Franz Krahan Friessen
Expediente 1619/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1619/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Franz Krahan Friessen
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido el auto dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso b), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General". Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. Luego, cabe precisar que el acto reclamado en el presente asunto deriva de un procedimiento administrativo, por ende, no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 del invocado Acuerdo General , motivo por el que no se considera de información reservada y dado que se actúa en el presente cuadernillo, no obran documentos originales por devolver.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Franz Krahan Friessen, contra actos atribuidos al Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad; fórmese el expediente relativo, bajo el número 1619/2020-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Luego, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ente todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, para lo cual deberá realizar el ejercicio correspondiente de forma oficiosa, según estipula el diverso arábigo 62 de la ley en materia. Al respecto, este Juzgado Federal considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física, jurídica o colectiva, a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Bajo ese contexto, de conformidad con los numerales 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, virtud a que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en cuanto a su contenido; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho numeral establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 52 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos Jurisdiccionales a cargo del propio consejo, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción, además, que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. De igual forma, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Franz Krahan Friessen, por su propio derecho, sin embargo, la firma electrónica se encuentra a nombre de "Jeniffer Alejandra González Durán", como se desprende de la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 52 del Acuerdo General 12/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) del quejoso Franz Krahan Friessen, sino de quien se ostenta con el nombre Jeniffer Alejandra González Durán. Se precisa lo anterior, toda vez que las promociones que carecen de firma electrónica de la parte quejosa, como en el caso que nos ocupa, no representan la manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por ello, este Juzgado se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto a su contenido. Además, la falta de firma electrónica de la directa quejosa no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por último, no pasa inadvertido que Jeniffer Alejandra González Durán, es la persona a quien la parte quejosa señala como autorizada en este juicio de amparo; sin embargo, dicha autorización no la faculta a promover la demanda a nombre el impetrante de garantías, porque esta atribución correspondiente únicamente al promovente de la demanda. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por Franz Krahan Friessen, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en calle Barcelona, número 7212, Residencial Puerta de Hierro, en esta ciudad; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Blanca Sylvia Ávila Ramírez, con número de cédula profesional 1714907, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jennifer Alejandra González Durán y María Magali Durán Sánchez, y a que no cuentan con cédulas profesionales debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que para tal efecto se lleva en el Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en atención al artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen un número telefónico móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios.
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