Francy Katherine Balcazar Puentes
Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francy Katherine Balcazar Puentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra de la determinación de veintisiete de julio de la anualidad, en la que se sobreseyó en el presente juicio promovido por ****; por tanto, se declara que la misma ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaria de Gobernación, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que se otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a favor de la quejosa ... Ahora, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclamó por esta vía constitucional detención, presentación, privación de la libertad, deportación, expulsión y traslado. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del oficio y el anexo que remitió la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración por conducto de su representante local en Mexicali, Baja California, consistente en copia certificada del oficio 3654/2022 de catorce de junio de dos mil veintidós, por medio del cual informó que se otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a favor de la quejosa F... En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -doce de junio de dos mil veintidós-, la autoridad responsable aun no ponía en libertad al quejoso, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que dicha responsable dictó el oficio 3654/2022 de catorce de junio de dos mil veintidós. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable emitió una determinación para poner en libertad al quejoso. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación de los actos reclamados, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con siete minutos del día de hoy. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el emplazamiento por medio de edictos al tercero interesado Raúl González Partida, aún se encuentra pendiente de practicarse. En ese contexto, a fin de lograr lo anterior, gírese nuevamente oficio a la Administradora Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad, para que por su conducto se lleven a cabo las gestiones pertinentes para la publicación de los edictos aquí ordenados, al cual se anexará la documentación que alude el arábigo 243 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el diverso oficio derivado del auto de doce de noviembre de la pasada anualidad. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, se procede a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma
- Principal
Agréguese con vista a las partes, el oficio que remite la Fiscal Regional Mexicali de la Fiscalía General del Estado de Baja California, mediante el cual de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, informa que acata la suspensión de plano decretada en el presente juicio. Asimismo se le tiene señalando delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica para tal efecto. Por otra parte, de acuerdo al oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, manifiesta que la quejosa 01/02/24 21:19:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.64.0e EUDELIA ANAYA BRICEÑO Francy Katherine Balcázar Puentes, al revisar en su base de datos no se encontró información alguna de esta y que se desconoce su paradero. Atento a lo anterior y vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en auto de trece del presente mes y año, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida a favor de la quejosa Francy Katherine Balcázar Puentes, misma que ratificó, lo anterior tal como se hizo constar de razón actuarial suscrita por el actuario de la adscripción de doce del presente mes y año, en al cual obra firma de dicha quejosa; asimismo, por auto de catorce del mes y año en curso, se tuvo a la citada autoridad oficiante, informando que acataba en los términos que fue concedida la suspensión de plano decretada en autos, respecto de la quejosa de que se trata. En ese sentido, procede requerir a las autoridades migratorias responsables, para que en el término de doce horas contadas a partir de la notificación de este proveído, informen a este Juzgado si aún se encuentra a su disposición la quejosa Francy Katherine Balcázar Puentes, y en qué lugar se encuentra actualmente, dado que como lo refirió en su informe que acataba la suspensión de plano concedida a dicha quejosa, misma que fue localizada en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, lugar en el que ratificó la demanda promovida a su favor. Con el apercibimiento, que de no atender lo requerido en este auto, se impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción IV, de la Ley de Amparo.
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