Franklin Agustín Herrera Soriano
Expediente 367/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/08/2017
Partes del expediente
- Franklin Agustín Herrera Soriano
- Director del Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 Del Estado Cintalapa de Figueroa, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por medio del cual, comunica que acepta la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avoca al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Cúmplase. Así lo acordó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Fabiola Adriano Estrada, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que fue otorgada mediante auto de treinta y uno de julio de esta anualidad (fojas 81-82) y señala como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Acapetahua, Chiapas (quien conoce del proceso penal de origen ******* es decir, al que el procesado se encuentra sometido). INCOMPETENCIA Ahora bien, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , este juzgador considera que es legalmente incompetente para conocer de este asunto. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto". Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el auto de formal prisión de once de abril del año en curso, dictado en su contra por el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la causa penal ********* deducido del exhorto ********** en auxilio del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Acapetahua, Chiapas. Por otra parte, del contexto integral de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Catorce "El Amate", domiciliado en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En efecto, el acto reclamado tiene ejecución material; sin embargo, la misma ocurre simultáneamente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Establecido lo anterior, atendiendo la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, porque es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En ese tenor, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, con residencia en Tapachula, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde reside el juez que conoce del proceso penal de donde deriva el auto de formal prisión combatido en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior la siguiente jurisprudencia 1a./J 118/2011 (9ª.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Lo destacado y resaltado es de este juzgado. De ahí que se estime que la competencia para conocer este asunto se surte en favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ya que es dentro del territorio en el que ejercen jurisdicción tales órganos de control constitucional donde reside el juez que conoce del proceso penal a que está sometido el aquí quejoso. Similar criterio tomó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito al resolver el conflicto competencial 3/2017 de su índice. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como los cuadernos incidentales, y un tomo de pruebas al Juez Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado José Mario Mejía Ceceña Trasfí, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/2889/2017, de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, asistido de la secretaria que autoriza Christian Fabiola Chanona Santiago, a quien faculta a firmar los oficios que se expiden, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, del que se advierte que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juzgado Segundo del Ramo Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el auto de formal prisión dictado en contra del aquí quejoso *****, fue en auxilio del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en Acapetahua, en la causa penal ***** de su índice, autoridad que no fue señalada como responsable por la parte quejosa en su escrito de demanda. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en supletoriedad de la Ley de Amparo, dése vista y córrase traslado a la parte quejosa con dichas constancias para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda que originó este sumario constitucional, en relación al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en Acapetahua, Chiapas, dado que dicho juzgado es quien conoce del proceso penal de origen *****, es decir, al que el procesado se encuentra sometido. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, se continuará con el procedimiento en este juicio de amparo, únicamente por las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICQA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DEL ACTUAL, QUE DICE: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, del que se advierte que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juzgado Segundo del Ramo Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el auto de formal prisión dictado en contra del aquí quejoso *****, fue en auxilio del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en Acapetahua, en la causa penal ***** de su índice, autoridad que no fue señalada como responsable por la parte quejosa en su escrito de demanda. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en supletoriedad de la Ley de Amparo, dése vista y córrase traslado a la parte quejosa con dichas constancias para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda que originó este sumario constitucional, en relación al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en Acapetahua, Chiapas, dado que dicho juzgado es quien conoce del proceso penal de origen *****, es decir, al que el procesado se encuentra sometido. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, se continuará con el procedimiento en este juicio de amparo, únicamente por las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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