Franklin Rubén Hernández López

Expediente 898/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
898/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Franklin Rubén Hernández López

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa haya recurrido el auto de veinticinco de septiembre dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, fracción IV), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 898/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.********************Registro de la demanda de amparo********************Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por **, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad.********************En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 898/2023-VI.********************Análisis de la demanda de amparo********************De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia de la misma.********************Al respecto, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano.********************El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.********************La tesis en cuestión establece, esencialmente, que para desechar una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo; y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.********************Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento.********************Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera.********************En el caso la parte quejosa acude a esta instancia reclamando lo siguiente:********************"IV.- ACTO RECLAMADO.- ********************a).- Reclamo del JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, lo dictado en la resolución de fecha 28 de agosto de 2023 dentro del expediente identificado con el número 120/23, en la que tuvo por acreditado el derecho del señor SIMÓN AYALA RAMÍREZ para recibir las rentas correspondientes al bien inmueble ubicado en calle Quinta San Antonio, número 1218 del fraccionamiento Quintas del Valle, Cuarta etapa Sección A de esta ciudad, situación que deja al suscrito en un grave estado de indefensión, causando con esto graves perjuicios a su garantía de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, e igualdad. ********************Así como también reclamo el cumplimiento o ejecución material de los actos reclamados a la ordenadora."********************Asimismo, como antecedentes del acto reclamado el promovente señala:********************"V.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, son los siguientes: ********************a).- Con fecha 13 de octubre de 2014, el suscrito celebre contrato verbal de arrendamiento con el señor ** respecto del bien inmueble que se encuentra ubicado en la calle **, de esta ciudad; contrato que se celebró por tiempo indefinido y se había mantenido vigente hasta la fecha. ********************b).- Es el caso, que el día 16 de enero de 2023, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, acudió al domicilio ubicado en la calle **, de esta ciudad, una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse **y quien refirió ser la dueña de dicho inmueble, exigiéndome que a partir de ese momento debía celebrar contrato de arrendamiento con ella y pagarle a ella las rentas porque ella era la dueña y que si no lo hacía me iba a sacar con orden judicial del inmueble antes referido, a lo cual me negué, ya que el suscrito no conozco a esa persona y en los más de 8 años que llevo de arrendar el referido bien inmueble jamás había tenido problema alguno. ********************c).- Con motivo de lo anterior el suscrito me vi en la necesidad de acudir ante las instancias correspondientes para garantizar que el pago de las rentas se hiciera a quien formalmente le correspondiera, por lo que mediante auto de fecha 3 de febrero de 2023 se admitió el procedimiento consistente en preliminares de consignación promovidas por el suscrito ** para efectos de consignar las rentas correspondientes al inmueble ubicado en calle **de esta ciudad; dicha procedimiento fue radicado con el número de expediente 120/23 del índice del Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. ********************d).- Dichas consignaciones fueron promovidas a favor del señor ** o de quien resultara propietario del bien inmueble referido en puntos anteriores, sin embargo se solicitó y el Juzgado proveyó que para que **, pudiera recoger las rentas correspondientes, primero deberá acreditar tener derecho para recibirlas, según a.uto de fecha 9 de febrero de 2023. ********************e).- Seguida la secuela procesal, el día 28 de marzo de 2023y ante la falta de manifestación del hoy tercero interesado **, el Juez Primero Civil por Audiencias declaró constituidas las consignaciones promovidas por el suscrito. ********************f) Sin embargo no fue hasta el día 29 de junio de 2023 que el aquí tercero interesado **, compareció al referido procedimiento para intentar recoger las consignaciones correspondientes, cuestión que le fue negada mediante proveído de fecha 14 de julio de 2023 en virtud de que no dio cumplimiento a acreditar su derecho de propiedad para efectos de recibir las rentas correspondientes. ********************g).- Es así que, hasta el día 9 de agosto de 2023, el señor ** acudió al Juzgado Primero Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos para efecto de exhibir contrato privado de compraventa supuestamente celebrado entre el y los señores **, respecto del bien inmueble ubicado en la calle **A, de esta ciudad. ********************h) En tal virtud, el día 28 de agosto de 2023 se dictó por el Juez Primero Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos, la resolución que se impugna mediante el presente juicio de garantías, en la cual se tuvo, con la documental referida en el inciso anterior, por acreditado el derecho a recibir las rentas por parte del señor **, determinación que violenta de manera ilegal y arbitraria las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e igualdad procesal del suscrito."********************Ante ello, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: ********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. ********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. ********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;"********************En primer término, se considera pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a), y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. ********************De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo.********************Por otro lado, se resalta, que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente. ********************El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hubiesen recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. ********************Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. ********************Siendo oportuno, por la estrecha relación que guarda con lo antes plasmado, invocar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, Tomo XXVII, Página 7, que reza:********************AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a 'l, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción.********************En efecto, uno de los principios fundamentales en que se sustenta la acción constitucional de amparo, es el de definitividad, que parte de la premisa fundamental, de que el acto reclamado esté revestido de firmeza, en la medida en que no sea factible impugnarlo a través de un recurso ordinario o medio de defensa, que tenga por objeto revocarlo, anularlo o modificarlo; lo que conlleva la obligación de que además de impugnarlo, al hacerlo se aleguen, todas las irregularidades que se adviertan, so pena de que, lo ahí no hecho valer como motivo de impugnación, ya no es factible invocarlo en el juicio de amparo. ********************Robustece tal consideración, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, junio de 2004, visible en la página 1432, que dice:********************DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo.********************También, tiene aplicación la tesis I.6º.C.J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:********************AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.****************************************En relación con dicho principio, conviene citar el contenido de los artículos 115, 620, y 624 del Código De Procedimientos Civiles del Estado De Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente:********************ARTÍCULO 115. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo.********************ARTÍCULO 620. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 115 de éste código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista. ********************ARTÍCULO 624. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. ********************De los preceptos en cita, se advierte que el citado Código, contempla un sistema de recursos que permiten la defensa de los gobernados y específicamente con la interposición de la apelación o revocación la posibilidad de revocar o modificar la determinación que se haya cuestionado.********************Por tanto, previamente a la promoción del presente amparo, se debió interponer un medio de defensa para lograr que el proveído reclamado fuera examinado por el órgano emisor, o en su caso, por la Alzada. ********************Por tanto, tomando en consideración que el acto que se reclama en esta instancia, consiste en el proveído dictado el veintiocho de agosto del año en curso, dentro del expediente de preliminares de consignación 120/23 del índice del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en la cual se tuvo por acreditado el derecho a recibir rentas de Simón Ayala Ramírez; se colige que dicha determinación no se encuentra contemplada dentro de los casos de excepción, citados en el numeral y fracción, relativos a la causal de improcedencia en comento. ********************En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que el quejoso previo a la promoción del presente juicio de amparo, se debió defender sus intereses a través del recurso ordinario correspondiente, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia examinada. ********************Ilustra lo antes expuesto la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXVII, página 6554, que dice:********************OFRECIMIENTO DE PAGO Y CONSIGNACION, RESOLUCIONES EN LOS PRELIMINARES DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). La resolución pronunciada en los preliminares de ofrecimiento de pago y consignación, por la cual se acuerda tener tales ofrecimientos y consignación como no hechos, surte todos sus efectos contra el consignante, mientras no sea revocada por providencia que se dicte en el recurso que se interponga contra dicha resolución, o sea contradicha por la sentencia ejecutoria en el juicio a que se refiere el Artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del Estado de México, que a la letra dice: "Cuando el acreedor se rehusare en el acto de la diligencia, a recibir la cosa, con la certificación a que se refieren los artículos anteriores, podrá pedir el deudor la declaración de liberación en contra del acreedor, mediante juicio".********************Por lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo 113 de la misma legislación de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO.********************Habilitación de días y horas********************De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo.********************Autorizados y domicilio********************En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados ********************, ********************y********************, toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente.********************Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda.********************Expedición de copias y acceso al expediente********************En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior.********************Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos.********************Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve.********************Coincidencia del expediente físico y electrónico********************En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno.********************Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes********************Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación.********************Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A", dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Consulta pública del asunto********************Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información.********************En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos.********************Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.

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