer grado cuando de ésta se apela, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la finalidad de ese medio de defensa, hecho valer ante el tribunal de alzada es que éste confirme, revoque o modifique la determinación del inferior; entonces, si los conceptos de violación se enderezan con la pretensión de impugnar el fallo inicial, aquéllos deben declararse inoperantes por no atacar las razones del que se haya emitido en la segunda instancia; por tanto, efectuar su análisis implicaría revisar la decisión del juez del conocimiento que no es materia del acto reclamado, dado que el objeto del juicio constitucional es el estudio de la resolución dictada al resolver el recurso enunciado, para determinar si los fundamentos existentes en ella violan o no las garantías individuales del gobernado." Lo resaltado no es de origen. Por otro lado, es infundado e insuficiente, el concepto de violación identificado en el apartado c, en el que se argumenta que es ilegal que se haya declarado improcedente el recurso de apelación bajo el criterio de que el supuesto no se encuentra dentro de las cuestiones apelables y argumentando que la determinación que no tiene ampliando la demanda, no se ubica dentro de las resoluciones contenidas en el numeral 1092 del Código Familiar aplicable, porque no pone fin a un procedimiento; dado que sí pone fin al impedir que pueda realizar su reclamo en ese juicio y al obligarlo a abrir otro juicio, con el riesgo de obtener sentencias contradictorias. Dicha calificación obedece a que, el quejoso en este aspecto sólo combate la parte en la que la magistrada argumentó que la determinación que se pretendió apelar, configura un auto que no pone fin al juicio, señalando al respecto que sí pone fin al impedir que pueda realizar su reclamo en ese juicio y al obligarlo a abrir otro juicio, con el riesgo de obtener sentencias contradictorias. Sin embargo, nada dice con relación a la argumentación adicional que sobre este tópico estableció la autoridad responsable, concretamente, respecto a que no se puede considerar que la determinación impugnada ponga fin al juicio, por el simple hecho que el procedimiento natural continuará con su substanciación en la materia litigiosa, integrada dijo, por la demanda y la contestación a ésta, lo que sostuvo, implica que el juicio deba agotarse en sus etapas y llegado el momento, se resuelva y se culmine. En consecuencia y toda vez que esas dos consideraciones son independientes entre sí, y el motivo antes destacado (que no se puede considerar que la determinación impugnada ponga fin al juicio, por el simple hecho que el procedimiento natural continuará con su substanciación en la materia litigiosa), por sí solo puede sustentar el sentido del fallo reclamado, por lo que al no haberse controvertido, éste continúa rigiendo el sentido de la misma. De ahí, la insuficiencia sostenida, ya que los conceptos de violación deben estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de todos los argumentos en que se sustenta la resolución impugnada, pues de no ser así, se está ante argumentos insuficientes para revocar la resolución recurrida. En apoyo a lo anterior, es de invocar por analogía, la jurisprudencia IV.30.A. J/4, visible en la página 1138, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. Al margen de lo anterior, como en el caso que nos ocupa nos encontramos en un supuesto en el que opera la suplencia de la queja deficiente, debe señalarse que quien resuelve, no advierte que la determinación impugnada sea contraria a derecho, porque como correctamente lo señaló la magistrada responsable, el auto que negó la ampliación de la demanda, no puede ser considerado como de aquellos que ponen fin al procedimiento, entendidos éstos a grandes rasgos, como los que no impiden que el juicio principal continúe en trámite y se dilucide hasta su total conclusión. Lo que se comprende mejor, si se atiende lo interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo relativo a cuándo debe considerarse que se trata de una resolución que da por concluido el juicio, lo que depende preponderantemente, a sí se continúa o no con la contienda litigiosa, tal y como lo sostuvo la magistrada responsable; posición jurídica que se observa en algunos criterios jurisprudenciales emitidos con relación a las etapas del juicio sucesorio intestamentario, tal y como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 37/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 166923, que dice: "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación." Por todo lo anterior y ante lo inatendible e infundado de los conceptos de violación, se impone al suscrito juzgador, negar el amparo y protección de la justicia federal. Determinación que se hace extensiva respecto del acto atribuido al Notificador de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal De Justicia en el Estado de Michoacán, toda vez que el mismo no se reclama por vicios propios. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fredd Acosta Rodríguez, en contra del acto y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de esta ejecutoria y por las razones expuestas en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, mediante el cual informa lo relativo al despacho 166/2023 del índice de este juzgado. Lo anterior, sin que haya lugar a realizar un mayor pronunciamiento, toda vez que en proveídos de 17 y 19 de los actuales, se acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano