Frank Alejandro Perez Lartiga
Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Frank Alejandro Perez Lartiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Toda vez que se concedió loa suspensión de plano de los actos reclamados, procede calificar este expediente, como depurable, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el oficio enviado por el Subdirector de Área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por el que rinde informe justificado. Al respecto se glosa a los autos únicamente para constancia el oficio de cuenta, toda vez que mediante proveído de veintiuno de abril del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte del contenido del informe justificado rendido por el Subdirector de Área, Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, glosado en proveído de ocho de abril del presente año, resolvió la situación migratoria del quejoso Frank Alejandro Pérez Lartyga, concediéndole la condición de estancia de visitante con documento provisional con permiso para realizar actividades remuneradas, para lo cual remitió copia certificada de las constancias consistentes en el oficio INM/ORCHIS/JUR/7508/2022 de veinticuatro de marzo del año en curso. Documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 en relación con el 129, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo Ahora bien, analizada que fue las citadas constancias, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para ello, es menester citar el contenido del dispositivo legal citado, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I.- (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si nunca hubiere existido, o bien, se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del derecho fundamental que le fue afectado. Dicho de otra manera, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas se ubican en una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, como si se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental violado por la autoridad. En esa medida, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Primeramente, es necesario precisar que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable actos restrictivos y privativos de la libertad personal, deportación o repatriación. Y de la lectura del oficio suscrito por el Subdirector de Área, Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI adscrito al Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, en esta ciudad y del anexo que acompañó a los mismos, se obtiene que se ordenó la salida del quejoso Frank Alejandro Pérez Lartyga, el veinticuatro de marzo del año en curso, ya que le fue resuelto el procedimiento administrativo migratorio otorgándole documento provisional con permiso para realizar actividades remuneradas. Por lo tanto, es evidente que los posibles actos restrictivos y privativos de la libertad personal, deportación o repatriación, dejaron de surtir sus efectos jurídicos a partir de que se ordenó la salida del quejoso de la Estación Migratoria Siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, de modo tal, que los efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, de forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del promovente, o bien, como si se le hubiera otorgado la protección Federal solicitada. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 59, Novena Época, visible en la página 38, Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente establecen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, 63, fracción V, y 65 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio promovido por Frank Alejandro Pérez Lartyga, contra los actos que reclamó del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con veinte minutos de este día. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós, la suscrita Griselda Italia Flores de León, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa FRANK ALEJANDRO PÉREZ LAARTIGA, la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo 255/2022, mesa II-A, del índice de este Juzgado, hago constar: que me constituí en el domicilio ubicado en AVENIDA KINGSTON, MANZANA 44, LOTE 23, FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES III DE ESTA CIUDAD, por lo que, una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto por su ubicación y localización, ya que así se advierte de las placas que obran en las esquinas de las calles, procedo a tocar en repetidas ocasiones la puerta de acceso al mismo, por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, en horario de oficina de siete cuarenta y cinco a trece cuarenta y cinco horas, para tal efecto, si es su deseo puede agendar su cita en https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home; o bien contactar a este órgano jurisdiccional por los medios electrónicos señalados en el rubro; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Griselda Italia Flores de León Actuaria Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veintisiete de abril de dos mil veintidós, la suscrita licenciada Griselda Italia Flores de León, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar: que la que la parte quejosa FRANK ALEJANDRO PÉREZ LAARTIGA, no compareció, ni agendó cita en https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, para comparecer al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo 255/2022, mesa II-A, del índice de este Juzgado, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el veintiuno de abril siguiente, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió a mi llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación a la parte quejosa FRANK ALEJANDRO PÉREZ LAARTIGA. Doy fe.- Lic. Griselda Italia Flores de León Actuaria Judicial.
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