Franklin Campos Córdova

Expediente 1/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 30 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Franklin Campos Córdova
  • Franklin Campos Córdova y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 12432 (fojas 238 a la 248), la autoridad responsable Juez de Control, Región 01, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez de Control, Región 01, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: ? ".La orden de aprehensión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, decretada dentro de la causa penal 689/2016, en contra del quejoso *** y otros, por su probable participación en la comisión de los hechos delictivos de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, y ataques a las vías de comunicación." Mediante sentencia de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el catorce de agosto del año en curso, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: ".En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable, Juez de Control, Región 01, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas: a) Deje sin efectos la orden de aprehensión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, librada en la causa penal 689/2016, exclusivamente por cuanto hace al quejoso ***; y, b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público; determinación que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, destacados en el presente fallo, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores datos de prueba a los inicialmente considerados. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal..." ACTO DE LA AUTORIDAD CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 12432 (fojas 238 a la 248), la autoridad responsable Juez de Control, Región 01, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la orden de aprehensión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, librada en la causa penal 689/2016; y en su lugar dictó una nueva determinación de veintiuno de agosto actual, purgando los vicios formales que la afectaban; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Director Jurídico de la Policía Especializada en Ausencia del Director General de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio registrado con el folio 12317 (fojas 235 y 236), informó que ordenó al personal a su mando que no ejecuten la orden de aprehensión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, librada en la causa penal 689/2016; por su parte, el Juez de Control, Región 01, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante oficio registrado con folio 12432 (fojas 238 a la 248) remitió la nueva resolución que pronunció con plenitud de jurisdicción el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la petición de captura del Ministerio Público, y de manera fundada y motivada, libró la orden de aprehensión en contra del quejoso ***, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con los arábigos 141 fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el hecho delictivo denominado motín en agravio de la sociedad, previsto en el artículo 353, párrafo primero, fracciones I y III, del Código Penal para el Estado de Chiapas, y sancionado en el párrafo segundo del numeral antes citado, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Esto es, la autoridad vinculada pronunció una nueva resolución dentro de la causa penal 689/2016, en la que fundó y motivó la orden de aprehensión en contra del quejoso, como probable responsable del delito de motín, esto es, realizó un análisis detallado con relación a los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación 0651-101-0201-2016, así como la verificación del requisito de procedibilidad. En ese contexto, cumplió con su deber de pronunciarse sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud de orden de aprehensión, precisó las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que sucedieron los hechos, y expuso los datos de prueba aportados por el Fiscal del Ministerio Público que permitieron establecer en grado razonable que se cometió un hecho ilícito (núcleo del tipo) y que existía la probabilidad que el quejoso participara en su comisión; es decir, valoró los registros correspondientes, y calificó su pertinencia, idoneidad y suficiencia requeridas, para generar convicción. Lo anterior, en el entendido de que la representación social atribuyó al quejoso diversos tipos penales, a saber atentados contra la paz y la integridad corporal de la colectividad y del Estado, y ataques a las vías de comunicación, respecto de los cuales indicó que los datos de prueba no resultaban idóneos y pertinentes para establecer razonablemente su existencia; de manera que libró la orden de aprehensión en contra de ***, por la probable comisión del delito motín en agravio de la sociedad, por lo que en el caso concreto especificó las circunstancias especiales, razones particulares que motivaron la configuración de la hipótesis normativa de los preceptos invocados como fundamento de la orden librada, esto es, estableció que el hecho delictivo aconteció el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las doce horas del día, en virtud de que un grupo de personas bloquearon la entrada de acceso del palacio municipal de esta ciudad, impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos, con motivo de su oposición a pagar al Ayuntamiento la contribución correspondiente. Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el quejoso conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado, formalmente ilegal; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efecto la orden de aprehensión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, librada en la causa penal 689/2016, y con libertad de jurisdicción emitiera la determinación que conforme a derecho corresponda, con relación a la petición de captura del Ministerio Público, purgando los vicios formales que la afectaban, y destacados en la ejecutoria de veintiuno de julio actual. A decir verdad, la autoridad responsable en el nuevo acto precisó en forma particular el delito por el que libró la orden de aprehensión, habida cuenta que detalló la norma aplicable y la conducta desplegada por el quejoso; y como consecuencia de ello libró la orden de aprehensión, en contra de ***, por la probable comisión del delito motín en agravio de la sociedad, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio; pues en el caso subsanó la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, debido a que acató el núcleo esencial de la misma; esto es, analizó de forma particular el delito que se le atribuyó al quejoso, especificando desde su parecer la probabilidad de que éste haya cometido el ilícito, por lo que fundamentó y motivó su actuación, para librar dicha orden de aprehensión. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción. Resulta aplicable, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional". CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente.

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