Francsico Saul Ayala Hernández
Expediente 616/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francsico Saul Ayala Hernández
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 24 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Se requiere a la parte quejosa. Para que dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado Federal a recoger los documentos que anexó al presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquesele que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
Se agrega razón actuarial y se ordena notificación personal en diverso domicilio. Glósese a los autos la razón actuarial de cuenta, signada por el fedatario adscrito a este órgano de control constitucional, de la que se advierte que no fue posible notificar al quejoso ******, el proveído de treinta y uno de mayo pasado, por las razones que en la misma se indican. Ahora bien, toda vez que constituye un hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que del citatorio derivado de la carpeta de investigación *****, del índice de la Agencia Investigadora Número I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, de esta ciudad, mismo que fue anexado por el impetrante de amparo a su libelo constitucional, se advierte un diverso domicilio en el que puede ser localizado el mismo, esto es, el ubicado en calle ******, de esta ciudad. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, y con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito para que notifiquen personalmente al quejoso Francisco Saúl Ayala Hernández, en el domicilio antes precisado, el auto de treinta y uno de mayo pasado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 31 DE MAYO, EN CUMPLIMIENTO AL DIVERSO DE 07 DE JUNIO, AMBOS DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: AUTO DE 31-05-2022: Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 616-2022-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama el citatorio de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación 139840-2021. Sin que pase inadvertido que en el capítulo respectivo el quejoso señaló como acto reclamado la orden de detención, presentación, comparecencia y-o aprehensión; sin embargo, de la documental que anexó se desprende que lo que fue librado en su contra fue el citatorio de dieciocho de mayo del año en curso, a lo que se suma que no señaló autoridades judiciales como responsables. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Este tribunal estima que por cuanto hace al acto reclamado, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, los numerales que contemplan la causa de improcedencia actualizada son: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Así, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. Por otro lado, del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el procedimiento penal comprende de tres etapas: La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. 1.2 La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. 1.3 La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidas al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado, consistente en la citación del imputado dentro de una carpeta de investigación, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación del imputado es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Surte aplicabilidad al caso, la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2015368), que literalmente dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Además, se reitera que no puede considerarse que la citación para llevar a cabo la multicitada diligencia, ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, ya que éste se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede imponer alguna medida de apremio, en caso de que no se atienda el citatorio; sin embargo, incluso su libramiento, se trata de un acto futuro de realización incierta que dependerá de la acción del ministerio público, quien ante la contumacia de la solicitante del amparo, puede optar por ordenar un nuevo citatorio con apercibimiento. En efecto, el hecho de que conforme a la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y que el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En el entendido que, si bien el imputado debe comparecer para llevar a cabo la diligencia sobre la cual se imponga de lo actuado en la carpeta de investigación que se instruye en su contra, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca respetar sus derechos fundamentales de audiencia y defensa, pero no privar de la libertad al imputado. No es óbice a lo anterior el hecho de que conforme a los artículos 215 y 104, fracción I, inciso b del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda imponerse una multa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social haga efectiva la multa, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en los derechos sustantivos del quejoso. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional, concluye que los actos reclamados consistentes en la citación para acudir a la etapa de investigación, no ocasionan un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que procede es desechar la presente demanda de amparo; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a todo lo anterior, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia 1a.-J. 78-2018 10a., con número de registro 2018828; sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; del rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a.-J. 93-2013 10a. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97-2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a.-J. 93-2013 10a., interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido que el quejoso manifiesta temor de ser golpeado, torturado y azotado cuando acuda a declarar, sin embargo, se trata de un acto futuro de realización incierta que no torna procedente la demanda de amparo. AUTO DE 07-06-2022: "Se agrega razón actuarial y se ordena notificación personal en diverso domicilio. Glósese a los autos la razón actuarial de cuenta, signada por el fedatario adscrito a este órgano de control constitucional, de la que se advierte que no fue posible notificar al quejoso..., el proveído de treinta y uno de mayo pasado, por las razones que en la misma se indican. Ahora bien, toda vez que constituye un hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que del citatorio derivado de la carpeta de investigación..., del índice de la Agencia Investigadora Número I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, de esta ciudad, mismo que fue anexado por el impetrante de amparo a su libelo constitucional, se advierte un diverso domicilio en el que puede ser localizado el mismo, esto es, el ubicado en calle..., de esta ciudad. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, y con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito para que notifiquen personalmente al quejoso Francisco Saúl Ayala Hernández, en el domicilio antes precisado, el auto de treinta y uno de mayo pasado."
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