Frank Abel Cao Reinoso

Expediente 487/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
487/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2019

Partes del expediente

  • Frank Abel Cao Reinoso

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, dictada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de plano, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el citado expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por último, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *****, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes; relaciónese en la audiencia constitucional. Por otro lado, toda vez que la autoridad oficiante manifiesta en su informe de cuenta lo siguiente: "No se omite manifestar que fue recibido en esta Oficina de Representación el diverso número 11120/2019 y 11121/2019, dirigidos al Subdelegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán y Comandante de los Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, al respecto me permito señalar que en esta Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Yucatán, no existen tales autoridades." Por tanto, se deja de tener como autoridades responsables en este asunto al "Subdelegado del Instituto Nacional de Migración en Yucatán" y "Comandante de los Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán" y, en consecuencia, se suspende toda comunicación con los mismos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por FRANK ABEL CAO REINOSO, en contra de los actos que reclama del Delegado Federal y Subdelegado, ambos del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, como autoridades ordenadoras, y Comandante de los Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, como autoridad ejecutora, todos con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La orden de deportación y/o expulsión, ataques a la libertad fuera del procedimiento dictada en su contra, y su ejecución. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 487/2019-IV-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. Toda vez que el promovente del amparo señala como actos reclamados, la deportación o expulsión del país, así como los ataques a la libertad fuera de procedimiento, con fundamento en los artículos 20 y 126, de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que cesen de inmediato todos aquellos actos que sean tendientes o permitan su deportación o expulsión del país, los ataques a su libertad fuera de procedimiento, si no fuere el caso de tratarse de la comisión de un hecho delictuoso, y estar sujeta a un procedimiento, pues de ser así, el efecto de la suspensión, es para que de ser privado de su libertad, sea puesto a disposición sin demora ante el Ministerio Público que corresponda, así como cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en el entendido de que las autoridades responsables señaladas en la demanda deben acatar la suspensión otorgada. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número I. 30.A. J/7, visible en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Materia Administrativa, con número de Registro 229397, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo". Sin que sea el caso ordenar que se tramite el incidente de suspensión, toda vez que al haberse decretado de oficio la suspensión de plano respecto de dichos actos reclamados, no existe materia para resolver sobre la suspensión provisional y definitiva. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con diez minutos del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Téngase como domicilio y autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los que señala para tal fin en su demanda de amparo, en los términos que indica. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y regístrese.

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