Frazier Ángel Goopar Bustamante

Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
121/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Frazier Ángel Goopar Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 2741/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil, y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual informa que quedó firme el auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el recurso de queja 100/2021 de su índice, interpuesto por la parte quejosa. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que tal como consta en la certificación secretarial que antecede, en auto de cinco de marzo de este año, se ordenó el archivo de este expediente como asunto definitivamente concluido. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por*****, quien dice ser endosatario en procuración de ******, en contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; regístrese en libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 121/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Desechamiento. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de la Materia, se aprecia que en el particular, la parte quejosa reclama al juzgado responsable: La resolución de veintiuno de enero de este año, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 13/2018, en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no exhibido el dictamen pericial en valuación del bien mueble objeto de remate, al parecer de la intención de la aquí parte quejosa. Precisado lo reclamado, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 107, fracción IV, del mismo ordenamiento, éste aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Del artículo trascrito en primer término, se advierte que el juicio de derechos es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley reglamentaria. Por su parte, del numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. De igual manera, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede hasta la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En efecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, ello a fin de no entorpecer el procedimiento y evitar que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y verdad legal. Dicha causa de improcedencia ha venido siendo decantada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha sostenido que la función de dicha limitante por restricción en el juicio de amparo se debe a que con ello se evitan actos que entorpezcan o retarden la ejecución de una sentencia, incluso cuando el amparo sea promovido por la parte vencedora en el juicio natural. Lo anterior, encuentra apoyo en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, en la que determinó que en lo concerniente a la fase ejecutiva de los procedimientos de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución", es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Por su parte, es de citarse la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." De dichos criterios se obtiene que la intención el legislador fue evitar que se abuse del juicio de amparo, entorpeciendo -se reitera- la ejecución de la sentencia, que es una cuestión de orden público. Ahora, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, el juicio de amparo no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado se ubique en las hipótesis siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Al respecto, el Pleno del Máximo Tribunal del País determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (similar a la ahora fracción V del numeral 107 del ordenamiento vigente), daba pauta para interpretar la fracción III del numeral en comento (ahora fracción IV del artículo 107 de la propia legislación), y no a la inversa, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo anterior (ahora fracción V de dicha normatividad legal), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ahora, recuérdese que en el presente la parte quejosa reclama del juzgado responsable la resolución de veintiuno de enero de este año, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 13/2018, en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no exhibido el dictamen pericial en valuación del bien mueble objeto de remate, al parecer de la intención de la aquí parte quejosa. En esa tesitura, cabe señalar que el procedimiento de origen actualmente se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, y de acuerdo a lo previsto por el párrafo segundo de la fracción relativa al segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente en dicha etapa, cuando se dicta la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y tratándose de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De ahí que, se considere que el acto combatido en esta vía está vinculado directamente con la fase ejecutiva de la sentencia, sin que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues, como ya se dijo, ésta es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; o en el procedimiento de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Eso es así, pues se trata de una resolución que confirmó la determinación de no tener por exhibido un peritaje (de la intención de la actora aquí quejosa) relativo al avalúo de un bien mueble objeto de remate; de ahí, que es claro que dicha resolución no implica la última del procedimiento de remate, pues no tiene como fin el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega del bien rematado. De ahí, que se concluya que en el caso en estudio se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el presente juicio biinstancial. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: XXVII.2o.1 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1777, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDO. LA ACREEDORA HIPOTECARIA DEL DEMANDADO QUE HA SIDO LLAMADA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA O COMPARECE A ÉSTA, CARECE DEL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑA, POR LO QUE LE SON INAPLICABLES LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La acreedora del demandado en el juicio laboral pierde su carácter de tercero extraña cuando es llamada y comparece, o se abstiene de hacerlo, a la audiencia de remate para hacer valer sus derechos en relación con los bienes embargados en ese juicio, sobre los que constituyó garantía hipotecaria con motivo del contrato de crédito que celebró con aquél, pues con ello se incorporó al juicio laboral en su etapa de ejecución de laudo; en esa virtud, no le aplican las excepciones al principio de definitividad y, por tanto, al tener a su favor el derecho de intervenir en el remate de los bienes inmuebles embargados, está obligada a controvertir la determinación que afecta el interés que le asiste, a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo.". Del mismo modo, como se anticipó, el acto reclamado, se estima tampoco afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de tal forma que permitiera advertir, por ejemplo, que se le prive de algún derecho reconocido en el juicio, se afecte su patrimonio, bienes o posesiones de manera dicta, entre otros; pues, incluso como ya se dijo, el acto aquí reclamado no es el último emitido en ejecución de sentencia, es decir, aquel que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, haciendo éste procedente el juicio de amparo, pues -como se precisó- la resolución reclamada implica no tener por exhibido un dictamen en el procedimiento de remate, es por ello, que se puede decir que no afecta un derecho sustantivo, en razón de que aquél se encuentra dirigido a valuar un bien mueble para ser rematado, por lo que su materia no tiene vinculo para poder señalar la posible afectación de un derecho sustantivo, pues únicamente trasciende en el valor de un bien mueble desde la óptica de un experto en la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 60, cuyos rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° primer párrafo de la Ley de Amparo y 8° Constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Además, cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Así, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". De igual manera, a efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, registro 2004823 que establece: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." No es óbice, que la parte quejosa no hubiere acreditado la representación con la que dice acude a esta vía constitucional, ante la manifiesta y notoria actualización de improcedencia que se ha destacado, y de actuar de forma diferente (prevenir para la acreditación de la representación), únicamente retardaría la emisión de esta determinación -desechamiento de la demanda-, cuestión que contraría el principio de celeridad en la impartición de justicia a que se refiere el artículo 17 Constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. autorizados y notificaciones electrónicas. Toda vez que de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE) http://10.100.125.33/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx, se advierte que los usuarios Elfego y Aldair, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que como lo solicitan, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios de referencia para efecto de consultar el expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, ante la manifestación de conformidad a que las notificaciones se le realicen por dicha vía electrónica, desde este momento, se autoriza al actuario para que realice las mismas a través de dicho medio, con independencia de que, en su caso, puedan realizarse en el recinto que ocupa el órgano jurisdiccional, ante cualquier eventualidad. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, toda vez que así lo solicita expresamente en su libelo constitucional. Por cuanto hace a la solicitud del uso de los medios electrónicos para la consulta de las actuaciones que integran el presente expediente, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, pues la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevén la autorización de dichos medios electrónicos para tal fin; por lo que, se deja expedito su derecho, a fin de solicitar el fotocopiado que solicita por la vía tradicional, si a su interés conviene. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que si bien manifiesta no tener inconveniente en que se autorice dichos medios electrónicos, deja expedita dicha facultad a los titulares de los órganos jurisdiccionales donde se tramitan los juicios relativos. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". De la transparencia de las resoluciones judiciales. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. De la gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano