Franco Xochitiotzi Romano

Expediente 821/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
821/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Franco Xochitiotzi Romano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia,se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 821/2021-E. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Dicho precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, respecto del acto reclamado que le atribuye a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la negativa de proporcionar copias autentificadas de la carpeta de investigación *** y permitirle el acceso, así como a sus asesores jurídicos y, en consecuencia, de aportar pruebas para el esclarecimiento de los hechos. Este juzgador estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios [.].". De la interpretación gramatical de la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Es decir, para que se actualice la improcedencia de mérito es dable que concurran los siguientes requisitos: Que la demanda de amparo sea promovida por el propio quejoso. Contra el mismo acto reclamado. La misma autoridad responsable. Que el primer juicio promovido se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. 5) Aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la negativa de proporcionar copias autentificadas de la carpeta de investigación *** y de permitirle el acceso a la misma. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, constituye un hecho notorio la tramitación del diverso juicio de amparo 293/2021-E del índice de este Juzgado, promovido por ***. Así, de la confrontación de la demanda que dio origen a este expediente con aquella que originó el juicio de amparo 293/2021-E, se desprende lo siguiente: a) En ambos juicios el quejoso es ***, lo que pone de manifiesto que la parte promovente es la misma persona. b) Se señaló la misma autoridad responsable: Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. c) En ambos juicios se reclaman idénticos actos: la negativa de proporcionar copias autentificadas de la carpeta de investigación *** y de permitirle el acceso a la misma. d) En el juicio de amparo ***, si bien el veintiocho de julio de dos mil veintiuno se dictó la sentencia definitiva, lo cierto es que la misma se encuentra pendiente de causar ejecutoria, en virtud de la admisión del recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mismo que se radicó bajo el número *** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. De igual forma cabe destacar que el juicio de amparo ***, se inició antes que el presente sumario, toda vez que la demanda de dicho juicio fue recibida en este órgano jurisdiccional el veintiséis de abril de dos mil veintiuno; en tanto que la diversa que dio origen a este expediente, se recibió el veintiuno del mes en curso. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, dado que los actos reclamados en este juicio son materia de otro diverso que se encuentra pendiente de causar ejecutoria, promovido por la misma parte quejosa, contra idéntica autoridad responsable y actos reclamados. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la omisión de investigar los hechos en la carpeta de investigación *** y de notificar el no ejercicio de la acción penal, así como la subsistencia del reporte de robo del vehículo ***, que le atribuye a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Director de policía de investigación adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, la instancia constitucional también es improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XX, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se ve, el artículo en cuestión establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a esta institución jurídica, que implica que solo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias para tratar de reparar la violación constitucional o legal que, posteriormente, se pretende controvertir en el amparo. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, tienen la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia ordinaria. Expuesto lo anterior, respecto a las omisiones del Ministerio Público debe agotarse el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto transcrito se desprende la regla genérica relativa a que, en el sistema de justicia penal vigente, las determinaciones del Ministerio Público sobre las omisiones deben ser impugnadas ante el Juez de control, quien se encuentra revestido de la facultad constitucional de ejercer el control del juicio sobre tales determinaciones. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en sesión del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, sostuvo las consideraciones siguientes: El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal -acusatorio-, se conforma por las etapas que se enlistan a continuación: 1) La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación; e Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota, una vez que se haya cerrado la investigación; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En cuanto a ello, es pertinente señalar que la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de la Ley Fundamental. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. También, debe señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria-, la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. En ese contexto, los Jueces de control deben conocer de las impugnaciones contra las resoluciones del Ministerio Público de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos, lo que deberán hacer mediante el desahogo de las audiencias procesales preliminares al juicio, conforme a los principios del sistema acusatorio. En ese contexto, los jueces de Control ejercen una vigilancia de los derechos de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia. De ahí que, las determinaciones del Ministerio Público emitidas durante la etapa de investigación inicial pueden ser impugnadas ante el Juez de control dentro de los diez días siguientes a su notificación y, en ese caso, corresponde a dicho operador jurídico convocar a una audiencia para que, previo a escuchar a las partes, decida en definitiva lo que en derecho corresponda respecto de la resolución impugnada. Para corroborar lo anterior, conviene traer a cuenta diversas consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la multicitada contradicción de tesis 233/2017, en la que sostuvo lo siguiente: "79. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno (.)." De lo anterior, se concluye que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. En esas condiciones, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye el medio de defensa ordinario idóneo para combatir las determinaciones y omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. En ese sentido, al tener el quejoso la obligación de agotar el recurso de referencia, previo a la promoción del juicio de amparo, es que tampoco proceda admitir la demanda de amparo respecto al acto que reclama en vía de consecuencia, por cuanto hace a la omisión de notificar el no ejercicio de la acción penal, consistente en la subsistencia del reporte de robo del vehículo ***, pues no puede abordarse su estudio de manera autónoma al encontrarse supeditado a lo que determine el Juez de Control al momento de resolver dicho medio de impugnación. En efecto, al tratarse de actos que reclama como consecuencia directa de la omisión atribuida al Agente del Ministerio Público responsable, no así como actos autónomos e independientes, estos siguen la misma suerte del acto destacado. Finalmente, respecto a la diversa autoridad Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, este juzgador estima que se actualiza el motivo de inejercibilidad establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De ahí que no resulte procedente tener al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala con el carácter de autoridad responsable en este sumario constitucional, ya que se trata del superior jerárquico del Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y, como quedó asentado en párrafos precedentes, para la procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente es posible señalar con el carácter de responsable a la autoridad que omitió el acto reclamado. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior, en virtud de que no existe duda para formarse un criterio distinto ya que, con las razones apuntadas, están plenamente acreditadas las causales de improcedencia invocadas. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. En otro ámbito, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señaló en su demanda de amparo. Téngase a ***, como autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y, únicamente como autorizados en términos restringidos del citado precepto a las personas restantes, por no contar con el citado registro. Se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberá proporcionar algún número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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