Fransisco Tavarez Román
Expediente 15/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fransisco Tavarez Román
- Natanael Guzmán Rivera
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos. Atento a su contenido, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto ******************** número de orden ********************, con el cual se encomendó notificar al promovente del amparo, el proveído de nueve de enero del año en curso, lo cual se llevó a cabo el veinte de enero de la presente anualidad, como se advierte de la diligencia anexa; en consecuencia, dese de baja la aludida comunicación en el libro de gobierno respectivo. Ahora, vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de nueve de enero del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, puesto que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiocho de febrero de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido del secretario Pedro Alberto Reyes Ochoa, con quien actúa y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo aparentemente presentada por José Gildardo Galdámez Peregrino, a favor de [1] Natanael Guzmán Rivera, [2] Francisco Tavarez Román y [3] José Rafael Caceres Caceres, (supuestamente de origen dominicano), fórmese expediente; regístrese en libro de gobierno con el número de juicio 15/2023-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO De la demanda de protección de derechos fundamentales aparentemente presentada por José Gildardo Galdámez Peregrino, a favor de [1] Natanael Guzmán Rivera, [2] Francisco Tavarez Román y [3] José Rafael Caceres Caceres, se desprende que se señalaron como actos reclamados los siguientes: ''a. La negativa de aperturar a favor de los quejosos el procedimiento administrativo que les permita salir de la estación migratoria en donde se encuentran actualmente por medio de un OFICIO DE SALIDA DEFINITIVA DEL PAÍS, que les permita abandonar territorio nacional POR CUALQUIER FRONTERA sin que la autoridad migratoria por donde efectúen su salida les exija documento alguno. Lo anterior con fundamento en los artículos 43 Fracción l, 47 fracción 111 (sic) fracción III de la ley de migración. b. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en Acayucan, Veracruz - Estación Migratoria del INM (interior), Carretera Costera del Golfo 180, Km. 221, C.P. 96000. Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades marcadas como 1 y 4. c. La incomunicación de la que son objeto al no permitirles la visita de su representante legal Licenciado JOSÉ GILDARDO GALDÁMEZ PEREGRINO, de nuestros familiares y amigos, dentro de la estación migratoria Siglo XXI. Acto que se atribuye a las autoridades marcadas como 1, 2, 3, 4. d. La incomunicación que me impide entregar identificaciones y documentos personales a mi representante legal a fin de legalizar nuestra estancia en México para gozar de nuestra libertad. Acto que se atribuye a las autoridades marcadas como 1, 2, 3, 4. e. De todas las autoridades señaladas como responsables, reclamo la inminente ORDEN DE DEPORTACIÓN VERBAL O ESCRITA que emitirán o que hayan emitido en contra del quejoso para que esta deportación se suspenda de oficio y de plano. f. La negativa de expedir a su favor el Oficio de Salida de la estación migratoria en donde se encuentra privado de su libertad, otorgándonos cualquiera de las medidas prescritas el artículo 102 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye a las autoridades marcadas como 1 y 4." Ahora, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, el mencionado ocurso fue recibido de forma electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; pero no contiene evidencia criptográfica de la que se desprenda que ha sido firmada electrónicamente y tampoco se observa que se hubiese plasmado alguna firma (digital) en el documento del que proviene el archivo recibido en el citado sistema. De igual forma, de la boleta de registro de la oficina de correspondencia común, se aprecia que el servidor público que la recibió asentó que dicha demanda fue recibida sin firma electrónica. En ese sentido, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 3o. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se desprende que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, se obtiene del primero de los invocados preceptos, que las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando la firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y debe ser agregada la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 109 último párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose de actos previstos en el artículo 22 de la Constitución General de la República, se actualiza una excepción al requisito de presentar el archivo firmado electrónicamente; es decir, que lo que exime al particular es que se tramite y obtenga una firma electrónica, entendiendo ésta como el "documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico". Así, las demandas pueden presentarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. En ese sentido, tratándose de los supuestos establecidos en el artículo 22 de la Constitución General de la República y 15 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que se presente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación puede presentarse sin firma electrónica, pero cuando menos debe contener el signo gráfico de la persona que presenta la demanda, es decir, que el archivo debe contener la firma digital (escaneada) de la persona que dice presentar la demanda, o lo que es lo mismo, tratarse de un documento digitalizado en donde se aprecie una firma que permita inferir que fue consignada en el original, a efecto de evidenciar de manera razonable la intención de promover un juicio de amparo en nombre de una persona. Por ello, no puede considerarse que un archivo que llegue sin firma (digital) o no digitalizado haga las veces de demanda; debido a que, se insiste, lo que se exceptúa es la falta de firma electrónica, no del signo gráfico que cuando menos identifique a la persona que dice promover una demanda en nombre de otra. Lo anterior no se trata de un mero formalismo o rigorismo sin sentido, sino que guarda vinculación con el principio de certeza jurídica, y con la expresión mínima de voluntad de quien solicita la protección de la Justicia Federal en nombre propio o de un tercero. Además, no se trata de una carga irrazonable, puesto que de la consulta a la página oficial electrónica de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Presentacion/RegistroDemanda, se puede apreciar que en el apartado relativo a los actos contra ataques a la vida, libertad personal e integridad de las personas, es factible cargar con facilidad el documento digitalizado (no necesariamente firmado electrónicamente), e incluso brinda una opción denominada "plantilla", que consiste en un formato de demanda contra actos de esa naturaleza, y al final del documento -entre paréntesis- aparece la leyenda "FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL AMPARO", como se robustece con la siguiente imagen: Consecuentemente, es claro que como expresión mínima de la voluntad que dé lugar a iniciar un juicio, se requiere que el documento que se cargue en el sistema se trate de una demanda presentada en forma digital con firma autógrafa digitalizada (no electrónica) de la persona que promueva en nombre de otros. De manera que si la demanda presentada en el mencionado sistema no contiene digitalizado el signo gráfico denominado "firma", se considera que carece de la expresión de la voluntad de quien presuntamente quiso presentar el escrito respectivo; circunstancia que da lugar a la actualización de la causa de improcedencia contemplada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo. En el caso, como ya se vio, la demanda de amparo que nos ocupa, aparentemente presentada por José Gildardo Galdámez Peregrino, a favor de [1] Natanael Guzmán Rivera, [2] Francisco Tavarez Román y [3] José Rafael Caceres Caceres, (supuestamente de origen dominicano), fue recibida de forma electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, se trata de un archivo en formato denominado "Word", que no contiene evidencia criptográfica de la que se desprenda que ha sido firmada electrónicamente y tampoco se observa que se trate de un documento digitalizado en el que se hubiere asentado una firma; incluso, el servidor público adscrito a la Oficina de correspondencia común asentó en la boleta de registro que se trata de una demanda de amparo recibida "sin firma electrónica". En tal sentido, no es factible establecer que verdaderamente fue intención de José Gildardo Galdámez Peregrino, a favor de [1] Natanael Guzmán Rivera, [2] Francisco Tavarez Román y [3] José Rafael Caceres Caceres, (supuestamente de origen dominicano), haber presentado el mencionado escrito en favor de las personas que en él se mencionan; por tanto, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, y se actualiza en el caso, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia citada en párrafos anteriores. Por analogía, apoya lo anterior la jurisprudencia 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 62, enero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018943, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Es importante destacar también que dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención, por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo que pueda ser reparable en términos del numeral 114 de la misma ley. En este contexto, tampoco se soslaya la jurisprudencia P./J. 11/2022 (11a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo I, página 5, registro digital 2025488, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO." Pues, como se ha venido argumentando, el tema sobre el que versa dicho criterio está esencialmente relacionado con la falta de firma electrónica en demandas de amparo presentadas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y el juicio se promueva con fundamento en el numeral 15 de la ley de la materia. Pero, en la especie, el escrito de cuenta no sólo no presenta firma electrónica, sino tampoco fue firmada digital o gráficamente; sumado al hecho de que la situación actual del país, respecto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) es distinta; ello, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Cabe señalar que si bien es cierto que la demanda de amparo fue presentada supuestamente en favor de personas que, -según lo asentado en dicho ocurso- se encuentran sujetas a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria ante autoridades de inmigración; lo cierto es que ello no implica que deba soslayarse el requisito de procedibilidad mínimo que consiste en el signo unívoco de la manifestación de la voluntad. En efecto, debe existir la certeza de la persona que acude a promover juicio de amparo en su favor, pues debe existir certidumbre sobre quién acude aduciendo que existen actos que vulneran su esfera de derechos, ya que las diligencias que se instruya realizar, derivadas del trámite correspondiente a la presentación de una demanda de amparo, pueden incidir en la esfera jurídica de quienes supuestamente son afectados en sus derechos fundamentales. Ahora, de la lectura integral del documento que ahora se provee, se advierte que si bien en el presente asunto se señala la vulneración de derechos de personas extranjeras, de su contenido se desprende que se encuentra redactada en octubre de dos mil veintidós (según la fecha asentada en la última página de la demanda), y que la intención de la solicitud de la protección federal es iniciar un procedimiento administrativo que les permita salir de la estación migratoria en que se encuentran los directos quejosos, sin que ello constituya un acto restrictivo de libertad con efecto de una sanción de carácter punitivo, sino que se trata de actos de naturaleza administrativa regulados por la Ley de Migración, que persigue el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. Y si bien igualmente en el escrito que ahora se provee se lee que, entre otras cosas se hace referencia a la incomunicación, lo cierto es que el contenido integral del documento permite advertir que, en realidad, se pretenden cuestionar los inconvenientes generados con motivo precisamente de ese procedimiento migratorio. En otras palabras, en este caso no puede considerarse que se esté frente a la presencia de un acto de incomunicación en el contexto constitucional del artículo 22 del Pacto Federal, sino que en todo caso la parte directa quejosa está sujeta a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, y conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, ese acto ocurre dentro de procedimiento, es decir, el denominado procedimiento administrativo migratorio, mismo que inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación). Finalmente, este juzgador estima importante señalar que constituye un hecho notorio para este juzgador, que en este órgano jurisdiccional se han presentado algunas demandas derivadas de casos como el que ahora nos ocupa, en donde las personas migrantes refieren que no ratifican las demandas presentadas presuntamente en su favor (por desconocer a los promoventes); demandas que incluso, sí se encuentran firmadas por terceros, aunado a que también constituye un hecho notorio que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que a nombre de los quejosos fueron presentadas dos demandas más, que se radicaron en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con el número de expediente 23/2023, y en el diverso Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, con el número 24/2023, en la inteligencia de que en ambos se reclaman esencialmente los mismos actos que ahora se combaten en el escrito que ahora se provee. Por tanto, en mérito de todo lo expuesto y con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Rubén Mendiola López, ya que acreditó estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciada en Derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. Ahora bien, toda vez que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Benito Fentanes número 119, Barrio Nuevo, código postal 96000, en Acayucan, Veracruz, y que dicho domicilio se encuentra fuera de la sede territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por imperativo del precepto segundo de esta última, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede Coatzacoalcos, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien a notificar el presente proveído a José Gildardo Galdámez Peregrino, en el domicilio señalado en el párrafo que antecede; asimismo, deberá requerirlo a fin de que, en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, Veracruz, donde oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 27, fracción II, primer párrafo y 29 de la Ley de Amparo. Indíquese al referido juzgador que, en caso de ser necesario, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que se realice la notificación encomendada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. A su vez, se solicita al Juez exhortado que, una vez diligenciada la comunicación oficial, dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones resultantes del trámite de la comunicación oficial, vía electrónica, a este órgano jurisdiccional. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese por exhorto al promovente. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe.
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